CC - SU296-2020

Sentencia SU296/20 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIONDefinición/RECURSO DE CASACION PENAL-Finalidades en el nuevo sistema procesal penal RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION PENAL-Requisitos de procedibilidad de la demanda RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION PENAL-Inadmisión debe estar motivada en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION PENAL-Deber de enunciar la causal y formular los cargos, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos DEFECTO SUSTANTIVO-Presupuestos para su configuración Esta Corte ha sostenido que el juez incurre en este defecto cuando: (i) aplica “una disposición (…) que perdió vigencia”; (ii) resuelve el caso con fundamento en “un precepto manifiestamente inaplicable”; (iii) interpreta de forma “contraevidente (…) o claramente irrazonable o desproporcionada” la normativa que regula el caso; (iv) “se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”; (v) “incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión” y (vi) adopta la decisión “[sin] motivación material o [esta] es manifiestamente irrazonable”. CARACTERIZACION DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR AUSENCIA DE MOTIVACION La Corte Constitucional ha sostenido que el “defecto sustantivo por ausencia de

motivación” se configura cuando, al decidir sobre su admisión, la Sala de Casación Penal “analiz[a] y se pronunci[a] de fondo sobre los cargos planteados” en las demandas de casación. Lo anterior, por cuanto el análisis de fondo sobre los errores sustanciales o procesales en los que posiblemente incurrió la sentencia impugnada solo es pertinente si dicha Sala ejerce “la casación oficiosa”, porque “estima que se est[á] vulnerando algún derecho del [recurrente]”. En otras palabras, el defecto en cuestión se configura cuando “la Corte Suprema de Justicia (…) se pronuncia sobre temas de fondo frente a cada cargo, [pero] decide inadmitir el recurso”. Esto, debido a que la decisión de inadmisión de las demandas de casación en materia penal solo puede estar motivada en el incumplimiento de los requisitos formales dispuestos por la Ley, que no en el análisis de fondo o material de los cargos, lo cual excluye cualquier consideración respecto de “la responsabilidad penal de los acusados” o “la legalidad de los fallos de instancia”. CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESImprocedencia por cuanto no se configuró defecto sustantivo ni desconocimiento del precedente constitucional, respecto de la inadmisión de recurso extraordinario de casación en proceso penal

Referencia: Expedientes T-7.736.908 y T7.746.453

Acciones de tutela interpuestas por Omar Cárdenas López y Hernando Mejía Mejía en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia

Magistrado ponente:

CARLOS BERNAL PULIDO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. Síntesis del caso. El 2 de agosto de 2019, Omar Cárdenas López y Hernando Mejía Mejía (en adelante, los accionantes) presentaron, de forma separada, acciones de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (en adelante, la Sala de Casación Penal). Esto, por cuanto esta autoridad judicial, mediante el auto de 26 de junio de 2019, inadmitió sus demandas de casación. A juicio de los accionantes, la decisión de inadmisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En sus respectivas demandas de casación, los accionantes habían solicitado a la Sala de Casación Penal “casar” la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué1. Mediante esta decisión, dicho Tribunal había confirmado la sentencia de 20 de febrero de 2018 dictada por el Juez Séptimo Penal del Circuito de Ibagué. En esta última Sentencia, el Juez había condenado a los accionantes por el delito de “contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo”2.

2. Relación contractual que dio origen al proceso penal. El 4 de diciembre

de 1995, la Empresa de Energía Eléctrica del Tolima (en adelante, Electrolima) y la Sociedad Energética de Melgar S.A. (en adelante, SEM) celebraron el contrato No. 054 para la construcción y la remodelación de infraestructura para el transporte de energía eléctrica en el departamento del Tolima. En relación con este contrato, las partes suscribieron tres adiciones los días 14 de agosto y 9 de octubre de 1996, así como el 27 de septiembre de 1997. A su vez, el 7 de octubre de 1997, Electrolima y ASECON Ltda., empresa filial de SEM3, suscribieron el contrato No. 055, “bajo la figura de urgencia evidente”4. Las partes, fechas de celebración, objetos y adiciones de dichos contratos se sintetizan en el siguiente cuadro: Contrato Objeto Adición Contrato SEM se obligó a favor de Primera adición. 14 de agosto No. 054 de Electrolima, principalmente, a de 1996. SEM se obligó a favor 4 de lo siguiente: de Electrolima a llevar a cabo diciembre (i) “[E]laborar los diseños y “la modernización de la sub de 1995. realizar ampliación y estación Flandes, [la] remodelación de la actual optimización de la sub estación Electrolima subestación Flandes”; Lanceros Melgar y [la] y SEM (ii) “[C]onstruir la construcción de la sub estación subestación Lanceros” y Carmen de Apicalá, las cuales (iii) “[C]onstruir una línea de conforman el proyecto regional transmisión (…) entre las Electrolima-Flandes-Carmen subestaciones de Flandes y de Apicalá”6.

