CC - SU141-2020

Sentencia SU141/20

PROTECCION A LA LIBERTAD DE EXPRESION,

INFORMACION Y PRENSA DE PERIODISTAS, A QUIENES, EN

EL MARCO DE UN PROCESO PENAL, LES FUE PROHIBIDO EL INGRESO A AUDIENCIAS PRELIMINARES CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO- Únicamente se configura carencia respecto del ingreso de los accionantes, en calidad de periodistas, a las audiencias preliminares DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Consagración constitucional e Instrumentos internacionales de Derechos Humanos LIBERTAD DE EXPRESION-Contenido y alcance LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y PRENSA CON RELACION A LA PUBLICIDAD DE LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES-Protección de la presencia de los medios de comunicación en las audiencias penales preliminares JUICIOS PARALELOS-Definición Los juicios paralelos se definen como “aquel conjunto de informaciones y noticias, acompañadas de juicios de valor más o menos explícitos, difundidas durante un determinado periodo de tiempo en los medios de comunicación sobre un caso (…) y cuya característica principal es que ‘se realiza una valoración social de las acciones sometidas a la investigación judicial, lo que podría influir en la voluntad y opinión de los jueces’” LIBERTAD DE EXPRESION-Ejercicio por parte de los medios de comunicación implica la prohibición de llevar a cabo juicios paralelos Los juicios paralelos constituyen un “uso desmedido de [la] facultad

comunicativa de los medios de comunicación, que incide en la correcta administración de justicia. Si bien “es algo correcto y necesario en una sociedad democrática” que los medios proporcionen información sobre los procesos penales, “cuando los juicios de valor (…) se producen al tiempo que se está celebrando el juicio estamos ante el juicio paralelo [que] pueden afectar la imparcialidad del tribunal y esto, a su vez, se refleja sobre el derecho del acusado a la presunción de inocencia y en general al derecho a un juicio justo”. De allí que “un ejercicio desmedido de la intervención mediática en la actuación jurisdiccional ponga en grave peligro los derechos fundamentales de las partes, y particularmente del inculpado, a un proceso justo, puede ser sometido a restricciones como una necesidad de ordenación racional en una sociedad democrática de los respectivos espacios de eficacia garantizada a cada uno de los derechos”

LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y PRENSA CON

RELACION AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE ACTUACIONES PENALES EN EL DERECHO COMPARADO La jurisprudencia comparada permite concluir lo siguiente. La publicidad de las actuaciones judiciales penales es una garantía de las sociedades democráticas. Esta garantiza que los ciudadanos puedan ejercer control ciudadano respecto de la administración de justicia y promueve el debate sobre asuntos de interés público. Asimismo, la publicidad representa una garantía para el derecho a un juicio justo y para el ejercicio de la libertad de expresión. Esta última libertad implica la presencia o el acceso de los medios de comunicación a las audiencias penales –incluidas las audiencias preliminares–

, por cuanto la prensa es la encargada de informar al público acerca de la administración de justicia. No obstante, la publicidad de los procesos penales y, por contera, de la libertad de expresión que ejercen los medios de comunicación puede ser limitada con el fin de proteger otros principios y derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la intimidad, los derechos de los menores, el derecho a un juicio justo, o para asegurar la correcta administración de justicia, entre otros. Las cortes de derechos humanos y de derecho comparado han sostenido que las limitaciones al principio de publicidad de las actuaciones penales deben analizarse a partir de los siguientes juicios, a saber: (i) legalidad, (ii) razonabilidad, (iii) necesidad y (iv) proporcionalidad. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN PROCESO PENAL-No es absoluto ya que puede existir reserva de algunas actuaciones judiciales RESERVA DE LAS AUDIENCIAS PENALES PRELIMINARESDecisión de reserva debe ser motivada en atención al principio de necesidad RESERVA DE LAS AUDIENCIAS PENALES PRELIMINARESCriterios que debe considerar el Juez de Control de Garantía al adoptar la decisión de reserva, previa ponderación de derechos y principios en conflicto Al adoptar las medidas de reserva, los jueces penales de control de garantías deberán considerar los siguientes criterios: (i) La medida restrictiva del principio de publicidad deberá estar fundada en una causal legal de reserva; (ii) La medida restrictiva del principio de publicidad deberá perseguir un objetivo constitucionalmente imperioso; (iii) El juez deberá tener en cuenta, a

