CC - SU462-2020

Sentencia SU462/20 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva La jurisprudencia constitucional enmarca las anteriores deficiencias probatorias en distintas modalidades, a saber: (i) defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas; (ii) defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio; y (iii) defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio (desconocimiento de las reglas de la sana crítica).

CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O

SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia El defecto sustantivo es un yerro producto de la irregular interpretación o aplicación de normas jurídicas a un caso sometido a conocimiento del juez, y cuya decisión resulta irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. No obstante, la irregularidad alegada debe ser de tal importancia y gravedad que por su causa se haya proferido una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales. DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL En los casos en que se alega la citada causal específica de procedencia se debe verificar que los asuntos omitidos sean análogos; es decir, que exista por lo menos un caso con supuestos fácticos y jurídicos iguales, y que la

autoridad judicial a la que se le acusa del yerro analizado se haya apartado sin justificación válida del precedente en cuestión. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL AUTONOMA-Se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Formas como puede ser desconocido Se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando: “(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.

REGIMEN DE INSOLVENCIA EN COLOMBIA-Desarrollo

normativo/REGIMEN DE INSOLVENCIA EN COLOMBIADoctrina PRINCIPIOS DEL TRAMITE DE INSOLVENCIA-Jurisprudencia constitucional ACUERDOS DE REESTRUCTURACION DE PASIVOSNaturaleza, estructura y alcance según ley 550 de 1999 Un acuerdo de reestructuración (empresarial) era un convenio de naturaleza contractual suscrito entre el deudor insolvente y sus acreedores, con un plazo determinado, cuyo objetivo principal era la superación de la

crisis empresarial para garantizar la continuación de su actividad productiva. Así, la Ley 550 de 1999 consagraba políticas más flexibles que el régimen legal del concordato y la liquidación, mediante la implementación de mecanismos de intervención del Estado en la economía, a fin de lograr la reactivación de las empresas. NEGOCIACION DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACIONIgualdad de acreedores Desde el inició de la negociación los acreedores pierden el derecho de ejecución individual o separada, y reciben un mismo tratamiento, salvo la modificación a las reglas de prelación legal, pues el acuerdo tiene carácter general y vinculante. En otros términos, los acreedores deben recibir un trato igualitario (par conditio omnium creditorum). REGIMEN DE INSOLVENCIA-Sujeción al principio de colectividad En aplicación del principio colectividad todos los acreedores, sin excepción alguna, deben hacer parte del proceso de reestructuración. Máxime, cuando la Ley 550 de 1999 no contempla distinción alguna sobre la naturaleza de las obligaciones que deben hacer parte del proceso, en esa medida, todos los acreedores están llamados a intervenir en el proceso para satisfacer sus acreencias, incluidas aquellas sujetas a una condición de resolución tácita. REGIMEN DE INSOLVENCIA-Finalidad Esta corporación reitera que la Ley 550 de 1999 fue expedida por el legislador como un mecanismo para salvar a las empresas que atravesaban dificultades económicas debido a factores externos, ajenos por tanto al control del deudor; circunstancia esta que requería por parte del Estado y de los acreedores una actitud de apoyo y de solidaridad.

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico, por falta de análisis y valoración de las pruebas atingentes a la participación de la sociedad acreedora en el acuerdo de reestructuración ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo por interpretación contra legem de los artículos 31 y 34 de la Ley 550 de 1999 En el presente caso la acción resolutoria resultaba improcedente pues el efecto legal del acuerdo de reestructuración es el de modificar la forma de pago del precio convenido en la compraventa celebrada entre las partes y cuya resolución se incoaba. Máxime, si se tiene en cuenta que durante todo el trámite para celebrar el acuerdo de reestructuración la sociedad acreedora guardó silencio sobre la posibilidad de hacer valer su crédito contra el empresario por la vía ordinaria, pese a contar con un derecho real de garantía sobre el bien inmueble objeto del negocio contractual (hipoteca). CONDICION PARITARIA DE ACREEDORES “PAR CONDITIO CREDITORUM”-Jurisprudencia Constitucional El trato igualitario entre acreedores o principio par conditio creditorum resulta fundamental y necesario en un proceso concursal en el que se pretende satisfacer, de forma ordenada y equitativa, las deudas del deudor insolvente. (…), esta Corte ha resaltado la importancia del principio y defendido su constitucionalidad en diferentes ocasiones. NEGOCIACION DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Sujeción a principios de universalidad y colectividad En virtud de los principios de universalidad y colectividad, la totalidad de