la nueva subestación Segunda adición. 9 de octubre Lanceros”5. de 1996. SEM se obligó a favor de Electrolima a “constru[ir] y opera[r] (…) [el] sistema conformado por las siguientes obras: a) construcción de la sub estación Cunday a 34.5 KV de acuerdo a la propuesta de SEM, b) construcción en el 1 Exp.T-7.736.908 (en adelante, Exp. A). Cdno. 1, fls. 2 a 28. Exp. T-7.746.453 (en adelante, Exp. B). Cdno. 1, fls. 2 a 33. 2 Exp. A Cdno. 1, fl. 227 (reverso). 3 Exp. A. Cdno. 1, fl. 215. 4 Exp. A. Cdno. 1, fl. 192 (reverso). La “urgencia evidente” fue declarada mediante la Resolución 209 de 17 de junio de 1997, proferida por Electrolima, “a través de su Gerente y con el aval del órgano directivo”. (Exp. A. Cdno. 1, fl. 211). 5 Exp. A. Cdno. 1, fl. 202. 6 Exp. A. Cdno. 1, fl. 202 (reverso). mismo sector de la sub estación Melgar totalmente nueva para reemplazar la actual, c) construcción de una línea a 34.5 KV entre Cunday y Villarica, d) construcción de la línea 34.5 KV entre la subestación Melgar e Iconozo y e) remodelación de la línea 34.5 KV entre Carmen de Apicalá y Cunday”7. Tercera adición. 27 de

septiembre de 1997. Electrolima se obligó a entregarle al contratista “la operación y mantenimiento preventivo de la sub estación Flandes”8. Contrato ASECON se obligó a favor de N/A No. 055 de Electrolima a ejecutar la: 7 de (i) “[C]onstrucción y octubre de remodelación de las redes 1997. de distribución (actuales y futuras) de los municipios de Electrolima Melgar, Carmen de Apicalá, y zonas aledañas y demás ASECON municipios de la zona de influencia del proyecto”9; (ii) “[O]peración y mantenimiento del sistema de distribución eléctrica (actuales y futuras)”10 de los mismos municipios y (iii) “[S]upervisión y control del proceso de facturación y recaudo realizados por Electrolima”11.

3. Investigación penal. El 24 de noviembre de 1997, la Fiscalía 50 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Ibagué inició la investigación preliminar por presuntas irregularidades en la celebración de las tres adiciones al contrato No. 054 y del contrato No. 055. El 20 de agosto de 7 Exp. A. Cdno. 1, fls. 202 (reverso) a 203. 8 Exp. A. Cdno. 1, fl. 203 (reverso). 9 Exp. A. Cdno. 1, fl. 203. 10 Id. 11 Exp. A. Cdno. 1, fl. 203 (reverso). Esto incluía “labores de lectura de contadores, corte, reconexión y recuperación de pérdidas”.

1998, esta misma Fiscalía “dispuso la apertura de instrucción y la vinculación mediante indagatoria de (…) Hernando Mejía Mejía”12. La investigación fue asumida por la Fiscalía 20 adscrita a la Unidad Nacional de Anticorrupción Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá13. Mediante diligencia de indagatoria llevada a cabo los días 13 y 14 de diciembre de 2001, dicha Fiscalía vinculó al proceso a Omar Cárdenas López14. La investigación fue “designada con posterioridad”15 a la Fiscalía 73 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. El 24 de octubre de 2011, esta Fiscalía “profirió resolución de acusación contra (…) Hernando Mejía Mejía y Omar Cárdenas López como autores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”16. Así mismo, “declaró la preclusión frente a los punibles de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público”17. La resolución de acusación fue recurrida por los acusados y “confirmada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en proveído del 9 de abril de 2012”18.

