CC - SU333-2020

Sentencia SU333/20

ACCION DE TUTELA PARA LA RESOLUCION OPORTUNA

Y EFECTIVA DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA

CONCESION DE BENEFICIOS DE QUIENES SE SOMETIERON A LA JEP-Reglas Jurisprudenciales JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZConformación/JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZCaracterísticas ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Reglas de procedencia Frente a los procesos de tutela dirigidos contra la jurisdicción, resulta relevante que el Acto Legislativo 01 de 2017 y la sentencia C-674 de 2017 establecieron reglas de procedencia en relación con las acciones de tutela dirigidas contra las instancias de la JEP. Efectivamente, el Artículo 8° transitorio prescribe que, la acción de tutela procederá contra las acciones u omisiones de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales. En el caso de las acciones de amparo contra providencia de las autoridades de la JEP, éstas deberán basarse en manifiestas vías de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, no existiendo mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado. En el caso de violaciones que se realicen por afectación al debido proceso, deberá interponerse tras haber agotado el recurso procedente ante los órganos de la JEP. La norma

constitucional establece como regla de competencia que: (i) las acciones de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas; (ii) la primera instancia será decidida por la Sección de Revisión. La segunda por la Sección de Apelación. JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Desarrollo normativo para la concesión de beneficios penales condicionados JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Términos judiciales para decidir las solicitudes de los comparecientes SALA DE DEFINICION DE SITUACIONES JURIDICAS DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Término para decidir las solicitudes de sometimiento La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene una amplia competencia para determinar el orden de prelación con el objetivo de focalizar su esfuerzo en los casos que, conforme los reglamentos que para ello se dé la propia Sala, aporten en mayor medida al avance del esclarecimiento de hechos, conocimiento de la verdad, y garantía de los derechos de las víctimas. DERECHO DE PETICION ANTE AUTORIDADES JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia Es posible formular derechos de petición ante autoridades judiciales en casos de requerimientos de contenido administrativo, el cual, será contestado, como una petición administrativa, con base en las previsiones de la Ley Estatutaria de Derecho de petición, pero, en el caso de solicitudes judiciales dentro de proceso, las mismas serán entendidas como memoriales de impulso y se resolverán a partir de los procedimientos que rigen los procesos puestos en cabeza de la autoridad que administra justicia.

DERECHO DE PETICION ANTE LA JURISDICCION

ESPECIAL PARA LA PAZ-Solicitudes de naturaleza jurisdiccional, están sometidas a las reglas procesales determinadas en el ordenamiento respectivo DERECHO DE PETICION ANTE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Inaplicación de términos frente a solicitudes relacionadas con acceso a beneficios o tratamientos penales especiales, así como de sometimiento a dicha Jurisdicción DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Requisitos para protección por tutela MORA JUDICIAL-Reglas de procedencia de la acción de tutela Respecto a las reglas de procedibilidad formal de la acción de tutela por mora judicial, la jurisprudencia ha explicado que un ciudadano o ciudadana que denuncia que una autoridad judicial no ha actuado de manera diligente y en esa medida no ha cumplido los términos legales para proferir una decisión debe: (i) mostrar que, la parte o interviniente ha sido diligente. Frente al requisito de subsidiariedad se ha precisado que: (ii) no tiene la obligación de agotar ningún mecanismo judicial, tales como recursos, incidentes, peticiones, pues el mismo, solo entraría a aumentar la mora judicial y agudizar la tardanza en la respuesta. MORA JUDICIAL JUSTIFICADA-Circunstancias en que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA-Circunstancias en que se presenta Este Tribunal ha indicado que no constituyen vulneraciones al derecho al debido proceso, aquellos eventos de mora judicial justificada por la congestión judicial, pues la misma se basa en una situación estructural y objetiva, y ha determinado que sí resulta vulneratorio de derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, aquellos eventos en los que la omisión se debe a capricho o arbitrariedad de un operario judicial. JUEZ DE TUTELA FRENTE A CASOS DE MORA JUDICIAL JUSTIFICADA El juez de tutela debe evaluar si la tardanza u omisión se debe a razones constitucionalmente válidas que explican dicha situación, o por el contrario se funda en la negligencia de los funcionarios judiciales. Con ello, si se inicia una acción de tutela contra una autoridad judicial por mora, el juez constitucional debe, en primera medida, examinar si: (i) desconocieron los términos legales previstos para la adopción de la decisión; (ii) si la violación a los términos se debe a la complejidad del caso, la actividad probatoria necesaria para tomar una decisión fundada, y en esa medida la actividad judicial se encuentra dentro de un plazo razonable y (iii) si no concurren elementos estructurales o de contexto objetivos e invencibles con situaciones de fuerza mayor o congestión judicial. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se resolvieron de fondo algunas de las peticiones formuladas ante instancias de la JEP MORA JUDICIAL-Procedencia de la acción de tutela cuando se compruebe dilación injustificada en el proceso PLAN DE DESCONGESTION DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Medidas adoptadas por la Sala de Amnistía e Indulto y por la Sala de Definición de Situaciones

