CC - SU453-2020

Sentencia SU453/20

ACCION DE TUTELA PARA LA RESOLUCION OPORTUNA Y

EFECTIVA DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR QUIENES

SE SOMETIERON A LA JEP-Reiteración Reglas SU333-20 MORA JUDICIAL JUSTIFICADA-Caso en que la tardanza para decidir las solicitudes de sometimiento a la JEP, por parte de las Salas Definición de Situaciones Jurídicas, subyace a un problema estructural de alto volumen de trabajo y de congestión judicial CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente

ACCION DE TUTELA CONTRA ACCIONES U OMISIONES JUDICIALES-Procedencia excepcional

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Reiteración de jurisprudencia MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA-Circunstancias en que se presenta/MORA JUDICIAL JUSTIFICADA-Circunstancias en que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos JUEZ DE TUTELA FRENTE A CASOS DE MORA JUDICIAL JUSTIFICADA Deberá examinar si (i) se desconocieron los términos legales previstos para la adopción de la decisión; (ii) si la violación a estos se debe a la complejidad del caso, la actividad probatoria necesaria para tomar una decisión fundada, y en esa medida la actividad judicial se encuentra dentro de un plazo razonable y (iii) si no concurren elementos estructurales o de contexto objetivos e invencibles como situaciones de fuerza mayor o

congestión judicial. DERECHO AL PLAZO RAZONABLE-Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la razonabilidad del plazo JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Procedimiento común que ha de surtir la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Sometimiento de terceros y de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública SALA DE DEFINICION DE SITUACIONES JURIDICAS DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Criterios de selección y priorización como herramientas de investigación en escenarios de justicia transicional SALA DE DEFINICION DE SITUACIONES JURIDICAS DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Término para decidir las solicitudes de sometimiento CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADOConfiguración La situación que originó la acción de tutela desapareció y con ello la eventual vulneración de los derechos fundamentales del accionante. DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Inexistencia de mora judicial injustificada, frente a la solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz La respuesta a la solicitud del accionante se encuentra dentro del margen del plazo razonable, y que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha tenido un actuar propositivo, incluso ha trabajado en la identificación de las causas de su congestión y sobrecarga y, así mismo, ha implementado medidas para superar la mora judicial.

Referencia: Expedientes T-7.694.358 y T7.694.360 AC.

Demandantes: Víctor Alfonso Santos

Ospina y Román Aristizábal Vasco

Demandado: Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 86, 241, numeral 9, y artículo transitorio 8, de la Constitución, y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, decide sobre la revisión de las sentencias de tutela 2 dictadas dentro de los asuntos de la referencia, las cuales fueron seleccionadas para revisión y acumuladas por medio del Auto del 26 de noviembre de 2019, proferido por la Sala de Selección Número Once.

I. ANTECEDENTES

Expediente T-7.694.358 Solicitud de tutela

1. El señor Víctor Alfonso Santos Ospina, soldado profesional retirado del servicio, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela1 en contra de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia.

2. Narró que el 26 de marzo de 2019 fue privado de la libertad en cumplimiento de la orden de captura emitida por la Fiscalía 49 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos

(DECVDH) de Bogotá2, en el marco del proceso con radicado No. 4867. Dos

días después, el 28 de marzo, ingresó al Centro de Reclusión Militar (CRM) del Batallón Caldas de la ciudad de Bucaramanga.

3. Indicó que el 28 de marzo del 2019, su defensor solicitó ante la Fiscalía 49 DECVDH el beneficio de libertad3. Igualmente, presentó acción de habeas corpus, la cual fue negada. No obstante, la Fiscalía 49 DECVDH, al dar contestación a dicha acción, informó que la solicitud de libertad había sido remitida a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz.

4. Presentó recurso contra la negación del habeas corpus, el cual fue resuelto el 25 de abril de 2019 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmando la decisión de primera instancia y exhortando a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que, en los términos establecidos en el artículo 2.2.5.5.2.1 del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el artículo 1º del Decreto 1269 de 2017, emitiera un pronunciamiento de fondo.

5. Sostuvo que el 4 de junio de 2019, solicitó ante la Jurisdicción Especial para la Paz un pronunciamiento sobre su libertad. Sin embargo, aseguró que, a la fecha de presentación de la solicitud de tutela, no había recibido ninguna respuesta por parte de dicha Jurisdicción.