los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de reestructuración a partir de su iniciación. En particular, se resalta una doble dimensión de los principios referidos: objetiva, en tanto los activos del deudor se integran al proceso y, subjetiva, dado que todos los acreedores concurren a gestionar los derechos de los que son titulares. REGIMEN DE INSOLVENCIA-Principios rectores La Corte advierte que en virtud de la importancia de los principios de universalidad, colectividad e igualdad, particularmente relevantes en el proceso reestructuración contemplado en la Ley 550 de 1999, el trato paritario entre los acreedores se convierte en la piedra angular del proceso concursal y constituye una regla acogida por la jurisprudencia constitucional. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional en materia de régimen de insolvencia Con la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de decretar la resolución del contrato de compraventa y ordenar la restitución del inmueble objeto de ese negocio jurídico se permitió que se pagara de manera preferente el crédito a favor de Fabricato S.A. y se desconoció el precedente de la Corte Constitucional sobre los principios de universalidad, colectividad e igualdad en materia concursal, en detrimento de los derechos fundamentales y la prelación de créditos que le asistía a los hoy accionantes en su calidad de acreedores de primer orden.

Referencia: Expediente T-7.798.642

Acción de tutela instaurada por Jack Khoudari Amram en calidad de

socio y miembro de la Junta Directiva de Textiles Konkord S.A. en liquidación, y otros en calidad de ex trabajadores y acreedores del primer orden de esa sociedad, en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de las decisiones proferidas en primera instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019) y en segunda instancia por la Sala de Casación Penal1 de la Corte Suprema de Justicia el cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en el proceso de tutela de la referencia. La acción de amparo fue seleccionada para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Dos de la Corte Constitucional2 mediante Auto proferido el veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020), notificado por estado el trece (13) de marzo de la misma anualidad3.

I. ANTECEDENTES El 26 de septiembre de 2019 el ciudadano Jack Khoudari Amram y otros4 ex trabajadores y acreedores del primer orden de la sociedad Textiles Konkord

1 Sala de Decisión de Tutelas N° 3. 2 Integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Antonio José Lizarazo Ocampo. 3 En sesión del día 22 de abril de 2020, la Sala Plena de esta corporación decidió asumir el conocimiento del asunto conforme al informe que se presentó, acorde con el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015. 4 Acero Peña Ramiro, Alcalá Santo Bertilda, Amaya Rodríguez Nohora, Ariza Quiroga Ruth Élvir, Barragán Barragán Luz Nelly, Benítez Gamboa Jasmín, Castañeda Ramírez Yaned, Cely Vega Rosa Delia, Contreras Morales Patricia, Contreras Ruíz César, Cristancho Gómez Yolinda, Díaz Salinas Luz Marina, Fierro Céspedes Fernando, Fonseca Sabogal Carmen, Gaitán Orozco José Rodrigo, Galeano Villegas Esperanza, García Montes Jhon Mario, García Rodríguez María, Garzón Simbaqueva Jorge, Girón Ortiz Reinaldo, Gómez Duarte Cristhian, González Vargas Dénniz, Hernández Gutiérrez Ana, Hernández Mora Alejandro, Herrera Parra María Olga, Jaimes Varila Edilia, Junco Castro Luz Dary, Khoudari Amram Daniel, Khoudari Ratner Cilia, Lozano Morales Doris, Maury Bernal Jorge, Mayorga María del Carmen, Medina Garzón Alba Inés, Medina Garzón Armando, Monroy Guzmán Narcizo, Montes Garzón Claudia, Morales Lozano Mercedes, Munevar Pulido Jorge, Murillo Rojas Luz Mery, Naranjo Yaya Dora María, Niño S.A.5, mediante apoderado judicial, formularon acción de tutela contra la

sentencia proferida el 17 de agosto de 2016 por Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la cual se resolvió casar la providencia dictada el 11 de julio de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el fallo de primera instancia adoptado el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, en el que se negaron las pretensiones incoadas en un proceso de resolución de contrato de compraventa. Lo anterior por considerar que la sentencia atacada vulnera sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la libertad de empresa y al principio de la intervención del Estado en la economía.

