CC - SU108-2020

Sentencia SU108/20 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Procedencia excepcional a favor de sujetos de especial protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad manifiesta DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza jurídica y finalidad La sustitución pensional es una prestación económica del Sistema de Seguridad Social en Pensiones que adquiere naturaleza fundamental “si de su reconocimiento depende que se materialicen las garantías de los beneficiarios que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta”. Esta constituye una garantía a favor de la familia del pensionado por jubilación, vejez o invalidez, que se orienta por tres principios: (i) estabilidad económica y social para los allegados del causante; (ii) reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus beneficiarios y (iii) prevalencia del criterio material para analizar el requisito de convivencia. SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTESRequisitos que deben cumplir el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite PENSION DE SOBREVIVIENTES Y REQUISITO DE CONVIVENCIA-Reconocimiento al cónyuge supérstite aunque no haya habitado bajo el mismo techo del causante siempre que exista causa justificada para la separación aparente de cuerpos

DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA EL

CONYUGE SUPERSTITE SEPARADO DE HECHO QUE

CONSERVE VIGENTE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Jurisprudencia

de la Corte Suprema de Justicia ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por defecto sustantivo, por inaplicación del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, en reconocimiento de sustitución pensional La norma aplicable al caso concreto es el artículo 47 original de la Ley 100 de

1993. Según la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, la norma aplicable a las solicitudes de sustitución pensional es la vigente al momento de fallecimiento del causante.

Por consiguiente, cuando estas se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, deberán ser analizadas según lo dispuesto por el artículo 47 de esta ley. Esta “reguló de manera integral lo relativo al sistema general de pensiones”, así que solo puede ser exceptuada en los casos expresamente señalados en su artículo 279. DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-La no convivencia al momento del fallecimiento del causante, cuando ésta obedece a justa causa de separación, no debe ser tenida en cuenta para negar el reconocimiento No era razonable negar el derecho a la sustitución pensional a la accionante, máxime cuando la cohabitación entre el causante y esta se interrumpió por una justa causa y, a pesar de ello, estos preservaron el sentido de corresponsabilidad en relación con el hogar conformado y la comunidad de vida que tuvieron. DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Cónyuge y compañera permanente en proporción al tiempo de convivencia

SUSTITUCION PENSIONAL PARA CONYUGE SUPERSTITE Y

COMPAÑERA PERMANENTE-Reconocimiento proporcional a la convivencia CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR VIOLACION DEL DERECHO A LA DEFENSA TECNICARequisitos Cuando se alega la presunta vulneración por falta de defensa técnica, “no es suficiente demostrar que existieron fallas en la defensa del procesado para que proceda el amparo constitucional”, sino que se debe acreditar que: “(i) la falla no haya estado amparada por una estrategia de defensa, (ii) que sea determinante del sentido de la decisión judicial, (iii) que no sea imputable a quien afronta las consecuencias negativas de la decisión y (iv) que sea evidente la vulneración de los derechos fundamentales”. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por defecto procedimental absoluto, por falta de defensa técnica en reconocimiento de sustitución pensional La accionante confirió poder a su abogada exclusivamente para contestar la demanda ordinaria laboral y, por consiguiente, tras dicha actuación procesal no contó con la debida representación judicial. DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Orden a Colpensiones restablecer pago de mesada pensional hasta tanto jurisdicción ordinaria resuelva de fondo Página 2 de 43

Referencia: Expedientes T-7.599.111 y T7.607.991 (acumulados) Acciones de tutela presentadas por (i) María Emma Cardona en contra de la Corte

Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 4 (T7.599.111), y (ii) María Analfi Santa en

contra del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, y otros (T-7.607.991)

Magistrado ponente:

CARLOS BERNAL PULIDO

Bogotá D. C., once (11) de marzo de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente

SENTENCIA

1. Síntesis. María Emma Cardona (T.7.599.111) y María Analfi Santa (T7.607.991) interpusieron acción de tutela en contra de las providencias judiciales que, dentro de los respectivos procesos ordinarios laborales, les negaron la sustitución pensional en calidad de cónyuges supérstites. Las accionantes señalan que las autoridades judiciales demandadas desconocieron sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso, entre otros, por cuanto no dieron por probada su convivencia con los causantes, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

I. ANTECEDENTES

Expediente T-7.599.111

2. Hechos relacionados con la cónyuge del causante. María Emma Cardona tiene 89 años1 de edad y padece distintas patologías, tales como fibrosis pulmonar por tabaquismo, EPOC, hipertensión pulmonar leve e hipotiroidismo2.

