CC - SU146-2020

Sentencia SU146/20 DERECHO A IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UNICA INSTANCIA-Caso en que se negó garantía a la impugnación, respecto de un aforado constitucional FUNCIONARIOS CON FUERO CONSTITUCIONAL-Diseño institucional de investigación y juzgamiento FUNCIONARIO CON FUERO CONSTITUCIONAL-Juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia JUICIO PENAL DE UNICA INSTANCIA PARA ALTOS DIGNATARIOS-Línea jurisprudencial La construcción de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en torno al juicio penal de única instancia para los sujetos aforados, parte de la consideración de varias disposiciones constitucionales que, antes de iniciar con las etapas de interpretación pertinentes, es necesario advertir. Así, en la cúspide del ordenamiento constitucional vigente a partir de la Carta Política de 1991 se conjugaron dos mandatos que se enmarcan en el derecho al debido proceso -tratados en muchos contextos como intercambiables-, y que se previeron expresamente en los artículos 29 y 31 de la Constitución. En el primero de ellos, como parte integrante del debido proceso penal, se incluyó el derecho a impugnar la sentencia condenatoria; y, en el segundo, como elemento del debido proceso, el derecho a la apelación o a la consulta de toda sentencia judicial “salvo las excepciones que consagre la Ley” DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Instrumentos internacionales DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

DERECHO A IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA

DICTADA EN UNICA INSTANCIA POR LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAEvolución jurisprudencial ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018-Derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria/DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL-Alcance La reforma constitucional aprobada modificó los artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política en el sentido de: (i) crear la Sala Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuyas funciones principales consisten en investigar y acusar a los miembros del Congreso por los delitos cometidos, y la Sala Especial de Primera Instancia, con la competencia para conocer de dicha acusación y adelantar el juzgamiento de los congresistas; (ii) reconocer el derecho a apelar la sentencia que dicte la Sala Especial de Primera Instancia, cuyo conocimiento se asignó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y, (iii) establecer que corresponde a una sala integrada por tres magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no hayan participado en la decisión, resolver la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena proferida por los restantes magistrados de dicha Sala. DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Jurisprudencia constitucional DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Derecho subjetivo constitucional y convencional, garantía del debido proceso

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018-Alcance y fuerza normativa de la constitución La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en violación directa de la Constitución al negar el trámite de impugnación al actor, porque: (i) en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 y por virtud de su fuerza normativa, debía garantizarse el derecho subjetivo a impugnar la sentencia condenatoria en única instancia, máxime cuando esta reforma afirmó que entraba en vigencia a partir de su promulgación; y porque, además, (ii) este Acto Legislativo establece formas de actuación para reclamar un derecho sustancial, aunque tenga una connotación procesal, por lo cual era inmediatamente exigible y afectaba el trámite en curso del accionante.

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Dimensiones/BLOQUE

DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO Y EN

SENTIDO LATO-Alcance BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función integradora y función interpretativa/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDADFuerza vinculante NORMAS CONVENCIONALES EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación armónica y sistemática con la Constitución CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSAlcance de sus decisiones DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Aplicación de la función interpretativa del bloque de constitucionalidad 2 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad

VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO

CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Configuración Ello ocurre cuando: (i) en la solución del caso no se interpretó o aplicó una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; (iii) el juez no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y (iv) el fallador omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que la norma a la que se sujetaba el caso era incompatible con la Constitución, incluso si las partes no solicitaron tal aplicación. Ha advertido este Tribunal que “[e]n estos casos, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso particular” VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Al inaplicar derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Nuevo estándar del bloque de constitucionalidad y garantía con efectos sustanciales del debido proceso penal La impugnación se expresa en una doble conformidad, como garantía mínima y primordial de todo sujeto sometido al poder punitivo del Estado, y que implica la revisión íntegra del fallo condenatorio a cargo de otro juez, imparcial e independiente. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por violación directa de la Constitución, por cuanto se negó impugnación de sentencia condenatoria de única instancia, en el caso de un aforado constitucional

