CC - SU012-2020

Sentencia SU012/20 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia constitucional COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Se configura cuando se presentan identidades procesales como objeto, causa petendi e identidad de partes CORTE CONSTITUCIONAL-Fallo o exclusión de revisión de proceso de tutela hacen tránsito a cosa juzgada constitucional En el caso en que la decisión de este Tribunal sea la no selección para revisión de una providencia de tutela, el efecto principal del auto que así lo decida, es la ejecutoria formal y material de esa sentencia. En este sentido, la decisión de no selección en sede de revisión también hace que opere el fenómeno de la cosa juzgada constitucional inmutable y definitiva. ACCION DE TUTELA ANTE PRESUNTA OCURRENCIA DE COSA JUZGADA-Procedencia excepcional Esta Corporación ha admitido la procedencia excepcional de acciones de tutela que buscan resolver asuntos presuntamente semejantes a otros ya decididos y que han sido sometidos a consideración previa del juez constitucional. En estas ocasiones, los accionantes han demostrado que no se ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión puesta en conocimiento original de un juez, o que existe un hecho nuevo que justifica que el fallador analice bajo otro enfoque el asunto novedoso. TEMERIDAD-Concepto y desarrollo jurisprudencial TEMERIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Eventos en que no se constituye aunque concurran los elementos que la configuran Se descarta que una tutela sea temeraria cuando: (i) surgen circunstancias

fácticas o jurídicas adicionales y/o novedosas que justifican una nueva postura frente a los hechos, o (ii) no existió un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción constitucional sobre la pretensión incoada. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y TEMERIDADDiferencias La temeridad y la cosa juzgada son conceptos jurídicos distintos. La temeridad se refiere a una actitud procesal del accionante, que implica la mala fe y la deslealtad judicial. En efecto, para que se configure, el juez debe comprobar el dolo del demandante que presenta una nueva acción de tutela con la intención de burlar a la administración de justicia y conseguir, a toda costa, un resultado distinto -y eventualmente favorableal alcanzado con la primera acción de tutela. Por su parte, la cosa juzgada es una institución jurídica que se configura de forma objetiva y que tiene que ver con la 2 resolución definitiva de los conflictos que se someten al conocimiento de los jueces.

RELIQUIDACION DE LA PENSION GRACIA DE DOCENTES

CUANDO EL ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO ES DE

CARACTER ADMINISTRATIVO-Jurisprudencia del Consejo de Estado PENSION GRACIA-Liquidación/PENSION GRACIA-Reliquidación ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia para el caso A pesar de que las dos acciones constitucionales comparten las mismas partes, hechos y pretensiones, la accionante actuó de buena fe al interponer la segunda tutela. Esto ocurre porque, en el escrito de interposición del amparo, en la adición y en las distintas intervenciones allegadas al trámite, manifestó

directamente que existió una primera tutela y explicó por qué considera que existe un hecho nuevo que habilitaba al juez para estudiar nuevamente el problema jurídico que fue objeto de análisis en la primera acción de tutela que interpuso. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESImprocedencia por configurarse cosa juzgada constitucional en solicitud reliquidación de pensión gracia (i) No surgen circunstancias fácticas o jurídicas nuevas que permitan una nueva discusión y (ii) Existió un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción constitucional sobre la pretensión incoada.

Referencia: Expediente T-6.409.645

Acción de tutela instaurada por Ana Gloria Hernández Barbosa contra la Sección Segunda -Subsección Adel Consejo de Estado y la Sección SegundaSubsección Bdel Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Procedencia: Sección Quinta del Consejo de Estado.

Asunto: Tutela contra providencia judicial, Análisis de temeridad y cosa juzgada en materia de tutela.