Contrajo matrimonio católico3 con Luis Gonzalo Jaramillo el 15 de octubre de

1952. Tal vínculo se mantuvo vigente hasta el 30 de abril de 1995, fecha en la

cual el señor Jaramillo falleció4. Durante su matrimonio, María Emma Cardona 1 Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 92. 2 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 58. 3 Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 91. 4 Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fls 99 y 107. Página 3 de 43 y Luis Gonzalo Jaramillo tuvieron seis (6) hijos, quienes actualmente son mayores de edad5.

3. Hechos relacionados con la compañera permanente del causante. Sol Amparo Rivera tiene 73 años6 y afirma haber convivido con Luis Gonzalo Jaramillo durante 14 años7. Indica que le prestó apoyo y ayuda permanente y que lo acompañó “hasta el momento de su muerte”8.

4. Causación de la pensión de jubilación. El 2 de octubre de 1973, el Municipio de Medellín le reconoció a Luis Gonzalo Jaramillo la pensión vitalicia de jubilación por haber cumplido los requisitos de edad y tiempo dispuestos en las leyes 6 de 1945 y 4 de 19669. El 23 de octubre de 1987, el causante manifestó, mediante escrito dirigido al Municipio de Medellín, que, en caso de fallecer, su pensión debería ser distribuida entre María Emma Cardona y sus hijos, y Sol Amparo Rivera. También dispuso que a los primeros les debía corresponder el sesenta por ciento (60%) de la mesada pensional y a la segunda, el cuarenta por ciento (40%)10.

5. Solicitud y reconocimiento de la sustitución pensional a María Emma Cardona. El 15 de mayo de 199511, tras el fallecimiento de Luis Gonzalo Jaramillo, María Emma Cardona solicitó la sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite del causante12. En el marco de dicho trámite se publicaron dos avisos13, con el fin de informar acerca del proceso a las personas que pudieran tener igual o mejor derecho frente a la prestación solicitada. La cónyuge del causante fue la única que concurrió como posible beneficiaria de la prestación económica14. El 25 de agosto de 1995, el Departamento de Personal del Municipio de Medellín profirió la Resolución 1940 de 199515, por medio de la cual sustituyó a favor de María Emma Cardona el 100% de la pensión de jubilación. La entidad concluyó que a esta le asistía el derecho solicitado, por cuanto satisfizo los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1973 y el Decreto 690 de 1974, esto es: (i) convivió con el causante hasta su fallecimiento, (ii) no contrajo nuevas nupcias ni hizo vida marital con otra persona, (iii) no había hijos menores, ni mayores estudiantes o con discapacidad, que pudieran ser beneficiarios de la pensión, y (iv) el causante “no dejó hijos extramatrimoniales”.

6. Solicitud y negativa de reconocimiento de la sustitución pensional a Sol Amparo Rivera. El 31 de marzo de 2011, Sol Amparo Rivera solicitó ante el Municipio de Medellín la sustitución pensional de Luis Gonzalo Jaramillo, “en 5 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fls. 25 a 38.

6 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 11. 7 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 2. 8 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 5. 9 Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fls. 119 a 124. 10 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 62. 11 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 45. 12 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 46 13 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fls. 95 y 97; Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 73. 14 Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 103. 15 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 46. Página 4 de 43 el porcentaje que corresponde por ley, por haber sido la compañera permanente del pensionado”16. Indicó que tenía derecho a esa prestación, puesto que (i) convivió con el causante por el término de 14 años, (ii) cumplía lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, esto es, haber convivido con el causante hasta su muerte, y (iii) le correspondía el 40% de la pensión, según lo manifestado por el señor Jaramillo

antes de fallecer (párr. 4). Además, explicó que María Emma Cardona se había comprometido, por medio de un documento privado suscrito el 15 de mayo de 199517, a “pasarle el cincuenta por ciento (50%) [de la pensión]”18 de Luis Gonzalo Jaramillo. El 6 de julio de 2011, el Municipio de Medellín negó la solicitud, dado que (i) la solicitante no compareció al trámite pensional adelantado en 1995, para manifestar su interés en el reconocimiento de la sustitución pensional, y (ii) esta entidad no reconoce los “acuerdos privados como el [aportado] y mediante el cual cedió su presunto derecho a sustituir”19 la pensión.