DEBER CONSTITUCIONAL DEL LEGISLADOR DE DISEÑAR E

IMPLEMENTAR UN RECURSO JUDICIAL QUE MATERIALICE EL DERECHO A LA IMPUGNACION-Reiteración del exhorto al Congreso de la República

Referencia: Expediente T-7.567.662

Acción de tutela instaurada por Andrés Felipe Arias Leiva contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal 3

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020). La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por las y los magistrados, Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

I. SENTENCIA

1. En el proceso de revisión de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, por la Sala de Casación Civil el 23 de abril de 2019 y, en sede de impugnación, por la Sala de Casación Laboral el 30 de julio de 2019, que negaron las pretensiones de la acción de tutela presentada por Andrés Felipe Arias Leiva en contra la Sala de Casación Penal de la

referida Corporación Judicial.

2. El asunto de la referencia fue allegado a la Corte Constitucional en virtud de lo ordenado por los artículos 86, inciso 2, de la Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante Auto del 30 de septiembre de 2019, la Sala de Selección Número Nueve de la Corte Constitucional1 seleccionó el asunto y, previo sorteo2, lo asignó al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera, para su sustanciación.

3. En sesión del día 11 de diciembre de 2019, y con fundamento en lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional3, la Sala Plena decidió asumir el conocimiento de este trámite.

II. ANTECEDENTES

1. La solicitud del accionante

4. El ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva4 presentó acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por considerar que desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso, a la doble instancia, al recurso judicial efectivo, de acceso a la administración de 1 Conformada por los magistrados Diana Fajardo Rivera y Alejandro Linares Cantillo, bajo el criterio objetivo de “[e]xigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental”. 2 El artículo 55, numeral 3, del Reglamento Interno de la Corporación establece: “Los asuntos seleccionados por la respectiva Sala, serán sorteados entre los Magistrados de la Corte de manera rotativa y por orden alfabético de apellidos, quienes integrarán para resolverlos, las respectivas Salas de Revisión.”

3 Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015. 4 Por medio de apoderado judicial (fls. 37 y 38 del cuaderno No. 1). 4 justicia, a la aplicación inmediata de los artículos 29 y 31 de la Constitución, y a los principios de buena fe y confianza legítima. A su juicio la referida Corporación no podía negar, tal y como lo hizo mediante Auto del 13 de febrero de 2019, la impugnación de la Sentencia del 16 de julio de 2014, proferida por dicha Sala en única instancia.

5. El accionante fue condenado a las penas principales de 209 meses y 8 días de prisión (17 años, 5 meses y 8 días), multa equivalente a 50.000 s.m.l.m.v. e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, y a inhabilidad para el ejercicio de funciones publicas según lo previsto en el artículo 122 de la Constitución, como autor de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros5.

6. El actor solicita que se deje sin efectos el Auto del 13 de febrero de 20196 y se ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dar aplicación al Acto Legislativo 01 de 2018 y al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU7 notificado el 13 de noviembre de 20188. Como consecuencia de lo anterior, pide que se ordene a la accionada admitir el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria. Igualmente pretende que se requiera al Gobierno Nacional para que emita una nota dirigida al Departamento de

Estado de los Estados Unidos a fin de suspender su trámite de extradición.

7. En su escrito inicial también pidió que se decretaran como medidas cautelares, de un lado, la suspensión de los efectos de la sentencia penal condenatoria hasta tanto se resolviera la impugnación invocada y, del otro, la suspensión de la solicitud de extradición ante los Estados Unidos de América.

2. Antecedentes y contenido de la providencia cuestionada mediante la acción de tutela

8. La providencia acusada corresponde al Auto del 13 de febrero de 2019, dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que abordó la impugnación interpuesta por el señor Andrés Felipe Arias Leiva contra la Sentencia proferida en su contra el 16 de julio de 2014.

9. Mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 20189, el accionante expresó su decisión de impugnar la sentencia condenatoria de única instancia10. Invocó para el efecto: (i) la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, en particular lo previsto en el inciso 2º del reformado artículo 234 de la Constitución. Dicha disposición prescribe que “[e]n el caso 5 En concurso homogéneo y heterogéneo, en los dos casos. 6 Puesto que la acción de tutela se invoca contra esta decisión, la Sala no se ocupará en extenso de referirse a las peticiones previas que había efectuado el actor, aunque, por supuesto, serán también mencionadas. 7 Dictamen calendado el 27 de julio de 2018. 8 Dictamen que el Comité de Ministros de Colombia, en reunión del 30 de noviembre de 2018, decidió

“[a]sumir de Buena fe”. 9 Prueba No. 14, allegada en medio magnético por el tutelante. 10 Previamente a esta petición el accionante había reclamado su derecho a la impugnación en dos oportunidades más. 5 de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las Salas Especiales -creadas por dicho Acto Legislativogarantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena”. Igualmente, (ii) destacó que, previa iniciación de demanda en contra del Estado colombiano11, el “Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Caso CCPR 215/5” afirmó que en su caso se violaron los derechos previstos en los artículos 14.5. y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, agregó que dicho dictamen le “reconoce y protege [el] derecho a la doble instancia en el caso No. 37462 conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su respectivo Protocolo Facultativo que reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia”

10. El ahora accionante, además, (iii) insistió en “la aplicación del principio de favorabilidad por retroactividad de la ley penal, y en la “aplicación del bloque de constitucionalidad artículo (sic) 5 y 93 de la Constitución Política de Colombia, y el control de convencionalidad de del Artículo (sic) 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969”. Con apoyo en

ello solicitó que la Sala de Casación Penal le informara “la autoridad ante la cual deba sustentarse la apelación y la fecha de iniciación de dicho trámite”, al tiempo que se “notifique inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores que la solicitud de extradición en mi contra ha perdido vigencia y debe ser retirada”.

11. La Corporación Judicial accionada dispuso “[d]eclarar improcedente la impugnación interpuesta por el doctor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2014 y negar las demás solicitudes (…)”. Tal decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones.

12. La aprobación del Acto Legislativo 01 de 2018 obedeció a la obligación de cumplir “los estándares jurídicos internacionales que garantizan los derechos a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, analizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014”.

13. Teniendo en cuenta el exhorto realizado por la Corte Constitucional “el legislador, no por su iniciativa sino de la Corte Suprema de Justicia, implementó con la reforma a los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política “el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria”. Ello ocurrió mediante el Acto Legislativo referido, cuya vigencia tuvo inicio el 18 de enero de 2018.

14. La referida reforma, de un lado, omitió establecer un régimen de transición y, del otro, no previó “la posibilidad de impugnar las sentencias de

11 Presentada el 11 de agosto de 2014, en atención al procedimiento individual previsto en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP. 6 única instancia que hicieron tránsito a cosa juzgada antes de su promulgación, como es el caso de la que condenó al ex Ministro de Estado Andrés Felipe Arias Leiva”. El requerimiento formulado se dirige entonces a que la Corte derogue la firmeza de la sentencia que lo condenó, concediendo la apelación correspondiente y, en adición a ello, a que sea revocada la solicitud de extradición que en ese momento se tramitaba ante los Estados Unidos de América.

15. Para la Corte Suprema, la sentencia condenatoria “respetó el debido proceso establecido en la ley colombiana para cuando se dictó” teniendo en cuenta que cuando ello ocurrió los aforados “eran juzgados en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la Justicia Penal Ordinaria en Colombia”. Dicho fuero, que se traduce “en el derecho a ser juzgados por el Tribunal Supremo en lo penalconstituido en las últimas décadas por 9 Magistrados-, fue siempre avalado por la Corte Constitucional (…)”.