Conjuez ponente:

ESTEBAN RESTREPO SALDARRIAGA

3 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos, y el conjuez Esteban Restrepo Saldarriaga, en ejercicio de sus

competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, adoptado por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 30 de agosto de 2017, que confirmó la decisión de primera instancia, mediante la cual se declaró improcedente el amparo en el proceso de tutela promovido por Ana Gloria Hernández Barbosa en contra de la Sección Segunda -Subsección Adel Consejo de Estado y la Sección Segunda -Subsección Bdel Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Conforme a lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, mediante Auto del 27 de octubre de 2017, la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el expediente T-6.409.645, que por reparto le correspondió a la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger. El 7 de diciembre de 2017, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 61 del Reglamento de esta Corporación, la Sala Plena asumió el conocimiento del asunto de la referencia. La Magistrada Cristina Pardo Schlesinger radicó proyecto de fallo dentro del proceso de referencia y en sesión celebrada el 1º de agosto de 2018, después de producirse un empate en la decisión por ausencia de uno de los Magistrados1, la Sala Plena designó como conjuez a Esteban Restrepo Saldarriaga. Posteriormente, en sesión de la Sala Plena del 21 de enero de 2020, el proyecto presentado por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger no fue acogido finalmente por la mayoría de los miembros de esa Sala, motivo por el

cual la ponencia le correspondió al Conjuez Esteban Restrepo Saldarriaga, siguiente en orden alfabético. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena procede entonces a dictar la sentencia correspondiente.

I. ANTECEDENTES 1 El magistrado Alejandro Linares Cantillo no participó en la discusión.

4 El 8 de julio de 2016, la señora Ana Gloria Hernández Barbosa interpuso acción de tutela contra las sentencias (i) del 25 de mayo de 2007, proferida por la Sección Segunda -Subsección Bdel Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y (ii) del 24 de octubre de 2012, emitida por la Sección Segunda -Subsección Adel Consejo de Estado. Las decisiones controvertidas fueron adoptadas dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral promovida por la accionante, contra la Caja Nacional de Previsión Social. La demandante pretende que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por las sentencias mencionadas, teniendo en cuenta que las autoridades judiciales accionadas negaron la reliquidación de su pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada.

A. Hechos y pretensiones

1. Afirma la accionante que trabajó como docente del Distrito Capital entre el 4 de abril de 1972 y el 30 de diciembre de 20042.

2. El 13 de febrero de 1997, el Secretario de Educación de Bogotá le

concedió una comisión de servicios para desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción denominado Coordinador General del Centro de Administración Educativa Local Grado 23.

3. El 10 de febrero de 2004 cumplió 50 años de edad. Como para esa fecha acumulaba más de 20 años de servicio docente y cumplía los demás requisitos para acceder a la pensión gracia, solicitó el reconocimiento y pago de esa prestación.

4. La comisión, en efecto, terminó en mayo de 2004. La accionante se desempeñó posteriormente como rectora nacionalizada desde el 17 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 20043.

5. Mediante Resolución 19500 del 8 de julio de 2005, la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) le reconoció la pensión gracia, aunque lo hizo con base en el salario devengado en el último año en el que se desempeñó en un cargo docente, es decir, entre febrero de 1996 y enero de 1997 y no con base en lo devengado en el último año de servicios.

6. El 22 de agosto de 2005, la señora Hernández Barbosa interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución de 2 En el escrito de tutela la accionante dice que trabajó hasta el 18 de julio de 2005. Sin embargo, tanto en las decisiones contra las cuales se presenta la tutela, como en el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que fue remitido en préstamo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se evidencia que la accionante trabajó hasta el 30 de diciembre de 2004.

3 Folio 21, Cuaderno Principal. 5 CAJANAL en la que se le reconoció la pensión gracia. Indicó que el acto administrativo era ilegal porque desconoció que, según el artículo 66 del Decreto 2277 de 1979, el docente escalafonado que es comisionado para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción no pierde su calidad de docente. En consecuencia, el cálculo de la mesada pensional debió tener en cuenta el salario devengado en el año anterior a adquirir el estatus pensional, esto es, de febrero de 2003 a febrero de 2004, y no los valores devengados como docente entre 1996 y 1997.

7. El proceso correspondió a la Sección Segunda -Subsección Bdel Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 25 de mayo de 20074, declaró la nulidad parcial de la resolución mencionada y ordenó la indexación de la pensión con base en la fórmula de índices de inflación. Sin embargo, negó la pretensión principal de la demanda dirigida a que se calculara la mesada en función al salario devengado en el cargo para el que fue comisionada.

