CC - SU355-2020

Sentencia SU355/20 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO QUE RESUELVE ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD-Procedencia por desconocer la cosa juzgada constitucional Si una tutela contra una decisión de nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado presenta razones suficientes, coherentes y pertinentes para acreditar la presunta afectación de la cosa juzgada constitucional, procede el amparo como instrumento para verificar la posible violación directa de la Constitución (si se trata de una perturbación o afectación constitucional) o un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente (si se trata de la presunta vulneración del contenido de decisiones de constitucionalidad de esta Corte), en los términos desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

BLOQUEO INSTITUCIONAL INCONSTITUCIONALConfiguración

ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO QUE RESUELVE ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD-Procedencia por generar bloqueo institucional inconstitucional La Sala advierte que el bloqueo institucional inconstitucional se presenta en esta oportunidad cuando la sentencia del Consejo de Estado que evalúa la validez constitucional de un acto administrativo inhibe el desarrollo de la Constitución, a través de una interpretación judicial que parece desafiar la propia Carta o produce una parálisis funcional o institucional que afecta la eficacia del Texto superior. Es decir, cuando la sentencia de dicho Tribunal

conduce a lecturas de las normas constitucionales que implican la pérdida de efectos de los mandatos establecidos en la Carta. PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL-Consagración constitucional/PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL-Función jerárquica, directiva e integradora CORTE CONSTITUCIONAL-Guarda de la integridad y supremacía de la Constitución CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDADContenido y alcance 2

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Asuntos objeto de control

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD A CARGO DEL CONSEJO DE ESTADO-Contenido y alcance/CONSEJO DE ESTADO-Competencia residual en el control constitucional/DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE ESTADO-Hacen tránsito a cosa juzgada, mas no “constitucional” COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance Con el propósito de garantizar la seguridad jurídica, asegurar la fortaleza y estabilidad de las decisiones constitucionales y materializar la prevalencia de la Carta Política (artículo 4º), los fallos proferidos por la Corte Constitucional, de conformidad con los lineamientos del artículo 243 superior, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos erga omnes y tránsito a cosa juzgada constitucional NORMA INEXEQUIBLE-Efectos/SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Al servidor público le está

vedado acordarle a la ley un significado distinto de aquel que la Corte consideró que era el único ajustado a la Carta Política

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos/COSA JUZGADA

CONSTITUCIONAL FORMAL Y MATERIAL-Diferencias

DISPOSICION JURIDICA Y NORMA JURIDICA-Distinción

COSA JUZGADA MATERIAL EN SENTIDO ESTRICTO Y

COSA JUZGADA MATERIAL EN SENTIDO AMPLIO-Diferencias COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance y efectos Los jueces están obligados a respetar las interpretaciones que conforme a la Carta realice el Tribunal Constitucional, de las normas legales que sean sometidas a su control, en su condición de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional; y además, las autoridades judiciales deben acoger los postulados que establezca esta Corporación en sus sentencias de control abstracto, así como los alcances y efectos que el mismo tribunal fije en sus providencias. Lo anterior, so pena de desconocer la cosa juzgada constitucional y en últimas, la Constitución Política. Se trata entonces de reglas jurisprudenciales que reconocen que acatar las decisiones judiciales indicadas (i) fortalece la interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico, fundada en una conexión estrecha y directa con la 3 Carta; (ii) garantiza la coherencia del sistema (seguridad jurídica) y evita bloqueos institucionales constitucionales; (iii) favorece el respeto de principios, como el de confianza legítima (artículo 84 C.P.) y de conservación del derecho al darle prevalencia al respeto por el principio democrático

(artículos 1º y 150 C.P.), y (iv) promueve la igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.). CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Precisión del alcance de la competencia de la Corte en relación con vicios competenciales El poder de reforma no puede sustituir la Carta y que encuentra sus límites en la idea de la estructura básica de la Constitución, esto es, en los elementos axiales, los pilares fundamentales o los elementos definitorios de la esencia de la Carta, que no pueden ser objeto de modificación por tales poderes limitados, so pena de sustituir la Constitución Política.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE REFORMA

