CC - C472-2020

Sentencia C-472/20

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento del requisito de certeza en los cargos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Indicación precisa del objeto demandado, el concepto de violación y la razón por la cual la Corte Constitucional es competente CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Exigencias argumentativas (…) respecto del concepto de la violación se ha establecido que los cargos deben cumplir con tres parámetros básicos: (i) el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas (Art. 2, num. 2 del Decreto 2067 de 1991); (ii) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas y (iii) la presentación de las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes TEORIA GENERAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRANCONTRACTUAL-Es de tradición culpabilista CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Protección especial al consumidor PRODUCTOR DE BIENES Y SERVICIOS-Responsabilidad civil objetiva

CARGA DE LA PRUEBA/CARGA DINAMICA DE LA PRUEBAConfiguración

Expediente: D-13456

Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 21 (parcial) de la Ley 1480 de 2011, “[p]or medio de la cual se expide el

Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”

Demandante: Fernando Andrés Pico

Zúñiga 1

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2020 La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, una vez cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241.4. de la Constitución, Fernando Andrés Pico Zúñiga presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 21 (parcial) de la Ley 1480 de 2011, “[p]or medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”. El Despacho inadmitió y, ante la falta de subsanación, rechazó la demanda en relación con el cargo por violación del derecho a la igualdad y la admitió por los cargos de desconocimiento de los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia, así como a la especial protección constitucional al consumidor. Mediante Auto de 27 de septiembre de 2019, dispuso la fijación en lista de la norma acusada, ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación y comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, así como a los ministros del Interior, de Justicia y del Derecho, y de Comercio, Industria y Turismo, para los fines del artículo 244 de

la Constitución. De igual forma, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda de la referencia, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, invitó a participar en el proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio; a las facultades de derecho de las universidades de Antioquia, de Ibagué, de los Andes, del Atlántico, del Norte, del Rosario, Eafit de Medellín, Externado de Colombia, Industrial de Santander, Javeriana, Libre y Nacional de Colombia. Con la misma finalidad, convocó al Colegio de Abogados Comercialistas, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, a la Confederación Colombiana de Consumidores, a la Fundación Karisma y a la Liga de Consumidores de Bogotá. En virtud de la emergencia pública de salud derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-21, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó los Acuerdos 1 La caracterización del SARS-CoV-2 como una pandemia fue realizada por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020. 2 PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA2011521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 de 2020, PCSJA20-11549 de 2020, PCSJA20-11556 de 2020, PCSJA20-11567 y PCSJA20-11581 de 2020, los cuales suspendieron -con algunas excepcioneslos términos judiciales

en el territorio nacional, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de julio 2020. De esta forma, en la actualidad ha operado el levantamiento de la referida suspensión a partir del 31 de julio de 2020 y el plazo para fallar se encuentra en curso. En consecuencia, cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el artículo acusado, subrayado en el fragmento objeto de impugnación: “LEY 1480 DE 2011

(octubre 12) Diario Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011 por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones El Congreso de Colombia,

DECRETA: (…) Artículo 21. Determinación de la responsabilidad por daños por productos defectuosos. Para determinar la responsabilidad, el afectado deberá demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquel.

Parágrafo. Cuando se viole una medida sanitaria o fitosanitaria, o un reglamento técnico, se presumirá el defecto del bien.”

III. LA DEMANDA 3.1. El actor afirma que la disposición demandada establece la obligación “inexcusable”, “infranqueable” y “forzosa” para el consumidor de acreditar los elementos de la responsabilidad por producto defectuoso previstos en ella (el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquél).

Sostiene que la norma impide al afectado solicitar y al juez aplicar la carga dinámica de la prueba, la cual sí está permitida a los demandantes en el sistema de responsabilidad civil común. Subraya que incluso si el consumidor y el juez lo quisieran y encontraran viable, les está vedado exigir y aplicar dicha figura, “porque la regla especial aplicable al caso concreto, el artículo 21 de la Ley 1480 de 2011, es diáfana y clara al establecer que es el afectado (accionante) quien debe demostrar todos y cada uno de los elementos constitutivos de la 3 responsabilidad.” A partir de lo anterior, el actor considera que el precepto demandado desconoce tres disposiciones constitucionales. 3.1.1. En primer lugar, a su juicio, infringe el derecho al debido proceso (Art. 29 de la CP) porque obliga a la víctima, si desea obtener una reparación, a realizar “actos de proeza” para demostrar la responsabilidad del productor. Así mismo, porque deja de lado los principios de buena fe, solidaridad procesal, probidad, lealtad y honestidad, en la medida en que el demandado no está llamado, obligado ni cuenta con incentivo alguno para revelar las pruebas que se encuentran en su poder y pueden llegar a esclarecer la verdad. Y, además, en tanto interviene la imparcialidad y la independencia del juez, quien “tiene un contacto previo y preparatorio acerca del tratamiento que debe darle a las partes.” De esta forma, estima que la disposición le hace tomar partido en la controversia y le impide “proceder de forma ecuánime entre la víctima y el