7. Demanda ordinaria laboral. El 16 de septiembre de 2011, Sol Amparo Rivera interpuso demanda ordinaria laboral en contra del Municipio de Medellín, para que le fuera sustituida la pensión del señor Luis Gonzalo Jaramillo en calidad de compañera permanente20. El 3 de octubre de 2011, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín inadmitió21 la demanda, por considerar que esta también debía estar dirigida en contra de María Emma Cardona. El 11 de octubre de 201122, la demanda fue subsanada por la demandante. Esta, además de insistir en los argumentos presentados en la solicitud de sustitución pensional (párr. 6), indicó que: (i) a comienzos de 2011, María Emma Cardona empezó a consignarle únicamente “la mitad de lo convenido”23 en el acuerdo privado, lo que afectó su mínimo vital, pues

“siempre ha derivado su sustento”24 de lo consignado por esta; (ii) el documento privado suscrito por María Emma Cardona, mediante el cual se comprometió a consignarle parte de la pensión, da cuenta de su convivencia con el causante y (iii) el documento por medio del cual Luis Gonzalo Jaramillo dispuso la distribución de su pensión “es un reconocimiento de que, para esa fecha (…) eran compañeros permanentes”25.

8. Contestación de la demanda. El Municipio de Medellín y María Emma Cardona se opusieron a las pretensiones de la demanda. De un lado, el Municipio adujo que: (i) la demandante no compareció dentro del proceso administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional; (ii) la manifestación de voluntad del causante no bastaba “para otorgar la pensión de sobrevivientes”, porque se debían “cumplir los requisitos legalmente exigidos y 16 Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 105. 17 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 17. 18 Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 106. 19 Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 103. 20 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 3 21 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 18. 22 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fls. 21 a 29. 23 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 22.

24 Expediente T-7.599.111, Cno del proceso ordinario laboral, fl. 22. 25 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 27. Página 5 de 43 en su debida oportunidad”; (iii) el acuerdo privado suscrito por la solicitante y María Emma Cardona fue utilizado “para cometer presunto fraude procesal, cuyo resultado fue (…) el otorgamiento de pensión de sobrevivientes (…) induciendo a error a la administración municipal”, y (iv) el asunto debía ser resuelto por el juez ordinario, dado que “cuando se presente disputa entre personas que demuestren ser beneficiarias de una prestación social (…) las partes deberán acudir ante la jurisdicción ordinaria”, según lo disponen el Decreto 758 de 1990 y el artículo 13 de la Ley 797 de 200326. De otro lado, María Emma Cardona negó que la señora Sol Amparo Rivera fuese compañera permanente del causante y cuestionó la validez del documento por medio del cual se comprometió a entregarle un porcentaje mensual de la sustitución pensional. Adujo haber sido “compelida a firmar[lo] por el señor Bernardo Jaramillo Laverde (QUEPD), quien lo redactó y sin explicación alguna sobre los orígenes del mismo hizo que lo firmara a pocos días de la muerte de su esposo”27.

9. Sentencia de primera instancia del proceso ordinario laboral. El 16 de noviembre de 2012, el Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín28 profirió sentencia por medio de la cual (i) reconoció el 100% del

derecho pensional a Sol Amparo Rivera, en calidad de compañera permanente del Luis Gonzalo Jaramillo, (ii) ordenó la suspensión del pago de la sustitución pensional a favor de María Emma Cardona y (iii) condenó al Municipio de Medellín a “pagar y reconocer las mesadas ordinarias y especiales adeudadas entre el 31 de marzo de 2011 y el 16 de noviembre de 2012”29 a favor de Sol Amparo Rivera, así como la indexación de las sumas reconocidas. El juzgado fundamentó su decisión en las siguientes razones: (i) las normas aplicables eran la Ley 71 de 1988 (art. 3) y el Decreto 1160 de 1989 (arts. 5, 6 y 7), dado que el causante era empleado público y las mismas estaban vigentes para el momento de su fallecimiento; (ii) la cónyuge supérstite es “quien tiene derecho a la sustitución pensional y (…) solo a falta de esta tendrá derecho la compañera permanente del causante”30, y (iii) la cónyuge “pierde su derecho por la falta de convivencia con el causante, al momento de la muerte de éste, a menos que llegare a probar su situación de imposibilidad de hacer vida en común”.