CONSTITUCIONAL POR VICIOS DE COMPETENCIAJurisprudencia constitucional LIMITES DEL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y JUICIO DE SUSTITUCION DE LA CONSTITUCIONJurisprudencia constitucional La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica y reiterada en el sentido de que las reformas constitucionales pueden ser controladas judicialmente, con el fin de valorar si el ejercicio del poder de reforma desborda o no su competencia. El examen constitucional que se adelanta se suele realizar siguiendo la metodología tradicional que consiste, en establecer un eje axial o definitorio de la estructura básica de la Constitución, definir el alcance de la enmienda constitucional que se revisa a contraluz de este eje y determinar si este es sustituido por otro a través de la reforma. Se trata entonces, como se ve, de una competencia constitucional que se ha venido desarrollando por la jurisprudencia de esta Corporación

desde hace más de quince años. Una competencia que fue cuestionada en esta oportunidad por el Consejo de Estado en la providencia que se acusa, en lo que respecta a la Sentencia C-285 de 2016. PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Alcance y contenido

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY-Concepto/PRINCIPIO DE

RESERVA DE LEY-Alcance POTESTAD REGLAMENTARIA-Sentido y alcance/POTESTAD

REGLAMENTARIA-Límites

4 REGLAMENTOS AUTONOMOS Los reglamentos autónomos: (i) tienen su fundamento en una atribución constitucional directa; (ii) no generan distribución de competencias entre el Ejecutivo y los órganos habilitados a proferirlos; (iii) el Congreso siempre podrá intervenir en lo designado, porque no son reglamentos que puedan desconocer la voluntad del Legislador o derogar leyes y (iv) su control está en principio, en cabeza del Consejo de Estado. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Reforma constitucional sobre equilibrio de poderes y reajuste institucional SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL-Situación jurídica, según la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado DERECHO DISCIPLINARIO-Jurisprudencia constitucional sobre naturaleza y finalidad JURISDICCION DISCIPLINARIA-Competencia/JURISDICCION DISCIPLINARIA-Alcance En relación con el contenido y alcance del derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su ámbito de regulación

comprende: (i) las conductas que configuran falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables; y (iii) las normas sustanciales y procesales que aseguran el debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la responsabilidad disciplinaria. SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Situación de interinidad afecta la estabilidad, credibilidad y seguridad jurídica ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Requisitos generales de procedencia requiere argumentación y análisis más riguroso Para determinar si la acción de tutela contra una sentencia de una Alta Corte es procedente o no, se requiere que se consoliden las siguientes tres exigencias: (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que para el caso que ocupa a la Sala involucra, además, la superación de las exigencias ya reseñadas en materia de sentencias de nulidad por inconstitucionalidad; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad, que exija la imperiosa intervención del juez constitucional. 5

VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO

CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Configuración RATIO DECIDENDI EN CONSTITUCIONALIDAD-Carácter vinculante Si a través de sus competencias constitucionales este Tribunal establece interpretaciones vinculantes de los preceptos de la Carta, incluso cuando se trata de consideraciones establecidas en la parte motiva de la providencia

que son determinantes para la decisión o que constituyen la ratio decidendi del fallo, esas consideraciones resultan ser fuente de derecho para las autoridades y particulares, porque le dan sentido y materializan el ajuste interpretativo que requiere la norma, para su permanencia o determinación en el ordenamiento constitucional.

ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015 SOBRE EQUILIBRIO DE

PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL-Ratio decidendi (i) El Consejo Superior de la Judicatura debe ahora cumplir las funciones que de conformidad con el A.L. 02 de 2015 le fueron asignadas al Consejo de Gobierno Judicial; (ii) Para salvaguardar el espíritu de lo decidido por el constituyente, en aquellos aspectos del A.L. 02 de 2015 que no contaron con reproche constitucional idóneo y sobre los que la Corte no analizó, se requiere garantizar que se mantengan los efectos queridos por el constituyente; lo que significa para el caso concreto, que debía adelantarse plenamente "el proceso de convocatoria y elaboración de las listas de elegibles para la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, que adiciona el artículo 257A al texto de la Carta Política)", en los términos previstos inicialmente por el constituyente; (iii) La sentencia C-285 de 2016 consideró necesario preservar la voluntad de la reforma del constituyente, y continuar con el objetivo "de que la conformación de las listas est[uviera] precedida por una convocatoria pública reglada y de que [fuera] otro órgano distinto al de

autogobierno judicial el que decid[iera] finalmente la elección de los magistrados, puesto que el Consejo Superior de la Judicatura [era] el encargado de adelantar el proceso de selección de los candidatos para el respectivo cargo"; (iv) Como el proceso de convocatoria y elaboración de la lista de elegibles, según la voluntad constituyente en la reforma, estaba estructurado sobre la base de un régimen de transición que confería competencias al Consejo de Gobierno Judicial para la reglamentación de esa convocatoria, el hecho de que perviviera el parágrafo transitorio del artículo 257A, le daba continuidad a ese proceso en lo pertinente, no solo por avalar los lineamientos previstos por el constituyente para conformar la CNDJ, sino por el preciso término de un año conferido en el precepto constitucional para ese propósito. El único cambio reconocido por la sentencia C-285 de 6 2016 frente al proceso de convocatoria, fue entonces, la autoridad responsable de dicha reglamentación, ya que pasó de ser el Consejo de Gobierno Judicial a ser el CSJ, en los términos previstos por la sentencia indicada. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Procedencia por violación directa de la Constitución, al realizar una interpretación restrictiva del artículo 257A superior, desconociendo la cosa juzgada constitucional de la sentencia C-285 de 2016 Las decisiones judiciales que desconozcan la ratio decidendi de una providencia constitucional en la que se declare la inexequibilidad, la exequibilidad o la exequibilidad condicionada de una norma, y con ella el sentido real que la Corte le da a una disposición, en este caso directamente

perteneciente a la Carta Política, incurren en violación directa de la Constitución, como ocurrió en la sentencia objeto de reproche por vía de tutela, por desconocimiento del mandato del artículo 243 de la Carta y por indebida valoración del artículo 257A superior . Ello, por cuanto aplican las normas de forma incompatible con las cláusulas constitucionales y al apartarse de las consideraciones últimas del órgano de cierre en la materia, contribuyen a restarle valor intrínseco a elementos concretos de la Constitución, por no compartir, como en este caso, los argumentos proferidos por la Corte frente al tema de la sustitución constitucional. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Procedencia por violación directa de la Constitución, al desconocer una facultad constitucional del CSJ, para seleccionar los miembros del Consejo Nacional de Disciplina judicial El artículo 257A de la Carta no es una norma incompleta, ni se enfrenta a un vacío normativo que obligue al intérprete a acudir a la regla general del artículo 126 superior, teniendo en cuenta que el régimen al que alude su parágrafo, acoge el espíritu de la reforma del constituyente de acuerdo con la Sentencia C-285 de 2016. Y en ese sentido, integra a la norma constitucional el procedimiento transitorio previsto en la reforma para la selección de los miembros de la CNDJ, conforme a lo dispuesto por el constituyente.