Jurídicas PLAN DE DESCONGESTION DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Lineamientos fijados por la Sección de Apelación de la JEP, para enfrentar la congestión de las Salas de Amnistía e Indulto y de Definición de Situaciones Jurídicas DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Inexistencia de mora judicial injustificada frente a la solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz MORA JUDICIAL JUSTIFICADA-Caso en que la tardanza para decidir las solicitudes de sometimiento a la JEP, por parte de las Salas Definición de Situaciones Jurídicas, subyace a un problema estructural de alto volumen de trabajo y de congestión judicial DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Vulneración por la JEP, por demora injustificada en la determinación de la competencia Referencia: Expediente T-7.211.254 y otros 19 acumulados. Acciones de tutela formuladas por Jhon Freddy Rodríguez Suárez y otros contra la Secretaría Ejecutiva, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y la Sala de Amnistía e Indulto, autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez,

Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Richard Steve Ramírez Grisales, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2017, y conforme a la Sentencia C-674 de 2017, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de 20 fallos de tutela emitidos en única instancia por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP, en el trámite de las acciones de tutela promovidas por John Fredy Suárez, Carlos José Sanabria Pico, Luís Alberto Camargo Pinzón, José Gerardo Vargas Correa, Ider Quintero, Robinson Contreras Angarita, Ramón Jesús Ramírez Quintero, Ciro Antonio Amado Amado, Jaime Coral Trujillo, Sandra Lucrecia Daniels Guzmán, Octavio Cartagena Benítez, Alonso Chaux Hurtado, Deybi Mauricio Melo Arce, Eider Zárate Martínez, Víctor Saoco Pérez López, Michel Antonio Berrio, Luis Ángel Sánchez Méndez, Jesús Gabriel Viveros Delgado, Guillermo Javier Castillo Chávez, Deivis Alberto Díaz, Guillermo Arturo Bolaños, Diego Andrés Reales Toro, Óscar Antonio Marín Arboleda, Luz Mary García Cerón y Iván Marino Herrera Serna, contra la Secretaría Ejecutiva

(en adelante “SE”), la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (en adelante “SDSJ”), y la Sala de Amnistía e Indulto (en adelante “SAI”), todas autoridades que pertenecen a la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante “JEP”). En Auto del 16 de marzo de 2019, la Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional, integrada por las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, escogió los fallos proferidos dentro de los expedientes T-7.211.254, T-7.211.257, T-7.211.258, T-7.211.259, T-7.211.260, T-7.211.261, T-7.211.263, T-7.211.264, T-7.211.266, T7.211.267, T-7.211.269, T-7.211.270, T-7.211.271, T-7.211.272, T7.211.273, T-7.211.274, T-7.211.275, T-7.211.277 y T-7.211.278 para que fueran revisados por esta Corporación. El criterio de selección fue objetivo: asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Posteriormente, mediante auto de 14 de junio de 2019, la Sala de Selección de Tutelas Número Seis escogió para revisión y acumuló el expediente T7.366.351 al T-7.211.254, ello por cuanto presenta unidad de materia y ordenó que sean fallados en una sola sentencia. El criterio de selección fue el objetivo, pues se trata de un asunto novedoso y existe la

necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Los expedientes, en un inicio, fueron repartidos para su conocimiento para la Sala Novena de Revisión, sin embargo, en virtud de lo previsto en el artículo transitorio 8º del Acto Legislativo 1 de 2017, por auto de 15 de diciembre de 2019, la Sala Plena determinó que es competente para fallar los expedientes acumulados.

I. ANTECEDENTES Las 20 acciones de tutela se refieren a hechos similares, motivo por el cual, la Sala expondrá las generalidades de los casos, y posteriormente, en el anexo I de la Sentencia, se precisarán las particularidades de cada Expediente. Desde ya se aclara que, en 19 de los procesos de amparo, en cada uno, hay un único accionante1, mientras en el expediente (T7.211.277 caso xviii) restante la petición de protección constitucional fue formulada por seis personas2. Se trata, entonces, de un acumulado de veinte expedientes de tutela y veinticinco accionantes.

1. Hechos generales En cumplimiento de providencias penales proferidas por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, algunos accionantes se encuentran vinculados a procesos ordinarios, algunos de ellos condenados a penas privativas de la libertad. Sin embargo, en sus criterios, las conductas por las cuales fueron investigados, juzgados, y en algunos casos condenados, ocurrieron con “ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, razón por la cual, según el Artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz debe asumir

la competencia sobre dichos procesos penales y, como consecuencia, otórgales los beneficios de que trata la Ley 1820 de 2016. Los accionantes presentaron escritos que titularon como “derechos de petición” en los que solicitaron a diferentes instancias de la JEP que, asumiera el estudio de sus procesos penales y, como consecuencia, concedieran los beneficios de libertad condicionada (en adelante “LC”) prevista para los ex-miembros de grupos guerrilleros, o la libertad transitoria, condicionada y anticipada (en adelante “LTCA”) para los agentes del Estado y terceros. Los escritos de los tutelantes fueron repartidos a la Secretaria Ejecutiva (en adelante “SE-JEP”), a la Secretaria Judicial (en adelante “SEJUDJEP”), a la Sala de Amnistía e Indulto y de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. A la fecha de presentación de las acciones de tutela, las peticiones no habían sido contestadas y, en esa medida, los solicitantes no tenían certeza sobre su acceso a los beneficios previsto en la Ley 1820 de 2016. En síntesis, los actores acuden a los jueces constitucionales con el fin de solicitar la respuesta a los escritos que denominaron “derechos de petición” y que fueron radicados ante las instancias de la JEP. Con base en lo previsto en el inciso 3 del Artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2017 y al artículo 53 de la Ley 1922 de 2018, las acciones de tutela 1 Caso (i) T-7.211.254, Jhon Freddy Rodríguez Suárez; Caso (ii) T-7.211.257; Jaime Coral Trujillo;