10. Con base en las pruebas recaudadas, el a quo concluyó que: (i) a pesar de que el vínculo conyugal entre Luis Gonzalo Jaramillo y María Emma Cardona nunca fue disuelto, el causante “salió de su hogar por petición realizada por la esposa Emma Cardona y algunos de sus hijos, debido a su consumo de

alcohol”31; (ii) el causante convivió con la señora Sol Amparo Rivera “por un espacio aproximado de 10 a 14 años hasta el momento de su fallecimiento”; (iii) correspondía a María Emma Cardona “probar que si no hacía vida en común con el causante era por causas atribuibles a él, situación que no fue acreditada 26 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 69. 27 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 85. 28 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo PSAA11-8985 del 15 de diciembre de 2011, el proceso fue remitido a “la oficina judicial de Medellín para que sea repartido a uno de los juzgados de descongestión”. Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 89. 29 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 226. 30 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 220. 31 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 223. Página 6 de 43 en el proceso (…) por el contrario, de la prueba recaudada se desprende que fue (…) [esta] quien echó a su esposo (…) por los problemas que este tenía con el alcohol”32, y (iv) las pruebas documentales allegadas, consistentes en consignaciones a favor de Sol Amparo Rivera, constituían un indicio del derecho que le asistía a la demandante, porque “difícilmente alguien accede a entregar la mitad de su pensión a otra persona por simple gratitud”33.

11. Apelación. La decisión fue apelada por Sol Amparo Rivera, por el Municipio de Medellín y por María Emma Cardona. Primero, Sol Amparo Rivera solicitó que le fueran reconocidas y pagadas las mesadas desde el 31 de marzo de 2008, que no desde el 31 de marzo de 201134. Segundo, el Municipio de Medellín solicitó la revocatoria de la condena en costas y la indexación35.

Tercero, María Emma Cardona36 solicitó que: (i) se revisaran las “graves inconsistencias en las declaraciones dadas por los testigos de la señora Sol Amparo Rivera”, (ii) el caso fuera analizado de conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, (iii) se considerara que “en ningún momento se configuró culpa de la viuda, pues fueron muchos los años y padecimientos soportados por la señora Emma Cardona a causa de la adicción de su esposo”37, y (iv) se reconociera la inactividad de Sol Amparo Rivera durante el trámite administrativo de reconocimiento pensional.

12. Sentencia de segunda instancia del proceso ordinario laboral. El 30 de mayo de 2014, la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia de primera instancia. El juez de segunda instancia rechazó las solicitudes de Sol Amparo Rivera y del Municipio de Medellín, por considerar que la prescripción de las mesadas pensionales, liquidación y condena en costas se habían ajustado a las normas vigentes. En relación con lo manifestado por María Emma Cardona, señaló que: (i) el juez de primera instancia concluyó acertadamente que “fue la señora María Emma quien le pidió [al causante] que dejara el hogar”; (ii) el caso no podía ser

analizado según la Ley 797 de 2003, dado que “se debe tener en cuenta la fecha de la muerte del afiliado o del pensionado, a fin de determinar la norma aplicable”38, porque “los conflictos jurídicos deben ser dirimidos a la luz de la normatividad (sic) existente a la ocurrencia de los hechos”39, y (iii) el derecho a la pensión no prescribe; en consecuencia, “no puede imponérsele un término perentorio a la demandante para que se presente a reclamar la pensión de sobrevivientes, so pena de perder el derecho”40.

13. Recurso extraordinario de casación. El 9 de junio de 2014, María Emma Cardona interpuso recurso de casación en contra del fallo proferido por la Sala 32 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 224. 33 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 224. 34 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fls. 228 a 233. 35 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fls. 233 a 235. 36 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fls. 237 a 298. 37 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 244. 38 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 320. 39 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 320. 40 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 321.

Página 7 de 43 Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín41. Al respecto, formuló dos cargos de casación, a saber: (i) violación por vía directa por interpretación errónea de la ley sustancial y (ii) violación por vía indirecta por “falta de apreciación de unas pruebas y la equivocada apreciación de otras”. 13.1. Primer cargo de casación: violación por vía directa por interpretación errónea de la ley sustancial. María Emma Cardona indicó que el Tribunal Superior de Medellín interpretó equivocadamente las normas aplicables, dado que el ad quem: (i) en virtud de los principios de “la situación más beneficiosa y el principio de progresividad”42, debió aplicar el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, entre otras normas43, y (ii) desconoció el concepto de culpa del Código Civil44, puesto que María Emma Cardona no hizo vida en común con el causante “por culpa de él” y su “vicio al alcohol”. 13.2. Segundo cargo de casación: violación por vía indirecta por “la falta de apreciación de unas pruebas y la equivocada apreciación de otras”. Cuestionó que el Tribunal Superior de Medellín no diera por probadas las siguientes situaciones: (i) María Emma Cardona, como cónyuge, “tenía el derecho a [sustituir] la pensión”; (ii) Luis Gonzalo Jaramillo “asintió retirarse de la residencia en donde vivía con su esposa María Emma Cardona (…) debido a su descontrolado consumo de alcohol y las condiciones personales lamentables”; (iii) Luis Gonzalo Jaramillo,