4. Sentencia penal de primera instancia. El 20 de febrero de 2018, el Juez Séptimo Penal del Circuito de Ibagué condenó a los accionantes, en calidad de autores, por el delito de “contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo”19. Para el Juez, la conducta ilícita se configuró porque los accionantes eludieron “los procedimientos de selección objetiva y [de]

planeación”20. Esto, debido a que las tres adiciones del contrato No. 054 de 1995 (i) “eran verdaderos contratos, pues contaban con un objeto propio y diferente del contrato principal”21 y (ii) tenían por objeto actividades “previsible[s] desde”22 el contrato inicial, por tanto, “vulneraron (…) el principio de planeación”23 que rige la contratación estatal. Además, el Juez constató que la situación del suministro eléctrico en el lugar y en la época de los 12 Exp. A. Cdno. 1, fl. 192. Cdno. original 2, fl. 148. La diligencia de indagatoria se llevó a cabo el 16 de octubre de 1998. (Cdno. original 2, fls. 59 a 69). 13 Esto, en virtud de la “asignación especial” efectuada en favor de esta Fiscalía. (Exp. A. Cdno. 1, fl. 233). 14 Cdno. original 7, fls. 136 a 166. 15 Id. 16 Id. 17 Id. 18 Id. 19 Exp. A. Cdno. 1, fl. 227 (reverso). Inicialmente, el caso fue repartido al Juzgado Octavo Penal del Circuito. Sin embargo, dicho juzgado fue “convertido al Sistema Penal Acusatorio” y, por tanto, el proceso fue repartido al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué. Esta autoridad judicial asumió el conocimiento del proceso el 6 de agosto de 2012. La audiencia preparatoria se celebró los días 29 de mayo y 10 de septiembre de 2013, así como el 20 de junio de 2014. Por último, la audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo los días 20 de

septiembre y 16 de noviembre de 2016, así como los días 17 de enero, 21 de febrero y 14 de marzo de 2017. (Exp. A. Cdno. 1, fl. 192). Cada uno de los accionantes fue condenado a “pena principal de cinco (5) años, seis (6) meses de prisión, multa de veintisiete punto cinco (27.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos u funciones públicas por un periodo de un (1) año, cuatro (4) meses, quince 15 días”. (Exp. A. Cdno. 1, fl. 227). 20 Exp. A. Cdno. 1, fl. 211. 21 Exp. A. Cdno. 1, fl. 215. 22 Exp. A. Cdno. 1, fl. 202. El Juez constató que “desde que se presentó el informe de Gerencia ante la Junta Directiva de Electrolima que data del 27 de junio de 1995, ya se relacionaban algunas obras que no habían tenido un adecuado desarrollo, como la subestación del Carmen de Apicalá y la estación de Melgar; sin embargo, en lugar de incluirlas en el contrato BOOT 054 de 1995, se tramitaron como adiciones del mismo, de donde se colige que siendo la situación previsible desde los albores de la contratación respectiva, no se tuvo en cuenta, vulnerando de entrada el principio de planeación (…). Las adiciones superaron en un trescientos por ciento (300%) aproximadamente el valor del contrato principal”. 23 Id. hechos no “amerita[ba] declarar la urgencia evidente”24, en el marco de la cual

se suscribió el contrato No. 055 de 1997. Por consiguiente, el Juez concluyó que, tanto en las adiciones del contrato No. 054 como en la celebración del contrato No. 055, “se obviaron estudios previos, no se analizó la conveniencia [y] no se permitió la oportunidad de llamar a otros oferentes”25. El Juez encontró acreditado que los accionantes intervinieron en el trámite y celebración de los contratos objeto de reproche penal en ejercicio de los cargos que desempeñaban en ese momento, así: Accionante Cargo Actuación Hernando “[S]e desempeñó como “[P]articipó de forma activa y Mejía gerente de la Electrificadora directa en el trámite y Mejía del Tolima S.A. E.S.P.”26. celebración de las adiciones 1, 2, 3 [al contrato No. 054] y del contrato 055 de 1997, pues fue quien las suscribió”27. Omar Fungió como “miembro de la “Intervin[o] activa y Cárdenas Junta Directiva de decisivamente en la etapa López Electrolima, en precontractual de las tres representación del adiciones [al contrato No. 054] y Ministerio de Minas y en el contrato 055 de 1997”29. Energía, como jefe de la Dirección de Energía”28.