1. La demanda 1.1. El 1 de diciembre de 2005 Konkord S.A. y Textiles Fabricato Tejicóndor S.A.6 celebraron un contrato de compraventa sobre un bien inmueble ubicado en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, por un valor de trece mil millones de pesos ($13.000.000.000), pagaderos al 1 de diciembre de 2009. Una vez elevado a escritura pública, el negocio jurídico se perfeccionó con la tradición del inmueble a Konkord S.A. 1.2. Konkord S.A. canceló los intereses convenidos hasta el mes de agosto de 2006, fecha a partir de la cual dejó de pagarlos al argumentar una grave afectación por la crisis del sector textil derivada del incremento en la tasa de cambio del dólar y la consecuente alza en el precio de los insumos; circunstancia esta por la cual se vio en la necesidad de iniciar un proceso de

reestructuración empresarial. Proceso de reestructuración 1.3. Mediante escrito radicado en la Superintendencia de Sociedades el 30 de abril de 2007, Konkord S.A. presentó solicitud para adelantar un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 19997. Leyva Oneida, Parra Gil Humberto, Pedrero Rodríguez Abraham, Peña Acosta Oliva Ofelia, Peña Rivera Nubia Helena, Pestaña Almario Oswaldo, Piñeros Sanabria Luis, Pirabán Niño Carlos Arturo, Potes Manrique Daniel, Poveda Leal Miguel, Prieto Cañón Jorge Arturo, Prieto Cañón Rona Inés, Quimbayo Millán Aníbal, Ramírez Morales Marlén, Ramos Osorio Freddy Alonso, Reyes Mogollón Yeimy, Reyes Pérez Mario Hernán, Rincón Cárdenas María, Rivera Hernández José Luis, Rivera Triana Olimpia, Rodríguez Rodríguez Nubi, Rojas Suárez Armando, Román Ramírez Doris, Rozo Huertas Amparo, Rúa Acero Saúl Antonio, Sánchez Guzmán Víctor, Sandoval Rodríguez José, Tolentino Quintero Víctor, Tovar Mancera Nolfi, Trujillo Parra Alicia y Vargas Nino Cristian David. 5 En adelante Konkord S.A. 6 En adelante Fabricato S.A. 7 La Sala aclara que según el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, esa norma empezó a regir seis meses después de su promulgación (27 de diciembre de 2007). Artículo 126 de la Ley 1116 de 2006: “Salvo lo que se indica en los incisos

anteriores, la presente ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación y deroga el Título II de la Ley 222 de 1995, la cual estará vigente hasta la fecha en que entre a regir la presente ley”. 1.4. El 25 de junio de 2007 la Superintendencia de Sociedades aceptó la solicitud de promover acuerdo de reestructuración, designó a un promotor para adelantar el trámite respectivo y fijó, por el término de cinco días, un escrito informando acerca de la promoción de dicho proceso. 1.5. El 16 de octubre de 2007 se convocó a los acreedores de Konkord S.A. a una reunión para la determinación de los derechos de voto y acreencias dentro del trámite de reactivación empresarial de la referida sociedad. Así, luego de aclarar algunas objeciones, se aprobó de forma unánime la determinación de los derechos de voto y las acreencias. A la referida reunión asistió el representante de Fabricato S.A. y se reconoció a favor de esa compañía un crédito por valor de catorce mil ochocientos noventa y seis millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos ($14.896.571.404) y un igual número de votos (14.898.908.585),, sin que se hubiese presentado ninguna objeción al respecto por parte de ese acreedor. 1.6. El 14 de febrero de 2008 Konkord S.A., siguiendo lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la Ley 550 de 1999, celebró con sus acreedores el acuerdo de reestructuración, trámite que cobró validez jurídica a partir de ese mismo día. La sociedad Fabricato S.A. participó en dicho convenio votando