Caso (iii) T-7.211.258 Ciro Antonio Amado; Caso (iv) T-7.211.259 Ramón Jesús Ramírez Quintero; Caso (v) T-7.211.260 Robinson Contreras Angarita; Caso (vi) T-7.211.261 Ider Quintero; Caso (vii) T7.211.263 José Gerardo Vargas Correa; Caso (viii) T-7.211.264 Alberto Camargo Pinzón; Caso (ix) T7.211.266 Carlos José Sanabria Pico; Caso (x) T-7.211.267 Sandra Lucrecia Daniels Guzmán; Caso (xi) T-7.211.269 Octavio Cartagena Benítez; Caso (xii) T-7.211.270 Alonso Chaux Hurtado; Caso (xiii) T-7.211.271 Deybi Mauricio Melo Arce; Caso (xiv) T-7.211.272 Edier Zarate Martínez; Caso (xv) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez López; Caso (xvi) T-7.211.274 Michel Antonio Berrio Caso (xvii) T-7.211.275 Luis Ángel Sánchez Méndez; Caso (xix) T-7.211.278 Luz Mary García Ceron; y Caso (xx) T-7.366.351 Iván Marino Herrera Serna. 2Expediente T-7.221.277 caso (xviii) Jesús Gabriel Viveros Delgado, Guillermo Javier Castillo Chaves, Deivis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños, Diego Andrés Ruales Toro y Oscar Antonio Marín Arboleda. dirigidas contra las instancias de la Jurisdicción fueron resueltas en

primera instancia, por la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, autoridad que conoció de los 20 expedientes de tutela, y que de manera consistente, dio el mismo trámite, y procedió a vincular a la SEJEP, a la SEJUD-JEP, a la Sala de Amnistía e Indulto, y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dependiendo de dónde se encuentra cada derecho de solicitud. En las respuestas a los escritos de tutela, las autoridades accionadas de la JEP, de manera consistente, manifestaron al juez de tutela que, las peticiones de los accionantes en las que se solicita la concesión de beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016 no han sido contestadas. Sin embargo, ello se debe a la situación de congestión judicial en la que se encuentra la Jurisdicción. La Secretaría Ejecutiva, por ejemplo, explicó que, desde la aprobación de la Ley1820 de 2016 en diciembre de 2016 ha recibido decenas de miles de peticiones (cerca de 19.000) y que una vez, las Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz abrieron sus puertas para la atención al público, las peticiones fueron radicadas ante las instancias competentes de la JEP. En este contexto, hasta enero de 2018 se habían presentado cerca de 19.000 peticiones ante la Secretaría Ejecutiva, y en marzo de aquel año, al abrir sus puertas para la atención al público, todas las peticiones se trasladaron de manera instantánea a las Salas y Secciones. En esa medida, la SAI y la SDJS, en sus respuestas a los escritos de tutela, señalaron que los escritos de los accionantes

estaban en la Sub Secretaría Judicial de la Sala respectiva, a la espera de ser repartidas entre los magistrados de cada corporación para su respectiva sustanciación. Las Sub-Secretarías de la SAI y de la SDSJ precisaron que carecen del personal suficiente para hacer inmediatamente el trámite administrativo de reparto de las peticiones a cada magistrado que integran las salas, pues desde la entrada en funcionamiento de la JEP, el nombramiento y posesión de los empleados y funcionarios ha sido paulatino. Un ejemplo de ello es que, el primer día de actividades de la Jurisdicción, la Secretaría Judicial de la SAI recibió 6.000 peticiones, y estaban a cargo de una sola funcionaria. Por ello, admiten que es cierto que existen peticiones represadas y no ha sido posible repartirlas entre los magistrados que integran cada Sala de Justicia. Precisó que las solicitudes represadas llegan a más de 19.000, razón por la cual ha sido imposible responderlas dentro de los plazos legales. En 20 sentencias de tutela de única instancia, la Sección de Revisión negó los amparos solicitados, en atención a que concluyó que no se había corroborado vulneración a los derechos fundamentales de petición, al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso a la administración de justicia. Ello con base a los siguientes argumentos: Inexistencia de vulneración del derecho fundamental de petición. La Sección de Revisión determinó que, si bien los accionantes formularon peticiones, los mismos no interrogan sobre aspectos de carácter administrativo, sino que solicitan a la JEP que asuma competencia sobre casos puntuales, temas que son, por definición, asuntos judiciales que