El Tribunal, al respecto, consideró que el cargo que desempeñaba la demandante cuando adquirió el derecho pensional era de carácter administrativo y no docente, según el artículo 32 del Decreto 2277 de 1979. Además, explicó que la pensión gracia es una prestación especialísima, creada en favor de los maestros del sector oficial que percibían una baja remuneración en comparación con los docentes del nivel nacional. En ese sentido, concluyó que el salario devengado por la accionante en el cargo

administrativo -que triplicaba el salario devengado por un maestrono podía ser tenido como base para calcular la pensión gracia. Por lo tanto, indicó que dicha prestación debía liquidarse sobre los factores salariales devengados al 12 de febrero de 1997, indexados al 10 de febrero de 2004, que fue la fecha en la que la demandante cumplió la edad requerida para el reconocimiento de esa pensión.

8. La accionante interpuso el recurso de apelación contra esa decisión.

Alegó que, de conformidad con el artículo 66 del Decreto 2277 de 1979, no perdió la calidad de docente durante el tiempo que ejerció el cargo de libre nombramiento y remoción como Coordinadora de CADEL, dado que el docente comisionado no pierde el escalafón. Por esta razón, su pensión debió ser calculada como lo reconoce la ley, esto es, con base en los salarios devengados en el año anterior a adquirir el estatus pensional.

9. Mediante sentencia del 24 de octubre de 20125, la Sección SegundaSubsección Adel Consejo de Estado confirmó integralmente el fallo de primera instancia. En particular, consideró que el cargo desempeñado por la accionante no hace parte de los de carácter docente previstos en el artículo 32 del Decreto 2277 de 19796. En ese sentido, explicó que el tiempo 4 Folios 7 a 19 del Cuaderno Principal. 5 Folios 20 a 39, Ibídem. 6 Artículo 32. “CARACTER DOCENTE. Tienen carácter docente y en consecuencia deben ser provistos con educadores escalafonados los cargos directivos que se señalan a continuación, o los que tengan funciones

equivalentes: //a) Director de escuela o concentración escolar; //b) Coordinador o prefecto de 6 laborado en cargos administrativos sólo es computable para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación y, por lo tanto, la pensión gracia debía calcularse con base en el salario devengado como directiva docente en el año 1997.

10. El 7 de junio de 2013, la accionante interpuso acción de tutela contra las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Argumentó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente del Consejo de Estado

(sentencias 1374-2009, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, y 4775-2006, C.P. Ana Margarita Olaya Forero), según el cual la pensión gracia se calcula teniendo como base los factores salariales devengados en el año anterior a adquirir el estatus pensional.

11. Mediante sentencia del 23 de septiembre de 20137, la Sección Cuarta del Consejo de Estado “negó por improcedente” el amparo. La Sala declaró que no se configuraba el defecto alegado porque las decisiones previas del Consejo de Estado que la accionante invocaba como desconocidas, no tenían identidad fáctica con su caso. En efecto, en las sentencias contencioso administrativas anteriores, los demandantes estaban nombrados en cargos directivos docentes de los previstos en el artículo 32 del Decreto 2277 de 1979; mientras que en el caso de la accionante, cuando ella cumplió 50 años, estaba nombrada en un cargo administrativo que, según la misma norma, no tenía el carácter docente invocado. De este modo, se

trataba de circunstancias fácticas disímiles a las previstas en los casos anteriores señalados.

12. La demandante impugnó la decisión del a quo8. Afirmó que al momento de cumplir el estatus jurídico de pensionada estaba nombrada en un cargo directivo de los señalados en el artículo 32 del Decreto Ley 2277 de 1979.

Particularmente, alegó que se desempeñó en el cargo de rectora desde el 17 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2004, fecha en la que se efectuó su retiro definitivo.

13. Mediante sentencia del 5 de marzo de 20149, la Sección Quinta del Consejo de Estado modificó la decisión del a quo y negó el amparo. El adquem consideró que, en las decisiones judiciales cuestionadas, los accionados argumentaron con suficiencia que, para liquidar la pensión gracia de la tutelante, no era posible tener en cuenta los factores salariales devengados mientras ocupó un cargo administrativo, pues este tiempo sólo se computa para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación.

14. El 11 de julio de 2016, la accionante interpuso una segunda acción de tutela en contra de las sentencias del 25 de mayo de 2007, proferida por la establecimiento;// c) Rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media; //d) jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos; //e) Supervisor o inspector de educación”. 7 Folios 41 a 53, Ibídem. 8 Los argumentos de la impugnación se extraen del resumen que hace la Sección Quinta del Consejo de

Estado en la decisión de segunda instancia (Folios 59 – 60 Ibídem). 9 Folios 54 a 66, Ibídem. 7 Sección Segunda -Subsección Bdel Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y del 24 de octubre de 2012, emitida por la Sección SegundaSubsección Adel Consejo de Estado, que es objeto de revisión.