INTERPRETACION CONSTITUCIONAL DE LOS ARTICULOS 257, 257A Y 126-4 DE LA CARTA

(i) el ajuste al artículo 257A de la Carta, propuesto en la sentencia C-285 de 2016, habilitaba al CSJ a proferir un decreto constitucional autónomo para regular la convocatoria para proveer las ternas que a esa entidad correspondía elaborar para la configuración del CNDJ. Con base en esa consideración especial, la regla general de exigencia legal previa para la 7 convocatoria pública en mención establecida en el artículo 126 superior, de naturaleza supletoria, no era necesaria en el caso concreto, por las razones previamente expuestas. (ii) si bien es cierto el artículo 126 constitucional establece una regla general en cuanto a la regulación por ley de las convocatorias públicas en los procesos de elección de servidores, públicos, no es menos cierto que, conforme al tenor literal de la misma norma, no se rigen por esas reglas “los concursos regulados por la ley” ni aquellos que gozan de un régimen de carácter especial, como es el caso de la CNDJ, por disposición del artículo 257A constitucional. (iii) La diferencia establecida en el tenor literal tanto del artículo 126, que exige convocatoria pública “reglada por la ley” para la elección de servidores públicos, como del artículo 257A sobre convocatoria pública “reglada, permitían mostrar la distinción que hizo el constituyente para efectos de la regulación de la convocatoria que tienen los competentes para integrar las ternas del CNDJ, pese a lo cual el Consejo de Estado no le dio efecto útil ni a la norma especial ni a dicha diferencia. (iv) En ese sentido, mientras el Legislador no regule de manera diversa lo ya establecido en la normativa correspondiente,

el CSJ conserva sus competencias constitucionales y legales para reglamentar la convocatoria pública a que se refiere el artículo 257A de la Carta, acogiendo, eso sí, los principios designados en el artículo 126 superior, que no pierden su fuerza orientadora en los mencionados procesos de selección, por tratarse de la concretización de otras normas constitucionales que los consagran. (v) Por tanto, para esta Corporación no era necesaria la expedición de una nueva y eventual ley estatutaria que se ajuste a los lineamientos del artículo 126-4 superior, en la medida en que como esa misma entidad lo reconoció, el artículo 126 de la Carta fija reglas generales en estas materias, mientras que las normas constitucionales indicadas y la ley estatutaria, por ser normas especiales en lo que respecta a la Rama Judicial, prevalecen en el análisis de la situación planteada. La exigencia ambigua de que todos estos cambios en los procesos de selección se realicen por vía estatutaria implicaría establecer a través de la jurisprudencia, una reserva de ley, que no solo no fue prevista por el constituyente, sino que no se desprende de la lectura literal de la disposición constitucional interpretada. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO-Procedencia por violación directa de la Constitución, al inaplicar el artículo 257A Superior y generar un bloqueo institucional inconstitucional para consolidar la jurisdicción disciplinaria

Referencia: Expediente T-7.494.532

Acción de tutela presentada por el Consejo Superior de la Judicatura en contra de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado. 8

Procedencia: Sección Cuarta de la Sala de lo

Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado.

Asunto: Control abstracto de constitucionalidad ejercido por el Consejo de Estado.

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Alberto Rojas Ríos, quien la preside, y los Magistrados Richard Steve Ramírez Grisales (E), Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, dictado por la Sección Cuarta de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 30 de mayo de 2019, que confirmó la providencia de la Sección Segunda, Subsección B, de la misma Corporación del 5 de julio de 2018, en el proceso de tutela promovido por el Consejo Superior de la Judicatura en contra de la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 6 de febrero de 2018. El 20 de agosto de 2019, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional escogió el expediente de la

referencia para su revisión y lo repartió a la Magistrada Ponente, el 4 de septiembre del 2019. El 9 de octubre de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento de este asunto, con fundamento en los artículos 59 y 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena procede entonces a dictar la sentencia correspondiente, con fundamento en los siguientes 9

I. ANTECEDENTES El 1° de junio de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura1 presentó acción de tutela en contra de la sentencia del 6 de febrero de 20182, dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por considerar que la decisión proferida por esa Corporación vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la administración de justicia. Para la Corporación accionante, la providencia en mención incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución y por desconocimiento del precedente constitucional, al contradecir lo establecido en la Sentencia C-285 de 20163.

También alegó un defecto orgánico, dado que la decisión asignó al Congreso, en virtud de su interpretación particular, una competencia que la Constitución no le atribuyó, tendiente a exigir la expedición de una ley destinada a la regulación de la convocatoria pública orientada a la selección de los candidatos para integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial4. A continuación, se precisan los fundamentos jurídicos del amparo constitucional

presentado.