su vez, el grado de afectación a las libertades de expresión, información y prensa, y, en particular, al derecho fundamental a obtener información sobre asuntos de interés público; (iv) El juez deberá analizar la existencia de medidas alternativas que permitan conjurar el “riesgo de afectación cierto y actual” que justifica la medida restrictiva del principio de publicidad y que resulten menos lesivas respecto de las libertades de expresión, información y prensa; (v) La solicitud de medidas restrictivas de la publicidad solo podrá ser presentada por las partes e intervinientes en el proceso penal. RESERVA DE LAS AUDIENCIAS PENALES PRELIMINARESProporcionalidad de la decisión La proporcionalidad implica estudiar, a su vez, si la medida (a) es adecuada para lograr el fin constitucionalmente imperioso, (b) es necesaria, en tanto no existen medidas alternativas que impongan una restricción menor al principio o derecho constitucional que la reserva afecta y, que a su vez, garanticen el principio o derecho que protege la reserva, y (c) es proporcionada en sentido estricto si el grado de satisfacción del principio o derecho constitucional cuya protección persigue la reserva justifica el grado de afectación del principio o derecho que se afecta con la misma. LIMITES A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Reglas jurisprudenciales para restringir la libertad de los medios de comunicación de opinar sobre procesos judiciales El cubrimiento periodístico de las audiencias no podrá afectar el derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, a derechos de terceros, al derecho a la intimidad o a derechos de menores de edad, o los intereses de la justicia, el

orden público, la moral pública o la seguridad nacional. Asimismo, de conformidad con la Sentencia SU 274 de 2019, los medios de comunicación deberán evitar “realizar juicios valorativos sobre la actuación procesal -juicio paralelo-, lo cual puede influir en la resolución del proceso y en la imparcialidad de los jueces”. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo, por “interpretación asistemática” al prohibir ingreso de periodistas a las audiencias preliminares, en el marco de un proceso penal

Referencia: expediente T-7.414.038

Acción de tutela interpuesta por María Camila Orozco Becerra y otros en contra del Juzgado 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y la Fiscalía 23 Seccional de la Dirección Especializada contra la Corrupción

Magistrado ponente:

CARLOS BERNAL PULIDO

Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

1. Síntesis del caso. Los días 31 de enero, 6 y 15 de febrero, de 2019, se llevaron a cabo las audiencias preliminares adelantadas en contra del exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá y otros, por los delitos de concusión, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. El 31 de enero de 2019, el Juzgado 22

Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró la reserva de las audiencias preliminares. La providencia judicial que declaró la reserva se fundamentó en “el riesgo para las víctimas” y “garantizar el buen curso y éxito de la investigación”. Como consecuencia de esta decisión, fue prohibido (i) el ingreso del público y de la prensa a las audiencias y (ii) el acceso a las grabaciones.

2. Los periodistas María Camila Orozco Becerra, Juan Carlo Giraldo, César Augusto Melo, César Jiménez Flechas, Leónidas Medina Jiménez y Florencio Sánchez interpusieron acción de tutela en contra de la providencia judicial que declaró la reserva. Manifestaron que esta decisión vulneró sus libertades de expresión, información y prensa, así como sus derechos al debido proceso y al trabajo, por cuanto, en el caso sub examine, esta no fue debidamente motivada, desconoció el precedente constitucional y se fundó en una interpretación asistemática del principio de publicidad en materia penal. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declararon improcedente la solicitud de tutela.