de forma negativa. 1.7. El 15 de febrero de 2008 Konkord S.A. fue notificada de una demanda de resolución de contrato de compraventa iniciada en su contra por Fabricato S.A. con el fin de satisfacer su acreencia por una vía judicial diferente al proceso concursal. Fabricato S.A. pretendía la resolución del contrato de compraventa celebrado con la sociedad en liquidación el 1 de diciembre de 2005 y se ordenará la restitución del inmueble. 1.8. El 25 de febrero de 2008 el promotor designado, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 31 de la Ley 550 de 1999, en relación con la publicidad de la negociación, inscribió la noticia de la celebración del acuerdo de reestructuración en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Demanda de resolución de contrato de compraventa 1.9. La demanda de resolución de contrato de compraventa fue decidida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 30 de marzo de 2012. En la referida providencia el a quo negó la totalidad de las pretensiones incoadas y declaró probados los hechos exceptivos. Lo anterior, al argumentar que (i) Fabricato S.A. intervino en el proceso de reestructuración presentando su acreencia y (ii) la causal de mora en el pago de intereses desapareció frente al hecho de que la demandada se acogió al proceso de reestructuración regulado en la Ley 550 de 1999. 1.10. En sentencia del 11 de julio de 2012 la Sala Civil del Tribunal Superior

del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que Fabricato S.A. hizo parte del acuerdo de reestructuración celebrado en favor de Konkord S.A. en virtud de lo cual se le reconoció la obligación que daba origen al proceso ordinario, razón por la cual dicha sociedad estaba obligada a cumplir los términos del proceso concursal. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 550 de 1999, las disposiciones de ese cuerpo normativo tienen aplicación preferente. En ese orden de ideas, Fabricato S.A. como parte vendedora debía “someterse a lo decidido en el acuerdo de reestructuración, a pesar de haberlo votado negativamente (artículo 34 ibídem)”8. Por lo anterior, el 11 de julio de 2012 Fabricato S.A. interpuso el recurso extraordinario de casación. Recurso extraordinario de casación 1.11. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 17 de agosto de 2016 casó el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y en sede de instancia dictó sentencia sustitutiva. 1.12. Indicó que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1546 y 1602 del Código de Civil, el contrato de compraventa lleva implícita la condición resolutoria, por lo que el incumplimiento de una de las partes de sus obligaciones da derecho a la otra a solicitar la resolución del contrato bajo los siguientes presupuesto: “(a) que se trate de un contrato bilateral válido, (b) que quien promueva la acción haya cumplido con sus obligaciones o

haya estado dispuesta a cumplirlas y (c) que el otro contratante haya incumplido las obligaciones que le corresponden”9. Así, concluyó que Fabricato S.A. había cumplido con sus obligaciones de vendedora y estaba facultada para solicitar la resolución del contrato de compraventa. 8 Folio 17 del cuaderno constitucional. 9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de casación del 17 de agosto de 2016, folio 331, anexo No. 12. 1.13. Argumentó que el régimen concursal colombiano contempla el postulado general de la continuidad de los contratos. En esa medida, el deudor no puede desconocer sus obligaciones, ni el juez está facultado para no observar los efectos del incumplimiento contractual. 1.14. A juicio de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la participación de los acreedores en la reunión preliminar (reunión de determinación de derechos de voto y acreencias) a la celebración y aprobación del acuerdo de reestructuración no significa una renuncia a su derecho a ejercer la acción resolutoria, ni el acuerdo celebrado vincula al acreedor que decide renunciar a la ejecución del contrato y opta por terminarlo antes de que se surta el trámite de su publicación. Para sustentar su posición, la Sala de Casación Civil afirmó que la elección de Fabricato S.A. como acreedor consistió en “pretender la resolución del contrato por incumplimiento del comprador”. Así, sostiene que “desde el momento en que el comprador incumplió su obligación se dieron los presupuestos de hecho de la condición resolutoria tácita y se entiende que el