15. Como justificación a esta segunda acción de tutela explicó, en primer lugar, que se cumplen los requisitos generales de procedencia del amparo contra las providencias judiciales controvertidas. En efecto, en cuanto al requisito de inmediatez, argumentó que el problema jurídico recae sobre un asunto pensional, y que, por ser una prestación periódica, la violación de derechos se mantuvo en el tiempo hasta este momento.

16. En segundo lugar, la accionante afirmó que su actuación no era temeraria porque “(…) existe un hecho nuevo consistente en que hace cerca de dos meses [se enteró] de la existencia de pronunciamientos del Consejo de Estado en los que [se] accedió a las pretensiones de personas en una situación equivalente a la [suya]”10. En particular, cita como ejemplo la sentencia del 10 de julio de 201411, en la que la Sección Segunda del Consejo de Estado accedió a la reliquidación de la pensión de una docente que ocupaba un cargo administrativo en comisión, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicios en ese cargo. Afirma que, en esa ocasión, el Consejo de Estado basó su decisión en el artículo 66 del Decreto 2277 de 1979 y en la sentencia del 23 de junio de

201112, mediante la cual también se concedió una pensión gracia con los factores salariales devengados en el último año laborado en comisión. Además, argumentó que, entre la acción de tutela que se resolvió el 5 de marzo de 2014 y la interpuesta el 11 de julio de 2016, no existe identidad de hechos ni de pretensiones, debido a que en la primera invocó como precedentes casos que no eran aplicables al suyo. Así, la segunda acción no es temeraria, porque existe un hecho nuevo, consistente en que se enteró de la existencia de otros pronunciamientos del Consejo de Estado que sí eran pertinentes para resolver su caso, según los cuales para liquidar la pensión gracia debía tenerse en cuenta lo devengado en el año anterior al cumplimiento del estatus pensional.

17. En tercer lugar, precisó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente, pues se apartaron de decisiones en las que el Consejo de Estado estudió asuntos equivalentes al suyo, sin ofrecer una explicación válida para hacerlo. Para sustentar este argumento, la accionante identificó únicamente la sentencia del 10 de julio de 2014, que es posterior a las decisiones controvertidas. En un escrito adicional, dio mayor alcance a la tutela y reformuló la argumentación, en el sentido de explicar que su pretensión consiste en que se aplique para su caso la regla fijada en la sentencia del 10 de julio de 2014.

10 Folio 4, Cuaderno Principal. 11CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Radicado No. 25000-23-25-000-2011-00987-01, C.P. Luis

Rafael Vergara Quintero. 12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Radicado No. 25000-23-25-000-2009-00627-01, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8

18. En consecuencia, la accionante solicitó al juez de tutela: a) dejar sin efecto la sentencia del 24 de octubre de 2012, proferida por la Sección Segunda -Subsección Adel Consejo de Estado, y b) ordenar a dicha autoridad judicial que emita una nueva sentencia en la que aplique el precedente indicado.

B. Actuación procesal en primera instancia.

Mediante auto del 13 de julio de 201613, la Sección Cuarta del Consejo de Estado avocó el conocimiento de la tutela y vinculó, en calidad de autoridades accionadas, a la Sección Segunda -Subsección Bdel Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda -Subsección Adel Consejo de Estado y, como tercero con interés, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP14. El 19 de julio de 2016, la señora Ana Gloria Hernández Barbosa presentó escrito de adición de la demanda15, en el que indicó que pretende que se dé aplicación al precedente desarrollado por el Consejo de Estado en la sentencia del 10 de julio de 201416, la cual no se había proferido para la fecha en que se estudió la primera acción de tutela. Particularmente, indicó: “yo no estoy reclamando en esta demanda que cuando se falló mi proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho por parte del Consejo de Estado el