I. ANTECEDENTES

3. Hechos. Los días 31 de enero, 6 y 15 de febrero, de 2019, la Juez 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá (en adelante, la Juez) llevó a cabo las audiencias preliminares adelantadas en contra del exdirector de

la cárcel La Modelo de Bogotá1, César Augusto Ceballos, y otros, por los delitos 1 Radicado No. 11001600070620160080000 (cdno. 1, fls. 1 a 36).

de concusión, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, por las “presuntas prebendas entregadas al director (…) con el fin de beneficiar a reclusos”2. En particular, se realizaron, de forma concentrada, las siguientes diligencias: (i) “legalización de allanamiento”, (ii) “legalización de elementos materiales probatorios”, (iii) “suspensión del poder dispositivo”, (iv) “legalización del procedimiento de captura”, (v) “formulación de imputación” y (vi) “imposición de medida de aseguramiento”.

4. El 31 de enero de 2019, la Fiscal 23 Seccional de la Dirección Especializada contra la Corrupción (en adelante, la Fiscal), solicitó la reserva de las audiencias preliminares3. La solicitud se fundamentó en “el riesgo para las víctimas” y “garantizar buen curso y éxito de la investigación”. Al respecto, la Fiscal manifestó que “existen muchas otras personas que a futuro van a ser vinculadas a la investigación. Entonces, la Fiscalía requiere esa protección no solamente para la investigación, sino para las víctimas y para los testigos que tiene en este momento, [dado que esta información], de pronto, se [va] a ventilar en el transcurso de esta audiencia”4. La Procuradora 4 Judicial II de Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado (en adelante, la Procuradora 4 AVCA) coadyuvó esta solicitud5. En esta misma audiencia, mediante auto, la Juez declaró la reserva de las audiencias preliminares.

5. Sin embargo, los apoderados judiciales de los imputados se opusieron a la decisión de reserva del trámite6. Los defensores formularon dos argumentos

al respecto. Primero, señalaron que dicha decisión desconoció el derecho al debido proceso de los indiciados, en tanto la publicidad de las actuaciones garantiza el derecho a un juicio público. Segundo, advirtieron que la decisión de reserva no era una medida necesaria, porque la Fiscalía había publicado “los pormenores de la investigación” en sus redes sociales antes del inicio de la audiencia. Por tanto, solicitaron que las audiencias preliminares se adelantaran de forma pública o, en su defecto, que se desconcentraran aquellas diligencias que no están expresamente previstas como reservadas por el artículo 155 de la Ley 906 de 20047.

6. No obstante, la Juez mantuvo la decisión de reservar las audiencias preliminares8. Indicó que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 906 de 2004, es posible exceptuar el principio de publicidad cuando “el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las 2 Cdno. reservado, CD 1.

3 Id. 4 Id. 5 Id. 6 Id. 7 Ley 906 de 2004, artículo 155: “Publicidad. Las audiencias preliminares deben realizarse con la presencia del imputado o de su defensor. La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria. // Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa para la realización de inspección corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Igualmente aquella en la que

decrete una medida cautelar”. 8 Cdno. reservado, CD 1. víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación”. En el caso concreto, concluyó que “se puede estar afectando terceros o testigos (…) [y, a su vez,] se puede estar afectando el desarrollo de la actuación”9. Además, recordó que “la audiencia de allanamiento es reservada”, por lo que mantuvo la decisión de reserva, y procedió a dar inicio a la actuación. En consecuencia, fue prohibido (i) el ingreso del público y de la prensa a las audiencias preliminares y (ii) el acceso a las grabaciones de las mismas.

7. Los días 6 y 15 de febrero de 2019, la Juez dio continuación a las audiencias preliminares10. En estas se mantuvo la reserva, por lo que el público y la prensa tampoco pudieron ingresar a las mismas. Una vez finalizaron las audiencias, el proceso fue enviado “al Centro de Servicios Judiciales”, para ser asignado a un juez de conocimiento11.