1 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 1-4. 2 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 68.

3 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, f. 26. 3

6. Con fundamento en lo expuesto, el 19 de junio de 2019, el accionante presentó solicitud de tutela4 ante la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, con el objeto de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia y, por consiguiente, la orden a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que se pronuncie sobre su solicitud de libertad.

Trámite adelantado por el Juez de Primera Instancia

7. El 20 de junio de 2019, por medio de auto SRT-AT-ZCH-033 de 20195, la Sección de Revisión de Sentencias del Tribunal para la Paz admitió la solicitud de tutela presentada por el señor Víctor Alfonso Santos Ospina y vinculó dentro del proceso a la Fiscalía 49 DECVHD de Bogotá, a la Secretaría Judicial de la JEP y a la Secretaría Judicial de la Sala de Definición

de Situaciones Jurídicas. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas6

8. El 21 de junio de 2019, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz7 dio respuesta a la solicitud de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Al respecto, la Sala precisó que, en tanto la petición realizada por el accionante versa sobre la posibilidad de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la concesión de uno de los beneficios propios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), como lo es la libertad transitoria, condicionada

y anticipada8, se debe hacer un análisis pormenorizado del asunto y además, se deberá contar con suficiente evidencia que respalde la decisión de fondo. Por ende, la respuesta no se debe sujetar a lo dispuesto legalmente para un derecho de petición.

9. En atención a lo anterior, afirmó la Sala que no se configura la violación al debido proceso de acceso a la administración de la justicia, pues se está dando el debido trámite a la solicitud presentada conforme al procedimiento establecido en la normativa aplicable a la Jurisdicción Especial para la Paz.

10. Adicionalmente, la Sala afirmó que se encuentra ante un lapso que es razonable entre la recepción del caso, su reparto y la elaboración de una decisión de fondo, teniendo en cuenta que la solicitud del accionante fue allegada a la JEP el 1 de abril de 2019 y repartida al Despacho del Magistrado Sustanciador el 10 de abril de 2019. De igual manera, indicó que a la fecha, registró un proyecto que resuelve de fondo la solicitud del compareciente9, el

4 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 1-4. 5 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 6 al 8. 6 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 20 al 23. 7 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 20-23. 8 Ley 1820 de 2016. 9 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls 69-70. 4

cual se encuentra en revisión de la Magistratura y que versa sobre la totalidad de los procesos en virtud de los cuales el accionante ha solicitado su ingreso a la Jurisdicción10. Fiscalía 49 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos11

11. En escrito del 26 de junio de 2019, la Fiscalía 49 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dio respuesta a la solicitud de la Sección de Revisión de la JEP. Indicó que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, la competencia de la jurisdicción ordinaria se encuentra limitada a las actividades de investigación.

De igual manera, precisó que con el inicio de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y, en ejercicio de la competencia prevalente que le asiste, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la llamada a conocer de la concesión de los beneficios que hacen parte del tratamiento penal especial aplicable a los miembros de las fuerzas pública. Secretaría General Judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz12

12. La Secretaría General Judicial, en informe del 25 de junio de 2019, manifestó que la petición objeto de discusión, identificada con el número ORFEO 20191510129972, fue reasignada a la Secretaría de la SDSJ el día 2 de abril de 2019, la cual remitió el estudio al Despacho del Magistrado Mauricio García Cadena para el trámite correspondiente, en virtud del reparto realizado el 10 de abril de 2019.

13. Igualmente, hace mención a dos solicitudes de libertad adicionales,

identificadas con los números ORFEO 20191510158442 y ORFEO 20191510226762, allegadas el 23 de abril y el 4 de junio de 2019, respectivamente. Indicó que las mismas fueron remitidas al Despacho del Magistrado Mauricio García Cadena. Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas13

14. Mediante escrito fechado el 26 de junio de 2019, informó que tenía registrada la petición elevada por la Fiscalía 49 sobre la solicitud de libertad presentada por el accionante. De igual manera, aseguró que existe otra petición en donde el accionante solicitó la libertad condicionada en su calidad de ex miembro del Ejército Nacional y, una segunda petición de información respecto del requerimiento inicial.