contrato terminó en virtud del derecho que el juez declara en sentencia”10. Tal circunstancia, para esa corporación, configura una “ficción jurídica” mediante la cual se entiende que “el bien que es objeto de la resolución del contrato nunca ha salido del patrimonio del vencedor, quien por ello puede reivindicarlo; por lo que no es posible que haga parte del patrimonio del deudor que es garantía común de los acreedores del acuerdo de reestructuración”11. 1.15. Finalmente, concluyó que Konkord S.A. no desvirtuó la afirmación de Fabricato S.A. en el sentido de que solo se pagaron los intereses pactados hasta el mes de agosto 2006. Así las cosas, para la Corte Suprema de Justicia la sociedad demandada incumplió su obligación de pagar los intereses en la fecha y forma pactada, dando lugar a la resolución del contrato. Por lo anterior, en la sentencia del 17 de agosto de 2016 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia casó el fallo del 11 de julio de 2012 y, en sentencia sustitutiva, declaró que Konkord S.A. incumplió el contrato de compraventa, ordenó la resolución del negocio jurídico, al igual que la restitución del inmueble a favor de Fabricato S.A. 1.16. Una vez notificada la sentencia de casación, Konkord S.A. solicitó su adición al considerar que la providencia de remplazo se limitó a decretar el 10 Folio 316, anexo 12. 11 Ibidem. pago de los frutos a favor de Fabricato S.A., absteniéndose de ordenar las restituciones a favor de Konkord S.A.

Dicha solicitud fue negada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 20 de febrero de 2017, al indicar que “no existen puntos en el fallo que por confusos sean susceptibles de ser aclarados, ni extremos o puntos omitidos que deban ser adicionados”12. 1.17. Posteriormente, Konkord S.A. solicitó la nulidad del auto que negó la adicción de la sentencia sustitutiva al argumentar que a uno de los magistrados que firmó dicha providencia previamente se le había aceptado un impedimento para conocer del asunto. En providencia del 30 de junio de 2017 la Sala de Casación Civil rechazó de plano la solicitud de nulidad, razón por la cual Konkord S.A. interpuso recurso de súplica contra la providencia mencionada. 1.18. El 22 de noviembre de 2017 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de súplica y decidió revocar el auto suplicado y decretar la nulidad del Auto del 20 de febrero de 2017. 1.19. El 11 de julio de 2019 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió un nuevo auto negando la solicitud de adición al fallo acusado. El 17 de julio de 2019 Konkord S.A. solicitó aclaración y adición de dicha providencia, petición que fue rechazada por improcedente en Auto del 19 de julio de la misma anualidad. La acción de tutela 1.20. Por estos hechos, el 26 de septiembre de 2019 el señor Jack Khoudari

Amram en calidad de socio y miembro de la Junta Directiva de Konkord S.A., en liquidación, y algunos ex trabajadores y acreedores del primer orden de esa sociedad, mediante apoderado especial, presentaron acción de tutela en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la libertad de empresa y al principio de la intervención del Estado en la economía. En síntesis, en la tutela se expone que: i) La Sala de Casación Civil incurrió en defecto fáctico por omisión al no tener en cuenta que Fabricato S.A. participó activamente en todo el proceso 12 Folio 58 del cuaderno constitucional. concursal desde la fecha de su iniciación hasta el día de la votación y celebración del acuerdo de reestructuración (14 de febrero de 2008), momento en el cual su crédito quedó incluido en el proceso concursal y se estableció el valor y la nueva forma de pago. ii) La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia proferida el 17 de agosto de 2016 omitió la aplicación de los principios de igualdad, universalidad y colectividad que rigen los procesos concursales al otorgarle un trato privilegiado a Fabricato S.A., pues permitió que satisficiera su acreencia por fuera del proceso de reestructuración; circunstancia esta que configuró un defecto sustantivo. A su vez, desconoció los precedentes de la Corte Constitucional13 que obligan a observar aquellos principios en todo trámite relacionado con un proceso de insolvencia. Asimismo, indicó que la corporación accionada incurrió en defecto