8. Solicitud de tutela. El 14 de febrero de 2019, los periodistas María Camila Orozco Becerra, Juan Carlo Giraldo, César Augusto Melo, César Jiménez Flechas, Leónidas Medina Jiménez y Florencio Sánchez interpusieron acción de tutela, con solicitud de medida provisional, en contra del Juzgado 22 Penal

Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y de la Fiscal 23 Seccional de la Dirección Especializada contra la Corrupción12. En particular, cuestionaron el auto que declaró la reserva de las audiencias preliminares, proferido el 31 de enero de 2019 por la Juez accionada. Al respecto, los accionantes manifestaron que la providencia judicial que declaró la reserva vulneró sus libertades de expresión, información y prensa, así como sus derechos al debido proceso y al trabajo. Esto, por cuanto, en su criterio, esta decisión incurrió en tres irregularidades, a saber: 8.1. La decisión de reserva no fue debidamente motivada. Los accionantes señalaron que en el presente caso no se configuraba causal alguna de las excepciones legales al principio de publicidad. En particular, indicaron lo siguiente: (i) “No es un asunto de seguridad nacional, ni la información relacionada con este puede afectar el orden público o la moral pública, no involucra víctimas menores de edad y no puede afectar los intereses de la justicia”13. La información del proceso penal se refiere a un tema de interés nacional, por tratarse de presuntas conductas típicas cometidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. 9 Cdno. reservado, CD 1. 10 Cdno. 1, fls. 1 a 36. 11 Cdno. de revisión 1, fl. 190. 12 Id. 13 Id. (ii) “La protección de las víctimas” no está prevista “como causal de reserva de audiencias”14. En todo caso, en el asunto sub examine, las presuntas víctimas son los testigos dentro del proceso. (iii) De admitirse como causal de reserva “la necesidad de salvaguardar

las resultas de la actividad investigativa” de un proceso en curso, como ocurrió en este asunto, podría desconocerse el principio de publicidad en la mayoría de procesos15. Para los accionantes, por lo general, en las audiencias preliminares “se ventilan investigaciones en curso, o se descubren elementos materiales probatorios”, por lo que la aplicación de esta excepción implica “admitir el retorno a una justicia sin rostro, o peor, una justicia sin publicidad”. 8.2. La decisión de reserva desconoció el precedente constitucional. Los accionantes señalaron que la Juez no “determinó cuáles eran los precedentes aplicables al caso, no solo en tema de publicidad de los procedimientos judiciales, sino en relación con la ponderación como manera de dirimir los conflictos entre derechos fundamentales”16. 8.3. La decisión de reserva se fundó en una interpretación asistemática del principio de publicidad en materia penal. Según indicaron los accionantes, al ordenar la reserva de las audiencias preliminares, la Juez no consideró que la reserva afectaba “a toda la sociedad, la cual se v[ió] impedida de conocer con transparencia e independencia los hechos de una investigación de manera imparcial y completa, la cual solo se garantiza con la difusión de las noticias a través de la libertad de prensa”17. Por consiguiente, la Juez no llevó a cabo “un análisis de proporcionalidad entre los derechos en tensión, que sin ir más lejos serían libertad de prensa, libertad de expresión e información”18.

9. En consecuencia, los accionantes solicitaron que: (i) como medida provisional, se les permita el ingreso a la continuación de las audiencias

preliminares, que se llevaría a cabo el 15 de febrero de 2019, y (ii) se ordene a la Juez que autorice el ingreso de los periodistas a (a) las audiencias que se adelanten dentro del proceso penal en contra del exdirector de la cárcel La Modelo y, en general, (b) “a todos los procesos penales”, a excepción de aquellos en los que proceda la reserva prevista por la Ley 906 de 200419.