10

A saber: el radicado 4867 adelantado por la Fiscalía 49 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el proceso 2011-00461 adelantado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de

Descongestión de Cúcuta. 11 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 7172. 12 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fl. 73. 13 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 77-80. 5

15. La Secretaría de la SDSJ indicó que las solicitudes realizadas por el accionante, de sometimiento y concesión de beneficios bajo la Ley 1820 de 2016 o del Decreto 706 de 2017, comportan trámites de carácter judicial. Por ende, no se pueden aplicar los términos de un derecho de petición, sino que

corresponderán a los términos judiciales definidos en las reglas de procedimiento de la JEP y sus disposiciones concordantes. Así mismo, reiteró que dichas pretensiones requieren actuaciones de orden judicial cuya resolución recae exclusivamente en cabeza de los Magistrados de las Salas, afirmando además que a través de la acción de tutela no puede esperarse que dicho trámite sea priorizado, como pretende el accionante.

16. Advirtió que con ocasión a la gran congestión que afronta la Secretaría de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, desde el 11 de julio de 2018 se implementó el Plan de Descongestión, el cual estaba proyectado para culminar el 21 de julio de 2018. Sin embargo, ante la complejidad de la actividad, tal plazo tuvo que ser prorrogado de acuerdo con los criterios de priorización de la Sala. Para sustentar lo anterior, presentó cifras que dan cuenta de la alta congestión de solicitudes allegadas14.

17. Igualmente, puso de manifiesto que si bien se han adoptado planes estratégicos para afrontar la congestión en la Secretaría Judicial y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas15, en la aplicación de estos se han presentado múltiples situaciones por las que no se ha logrado atender de manera oportuna todos los requerimientos de los usuarios y comparecientes, tales como el retiro de personal de la UIA que estaba prestando apoyo a la Sala, entre otros. Aclara que la SDSJ, en aplicación de su competencia y especial potestad de priorización y selección de casos, ha definido criterios para atender la gran cantidad de peticiones y solicitudes que están

congestionadas en la Secretaría Judicial, decisión que se adoptó en sesión ordinaria del 20 de junio de 2018. Advierte que la JEP no cuenta con un sistema de documentación y gestión judicial que permita recibir, clasificar, asignar las solicitudes presentadas.

18. Concluye entonces que no se configura violación alguna de los derechos fundamentales del demandante, máxime si el asunto ya se encuentra en conocimiento de uno de los magistrados de la Sala de Definición de

Situaciones Jurídicas. 14

Informó que: (i) al 14 de junio de 2019, hay un total de 2957 solicitudes y/o peticiones pendientes de reparto y de trámite, las cuales no fueron incluidas en el proceso de descongestión y clasificación; (ii) desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 14 de junio de 2019, ha repartido un total de 3708 asuntos; (iii) en este mismo periodo, ha recibido un total de 1286 solicitudes de aplicación de beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 706 de 2017, las cuales fueron objeto de reparto; (iv) al 31 de diciembre de 2018, la SDSJ profirió 2768 resoluciones, y en lo que iba de corrido del año 2019, 3105 resoluciones; (v) a la fecha de presentación del escrito, quedaban 273 solicitudes pendientes de reparto.

15 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 90-114. 6

19. Por medio de auto del 27 de junio de 202016, el juez de primera instancia le requirió el ORFEO No. 20191510226762, el cual fue remitido el

mismo día17. Decisión judicial objeto de revisión18

20. El 5 de julio de 2019, la Sección de Revisión de Sentencias del Tribunal para la Paz de la JEP decidió no conceder el amparo de los derechos de petición, al debido proceso y el acceso a la administración de justicia invocados por el accionante. En primer lugar, determinó que las peticiones presentadas corresponden a la concesión de un beneficio de libertad, el cual debe ser resuelto como un trámite judicial por lo que no debe aplicarse las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, evidenciándose que no existe violación al derecho de petición.

21. En segundo lugar, respecto de la presunta violación a los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso, identificó que de los elementos fácticos enunciados se evidencia que desde la fecha de asignación del expediente al Magistrado Sustanciador han transcurrido 2 meses y 25 días.