productor y/o proveedor.” 3.1.2. En segundo lugar, señala que las expresiones demandadas infringen la obligación constitucional de responsabilidad a cargo de los productores y/o proveedores que, con sus bienes, han causado una lesión a la vida, salud, seguridad y/o patrimonio de los consumidores (Art. 78 de la CP). Indica que la expresión acusada les impone una carga excesiva a los segundos, al obligarlos a comprobar la existencia del producto defectuoso, pese a que normalmente no cuentan con la información y la experticia suficientes, en relación con las características técnicas del bien. Explica que la norma les obliga a proporcionar una prueba difícil, no solo por problemas de “acceso informativo”, sino por los costos periciales que supone su obtención. Todo esto, en su criterio, impide la efectividad del derecho de los consumidores a ser reparados por los daños derivados de productos defectuosos. 3.1.3. Finalmente, el demandante señala que la norma censurada menoscaban el derecho a la tutela judicial efectiva, pues disuade la posibilidad de obtener las pruebas necesarias en poder del productor y/o proveedor, a fin de desentrañar la verdad sobre la existencia de producto defectuoso, el daño y el vínculo causal (Art. 229 de la CP). Así mismo, porque el afectado y el Juez no pueden exigir y aplicar la carga dinámica de la prueba prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso. De este modo, señala que la víctima no cuenta con recurso alguno para solicitar la revelación de las pruebas que reposan en manos del fabricante y/o comercializador. 3.1.4. Con base en los anteriores argumentos, el actor solicita a la Corte declarar

exequible el artículo 21 de la Ley 1480 de 2011 “en el entendido en que para determinar la responsabilidad por daños por producto defectuoso el afectado y/o el Juez de conocimiento puede(n) acudir y aplicar la regla de la carga dinámica de la prueba, siempre que ella sea procedente.”

IV. SÍNTESIS DE LAS INTERVENCIONES 4.1. Presentaron intervenciones dentro del presente proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, la Universidad Libre, la Academia Colombiana de

4 Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Universidad Libre concuerdan, en general, en la razonabilidad de la norma acusada, en tanto manifestación de la máxima procesal de que quien pretende el efecto jurídico de una norma debe acreditar el supuesto fáctico en ella previsto2. Coinciden, así mismo, en que el consumidor se encuentra en condición de debilidad frente al productor o el proveedor y usualmente no cuenta con las mismas posibilidades para acceder a la información y al conocimiento técnicos, a efectos de probar el carácter defectuoso del producto o el nexo causal entre este y los daños ocasionados. Por lo tanto, comparten que en muchas ocasiones la carga de la prueba en relación con tales aspectos no debe recaer en la víctima del daño sino que ha de ser asumida por el responsable. Discrepan, sin embargo, en el alcance de la norma y, por ende, en si esta permite, o no, esa posibilidad.

4.2.1. La Academia Colombiana de Jurisprudencia estima que la disposición demandada exige siempre al consumidor demostrar el carácter defectuoso del producto e impide la aplicación de la carga dinámica de la prueba consagrada en el Código General del Proceso. De esta manera, afirma que no se le permite emplear todas las herramientas y los medios legítimos para ser oído y obtener una decisión favorable, sino que se le impone una carga excesiva teniendo en cuenta su posición de debilidad. En consecuencia, respalda la tesis de que la norma desconoce los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como la obligación constitucional de responsabilidad a cargo de los productores y/o proveedores. Solicita entonces declarar inexequible el precepto impugnado. 4.2.2. Por su parte, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal observa que en la Sentencia C-085 de 20163, la Corte determinó la constitucionalidad de la regla, según la cual, quien pretende el efecto jurídico de una norma debe acreditar el supuesto fáctico en ella previsto, entre otras razones, porque el ordenamiento prevé diversas excepciones, a partir de la aplicación de la figura carga dinámica de la prueba. En este sentido, señala que también la constitucionalidad de la norma acusada en este caso “depende de que existan excepciones a la regla general de deber probatorio en cabeza del consumidor o afectado y que, por lo tanto, una interpretación armónica con la Constitución Política implicaría abrir la posibilidad de que el juez pueda exigir probar determinado hecho a quien se encuentre en una situación más favorable para hacerlo.” De esta manera, solicita declarar exequible la disposición, “en el