A. Hechos y pretensiones Antecedentes constitucionales previos

1. A través del Acto Legislativo 02 de 20155, el Congreso de la República introdujo una serie de modificaciones constitucionales a las funciones atribuidas a las Altas Cortes para la designación y elección de los servidores públicos, y propuso un nuevo esquema de gobierno y administración de la Rama Judicial. Una de tales transformaciones, entre muchas otras, fue la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que se sustituyó por tres instituciones concretas: el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la

Rama Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Este nuevo modelo de gobierno y administración judicial fue demandado ante la Corte Constitucional por suprimir dos principios esenciales que orientan la organización del Estado y la configuración de la Rama Judicial: los principios de independencia y autonomía judicial. A juicio del demandante, las modificaciones realizadas mediante el Acto Legislativo 02 de 2015 trastocaron estos principios que, al ser elementos definitorios del ordenamiento superior, no podían ser sustituidos o eliminados por el 1 La acción de tutela fue suscrita por el entonces Presidente del Consejo Superior de la Judicatura Edgar Carlos Sanabria Melo, en representación de dicha Corporación. 2 Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 6 de febrero de dos mil dieciocho (2018) Consejera Ponente: Stella Conto Diaz del Castillo. Salvamento de voto de los Consejeros Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y César Palomino Cortes, y de los Consejeros Carlos Enrique Moreno

Rubio, Alberto Yepes Barreiro, María Elizabeth García González, William Hernández Gómez y Marta Nubia Velázquez Rico. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Cfr. Acción de tutela. Folio 14, Cuaderno No 1. 5 “[P]or medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. 10 Congreso por ser fundamento de la organización del Estado, de las relaciones entre los poderes públicos, y ejes centrales de la organización de la Rama Judicial.

2. En la Sentencia C-285 de 20166, la Corte Constitucional dio respuesta a las acusaciones indicadas. En dicha providencia esta Corporación acogió varios de los argumentos presentados por el actor, y declaró la inexequibilidad de los artículos 15 (parcial)7, 168, 17 (parcial)9, 1810 transitorio (parcial) y algunos apartes de artículo 2611 del Acto Legislativo 02 de 2015 (en adelante, A.L. de 2015), por estimar que el esquema introducido por la reforma constitucional suprimió el autogobierno judicial, en contraposición a los principios de separación de poderes e independencia judicial. 2.1. La providencia evaluó las normas acusadas bajo la existencia de vicios de orden competencial12 y consideró que el autogobierno judicial, entendido 6 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Salvamento de Voto del magistrado Alejandro Linares

(Incumplimiento de las condiciones mínimas de la demanda de inconstitucionalidad, diferencias importantes con la teoría de la sustitución constitucional, aparente aplicación indebida de la teoría de la sustitución en el

caso concreto y desborde de las competencias de la Corte Constitucional); Salvamento de voto parcial de la magistrada María Victoria Calle Correa (diferencias con la integración judicial de los normas constitucionales y con la aplicación del juicio de sustitución constitucional); Salvamento parcial de voto del magistrado Alberto Rojas Ríos y Aclaración de Voto del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 7 El Acto Legislativo 02 en esta disposición modificaba el contenido del artículo 254 de la Carta y atribuía funciones al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama Judicial. La sentencia C-285 de 2016 frente a ese artículo, señaló lo siguiente: “Declarar INEXEQUIBLE el artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria tácita del numeral 2º del artículo 254 de la Constitución, en relación con la cual la Corte se INHIBE de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el artículo 254 de la Carta Política quedará así: “Artículo 254. El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados elegidos para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado”. 8 En este artículo, el Acto Legislativo 02 modificaba el precepto 255 Superior, para establecer reglas relacionadas con la Gerencia de la Rama Judicial. Dijo la sentencia C-285 de 2016 lo siguiente:

“Declarar INEXEQUIBLE el artículo 16, así como los incisos 2º y 6º del artículo 26 del Acto Legislativo 02 de 2015”. 9 Este artículo del Acto Legislativo derogaba el artículo 256 de la Carta, que establecía las competencias del Consejo Superior de la Judicatura. La providencia constitucional decidió: “Declarar INEXEQUIBLE el artículo 17 del Acto Legislativo 02 de 2015, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto de la expresión “o a los Consejos seccionales, según el caso”, como de los numerales 3º y 6º del artículo 256 de la Constitución, en relación con lo cual la Corte se INHIBE de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda”. 10 Este artículo designaba competencias a algunos órganos de la Rama Judicial, para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial hasta tanto el Gobierno Nacional presentara una Ley Estatutaria. Del artículo en mención se consideraron exequibles los siguientes apartes: “f) Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria. //g) Se garantizarán, sin solución de continuidad, los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior categoría, según lo defina la ley estatutaria. También se garantizan los derechos de carrera

de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura. //6. La autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. 11 El artículo está relacionado con Concordancias, Vigencias y Derogatorias. Se declaró la inexequibilidad únicamente en relación con los numerales 3º y 6º de dicha norma. 12 Al respecto la sentencia precisó que la atribución para controlar la constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución por vicios de trámite y procedimiento -prevista en el artículo 241.1 superior y derivada a su vez de una interpretación textual, sistemática y teleológica de la normativa constitucional relacionada con los artículos 2°, 241 y 379 de la Carta Política-, incluye la facultad de evaluar los vicios 11 como la capacidad de la Rama Judicial para gestionarse y conducirse a sí misma sin la dependencia e interferencia de otros poderes y órganos del Estado, es un eje definitorio de la Constitución. En esa medida, como el mencionado autogobierno materializa los principios de independencia y autonomía judicial, la Sala Plena concluyó que el nuevo esquema de gobierno y de administración judicial sustituía la Constitución, en la medida en que: (i) su estructuración desconoció tanto la prohibición de concentración de funciones como el equilibrio de poderes; (ii) se edificó en oposición a los principios de neutralidad e imparcialidad de la Rama Judicial, al permitir que el órgano de gobierno estuviera integrado por los mismos destinatarios de la administración de justicia; (iii) sustrajo a los órganos de gobierno y administración de la Rama Judicial de las herramientas para conducir el poder

judicial13 y finalmente, en ese contexto de debilidad institucional originado por la reforma, (iv) institucionalizó un sistema de interferencias en la administración del poder judicial por parte de actores externos a la Rama Judicial, incluidas instancias gubernamentales. 2.2. La sentencia de constitucionalidad determinó entonces la eliminación del Consejo de Gobierno Judicial y de la Gerencia de la Rama Judicial, preservó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –dada la ineptitud de los cargos de la demanda14–, y decretó que la expresión “Consejo de Gobierno Judicial” fuera sustituida por la de “Consejo Superior de la Judicatura” en los artículos 8º , 11 y 19 del acto legislativo, con el propósito de mantener vigente la operatividad de los órganos y las funciones existentes en la Constitución. Además, con el ánimo de evitar dificultades en la articulación del texto constitucional, la providencia sostuvo, en lo que compete a la interpretación y configuración de los artículos constitucionales mencionados, las precisiones que siguen: competenciales de tales actos. Para el caso del Acto Legislativo en mención, se trataba de la supresión aparente de “principios transversales y estructurales del ordenamiento superior”. 13Dice la Sentencia C-285 de 2016: “[P]rimero, porque, aunque formalmente se crearon dos instancias encargadas del gobierno y administración del poder judicial, desde una perspectiva material no existe un órgano ni un sistema orgánico articulado y cohesionado que pueda ser considerado como una nueva institucionalidad de autogobierno; segundo, porque aunque los entes encargados del gobierno y administración de la Rama se ubicaron dentro de la estructura de la Rama Judicial, al mismo tiempo, su

configuración, así como la creación de un sistema orgánico vulnerable a las mediaciones de actores externos, y la deliberada institucionalización de estas interferencias, significa que tales órganos dejan de ser, desde un p