5. En concreto, la sentencia condenatoria se fundó en que el Juez constató que la conducta de los accionantes era típica, antijurídica y culpable. Lo primero, porque “concurr[ieron] todos los elementos objetivos y subjetivos descritos en el tipo penal –artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980–”30. Esto,

debido a que el Juez verificó que los accionantes, “en calidad de funcionarios 24 Exp. A. Cdno. 1, fl. 203 (reverso). En concreto, el Juez encontró que la “problemática (…) con el suministro de energía (…) se había mantenido por más de 20 años”. (Exp. A. Cdno. 1, 203). 25 Exp. A. Cdno. 1, fl. 215 (reverso). 26 Id. Hernando Mejía Mejía fue representante legal de Electrolima “en el periodo comprendido entre junio de 1996 a enero de 1998”. 27 Exp. A. Cdno. 1, fl. 215. 28 Id. 29 Id. Al respecto, el Juez también constató que la Junta Directiva tenía “una función de control en dichas contrataciones”. 30 Exp. A. Cdno. 1, fl. 219. Artículo 146 del Decreto 100 de 1980: “Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El empleado oficial que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales o que lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, multa de un mil a cien mil pesos e interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años”. El referido artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto 141 de 1980: “Los artículos 68, 146, 235, 265 y 334 del nuevo Código Penal quedarán así: (…) Artículo 146. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El empleado oficial que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, tramite

contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, multa de un mil a cien mil pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años (…)”. Por su parte, el artículo 57 de la Ley 80 de 1993 aumentó las penas para esta conducta punible, al respecto, dispuso que: “[e]l servidor público que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales”. públicos y en ejercicio de las funciones asignadas a su cargo, participaron activamente en la etapa precontractual y contractual de las adiciones realizadas al contrato BOOT 054 de 1995 (…) y [el] contrato 055 de 1997 suscrito bajo la justificación de urgencia evidente, sin cumplir con los presupuestos legales de esta figura, modalidades que usaron para omitir los requisitos establecidos para este tipo de actos, con el fin de favorecer al contratista”31. Lo segundo, por cuanto la referida conducta “vulneró el bien jurídico tutelado por el legislador a través de este tipo penal que (…) es la legalidad en la contratación estatal y, de contera, la administración pública”32. Lo tercero, porque “los agentes infractores gozaban de plena capacidad física y mental, no se demostró que fueran inimputables [y] tampoco que hubieran

actuado presionados o bajo coacción, conocían lo que estaban haciendo y cómo debía hacerse; y aun así optaron por actuar en contravía de las normas establecidas previamente para la suscripción de esos actos jurídicos”33.

6. Apelaciones. Mediante apoderado judicial y de forma separada, los accionantes interpusieron recurso de apelación en contra de la referida sentencia condenatoria. Los argumentos esgrimidos por los accionantes en sede de apelación fueron los siguientes: Accionante Argumento de apelación Hernando Afirmó que la decisión condenatoria se fundamentó en Mejía “enunciaciones vacuas, genéricas, etéreas y gaseosas” y solicitó Mejía declarar “una nulidad por la absoluta falta de respuesta (…) a

[sus] planteamientos en sede de alegatos de conclusión” 34. Omar Sostuvo que dentro del proceso no se acreditó que hubiere Cárdenas incurrido en las conductas delictivas en “razón del ejercicio de López sus funciones”35 como miembro de la Junta Directiva de Electrolima y, por tanto, debió declararse la atipicidad de su conducta.