entendido de que el juez podrá exigir probar determinado hecho a quien se encuentre en una situación más favorable para hacerlo, en este caso únicamente en lo relativo al defecto del bien y siempre que motive dicha decisión.” 2 La Superintendencia de Industria y Comercio hace énfasis en que al consumidor corresponde probar, en principio, mínimamente el nexo causal entre el defecto del bien y la existencia del daño. 3 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 5 4.2.3. En contraste con lo anteriores intervinientes, la Universidad Libre plantea que el precepto demandado permite la aplicación de la carga dinámica de la prueba. Indica que el demandante realiza una interpretación “sesgada” y equivocada de aquél, pues no lo armoniza ni lo interpreta sistemáticamente con las normas del Código General del Proceso. El interviniente explica que el proceso actual complementa su carácter dispositivo y de cargas, con elementos del anterior sistema inquisitivo, en donde predominaban, entre otros, el decreto oficioso de la prueba y la carga dinámica de la prueba. En este sentido, indica que contrario a lo sostenido por el demandante, es claro que, sin excepción alguna, se aplican mecanismos de flexibilización probatoria como la carga dinámica de la evidencia, de manera que el consumidor que esté en imposibilidad o dificultad de aportar pruebas, puede solicitar o de oficio son factibles requerimientos probatorios a su contraparte. Así, solicita a la Corte declarar exequible la norma demandada. 4.2.4. En similar dirección, para la Superintendencia de Industria y Comercio, el artículo 21 del Estatuto del Consumidor no excluye la figura probatoria que

echa de menos el actor, pues dicho precepto debe ser interpretado armónicamente con las normas procedimentales del Código General del Proceso. Subraya que en oportunidades el productor o proveedor se encuentran en mejor posición para “probar o desacreditar las afirmaciones del consumidor por contar con un conocimiento especializado del producto”. En estos supuestos, indica que los jueces se encuentran facultados para aplicar la carga dinámica de la prueba “del nexo causal a favor de la víctima, trasladando esta prueba al productor o proveedor.” La carga dinámica de la prueba, precisa, “es una figura consagrada en nuestro ordenamiento jurídico que asigna la obligación de probar a la parte que se encuentre en mejores condiciones para hacerlo. Ello, protege a toda costa el derecho a la igualdad”. De este modo, solicita a la Corte declarar exequible el articulo parcialmente impugnado. 4.3. Por último, la ANDI manifestó no estar de acuerdo con el demandante. De manera principal, solicitó a la Corte que declare la falta de competencia frente a lo que considera una omisión legislativa absoluta, puesto que aquél pretende que el Tribunal “introduzca o regule un aspecto sobre el cual el legislador guardó silencio total: el de la carga dinámica de la prueba.” Subsidiariamente, pidió que se declare la exequibilidad de la frase impugnada del artículo 21 de la Ley 1480, dado que el Legislador impuso una carga probatoria razonable en cabeza del demandante y previó otros aspectos procesales para garantizar la igualdad de las partes (v.gr. el artículo 22 limita las causales de exoneración, y el parágrafo del artículo 21 contiene una presunción del defecto del bien).

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Mediante escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad procesal correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto previsto en los artículos 242.2. y 278.5. de la Constitución, a través del cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de la norma acusada, en el entendido de que se trata de una carga procesal que se debe atender de conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso.