24 de octubre de 2012 se haya decidido sin respeto de decisiones anteriores de la Corporación judicial. Ese fue el reclamo de mi anterior acción de tutela (...) Pido en esta nueva demanda –y por eso no actúo con temeridadque se disponga aplicar a mi caso una sentencia que el H. Consejo de Estado dictó después de que se sentenció mi caso por la justicia administrativa (…)17”. Contestación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP El 22 de julio de 201618, el Subdirector Jurídico Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP contestó la acción de tutela. Manifestó que: (i) tal y como lo expuso el Consejo de Estado en la sentencia del 24 de octubre de 2012, para el reconocimiento de la pensión gracia no se tienen en cuenta los aportes efectuados en cargos administrativos; (ii) la tutela no cumple con el presupuesto de inmediatez, pues se presentó más de tres años después de que se dictara la sentencia controvertida; y (iii) la actuación es temeraria, pues la accionante interpuso otra tutela en la que puso de presente los mismos hechos y pretensiones. 13 Folios 69 y 70, Cuadreno Principal. 14 Folios 76 y 77, Ibídem. 15 Folios 81-87, Ibídem. 16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado No. 250002325000201100987011, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. 17 Folios 85-87, Cuaderno Principal. 18 Folios 91-118, Ibídem.

9 En consecuencia, pidió rechazar por improcedente la presente acción. Contestación de la Sección Segunda -Subsección Adel Consejo de Estado El Consejero William Hernández Gómez19 contestó la tutela en nombre propio y en representación de los demás magistrados que integran la Subsección accionada. Señaló que en este caso: (i) no se cumple con el requisito de inmediatez; (ii) la accionante había presentado otra tutela por los mismos hechos y pretensiones y, por esa razón, se configuró el fenómeno de cosa juzgada; y (iii) no concurre ningún defecto que haga procedente la tutela contra providencia judicial, debido a que la sentencia controvertida se ajustó a la jurisprudencia vigente al momento de adoptar la decisión. Con fundamento en estos argumentos, solicitó rechazar por improcedente la tutela. Manifestación de impedimento de los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado para conocer de la tutela en primera instancia Mediante escrito del 30 de agosto de 201620, los magistrados que conforman la Sección Cuarta del Consejo de Estado21 manifestaron su impedimento para conocer de la acción de tutela. El impedimento se fundamentó en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal22. Indicaron que habían conocido de la primera tutela, que también estaba dirigida contra las providencias judiciales controvertidas en esta nueva acción23. El 27 de octubre de 2016, una Sala de Conjueces24 declaró fundado el impedimento manifestado por los integrantes de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y dispuso separarlos del conocimiento de la tutela.

Posteriormente, la Secretaría General excluyó al conjuez Hernán Alberto González Parada del proceso de tutela, debido a que el 21 de abril de 2017, Milton Chaves García tomó posesión del cargo como Consejero de Estado25. En consecuencia, la decisión de primera instancia correspondió a los Magistrados Stella Jeannette Carvajal Basto y Milton Chaves García y al conjuez Jesús Marino Ospina Mena. 19 Folios 151 y 152, Ibídem. 20 Radicado el 6 de septiembre de 2016 (folios 153-154, Ibídem). 21 Martha Teresa Briceño de Valencia, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 22 Código de Procedimiento Penal, Artículo 56. “CAUSALES DE IMPEDIMENTO: Son causales de impedimento: (…) 6. Que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. (Subrayado fuera de texto)”. 23 Mediante auto del 19 de septiembre de 2016, la consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dispuso remitir el expediente a la Secretaría de la Sección Cuarta para que el impedimento fuera decidido por una Sala de conjueces (Folios 156-157, Ibídem). 24 Conformada por los siguientes conjueces: Héctor J. Romero Díaz, María Eugenia Sánchez Estrada, Jesús Marino Ospina Mena y el ponente, Hernán Alberto González Parada (folios 178 al 182).

25 A Folio 207 se encuentra la constancia del 27 de abril de 2017, mediante la cual se dá aplicación a lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 1437 de 2011 y 16 del Decreto 1265 de 1970, y se excluye al conjuez Hernán Alberto González Parada. 10

C. Decisiones objeto de revisión Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 26 de julio de 201726, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo. Primero, estableció que la acción era temeraria, pues había identidad de partes, hechos y pretensiones entre la primera tutela y la que ahora es objeto de estudio. Además, consideró que el supuesto hecho nuevo alegado por la accionante no lo era, pues para los jueces era imposible aplicar una sentencia que no existía al momento de adoptar su decisión.