7. Sentencia penal de segunda instancia. El 9 de octubre de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó la sentencia de primera instancia. Esto, tras constatar que ninguno de los recurrentes desvirtuó la argumentación de la sentencia condenatoria. Al respecto, el Tribunal concluyó que las adiciones contractuales fueron contrarias a derecho, por cuanto tuvieron como objeto “amparar obras nuevas”36. A su vez, consideró “desacertada [la] declaratoria de urgencia evidente”37, dado que la

“problemática energética databa de varios años atrás”38. El Tribunal sostuvo que tales irregularidades “permitieron que se realizara una contratación directa 31 Exp. A. Cdno. 1, fl. 219 (reverso). 32 Id. 33 Exp. A. Cdno. 1, fl. 220. 34 Exp. A. Cdno. 1, fl. 249. A juicio del recurrente, el Juez de primera instancia no dio respuesta a sus alegatos de conclusión “específicamente en lo que tiene que ver con la estructuración del elemento subjetivo del tipo”. 35 Exp. A. Cdno. 1, fl. 248. 36 Exp. A. Cdno. 1, fl. 274. 37 Id. 38 Id. y adjudicación [al mismo] (…) contratista de 4 objetos contractuales diferentes y nuevos, desconociéndose los principios de transparencia y selección objetiva”39. En relación con cada apelante, el Tribunal fundamentó su decisión en los siguientes argumentos: Accionante Consideraciones del Tribunal Hernando El Tribunal concluyó que el recurso de este accionante no Mejía contenía “un estudio concreto y delimitado del caso Mejía particular”40. Dicho recurso no permitía conocer “los argumentos que favorecen a[l] [recurrente] y la incidencia de los mismos en torno a variar el sentido de la decisión proferida”41. Sin perjuicio de lo anterior y con el fin de “salvaguarda[r] los derechos fundamentales del procesado”42, el Tribunal “advirti[ó] que no resulta ser cierta la ausencia de respuesta de los alegatos conclusivos (…) [relativos a la] falta de acreditación de elemento subjetivo del tipo de contrato sin

cumplimiento de requisitos legales”43, porque este elemento “sí fue analizado en la sentencia de primera instancia”44. Omar El Tribunal desestimó los argumentos del recurrente, tras Cárdenas constatar que la aprobación de las tres adiciones contractuales y López del segundo contrato “forma[ba] parte de su rol funcional”45 como miembro de la Junta Directiva de Electrolima. Esto, por cuanto los estatutos de la entidad asignaron a dicho órgano la función de “evaluar la programación anual de contratos, su conveniencia y oportunidad”46. En consecuencia, el Tribunal consideró que estaba acreditado que el recurrente “participó activa y decididamente en el trámite precontractual de los convenios por cuya celebración resultó condenado en primera instancia”47. Por último, el Tribunal precisó que el reproche penal al accionante “no surge de un análisis del incumplimiento de los presupuestos legales al momento de contratar (…), sino de la omisión de verificar que todos los presupuestos necesarios para llevar a cabo en legal forma la contratación (…) se llevara a cabo (sic) y acorde a lo reglado en los Estatutos internos de contratación”48. 39 Id. 40 Exp. B. Cdno. 1, fl. 170. 41 Id. 42 Id. 43 Id. 44 Id. En cuanto a la solicitud de nulidad, el Tribunal concluyó que no había lugar a declarar nulidad alguna, porque el recurrente incumplió el deber de “señalar el contenido omitido en análisis”, así como la obligación de “demostrar la necesidad del remedio extremo y último de la declaratoria de anulación”. (Exp. B. Cdno. 1, fl.

170). 45 Exp. A. Cdno. 1, fl. 279. 46 Id. 47 Id. 48 Exp. A. Cdno. 1, fls. 280 a 281.

8. Demandas de casación. El 10 de mayo de 2019, los accionantes, de forma separada, presentaron demandas de casación en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Ambas demandas se fundaron en la causal primera de casación49. Hernando Mejía Mejía planteó dos cargos de casación, uno principal y otro subsidiario, mientras que Omar Cárdenas López planteó un solo cargo. El contenido de dichos cargos es el siguiente: Accionante Cargos de casación Hernando Cargo principal. El accionante afirmó que los jueces de Mejía instancia aplicaron “una responsabilidad objetiva (…) y Mejía desconocie[ron] las reglas para estructurar el hecho punible”50, porque “indicaron que el elemento subjetivo incorporado en el tipo penal (…) contemplado en el artículo 146 del Decreto 100 de 1980 (…) no requería probarse”51. Por tanto, a juicio del accionante, se incurrió en violación directa de la ley sustancial, “al configurarse un error de tipo”52, por no haberse probado el elemento subjetivo del delito “contrato sin requisitos legales”, previsto por el artículo 146 del Código Penal de 1980.