10. Admisión de la solicitud, medida provisional y vinculaciones. El 14 de febrero de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (i) admitió la

14 Id. 15 Id. 16 Id. 17 Id. 18 Id. 19 Id. acción de tutela20, (ii) negó la medida provisional21, (iii) ordenó la vinculación del coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao, de la Procuradora 4 AVCA, del apoderado de las víctimas y de los “defensores de los indiciados”22, y (iv) “corr[ió] traslado” de la solicitud a las autoridades accionadas23, a fin de que rindieran el informe previsto por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

11. Contestaciones a la solicitud de tutela. En relación con los hechos de la acción de tutela, se recibieron las siguientes contestaciones e informes: Contestaciones e informes Fiscal 23 Seccional de la No presentó solicitud alguna. Señaló que la Dirección Especializada decisión de reserva no fue arbitraria. Esta se contra la Corrupción24 justificó en “la ponderación de derechos fundamentales”, en virtud de la cual, la restricción

a los medios de comunicación tuvo por objeto “salvaguardar la vida e integridad personal de los internos (…) así como el éxito de la investigación”. Juez 22 Penal Municipal Solicitó que se niegue el amparo solicitado, porque con Función de Control de “no se ha violado ningún derecho fundamental”. La Garantías de Bogotá25 reserva fue debidamente motivada y, en todo caso, no restringe el ejercicio de la libertad de prensa, en tanto los accionantes “pueden obtener la información que requieren para ser publicitada”, por medio de los “comunicados” de la oficina de prensa del Complejo Judicial. En el caso concreto, dicho comunicado consistió en dos trinos compartidos en la red social Twitter26. Procuradora 4 AVCA27 No presentó solicitud alguna. La decisión de reserva “no fue una decisión arbitraria e injusta”. La Juez adujo razones “suficientes para restringir el principio de publicidad”, habida cuenta de la “gravedad de los hechos”. Periodistas accionantes28 Solicitaron que se emita pronunciamiento de fondo en este asunto. Manifestaron que no ha cesado la 20 Cdno. 1, fls. 57 a 58. 21 El Tribunal indicó que “la pretensión consignada en la demanda va encaminada a obtener el mismo resultado que la medida provisional, por lo cual acceder al decreto de esta última podría constituir un acto de prejuzgamiento”. Cdno. 1, fls. 52 a 55. 22 Cdno. 1, fls. 57 a 58. 23 Id. 24 Cdno. 1, fls. 63 a 66.

25 Cdno. 1, fls. 68 a 70. 26 En particular, mediante dichos trinos fue publicada la siguiente información del proceso: “Juzgado 22 de Garantías: inician audiencias preliminares contra director de la cárcel Modelo y otros funcionarios, por presuntos actos de corrupción al interior del penal” (cdno. 1, fl. 69), y “Juzgado 22 de Garantías: cobijados con medida de aseguramiento intramural César Ceballos, director de la cárcel Modelo y 4 personas más, por presuntos vínculos de corrupción para beneficiar a algunos reclusos” (cdno. de revisión 1, fl. 362). 27 Cdno. 1, fls. 79 a 81. 28 Cdno. 1, fls. 89 a 91. vulneración de sus derechos fundamentales, porque la reserva se “mantendrá” en “las diferentes audiencias que deban realizarse (…) ante el juez de control de garantías”. José Andrés González Coadyuvó la solicitud de tutela. Señaló que sus Gaitán29 libertades de expresión, información y prensa han sido vulneradas “con las decisiones de algunos Juzgados, como el accionado, de imponer reserva a las diligencias por fuera de las causales establecidas en la Ley”. Carlos Eduardo Ángel30, en Coadyuvó la solicitud de tutela. En este caso, “se calidad de apoderado pretermitió de manera flagrante y grosera la judicial de uno de los garantía y principio de publicidad en disfavor de imputados en el proceso los procesados y de la sociedad”. Esto, porque la penal reserva no estuvo debidamente motivada. Las

razones alegadas por las autoridades accionadas “nunca se argumentaron ni soportaron suficientemente”. Por el contrario, la solicitud y declaratoria de reserva, respectivamente, se basaron en una “simple manifestación”, “sin que se aportase elemento o argumento alguno más allá de su decir”. Corporación Excelencia en Coadyuvó la solicitud de tutela. Señaló que, en la Justicia31 virtud del principio de publicidad, “los medios de comunicación y la comunidad en general podrán acceder a las audiencias públicas”. La decisión que restrinja este principio debe “estar sujeta al principio de necesidad que deberá ser demostrado según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014”.