16. Dado que el Acto Legislativo 01 de 2018 no estableció ningún evento que exceptúe la cosa juzgada ni una regla de transición, concluyó que “está fuera de lugar demandar que se aplique retroactivamente a casos anteriores que se juzgaron y fallaron con plena sujeción a la ley vigente”; y, que no es posible conceder la impugnación dado que no existe un órgano para ello, puesto “que

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es órgano de cierre -ya se dijo-, no tiene superior jerárquico”.

17. Finalmente, luego de referirse al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, advirtió que la Corte Suprema lo respetaba y concluyó “que si es decisión del Estado colombiano acatar su dictamen y proporcionarle al señor ex Ministro ARIAS LEIVA el recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó, el poder para procurar que lo haga no lo tiene la Corte ni ningún otro órgano de la Rama Judicial”. Según la Corte, el cumplimiento de dicho pronunciamiento exige una reforma constitucional a efectos de que sea posible “suprimir los efectos de la cosa juzgada en casos como el del ex Ministro” así como “crear con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual puedan impugnarse las sentencias de única instancia hoy ejecutoriadas”. En suma “es el Congreso de la República y no la Corte Suprema de Justicia, el llamado a adoptar las medidas legislativas necesarias que permitan satisfacer el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde luego si Colombia admite atender su dictamen”.

18. Es de destacar que la petición del 10 de diciembre de 2018 no fue la única que invocó el tutelante para que el fallo del 16 de julio de 2014 fuera revisado por otro juez.

19. Una vez vencido el término de un año previsto en la Sentencia C-792 de

7 201412, el 22 de abril de 2016 el señor Arias Leiva solicitó la concesión del recurso de apelación. Esta petición se declaro improcedente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante Auto del 25 de mayo de 2016, aduciendo que los efectos de la providencia de la Corte Constitucional no lo cobijaban pues la orden regía hacía el futuro13, citando en apoyo de dicha tesis lo sostenido en la Sentencia SU-215 de 201614.

20. Posteriormente, tras la expedición del Acto legislativo 01 de 201815, el interesado pidió el 22 de febrero de 2018 el reconocimiento de su derecho a que otro juez valorara su caso. La Sala de Casación Penal, mediante Auto del 7 de marzo del mismo año, afirmó que la reforma constitucional regía a futuro y, por lo tanto, declaró la improcedencia de la solicitud.

21. En estas dos oportunidades, además, la Sala de Casación Penal expuso argumentos relacionados con las barreras institucionales existentes para la concesión de la garantía, pues no había instancia superior que revisara sus actuaciones16.

3. Defectos alegados por el accionante

22. Presentados los antecedentes del caso y expuestas las razones por las cuales podía darse por demostrado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en cuatro defectos que justifican su prosperidad.

23. Primero, violación directa de la Constitución. A su juicio ocurre por las siguientes razones: (i) inaplicar el Acto Legislativo 01 de 2018 que reformó

los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución, haciendo explícito el principio de doble instancia para funcionarios aforados; (ii) oponerse a los artículos 29 y 31 de la Constitución, así como a varias normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que estaban vigentes antes de la sentencia condenatoria (Art. 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Art. 8 de la Declaración de Derechos Humanos) y que reconocen la doble instancia; (iii) desconocer el principio de favorabilidad reconocido en el artículo 29 de la Carta Política al negar la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2018. Por esa vía, además, vulnera el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 que al regular el principio de favorabilidad reconoce su procedencia cuando el condenado está sufriendo la pena impuesta. 12 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Se refiere al término del exhorto efectuado por la Corte Constitucional al Congreso de la República para regular la impugnación de la primera sentencia condenatoria. 13 Según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996. 14 M.P. María Victoria Calle Correa. 15 Del 18 de enero de 2018. 16 Respecto de estas decisiones, en su escrito de amparo y pese a que no las demandó, el actor afirmó que también se desconocieron sus derechos fundamentales, en términos similares a los utilizados para acusar el Auto del 13 de febrero de 2019, dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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24. También afirma el accionante que el auto reprochado: (iv) desconoció el derecho al recurso efectivo consagrado en normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, en particular, en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (v) violó el artículo 85 de la Carta, conforme al cual los artículos 29 y 31 son de aplicación inmediata; (vi) vulneró los derechos de defensa y contradicción establecidos en el artículo 29 constitucional así como el derecho de acceder a la administración de justicia