deben ser contestados con base en los requisitos, procedimientos y previsiones de la Ley 1820 de 2016. Motivo por el cual, los términos que se aplican no son los previstos en la Ley 1755 de 2015 (estatutaria del derecho de petición), sino en la Ley 1922 de 2018; por lo anterior, de manera generalizada, la Sección de Revisión sostuvo que no existió vulneración al derecho de petición. Inexistencia de vulneración al derecho al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia. La Sección de Revisión consideró que las instancias de la JEP accionadas no vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas, y al acceso a la administración de justicia. En efecto, si bien no han dado respuesta a las peticiones de sometimiento a la Jurisdicción, la omisión no es fruto del capricho o la arbitrariedad de los funcionarios judiciales. Por el contrario, se debe a la sobrecarga de trabajo de la Jurisdicción, pues en un lapso de pocos meses, recibieron más de 19.000 peticiones de posibles comparecientes. Las 20 sentencias de única instancia adujeron que la Sala de Amnistía e Indulto, y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, respectivamente, enfrentan un contexto de congestión judicial, razón por la cual el incumplimiento de los términos legales para fallar está justificado. Aunado a ello, las providencias de única instancia precisaron que la Corte Constitucional ha reconocido que existe mora judicial justificada, cuando una autoridad judicial omite proferir un fallo, pero la tardanza se debe a (i) un caso de fuerza mayor; (ii) congestión judicial, y la misma no es

fruto (iii) del capricho o arbitrariedad del operador judicial. De manera generalizada, las 20 sentencias de tutela de única instancia reconocen la situación de congestión judicial que atraviesan la SAI y la SDSJ y consideran que la mora judicial, se encuentra justificada en dicho contexto. En todo caso, las partes resolutivas de las providencias advierten a las Salas y a las Secretarías Judiciales en las que se encuentran las peticiones de los accionantes, sobre la necesidad de adoptar planes para enfrentar la congestión de la Jurisdicción. Solo en los expedientes T-7.221.629 (caso xi) y T-7.211.272 (caso xiv), la Sección de Revisión tuteló parcialmente el derecho fundamental de petición, pues encontró que las solicitudes de las comparecientes, en parte, eran de contenido administrativo pues, en su criterio, interrogaban en abstracto, sobre los requisitos legales para acceder a los beneficios de la Ley 1820 de 2016, y en esa medida debían ser contestadas conforme a los términos de la Ley 1755 de 2015. En el expediente T-7.211.263 (caso vii) declaró improcedente la petición de amparo en atención a que, el accionante solicitó a través de la acción de amparo la protección del derecho a la libertad personal, y la protección del derecho al debido proceso. Respecto al derecho a la libertad, el juez de única instancia declaró la improcedencia pues, procede la acción de habeas corpus. Frente al derecho al debido proceso negó la protección constitucional en atención a que, se trata de una mora judicial justificada. En el expediente T-7.211.275 (caso xvii) declaró la carencia actual de objeto pues la

petición ya había sido contestada. En este último caso, como se verá a pesar de la respuesta administrativa a la petición del accionante, posteriormente la JEP inició un proceso judicial tendiente a responder la solicitud del accionante. Como anexo I a esta providencia, se adjunta un cuadro en el que se especifican las particularidades de los 20 expedientes de tutela. En todo caso, se sigue la siguiente numeración: T-7.211.254 (Caso i), T7.211.257 (Caso ii), T-7.211.258 (Caso iii), T-7.211.259 (Caso iv), T7.211.260 (Caso v), T-7.211.261 (Caso vi), T-7.211.263 (Caso vii), T7.211.264 (Caso viii), T-7.211.266 (Caso ix), T-7.211.267 (Caso x), T7.211.269 (Caso xi), T-7.211.270 (Caso xii), T-7.211.271 (Caso xiii), T7.211.272 (Caso xiv), T-7.211.273 (Caso xv), T-7.211.274 (Caso xvi), T7.211.275 (Caso xvii), T-7.211.277 (Caso xviii), T-7.211.278 (Caso xix) y 7.366.351 (Caso xx). En el mismo sentido, como anexo II se enuncian las pruebas que fueron recaudadas por la Sala, y finalmente como anexo III se explican las actividades probatorias desplegadas por el magistrado sustanciador en sede de revisión. Frente a este último anexo, debe indicarse que, en dos ocasiones el