tras retirarse de su residencia, vivió “en piezas alquiladas o de familia, entre ellas la residencia de la señora Sol Amparo Rivera”; (iv) la señora Sol Amparo Rivera “es persona de estado civil casada y no separada legalmente, y por ello no podía legalmente ser compañera permanente de Luis Gonzalo Jaramillo”; (v) el causante “nunca dejó de sostener económicamente a su cónyuge María Emma Cardona”, y (vi) María Emma Cardona y sus hijos “atendieron y pagaron el cuidado de [su] enfermedad y organizaron y cubrieron los gastos del entierro”45.

14. Réplica presentada por Sol Amparo Rivera. El 10 de junio de 2015, Sol Amparo Rivera se opuso a las pretensiones de la demanda de casación, y solicitó que no se casara la sentencia. Manifestó que “la sustentación no es más que un recuento de lo ya discutido dentro del proceso y una serie de opiniones personales sobre lo que se debió tener en cuenta”. Por lo tanto, concluyó que 41 Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 326. 42 Expediente T-7.599.111, Cno. del recurso extraordinario de casación, fl.11. 43 Señaló que el Tribunal Superior de Medellín debió considerar las siguientes disposiciones: Ley 71 de 1988

(art. 3); Ley 12 de 1975 (art.1 y 2); Ley 797 de 2003 (art.13); Ley 44 de 1980 (arts. 1 y 2); Decreto 1160 de 1989 (arts. 5, 6 y 7); Ley 153 de 1887 (art. 5); Ley 57 de 1887 (art. 5); Decreto 1045 de 1978 (art. 54); Ley 4 de 1976

(art. 8); Ley 113 de 1985 (arts. 1 y 2). 44 Señaló que el Tribunal Superior de Medellín debió considerar las siguientes disposiciones: Código Civil (arts. 63, 1502, 1820, ordinales 2º, 3º); Código de Procedimiento Civil (arts. 3, 174, 175, 177, 178, 180, 217, 218, 305 y 306); Código de Procedimiento Laboral (arts. 50, 51, 54, 60, 61 y 145); Constitución Política (arts. 13, 29, 43, 48, 53 y 58). 45 Expediente T-7.599.111, Cno. del recurso extraordinario de casación, fl. 18. Página 8 de 43 era la titular del derecho pensional, en calidad de compañera permanente, por cuanto demostró “una convivencia estable y permanente”46 con el causante.

15. Sentencia de casación. El 19 de marzo de 2019, la Sala de Descongestión

No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia47 (en adelante, Sala de Descongestión No. 4) resolvió no casar la decisión del Tribunal Superior de Medellín y desestimar los cargos presentados por la recurrente. En consecuencia, a la accionante le fue suspendido el derecho pensional que le había sido reconocido por medio de la Resolución No. 1940 de

199548. La Sala de Descongestión No. 4 concluyó que “los errores jurídicos y fácticos planteados en la demanda de casación no tienen sustento en el

expediente, ni en la norma aplicable al caso, lo que lleva a que la presunción de legalidad de la decisión atacada siga vigente”49. En particular, la Sala de Descongestión No. 4 desestimó los cargos de casación por las siguientes razones: 15.1. Primer cargo de casación: violación por vía directa por interpretación errónea de la ley sustancial. La Sala de Descongestión No. 4 concluyó que: (i) la norma aplicable para definir el derecho pensional era la vigente al momento de fallecimiento del causante, esto es, el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993; (ii) el caso no podía ser resuelto con fundamento en la Ley 797 de 2003, dado que esta “entró en vigencia tiempo después de que naciera el derecho pretendido”50, y (iii) el requisito sine qua non para reconocer la pensión es “la prueba de la convivencia real”, porque no basta con “demostrar el vínculo contractual”. En la sentencia no hizo mención alguna a la presunta culpa del causante alegada por la recurrente (párr. 13.1) 15.2. Segundo cargo de casación: violación por vía indirecta por “la falta de apreciación de unas pruebas y la equivocada apreciación de otras”. De un lado, se refirió a los hechos probados en casación. Al respecto, la Sala de Descongestión No. 4 concluyó que: (i) María Emma Cardona y Luis Gonzalo Jaramillo estaban casados al momento del fallecimiento de este, pero (ii) no se probó su “convivencia real”. De otro lado, se refirió a las pruebas que presuntamente no fueron valoradas por el ad