Cargo subsidiario. El accionante sostuvo que los jueces de instancia no valoraron las pruebas que “demostr[aban] (…) [que su] intención, al suscribir las 3 adiciones y el contrato 055 de 1997, en ningún momento estuvo enlistada a defraudar los

principios que regían su actuar”53. Por esta razón, concluyó que se configuró violación indirecta de la ley sustancial, en la modalidad de “error de hecho por falso juicio de existencia por omisión”54. Omar Único cargo. Para el accionante, el Tribunal desconoció que él, Cárdenas como miembro de la Junta Directiva de Electrolima, no tenía López “potencialidad decisoria en la fase precontractual”55, porque dicho órgano no era competente para “tramitar las adiciones contractuales”56. Por el contrario, la Junta Directiva se limitaba a “evaluar la programación anual de los contratos, su conveniencia y oportunidad”57. Argumentó que, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el representante legal de la entidad era el 49 Artículo 207 de la Ley 600 de 2000: “En materia penal, la casación procede por los siguientes motivos: 1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Si la violación de la norma sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo alegue el demandante”. 50 Exp. B, Cdno. 1, fl.12. 51 Id. 52 Id. 53 Exp. B. Cdno. 1, fl. 27. En concreto, el accionante sostuvo que los jueces penales no tuvieron en cuenta las siguientes pruebas: (i) su declaración en la diligencia de indagatoria, (ii) la declaración de Tarciso Leal García y (iii) la declaración de José Antonio Molina Torres. (Exp. A. Cdno. 1, fls. 24 a 27). 54 Exp. B. Cdno. 1, fl. 12.

55 Exp. A. Cdno. 1, fl. 15. 56 Exp. A. Cdno. 1, fl. 16. 57 Exp. A. Cdno. 1, fl. 15, alusivo al artículo 15 de los Estatutos de Electrolima. competente para “ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas”58 y este no podía atribuirle la función contractual a la Junta Directiva, porque esta no es subordinada de aquel59. En consecuencia, el accionante afirmó que la sentencia de segunda instancia incurrió “en violación directa de la ley al deducir [su] responsabilidad penal, (…) [en tanto que] la conducta no se adec[uaba] al tipo [penal] descrito”60, porque él no tenía “la competencia funcional para adelantar las labores contractuales”61.

9. Inadmisión de las demandas de casación. Mediante el auto de 26 de junio de 2019, la Sala de Casación Penal decidió “inadmitir las demandas de casación presentadas por los defensores de Omar Cárdenas López [y] Hernando Mejía Mejía”62. Esto, debido a que concluyó que los recurrentes incumplieron con el deber de formular los cargos “indicando en forma clara y precisa sus fundamentos”63, previsto por el artículo 212.3 de la Ley 600 de 2000. Lo anterior, por cuanto “no sustenta[ron] un reparo atendible en sede del recurso extraordinario y tampoco demostra[ron] la necesidad de un fallo en esta sede para lograr uno de los fines de control constitucional”64. De un lado, la Sala de Casación Penal constató que el cargo principal de Hernando Mejía Mejía