(Art. 229 CP); y, (vii) desconoció el artículo 48 de la Ley 153 de 1887 al dejar de resolver la solicitud de impugnación por falta de norma aplicable.

25. Segundo, defecto procedimental absoluto. Sostiene que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia actuó al margen del procedimiento aplicable, al declarar improcedente la impugnación de una sentencia condenatoria de única instancia, a pesar de lo dispuesto por los artículos 29, 31, 186, 234 y 235 de la Constitución. Tal actuación, en su opinión, llevó a la autoridad demandada a que no cumpliera con lo resuelto en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En este caso le correspondía a la Sala de Casación Penal conceder la impugnación y remitir el expediente a la Sala Plena de la misma Corte, o a la Sala de Casación Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 153 de 1887.

26. Tercero, decisión sin motivación. A juicio del accionante, para evitar la configuración de esta causal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “debió tener en cuenta la aplicación inmediata del principio de la doble instancia tal como lo ordena el artículo 85 de la Constitución Política, y para ello, debió aplicar el principio de favorabilidad en materia penal consagrado en el artículo 29 (…), en los términos del artículo 44 de la Ley 153 de 1887”.

27. Cuarto, desconocimiento del precedente aplicable. Afirma que la providencia de la Sala de Casación Penal se separó del precedente derivado de la Sentencia C-792 de 2014 en la que se estableció “que todas las sentencias condenatorias en materia penal deben ser susceptibles de impugnación a través del recurso de apelación, para efectos de garantizar el principio de la doble instancia”. A partir de extensas transcripciones señala que la doble instancia como derecho fundamental fue reconocida en las sentencias C-956 de 1999, C-095 de 2003, C-213 de 2007, C-718 de 2012, C-342 de 2017, y que el principio de favorabilidad ha sido desarrollado, entre otras, en las sentencias C-581 de 2001, C-592 de 2005, C-820 de 2005, T-1211 de 2005, T-797 de 2006, T-1026 de 2006, T-106 de 2007 y T-019 de 2017 de la Corte

Constitucional.

4. Trámite de la acción de tutela en las instancias

28. Mediante Auto del 26 de febrero de 2019 la Sala de Casación Civil de la

Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela contra la Sala de 9 Casación Penal de la misma Corporación, corrió traslado a los vinculados17 y negó la solicitud de medidas provisionales presentadas por el accionante, por considerar que “no se observa ilegalidad irrefutable en las decisiones criticadas a la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte.”18

29. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que carecía de competencia para atender la solicitud del accionante y que de los hechos formulados no se desprende circunstancia alguna que comprometa su responsabilidad. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica así como el Ministerio de Agricultura solicitaron la desvinculación debido a que no tienen entre sus funciones atender el reclamo formulado.

30. El Secretario General del Congreso de la República afirmó que tal Corporación no tiene competencia para ocuparse de temas relacionados con la Rama Ejecutiva y, por ello, solicitó ser excluido del trámite de la acción de tutela.