Magistrado Sustanciador decretó la práctica de pruebas. En auto de 23 de abril de 2019 ofició a diferentes instancias de la JEP con el fin de que informaran el estado de las peticiones de los accionantes, así como el contexto de trabajo y eventual congestión judicial de la Jurisdicción. En un segundo auto de 15 de julio de 2019, el Magistrado Sustanciador ordenó allegar a este proceso de tutela, información relacionada con el expediente 7.366.351, el cual fue el último en ser acumulado. De igual forma, solicitó a la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz su concepto sobre el escenario de sobre carga de trabajo de algunas de las instancias de la jurisdicción. En el anexo III se detallan las respuestas de las autoridades oficiadas, así como la situación de congestión de la JEP. Desde ya se advierte que, en respuesta de mayo de 2019, la Secretaría Judicial de la JEP3 informó a la Corporación que, del total de 20 expedientes de tutela, con 25 comparecientes, ya se habían contestado las peticiones de varios de los accionantes, y que las restantes ya se 3 Folio 78 del Cuaderno de la Corte Constitucional. encuentran en proceso de sustanciación para que en poco tiempo se adopten las decisiones pertinentes. En el mismo sentido, las respuestas dirigidas a la Corte Constitucional, por parte de la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz señalan que la tardanza en la respuesta a las peticiones de los accionantes, se debe a un contexto objetivo y verificable de congestión judicial relacionado con la puesta en

marcha de la Jurisdicción sin el personal completo, y con un acumulado de varias decenas de miles de solicitudes de sometimiento que se repartieron el primer día en que entró en funcionamiento la Jurisdicción. En general, explican que, la ley de amnistía e indulto (ley 1820 de 2016) fue aprobada en el mes de diciembre de 2016, sin embargo, los magistrados y las magistradas de la jurisdicción solo fueron posesionados en enero de 2018, y la jurisdicción abrió sus puertas en marzo de aquel año, sin embargo, solo tuvo el personal completo para atender las solicitudes hasta el mes de noviembre de 2018. En las intervenciones ante este Tribunal, cada instancia de la JEP explica las causas de la congestión, las estrategias que ha puesto en marcha para enfrentar la situación y superar la situación de mora judicial, y los resultados obtenidos. En el anexo III se precisan las respuestas de cada entidad.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia La Corte Constitucional es competente para pronunciarse en sede de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política Colombiana, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes, especialmente el Artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2017, conforme lo previsto en la Sentencia C-674 de 2017.

2. Planteamiento del problema jurídico y metodología de solución.

Las 20 acciones de tutelas acumuladas contienen 25 solicitudes4 de

4Caso (i) T-7.211.254, Jhon Freddy Rodríguez Suárez; Caso (ii) T-7.211.257; Jaime Coral Trujillo; Caso (iii) T-7.211.258 Ciro Antonio Amado; Caso (iv) T-7.211.259 Ramón Jesús Ramírez Quintero; Caso (v) T-7.211.260 Robinson Contreras Angarita; Caso (vi) T-7.211.261 Ider Quintero; Caso (vii) T7.211.263 José Gerardo Vargas Correa; Caso (viii) T-7.211.264 Alberto Camargo Pinzón; Caso (ix) T7.211.266 Carlos José Sanabria Pico; Caso (x) T-7.211.267 Sandra Lucrecia Daniels Guzmán; Caso (xi) T-7.211.269 Octavio Cartagena Benítez; Caso (xii) T-7.211.270 Alonso Chaux Hurtado; Caso (xiii) T-7.211.271 Deybi Mauricio Melo Arce; Caso (xiv) T-7.211.272 Edier Zarate Martínez; Caso (xv) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez López; Caso (xvi) T-7.211.274 Michel Antonio Berrio; Caso (xvii) T-7.211.275 Luis Ángel Sánchez Méndez; T-7.221.277 caso (xviii) Jesús Gabriel Viveros Delgado, Guillermo Javier Castillo Chaves, Deivis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños, Diego Andrés Ruales Toro y Oscar Antonio Marín Arboleda. Caso (xix) T-7.211.278 Luz Mary García