12. Decisión de primera instancia. El 27 de febrero de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela, por configurarse carencia actual de objeto32. Habida cuenta de que las audiencias preliminares concluyeron el 15 de febrero de 2019, “no existe razón para que el juez constitucional, eventualmente, pudiera dictar órdenes encaminadas a conjurar un posible agravio a los derechos de la parte actora, en caso de haberse arribado a esa decisión”33. En esta medida, la intervención del juez en este caso resultaba inocua, dado que las pretensiones de la solicitud de tutela tenían por objeto asegurar “la presencia del público durante la actuación judicial, mas no la invalidación de la audiencia”. 29 Cdno. 1, fls. 98 a 100. 30 Cdno. 1, fls. 110 a 120. 31 Cdno. 1, fl. 134.

32 Cdno. 1, fls. 142 a 158. Asimismo, cdno. 2, fls. 8 a 18. 33 Id.

13. Impugnación. Los accionantes impugnaron la sentencia del a quo.

Solicitaron que se revoque la decisión del Tribunal, a fin de que se profiera una decisión de fondo, en la que se amparen sus derechos fundamentales. Manifestaron que no se configuró carencia actual de objeto, en tanto no ha cesado la vulneración de sus derechos fundamentales34. Al respecto, indicaron que la decisión de reserva “se extiende a la posibilidad de obtener copias de los audios”, por lo que no han podido “informar de manera completa lo ocurrido en las audiencias”. Es más, advirtieron que confirmar la decisión del Tribunal implicaría consentir la “perpetua vulneración de [sus] derechos”. Esto, por cuanto, “cada vez que se fuera a realizar una audiencia dentro del proceso, y el juez determinase que es reservada, sería necesario interponer una nueva tutela, la cual se resolvería con posterioridad a la realización de la audiencia”. La Corporación Excelencia en la Justicia35, la Fundación para la Libertad de Prensa (en adelante, Flip)36 y el abogado Carlos Eduardo Ángel, coadyuvaron la impugnación37.

14. Decisión de segunda instancia. El 30 de abril de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió “confirmar” la sentencia de primera instancia y, además, “advertir” a la Fiscalía accionada que “debe adoptar las medidas idóneas que permitan superar la limitación del derecho a la libertad de información de los accionantes”38. A pesar de que

confirmó la decisión del a quo, la Corte Suprema de Justicia descartó la configuración de carencia actual de objeto y procedió a estudiar de fondo el caso concreto. Primero, advirtió que no se configuró dicha causal de improcedencia, porque al momento de emitirse el fallo de primera instancia “no se había resarcido la afectación” y, en todo caso, los accionantes no han podido acceder a las grabaciones de las audiencias preliminares. Segundo, consideró que “no existió la afectación de los derechos alegados por los demandantes”. Para el ad quem, la Juez motivó, de manera suficiente, la decisión de reserva. Esta se fundó en el “eventual peligro en que se encontraban los denunciantes del delito, así como sus familiares”. No obstante, en atención a que las libertades de expresión e información contribuyen al control ciudadano del ejercicio del poder público, advirtió que la reserva dentro del proceso “no puede ser de manera permanente, sino hasta tanto estén superadas las situaciones que motivaron la limitación de esa garantía”.

II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN 34 Cdno. 1, fls. 163 a 170. 35 Cdno. 2, fls. 5 a 6. 36 Cdno. 2, fls. 20 a 24. 37 Cdno. 2, fls. 26 a 32. 38 Cdno. 2, fls. 33 a 62.

15. Selección y reparto. El 28 de junio de 2019, la Sala de Selección Número Seis de 2019 seleccionó el expediente de la referencia39 y lo repartió al

magistrado Carlos Bernal Pulido40.