“falt[ó] al principio de corrección material”65 y el subsidiario “carec[ía] de respaldo en el proceso”66. Del otro, la Sala de Casación Penal advirtió que el único cargo formulado por Omar Cárdenas López pretendía “rebatir los fundamentos fácticos de la sentencia”67 impugnada, con lo cual “incumpl[ió] el presupuesto fundamental de una infracción legal directa”68. Al respecto, la Sala de Casación Penal sostuvo que cuando se aduce “violación directa de la ley sustancial”, como causal de casación, “el debate no gira en torno a la corrección de los hechos declarados en el fallo ni del ejercicio de valoración probatoria a partir del cual aquellos fueron fijados, sino a la debida aplicación del derecho”69. A continuación, se sintetizan los motivos que sustentaron la inadmisión de las demandas de los accionantes: Accionante Motivos de la inadmisión Hernando En relación con el cargo principal, la Sala de Casación Penal Mejía constató que el juez de primera instancia “tuvo presente en su Mejía análisis que la tipicidad atribuida exigía un elemento subjetivo 58 Exp. A. Cdno. 1, fl. 16. El accionante hizo referencia al artículo 11 de la Ley 80 de 1993, vigente para el momento de los hechos. 59 Exp. A. Cdno. 1, fl. 18. 60 Exp. A. Cdno. 1, fl. 11. 61 Exp. A. Cdno. 1, fl. 22. 62 Exp. B. Cdno. 1, fl. 65. 63 Exp. A. Cdno. 1, fl. 46. Exp. B. Cdno. 1, fl. 192 (reverso). Cfr. Art. 212.3 de la Ley 600 de 2000.

64 Exp. A. Cdno. 1, fl. 65. Exp. B. Cdno. 1, fl. 202. 65 Exp. A. Cdno. 1, fl. 54. Ex. B. Cdno. 1, fl. 196 (reverso). 66 Exp. A. Cdno. 1, fl. 59. Ex. B. Cdno. 1, fl. 199. 67 Exp. A. Cdno. 1, fl. 52. 68 Exp. A. Cdno. 1, fl. 49. 69 Exp. A. Cdno. 1, fl. 48. especial y, coherente con ello, expuso las razones probatorias que le permitían tenerlo reunido en el caso”70. Así mismo, la Sala de Casación Penal verificó que “en varias partes de la sentencia se mostró el análisis probatorio que permitió concluir (…) que [Hernando Mejía Mejía] actuó con dolo y con el especial propósito de favorecer al contratista”71. En consecuencia, concluyó que el cargo de casación “falt[ó] al principio de corrección material y (…) desconoc[ió] los hechos que se declararon probados, porque no es cierto que la sentencia haya aseverado que el elemento subjetivo especial consagrado, de manera expresa, en el artículo 146 del C.P. de 1980, o su prueba, fuese superfluo o innecesario [para] la configuración típica del delito (…) y tampoco lo es que (…) se haya omitido su valoración en la conducta”72. Respecto del cargo subsidiario, la Sala de Casación Penal constató que “la existencia de un propósito loable en la

contratación irregular (…) y, por ende, la ausencia de voluntad de burlar los principios que rigen esta actuación, fue considerado por el juez, pero descartado ante la prueba que indicaba que, por el contrario, en Hernando Mejía Mejía concurría el dolo de tramitar contratos sin cumplimiento de requisitos legales y, además, el especial ánimo de favorecer con ello al contratista”73. En consecuencia, la Sala de Casación Penal concluyó que el alegado “error de existencia carec[ía] de respaldo en el proceso”74, porque, en las sentencias condenatorias, los jueces de instancia sí tuvieron en consideración “la información sobre los hechos [que] aportarían [los medios probatorios indicados por el recurrente]”75. En otras palabras, la Sala de Casación Penal concluyó que el reproche del accionante no era conforme a la verdad procesal, porque los jueces de instancia, con fundamento en el material probatorio que obra en el expediente, demostraron “el ingrediente subjetivo del tipo”76. Omar La Sala de Casación Penal constató que la demanda de casación Cárdenas se fundó en “la premisa [fáctica] contraria”77 a la que el López Tribunal expuso como fundamento de su decisión, esto es, que “la autorización de [los contratos] por parte de los miembros de la Junta Directiva en que fungía (…) Omar Cárdenas López (…) 70 Exp. A. Cdno. 1, fl. 55. 71 Id. 72 Exp. B. Cdno. 1, fls. 196 (reverso) a 197. 73 Exp. B. Cdno. 1, fl. 197. 74 Exp. B. Cdno. 1, fl. 199.

75 Exp. B. Cdno. 1, fl. 198. 76 Id. 77 Exp. A. Cdno. 1, fl. 49. [era] contraria a derecho y forma[ba] parte de su r