6 Sostiene que la norma acusada admite dos interpretaciones. De un lado, una interpretación de carácter literal, conforme con la cual, para determinar la responsabilidad por daños derivados de productos defectuosos, el afectado tiene el deber procesal, de imperativo cumplimiento, de demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquel, so pena incurrir en un incumplimiento que por lo general se asume como sancionables. De otro lado, una interpretación sistemática, que supone la aplicación de las reglas del Código General del Proceso, que implica que la expresión "deberá demostrar" alude a una carga y no a un deber procesal del afectado por daños derivados de productos defectuosos. Para el Ministerio Público, el primer alcance de la disposición es contrario a la Constitución. Manifiesta que si se entiende que la norma comporta un deber procesal, esto conduce a una imposición que no guarda armonía con el régimen especial de protección de los usuarios y consumidores que desconocería el derecho de acceso a la administración de justicia, la protección de las garantías del afectado y el debido proceso. Por el contrario, asegura que si la expresión

examinada se entiende conforme a la segunda interpretación, se ajusta a la Constitución y la norma podría permanecer en el sistema jurídico. Solo así, concluye, se asegura el principio de conservación del derecho y se garantiza la integridad de la Constitución.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

1. Competencia

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.4. de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues el artículo acusado hace parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1480 de

2011.

2. Cuestión previa. Aptitud sustantiva de la demanda

2. Antes de identificar el eventual problema jurídico a resolver, es necesario determinar la aptitud sustantiva de la demanda, pues, entre los intervinientes, la Universidad Libre sostiene que el actor realiza una interpretación equivocada de la disposición acusada. En particular, afirma que no existe razón para asumir, como aquél lo hace, que el precepto impide la aplicación de la carga dinámica de la prueba prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso. De este modo, si bien no objeta expresamente la capacidad del cargo para provocar una decisión de fondo, el argumento del interviniente constituye una crítica en ese sentido, dado que implica que la demanda se habría construido sobre la base de una norma no derivable del sistema jurídico. Algo similar se sigue de la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual estima que

el precepto objetado, contrario a lo que afirma el actor, admite la aplicación de la carga dinámica de la prueba. Procede la Corte a analizar esta cuestión previa. 7

3. Como se indicó en los antecedentes, en la fase de calificación se inadmitió y rechazó la demanda en relación con el cargo por violación del derecho a la igualdad y se admitieron los cargos por desconocimiento de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, así como a la especial protección constitucional al consumidor. Sin embargo, debe recordarse que en esa etapa el Despacho sustanciador lleva a cabo una verificación preliminar de la impugnación, con el objetivo de verificar que cumpla mínimamente los requerimientos legales para ser estudiada (artículo 6º del Decreto 2067 de 1991). En todo caso, se trata de una primera evaluación sumaria que no compromete ni limita la competencia de la Sala Plena de la Corte, para analizar la aptitud de la demanda, al conocer el proceso.

4. Esta Corporación conserva, en efecto, la atribución para adelantar en la sentencia, una vez más, el respectivo análisis de procedibilidad. Está habilitada para determinar si hay lugar a decidir de mérito el asunto y en relación con cuáles disposiciones o fragmentos de normas. En esta fase, además, la Sala cuenta “con el apoyo de mayores elementos de juicio, puesto que aparte del contenido de la demanda, también dispondrá de la apreciación de los distintos intervinientes y el concepto del Ministerio Público, quienes, de acuerdo con el régimen legal aplicable al proceso de inconstitucionalidad, participan en el debate una vez admitida la demanda.”4

5. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener tres elementos esenciales: (1) referir con precisión el objeto demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (Art. 241 de la CP y Art. 2 del Decreto 2067 de 1991). A su vez, respecto del concepto de la violación se ha establecido que los cargos deben cumplir con tres parámetros básicos: (i) el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas (Art. 2, num. 2 del Decreto 2067 de 1991); (ii) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas y (iii) la presentación de las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. Ligado a lo anterior, ha determinado que las razones expuestas para sustentar cabalmente la censura constitucional deben ser -al menosclaras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.

6. La claridad hace relación a que los argumentos sean determinados y comprensibles y permitan captar en qué sentido el texto que se controvierte infringe la Carta. Deben ser entendibles, no contradictorios, ilógicos ni anfibológicos. Conforme la exigencia de la certeza, de una parte, se requiere que los cargos tengan por objeto un enunciado normativo perteneciente al ordenamiento jurídico e ir dirigidos a impugnar la disposición señalada en la

4 Ver, sentencias C-623 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil, reiterada en la Sentencia C-031 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Ver, así mismo, las Sentencias C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1300 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-074 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-929 de

2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-623 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1123 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-031 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 8 demanda y, de la otra, que la norma sea susceptible de inferirse del enunciado acusado y no constituir el producto de una construcción exclusivamente subjetiva, con base en presunciones, conjeturas o sospechas del actor.