quem. Al respecto, concluyó que: (i) los testimonios y el interrogatorio de parte rendido por Sol Amparo Rivera “son medios de prueba no hábiles en casación laboral”, según el artículo 7 de la Ley 16 de 196951, por lo que estos no pueden ser valorados en casación, y (ii) las 46 Expediente T-7.599.111, Cno. del recurso extraordinario de casación, fl. 39. 47 El proceso fue repartido a la Sala 4ª de Descongestión Laboral, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1781 del 20 de mayo de 2016 y el Acuerdo PCSJA17-10647 de 2017. Expediente T-7.599.111, Cno. recurso extraordinario de casación, fl. 71. 48 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 60. 49 Expediente T-7.599.111, Cno. del recurso extraordinario de casación, fls. 81 a 82. 50 Expediente T-7.599.111, Cno. del recurso extraordinario de casación, fl. 78. 51 Ley 16 de 1969, artículo 7: “El error de hecho será motivo de la casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento autentico, de una confesión judicial o de una inspección ocular; pero es necesario que se le alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que éste aparezca de manifiesto en los autos”. Página 9 de 43 pruebas documentales referidas al pago de los gastos funerarios del causante “no pueden considerarse prueba hábil, pues emanan de terceras personas”.

16. Acción de tutela. El 4 de julio de 2019, María Emma Cardona interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión

No. 4, que resolvió no casar la providencia por medio de la cual le fue revocado el reconocimiento y pago de la sustitución pensional. Solicitó que se ampararan sus derechos fundamentales “al acceso a la justicia, al mínimo vital en pensiones, a la salud y a la vida digna”. Por lo anterior, pidió que se revocaran las siguientes providencias judiciales: (i) la sentencia de casación, proferida el 19 de marzo de 2019 por la Sala de Descongestión No. 4; (ii) la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario laboral, proferida el 30 de mayo de 2014 por la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, y (iii) la sentencia de primera instancia del proceso ordinario laboral, proferida el 16 de noviembre de 2012 por el Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín. En adición, solicitó que se reanudara el pago de su mesada pensional y se condenara al Municipio de Medellín a reconocerle “las mesadas pensionales y los demás beneficios dejados de pagar”. En la solicitud de tutela se advierte que la accionante cuestionó la sentencia de casación con fundamento en la presunta configuración de los siguientes defectos: (i) Defecto sustantivo. La accionante indicó que la decisión sub examine aplicó indebidamente el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993. En su opinión, esta disposición prevé que la sustitución pensional exige probar

la convivencia por el término de dos años continuos con anterioridad a la muerte del causante, “salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido”. Asimismo, agregó que las sentencias de primera y segunda instancia también habían incurrido en un defecto sustantivo, puesto que hubo una “errónea e indebida aplicación (…) de los preceptos”, por cuanto la controversia fue resuelta con base en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989. (ii) Defecto fáctico. La accionante presentó tres argumentos en relación con este defecto. Primero, adujo que la Sala de Descongestión No. 4 no se pronunció “sobre el hecho de que [la señora María Emma Cardona y su esposo] causante de la sustitución pensional, tuvieron 6 hijos [y que] tal circunstancia reemplaza la prueba de la convivencia durante los dos últimos años anteriores a la muerte del causante (C-389 de 1996)”52. Segundo, mencionó que la Sala no valoró “la convivencia que tuvo [María Emma Cardona] con su esposo causante de la sustitución pensional [ni] las razones de salud que imposibilitaron su cohabitación (adicción al alcohol del cónyuge) hasta el día de su muerte”53. Por último, señaló que hubo una “absoluta falta de apreciación”54 de “la comunicación dirigida por el señor Luis Gonzalo Jaramillo al Municipio de Medellín, en la cual 52 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 18. 53 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 17.

54 Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl. 18. Página 10 de 43 solicita (…)