31. La Fiscalía General de la Nación pidió ser desvinculada del trámite de la acción de tutela así como negar las pretensiones del accionante debido a que la Corte Suprema de Justicia ha cumplido el Acto Legislativo 01 de 2018 y, aun en el caso de que se concediera la impugnación, la captura fue legal en tanto existe una condena vigente. La Procuradora Tercera Delegada para la Investigación y Juzgamiento penal sostuvo que las autoridades judiciales se encuentran obligadas a aplicar el Acto Legislativo 01 de 2018 a partir de su

vigencia y “no a los casos consolidados con anterioridad a su diseño, máxime cuando este no previo (sic) un régimen de transición ni extendió su alcance a procesos decididos con anterioridad a su vigencia”. Señaló además que no es la Corte Suprema de Justicia la encargada de disponer el cumplimiento de lo ordenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ni la acción de tutela el instrumento para ello. El Contralor Delegado para el Sector Agropecuario afirmó que las actuaciones alegadas no guardan relación alguna con las funciones que le han sido atribuidas.

32. La Corte Constitucional, a través de su Presidente (e)19, solicitó ser desvinculada del trámite puesto que la solicitud de amparo se dirige en contra de una providencia que no fue adoptada por ella. Al respecto, precisó: “al no existir por parte de esta Corporación una actuación directa en dicha controversia que pueda comprometer los derechos fundamentales del actor, se solicita la desvinculación de la Corte Constitucional de las presentes diligencias, por falta de legitimación en la causa por pasiva.” 17 En su escrito el accionante demanda a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal y, además, solicita que se vincule a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores. El auto admisorio de la acción de tutela vincula oficiosamente al Gobierno nacional, a la Presidencia de la República, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, al Ministerio PúblicoProcurador Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, al Congreso de la

República y a la Fiscalía General de la Nación. 18 Folio 42 del cuaderno No. 1. 19 Magistrado Alberto Rojas Ríos. 10

33. La Sala de Casación Penal pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela. Destacó que los cambios procesales posteriores no pueden afectar procesos ya finalizados, en atención a lo prescrito por el artículo 43 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 40 de la misma Ley -modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012-. El Comité de Derechos Humanos no dispuso que fuera ese Tribunal el responsable de proporcionar el recurso de apelación contra la providencia que condenó al accionante. La Sala “carece de facultades para suprimir los efectos de cosa juzgada al fallo ejecutoriado del que se queja, ni para constituir un tribunal ex post, que actué como superior jerárquico del órgano de cierre de la justicia penal ordinaria en el país”.

5. Sentencia de primera instancia

34. El 23 de abril de 2019 la Sala de Casación Civil negó las pretensiones del accionante, al estimar que en la decisión de la Sala de Casación Penal no se configuraba defecto alguno. Indicó que “resulta claro que el Acto Legislativo

No. 1 de 2018 rige para aquellos juicios que se encontraban en curso al momento de su promulgación (18 de enero de 2018) y los que se tramitaran después de esa fecha”. Luego, al referirse al alcance del principio de favorabilidad en materia penal, sostuvo que “el principio de favorabilidad de la ley penal se aplica no solo en lo sustancial, en lo que tiene que ver con los

delitos y las penas, sino también en la ritualidad los juicios”. No obstante precisó que “(…) en materia procesal, dicho axioma únicamente es aplicable para actuaciones en curso y no para situaciones ya consolidadas, las cuales se surtieron bajo el imperio de la ley procedimental vigente para el momento del juzgamiento”.

35. Con fundamento en lo anterior la Sala de Casación Civil formuló varias consideraciones. Primero, que para el momento de la expedición de la Sentencia C-792 de 2014 y, por supuesto, para la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, la condena contra el actor, del 16 de julio de 2014, se encontraba ejecutoriada. Segundo, que “retrotraer los efectos de aquella reforma constitucional al asunto penal demandado, sería desconocer otros principios de rango constitucional y legal como la presunción de acierto de la sentencia atacada y la seguridad jurídica, esto último, porque se desconocería la cosa juzgada y, de paso, crearía incertidumbre en el sistema judicial, porque las determinaciones que fueron proferidas en época anterior a la entrada en vigor del Acto Legislativo también serían objeto de sus beneficios”.

36. Tercero, que aunque el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 prevé el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias en materia penal, “