7. La especificidad de los cargos supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la demostración de que el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la explicación de la manera en que esa consecuencia le es atribuible. Es necesario que los cargos sean también pertinentes y, por lo tanto, por una parte, que planteen un juicio de contradicción normativa entre una disposición legal y una de jerarquía constitucional y, por la otra, que el razonamiento que funda la presunta inconstitucionalidad sea de relevancia constitucional, no legal, doctrinal, político o moral. El cargo tampoco es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que

podría ser o es aplicada la disposición.

8. Por último, la suficiencia implica que el razonamiento jurídico contenga un mínimo desarrollo, en orden a demostrar la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El cargo debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el resultado del acto político del legislador.5 En los anteriores términos, es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad satisfaga las mencionadas exigencias mínimas, para que puede ser emitido un pronunciamiento de fondo. En caso contrario, no poseerá aptitud sustantiva y la Corte deberá declararse inhibida para fallar.

9. El demandante acusa de inconstitucional el artículo 21 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), sobre la responsabilidad de los daños por producto defectuoso. Según la norma, para determinar la responsabilidad, el afectado deberá demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquél. El actor ataca la expresión subrayada, pues considera que establece una obligación probatoria de carácter forzoso para el consumidor e impide al juez aplicar la carga dinámica de la prueba, a fin de equilibrar la situación entre las partes. Esto, a pesar de que muchas veces el afectado no cuenta con la experticia suficiente sobre las características técnicas del producto, su fabricación, diseño y almacenamiento, así como con los recursos económicos para asumir los altos costoso periciales que supone la obtención de

esta información. A partir de lo anterior, considera que la norma infringe los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y la protección constitucional especial del consumidor.

10. A juicio de la Sala Plena, el cargo formulado por el demandante carece de certeza, en la medida en que se encuentra construido sobre la base de un alcance equívoco del precepto demandado. En criterio del actor, la norma fija un deber 5 Estos criterios fueron recogidos de la jurisprudencia desde la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), y han sido utilizados de manera reiterada, uniforme y pacífica por la Corte Constitucional.

Para un recuento enunciativo ver, entre otras, la Sentencia C-105 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera), nota al pie N° 26. 9 “inexcusable” o “infranqueable” para el consumidor de probar los elementos constitutivos de la responsabilidad por producto defectuoso. El demandante sostiene que se trata de una regla especial en el campo de los derechos del consumidor, de tal manera que no hay lugar a predicar la aplicación de la carga dinámica de la prueba, prevista en el Código General del Proceso. En estos términos, desde su punto de vista, se trata de una norma esencialmente probatoria con una carga excesiva para el consumidor, en la medida en que, a diferencia de lo que sucede en el campo de la responsabilidad civil general, en este ámbito sería inamovible.

11. La Corte observa que la caracterización anterior del sentido de la disposición resulta desacertada. En el marco de la responsabilidad derivada del producto

defectuoso, al establecer que el afectado deberá demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre ambos elementos, la norma acusada no tiene realmente carácter probatorio, pese al ambiguo lenguaje empleado por el Legislador. No reitera ni ratifica para el ámbito del derecho del consumo, la regla general prevista en el inciso 1º del artículo 167 del Código General del Proceso, de acuerdo con la cual, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

12. La disposición cuestionada, en efecto, es una regla especial, pero en relación con la clase de régimen de responsabilidad aplicable a productores y proveedores, respecto de los daños causados por productos defectuosos. Como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional, la teoría general de la responsabilidad civil en el sistema jurídico colombiano, tanto de la contractual como de la extracontractual, es de tradición culpabilista. Esto implica que, por regla general, la imputación subjetiva es necesaria para valorar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y de los ilícitos civiles cometidos, así como el alcance de la respectiva indemnización.6

13. Así, en el campo de la responsabilidad contractual, el artículo 1604 del Código Civil establece que el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la culpa levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta

beneficio. En concordancia con esta disposición, el artículo 63 del mismo Código prevé tres tipos de culpa (grave, leve y levísima) y define aquello que se entiende por dolo.7 En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, por su parte, el artículo 2341 del Código Civil prescribe que el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin 6 Ver Sentencia C-1008 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 7 “ARTÍCULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. // El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.” 10 perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito

cometido. En este sentido, el artículo 2356 del mismo Código establece una presunción de responsabilidad por malicia o negli