Al determinar si dicha tardanza resulta irrazonable, encontró que en el proceso de reparto no existió retraso alguno por parte de la Secretaría Judicial de la SDSJ y que el incumplimiento del término establecido en el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 se debe a dos razones: (i) a efectos de tomar una determinación de fondo, se debe recabar suficiente evidencia y hacer un análisis pormenorizado de los elementos fácticos y jurídicos del caso; y (ii) se evidencia un problema de congestión judicial tanto en el reparto como en las decisiones de la SDSJ dado el alto número de peticiones presentadas, lo que

se ha constituido como un problema estructural al interior de la Sala que ha impedido dar respuesta expedita a quienes acuden a ella, problema que ya está siendo tratado por la misma JEP. Advierte, además, que dada la jurisprudencia de la Sección de Apelación19, en el caso sub examine no se supera el plazo razonable de 6 meses para resolver la petición.

22. En virtud de lo anterior, concluyó que en tanto la mora judicial en la que ha incurrido la SDSJ se encuentra justificada, no ha existido vulneración alguna a los derechos fundamentales del actor al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

23. El fallo de tutela no fue impugnado por las partes.

Expediente T-7.694.360 16 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fl. 115. 17 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fl. 116. 18 Expediente T-7.694.358. Cuad. 1, fls. 125-133. 19 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 048 del 6 de marzo de 2019. 7 Solicitud de tutela

24. El accionante, ex alcalde de Filadelfia, Caldas, fue capturado el 23 de febrero de 2013 por el delito de concierto para delinquir en modalidad de paramilitarismo por los presuntos nexos con el Frente Cacique Pipinta, en el marco del proceso con radicado 17001-60-00-060-2011-01412 (NI 4423). Al legalizar su captura, se impuso medida de detención privativa de la libertad en

establecimiento carcelario, la cual fue sustituida el 22 de julio de 2013 por prisión domiciliaria dado el grave estado de salud del investigado.

25. En virtud de otro proceso con radicado 17001-60-00-060-2007-01797

(NI 9763), el accionado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por el juez de conocimiento. En consecuencia, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales emitió boleta de detención el 9 de septiembre de 2014. En virtud de ello, la mencionada medida preventiva fue suspendida, pues en ese momento empezó a cumplir la sanción impuesta en la segunda causa penal (NI 9763). El 16 de febrero de 2015 fue condenado por el primer proceso, identificado con el NI 4423, manteniendo el sustitutivo de la pena de presión20.

26. El accionante indicó que el 19 de octubre de 2018 remitió, vía correo electrónico, solicitud de sometimiento voluntario ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, allegándola de manera física el 8 de noviembre de 2018. Afirmó que al momento de la presentación de la tutela no había recibido respuesta alguna.

27. Así las cosas, el 6 de febrero de 2019, el accionante, a través de apoderada judicial, presentó solicitud de tutela en contra de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, con el propósito de que la Sala avoque conocimiento de la solicitud de sometimiento ante la mentada Jurisdicción, así como de la concesión del beneficio de libertad condicionada,

anticipada y transitoria que presentó21. Trámite adelantado por el Juez de Primera Instancia

28. El 8 de febrero de 2019, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz asumió conocimiento de la solicitud de tutela presentada por la apoderada del señor Aristizábal Vasco. Sin embargo, al evidenciar que carecía de poder especial para presentarla, requirió a la abogada para que, en el término de 3

20 Folio 7 del cuaderno II. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales precisó que dentro del proceso 17001-60-00-060-2011-01412 (NI4423), el condenado suscribió la respectiva acta de compromiso para el cumplimiento del beneficio de prisión domiciliaria por grave enfermedad. Por otra parte dentro del acumulado 17001-60-00-060-2007-01797 y 1701-60-00-060-2006-00583, el procesado fue condenado con una pena privativa de la libertad de 95 meses. De igual manera, el Juzgado informó que emitió requerimiento judicial ante el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales, para que una vez cesaran los motivos de la detención del señor Aristizábal Vasco dentro del proceso No. 17001-60-00-060-2006-00583 (NI. 9763), el procesado fuera dejado a disposición del proceso No. 17001-60-00-060-2011-01412 (NI. 4423), para terminar de descontar la pena de 130 meses impuesta dentro del proceso. 21

Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fls. 2-4. 8 días hábiles, aportara ante ese despacho poder expresamente otorgado para actuar en nombre del actor22. El 21 de febrero de 2019, al encontrar que la apoderada del accionante no había aportado el poder requerido, se rechazó la tutela incoada23.