16. Solicitud de pruebas y suspensión de términos. El 20 de agosto de 2019,

la Sala Primera de Revisión ordenó la práctica de pruebas y la suspensión de los términos procesales en el presente asunto41. En particular, solicitó a las partes, a varias entidades y organizaciones42 que rindieran los informes previstos por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. Esto, a fin de obtener información sobre: (i) la decisión de reserva en el caso concreto, (ii) la prohibición de ingreso a miembros de la prensa a audiencias preliminares en casos similares y (iii) los acuerdos, protocolos y directrices relacionados con las solicitudes y declaratorias de reserva.

17. Informes e intervenciones recibidas en sede de revisión. Durante el trámite de revisión fueron allegados al proceso 25 informes e intervenciones43.

La información allegada al proceso fue la siguiente: Informes e intervenciones Juan Carlo Giraldo, Solicitó que se convoque a audiencia pública. periodista accionante Flip Solicitó que se convoque a audiencia pública. 39 Durante el proceso de selección se recibieron 6 solicitudes de selección presentadas por: (i) los periodistas accionantes (cdno. de revisión 1, fls. 1 a 27); (ii) la Corporación Excelencia en la Justicia (cdno. de revisión 1, fl. 28); (iii) Fescomunicación (cdno. de revisión 1, fls. 29 a 31); (iv) la Flip (cdno. de revisión 1, fls. 33 a 39); (v) la Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, (cdno. de revisión 1, fls. 41 a 45); y (vi) la

Defensoría del Pueblo (cdno. de revisión 1, fls. 46 a 49). 40 Cdno. de revisión 1, fls. 50 a 70. 41 Cdno. de revisión 1, fls. 101 a 107. 42 Cdno. de revisión 1, fls. 101 a 107. En particular, el magistrado ponente solicitó informes a: (i) los periodistas accionantes, (ii) el Juzgado 22, (iii) la Fiscalía 23, (iv) la Flip, (v) la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, (vi) Fiscalía General de la Nación, (vii) la Procuraduría General de la Nación, (viii) el coordinador del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de Paloquemao, (ix) el Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá, (x) la Corporación Excelencia en la Justicia, (xi) la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, (xii) Asomedios, (xiii) la Fundación Karisma, (xiv) la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), (xv) la federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), (xvi) Reporteros Sin Fronteras y (xvii) a varios medios de comunicación televisiva y radial. 43 Se recibieron los siguientes informes: (i) Juan Carlo Giraldo (cdno. de revisión 1, fl. 73); (ii) Flip (cdno. de revisión 1, fl. 76); (iii) Mauricio Barbosa (cdno. de revisión 1, fls 78 a 82); (iv) Andrés Felipe Espejo Valencia (cdno. de revisión 1, fls. 84 a 86); (v) Nubia Constanza Sánchez Castro (cdno. de revisión 1, fls. 90 a 94); (vi)

Juan Carlo Giraldo (cdno. de revisión 1, fls. 172 a 174); (vii) Florencio Sánchez (cdno. de revisión 1, fls. 175 a 178); (viii) Leonidas Medina Jiménez (cdno. de revisión 1, fls. 185 a 186); (ix) Juez 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá (cdno. de revisión 1, fls. 188 a 197 y cdno. reservado, CD); (x) Fiscal 23 Seccional de la Dirección Especializada contra la Corrupción (cdno. de revisión 1, fls. 222 a 223 y cdno. reservado, fls. 1 a 48); (xi) Consejo Superior de la Judicatura (cdno. de revisión 1, fls. 224 a 225); (xii) Fiscalía General de la Nación (cdno. de revisión 1, fls. 230 a 239); (xiii) procuradora 4 Judicial II Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado (cdno. de revisión 1, fls. 258 a 259); (xiv) Asomedios, Corporación Excelencia en la Justicia y AMI (cdno. de revisión 1, fls. 261 a 264); (xv) Caracol Televisión (cdno. de revisión 1, fl. 265); (xvi) RCN Televisión (cdno. de revisión 1, fls. 269 a 273); (xvii) Flip (cdno. de revisión 1, fls. 311 a 328); (xviii)

Defensoría del Pueblo (cdno. de revisión 1, fls. 333 a 335); (xix) Caracol Radio (cdno. de