Segundo, señaló que la tutela no cumplía con el presupuesto de inmediatez, porque fue presentada más de tres años después de que se dictara la última de las sentencias controvertidas. Impugnación Mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2017, la señora Ana Gloria Hernández Barbosa presentó recurso de impugnación e indicó que lo sustentaría en escrito posterior27. El 11 de agosto de 201728, la accionante radicó la sustentación del recurso. Manifestó que, contrario a lo que afirmó la Sección Cuarta del Consejo de Estado, sí existió un hecho nuevo que justificó la interposición de esta segunda tutela. Explicó que, en esta ocasión, pretende que se aplique una sentencia del Consejo de Estado proferida con posterioridad a las sentencias

que controvierte. En la sentencia invocada por la accionante, se reconoció el derecho a la reliquidación de la pensión gracia de una maestra que se desempeñaba en un cargo administrativo, con base en los salarios percibidos en el año inmediatamente anterior a adquirir el derecho. Reiteró que, en su caso, la decisión de 2014 constituye un hecho nuevo porque supone “el cambio de posición o criterio adoptado por el Consejo de Estado para decidir sobre el derecho a reliquidar la pensión gracia con base en todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior, cuando se está en comisión en otro cargo”. Adujo que esa situación desvirtúa la temeridad y demuestra la violación del derecho a la igualdad. En particular, sostuvo que es constitucionalmente inaceptable que dos personas en idénticas condiciones laborales reciban un tratamiento diferente. En relación con el presupuesto de inmediatez, insistió en que la vulneración de derechos se perpetuó en el tiempo, dado que se trata de una prestación periódica. Además, señaló que el cambio de criterio del Consejo de Estado demostraba la afectación actual del derecho a la igualdad. 26 Folios 209-215, Ibídem. 27 Folios 222-223, Ibídem. 28 Folios 233-237, Ibídem. 11 Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Mediante escrito del 18 de agosto de 201729, el Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP solicitó al juez de tutela confirmar la decisión del a quo. Argumentó que se trataba de una tutela temeraria. Sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 30 de agosto de 201730, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión recurrida. Explicó que, si bien la accionante impugnó la decisión en término, presentó la sustentación del recurso de manera extemporánea. En consecuencia, consideró que no era posible realizar el estudio oficioso de la providencia judicial cuestionada, por cuanto la sustentación de la impugnación no se radicó dentro del término de tres días previsto por el Decreto 2591 de 1991 para presentar el recurso. La Consejera Rocío Araújo Oñate aclaró su voto31. Reiteró que el deber de carga argumentativa, tanto en la demanda como en la impugnación, no supone un formalismo ritual excesivo, sino que implica una garantía de los principios generales de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía e independencia judicial.

D. Intervención recibida en sede de revisión Mediante Auto del 27 de octubre de 2017, la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la tutela de la referencia. El 9 de noviembre de ese mismo año, la señora Ana Gloria Hernández Barbosa radicó un escrito en el que expuso hechos y argumentos que pidió tener en cuenta para resolver el presente asunto32.

En particular, reiteró lo dicho en la demanda. Además, indicó que a todos sus compañeros en las mismas condiciones les concedieron la misma pretensión. Para sustentar esta afirmación, precisó que, a cinco personas distintas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les concedió la reliquidación de la

pensión gracia con base en los factores salariales devengados en el último año en el que desempeñaron cargos administrativos en comisión. De otra parte, explicó que, en el año 2016, se encontró con una compañera de labores que le contó que, en el año 2012, el Consejo de Estado le había concedido la misma pretensión que a ella le había sido negada. Para demostrar que se trata de situaciones fácticas idénticas, la demandante presentó un cuadro comparativo. En este, expuso que, a pesar de las semejanzas de su caso con el que fue decidido por la Sección Segunda -Subsección Adel Consejo 29 Folios 244-250, Ibídem. 30 Folios 262-268, Ibídem. 31 Folios 274-276, Ibídem. 32 Folios 23-30, Cuaderno de Revisión. 12 de Estado en la sentencia del 10 de julio de 2014, a su compañera sí se le reconoció la pensión con base en los factores devengados en el último año de servicio, en el que se desempeñó en un cargo administrativo en comisión.

E. Actuaciones en sede de revisión Mediante Auto del 15 de enero de 2018, la Magistrada Cristina P