29. El 27 de febrero de 2019, la Subsección Primera de Tutelas de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP emitió auto en el que avocó conocimiento sobre la presente tutela24. Indicó que el 26 de febrero del mismo año, la Secretaría Judicial de esa Sección allegó informe en el cual indicaba que el poder para actuar fue remitido por la apoderada del accionante25 a través de correo electrónico del día 12 de febrero de 2019 y que el área de correspondencia no dio aviso oportuno de la recepción del documento. En virtud de lo anterior, corrió traslado del escrito de tutela al órgano accionado, con el propósito de que se pronunciara de manera expresa frente a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el demandante, así como las pretensiones formuladas por el.

Sala de Definición de Situaciones Jurídicas26

30. El 28 de febrero de 2019, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se pronunció sobre los presupuestos fácticos y jurídicos presentados por el accionante, así como sobre las pretensiones de la demanda. Al respecto, indicó que dentro del sistema de gestión documental ORFEO se evidenciaba la solicitud de sometimiento a la JEP realizada por el accionante ante la

jurisdicción ordinaria y ante la Jurisdicción Especial, la cual se encontraba en la Secretaria Judicial de la SDSJ.

31. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas informó que en consideración de la competencia legal y constitucional que le ha sido otorgada a la esta Sala, en especial, la potestad de priorización y selección de los casos ha definido ciertos criterios para atender la gran cantidad de peticiones y solicitudes que están congestionando la Secretaría Judicial27. Frente a dichos criterios, manifestó que la Secretaría Judicial ha venido cumpliendo con su aplicación, siempre en la medida de las posibilidades, ya que las peticiones primero deben ser depuradas, clasificadas y acumuladas, para luego repartirlas28.

22 Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fls. 69-70. 23 Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fls. 77-78. 24 Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fls. 87-88. 25 Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fls. 84-85. 26 Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fls. 97-103. 27 La Sala precisa que el 20 de junio de 2018, en sesión ordinaria, la Sala sentó ciertos lineamientos para el reparto de los casos y para dar solución a la congestión actual que presenta la Secretaría Judicial. 28 Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fl. 101. La Sala manifiesta que aún no cuenta con un sistema de documentación y gestión judicial que le permita a Sala recibir, clasificar, asignar y repartir las solicitudes. De igual manera, afirman que se

encuentran en proceso de descongestión y que espera ponerse al día con la atención de dichas peticiones, que en algunas ocasiones son inherentes al trámite judicial, en un tiempo razonable, 9

32. Respecto de la solicitud de sometimiento voluntario y del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, presentada por el accionante, la Sala precisó que la misma se encuentra en la Secretaría de la SDSJ, en trámite de reparto.

33. Alegó no se configura violación al debido proceso ya que la solicitud elevada por el accionante se encuentra en proceso de reparto, de conformidad con los presupuestos normativos que rigen la JEP, por lo que una vez repartida, se aplicará lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018.

Por otra parte, manifiesta que la solicitud del accionante versa sobre la posibilidad de obtener beneficios del régimen de libertades en el marco de la Ley 1820 de 2016, por lo que está sometida al procedimiento propio de esta jurisdicción29.

34. En virtud de lo anterior, solicitó se declare la improcedencia de la solicitud al no vislumbrarse acción u omisión que haya derivado en la afectación de derechos fundamentales del peticionario.

Decisión judicial objeto de revisión30

35. El 12 de marzo de 2019, la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz decidió negar la acción de tutela, al considerar que, si bien el accionante no cuenta con una respuesta sobre su requerimiento, ello no obedece a un actuar negligente del órgano competente, pues este ha agotado todos los esfuerzos posibles para garantizar el acceso a la justicia y al debido

proceso de todos aquellos que acudan a dicha dependencia. Concluyó que no se encuentra acreditado que la ausencia de pronunciamiento de fondo por parte de la SDSJ frente a la solicitud de acogimiento a la JEP constituya una mora judicial o dilación injustificada e imputable a la Sala demandada en tanto la demora en la resolución del asunto se debe a la existencia de problemas estructurales que generan congestión y excesiva carga laboral.