Ceron; y Caso (xx) T-7.366.351 Iván Marino Herrera Serna. personas procesadas por jueces penales o por la justicia penal militar, que acudieron ante diferentes instancias de la JEP, puntualmente a la SAI, la SDSJ y a la Secretaría Ejecutiva, con el fin de, a través de escritos, solicitar que la jurisdicción asumieran competencia sobre sus procesos penales, originados, en su criterio, por hechos ocurridos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, de allí que les sean aplicables los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016. Las solicitudes de los comparecientes fueron radicadas ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción o ante la Secretaría Judicial, autoridades que, una vez entraron en funcionamiento las Salas de justicia, remitieron las solicitudes a las sub-secretarías judiciales de la SAI y la SDSJ dependiendo de cada caso. En las secretarías judiciales de cada sala, se presentaron retrasos en realizar el reparto de las peticiones, no obstante, en la actualidad todas las solicitudes fueron repartidas a los magistrados sustanciadores que integran cada sala. Empero, a la fecha de formulación de las acciones de tutela, las solicitudes no habían sido contestadas. Los accionantes argumentaron que la omisión en contestar las solicitudes de sometimiento ante la JEP, por parte de las instancias de la jurisdicción, implica una vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y acceso a la administración de justicia. En sus respuestas a las acciones de tutela, la SE de la JEP, la SEJUD de la

JEP, la SDSJ y la SAI argumentaron que la tardanza en la respuesta a las solicitudes de los accionantes no constituye violación a garantías fundamentales. En el caso del derecho fundamental de petición se sostuvo que las solicitudes de los comparecientes versan sobre la aplicación de los beneficios de la Ley 1820 de 2016, y por ello deben ser resueltas tras agotar un proceso de carácter judicial, y no conforme a los términos previstos en la Ley 1755 de 2015 (estatutaria del derecho de petición). Sobre el quebrantamiento del debido proceso sin dilaciones injustificadas, y el acceso a la administración de justicia, las corporaciones demandadas indicaron que las dos instancias encargadas de contestar las solicitudes (SAI y SDSJ) afrontan una situación de congestión judicial, dado que, en un lapso de tiempo muy corto, la Jurisdicción recibió cerca de 19.000 peticiones, de las cuales, más de 3000, fueron repartidas a la SAI y SDSJ, todas relacionas con peticiones de comparecientes que buscan que la JEP fije competencia en relación con conductas punibles, supuestamente relacionadas con el conflicto armado. Indicaron que, a la entrada en marcha de la JEP (marzo de 2018), la Secretaría Ejecutiva trasladó a las Salas de Justicia un elevado número de peticiones, y a ello se suma que la designación y posesión de los empleados de la jurisdicción fue gradual, y solo se completó hasta el mes de noviembre de 2018, razón por la cual la SAI y la SDSJ no están en condiciones de contestar las peticiones dentro de los plazos previstos en las Leyes 1820 de 2018 y 1922 de 2018.

Sostienen que la situación de congestión judicial y represamiento de casos es contrarrestada con planes de focalización de esfuerzos a través del traslado de personal del Grupo de Análisis de la Información (en adelanta “GRAI”) y de la Unidad de Investigación y Acusación (en adelante “UIA”) a las Secretarías de las Salas. Concluyen su defensa argumentando que existe mora judicial en la respuesta de las peticiones, pero que la misma no se debe al caprich