36. Advirtió que no puede pretenderse, a través de la acción de tutela, obtener la priorización del caso pues se estarían desconociendo los derechos a la igualdad y al debido proceso de otros solicitantes que se encuentran a la espera de un pronunciamiento por parte de la SDSJ.

37. En relación con la actuación desplegada por la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz en relación con el aviso tardío de la presentación del poder concedido a la representante judicial del peticionario, el a quo requirió al jefe de dicha Secretaría para que se adopten las medidas correspondientes con el fin de que no se vuelva a incurrir en conductas omisivas, como la presente.

Decreto de pruebas en sede de revisión 29 Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fl. 98. 30 Expediente T-7.694.360, Cuad. 1, fls. 106-112. 10

38. Una vez seleccionados para revisión los fallos de tutela T-7.694.358 y T-7.694.360 y efectuada su acumulación mediante auto del 26 de noviembre de 2019 por parte de la Sala de Selección Número Once31, se decretó la

práctica de pruebas a través del auto 145 del 22 de abril de 202032. En síntesis, se solicitó a la autoridad demandada aportar información sobre el estado actual de los procesos que cursan ante ella y que originan las presentes acciones, e informar sobre las solicitudes de sometimiento ante la JEP y de concesión del beneficio de libertad que le han sido presentadas hasta la fecha del informe, los tiempos estimados de respuesta y el plan para dar respuesta a dichas solicitudes.

39. En relación con la petición del señor Víctor Alfonso Santos Ospina, por medio de correo del 17 de septiembre del año en curso, la Secretaría de esta Corporación remitió al despacho sustanciador la Resolución N° 003649 proferida por la Sub Sala Dual Segunda de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el 17 de julio de 201933. En ella, se asumió la competencia del caso y se resolvió (i) agrupar las investigaciones en contra del accionante identificadas con número de radicado 4867 que adelanta la Fiscalía 49 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el proceso 2011-0461, adelantado por el Juzgado Primero Penal de Circuito Especializado de Descongestión de Cúcuta, en el que ya le fue concedido el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada;

(ii) se concedió el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada exclusivamente respecto de la restricción impuesta en el proceso identificado con NI 4867 al cumplirse la totalidad de los requisitos exigidos, comisionando a la autoridad respectiva para que libre boleta de libertad respecto del

mencionado proceso; y (iii) se ordenó la suscripción del acta de compromiso en la que deberá reafirmar las obligaciones previamente adquiridas.

40. Respecto de la petición del señor Román Aristizábal Vasco, el 21 de septiembre de 2020, le fue allegado al Despacho Sustanciador oficio de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas34 por medio del cual se dio respuesta al auto 145 del 22 de abril de 2020. En él se indicó que el 28 de agosto de 2019 se asumió el conocimiento de la solicitud presentada mediante la Resolución N° 004476 proferida por la SDSJ, en la cual se adoptaron las siguientes medidas, entre otras: (i) comisionar a la UIA para que, en el término de 20 días, adelantara las labores de ubicación y contacto de las víctimas en los casos relacionados con el solicitante, así como remitir un informe detallado de las investigaciones o procesos de naturaleza penal en contra del señor Aristizábal Vasco; (ii) solicitar al peticionario que expresara de manera escrita, en el término de 10 días, el compromiso concreto, programado y claro, teniendo en cuenta las preguntas formuladas en la resolución; y (iii) comunicar al delegado del Ministerio Público para que se

31 Expediente T-7.694.358. Cuad. 2, fls. 2-18. 32 Expediente T-7.694.358. Cuand. 2, fls. 36-38. 33 Expediente T-7.694.358. Cuad 2, fls. 21-35.

34 Expediente T-7.694.360. Cuad. 2 fls. 46-50. 11 pronunciara respecto de la petición del aquí accionante, dentro del término de 10 días35. En virtud de lo allí dispuesto, el aquí accionante presentó el 31 de octubre de 2019, a través de su apoderada, un documento denominado “programa para la dignificación de las víctimas”, como muestra del compromiso claro, concreto y programado36.

41. También se informó que el 9 de junio de 2020, conforme a la movilidad aprobada por el Órgano de Gobierno de esta Jurisdicción, en razón a la acumulación de trabajo, la Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas efectuó el reparto del asunto al magistrado Camilo Andrés Aldana, encargado de la continuación del procedimiento consagrado en la Ley 1922 de 2018.

42. Igu