sustantivo al omitir su deber legal de pronunciarse sobre las restituciones a las que Textiles Konkord S.A. tiene derecho. iii) La Sala de Casación Civil realizó una interpretación contraevidente de las normas sustanciales comerciales atribuyéndoles un alcance que no tienen, lo que la llevó a afirmar que el acuerdo de reestructuración solo surte efectos para las partes a partir de su publicación y no desde la votación y aprobación de este, por parte de los acreedores. 1.21. Adicionalmente, en el escrito tutelar se reiteran que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia pasó por alto un acuerdo de reestructuración en firme, permitiendo que el crédito de Fabricato S.A. fuera reclamado y reparado por fuera del acuerdo. 1.22. Los accionantes manifiestan que la sentencia de casación acusada ha tenido impactos directos sobre la estabilidad empresarial de Konkord S.A. y la vida de sus ex trabajadores pues, según certificación del jefe de recursos humanos, el 62% de las personas que allí trabajaban eran mujeres solteras cabezas de familia; un 78% tienen entre 1 a 3 hijos, el 11% tienen 4 hijos, e incluso una ex trabajadora tiene 5 hijos. Asimismo, los demandantes afirman que el 68% de los ex trabajadores son mayores de 48 años, sus núcleos familiares hacen parte de los estratos 1 (13%); 2 (73%) y 3 (14%). En cuanto al tiempo para pensionarse, 13 Sentencias C-126 de 2003, C-527 de 2013. certificaron que a un 25% de los ex trabajadores les faltaba de 1 a 3 años; a

un 25% les faltaba de 4 a 7 años; a un 17% les faltaba de 8 a 12 años y a un 33% más de 13 años. 1.23. Así las cosas, los accionantes concluyen que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia generó el desempleo de personas en situación de vulnerabilidad, cuyos ingresos dependían exclusivamente de Konkord S.A. y ha puesto en grave riesgo el pago de los salarios adeudados y aportes a la seguridad social al no contar la sociedad en liquidación con el mayor activo social (bien inmueble restituido); circunstancia esta que disminuyó la capacidad de pago de Konkord S.A. y vulneró sus derechos fundamentales. Por lo anterior, los accionantes solicitan (i) “TUTELAR a la sociedad Konkord S.A. –y por esa vía a los ex trabajadores de la empresa y sus familiaslos derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CP), acceso al trabajo (art. 25 CP), la libertad de empresa (art. 333 CP), y el principio de la intervención del Estado en la Economía (art. 334); (ii) DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y las demás providencias dictadas con posterioridad a este asunto; (iii) DEJAR EN FIRME la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 11 de julio de 2012; y (iv) se adopten las demás medidas que estimen necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales de la sociedad accionante, así como de los trabajadores de la empresa, sus familias y de los demás sujetos a que haya lugar ”.

2. Contestación de la demanda Mediante Auto del 30 de septiembre de 2019 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó correr traslado a la parte accionada para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción.

Asimismo, ordenó la vinculación al trámite tutelar de los terceros interesados, a las autoridades, a las partes e intervinientes en el proceso ordinario promovido por Fabricato S.A. contra Konkord S.A. en liquidación, radicado N° 11001-31-03-007-2017-00606-01, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la tutela. En cumplimiento de lo ordenado en la citada providencia, se recibieron las siguientes respuestas: 2.1. Superintendencia de Sociedades La Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia, mediante escrito del 13 de octubre de 201914, se refirió a los hechos y pretensiones y solicitó desvincular del trámite de tutela a esa entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva. La Superintendencia de Sociedades indicó que, mediante oficio 2007-01123492 del 25 de junio de 2007, aceptó solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración celebrado entre los acreedores internos y externos de Konkord S.A. en los términos de la Ley 550 de 1999. Informó que el 29 de febrero de 2008 el promotor de Konkord S.A. allegó el original del acuerdo de reestructuración junto con la votación recibida, en memorial N° 2008-01-034850.

Al respecto, la entidad vinculada señaló que, de conformidad con el artículo 38 del citado memorial, el acuerdo de reestructuración presentado adquirió fuerza vinculante para la totalidad de los acreedores, aun para los ausentes y disidentes, al suscribirse el 14 de febrero de 2008 por la mayoría señalada en la Ley 550 de 1999. Asimismo, resaltó que en el artículo 41 del acuerdo de reestructuración suscrito entre Konkord S.A. y sus acreedores quedó estipulado que “los procesos ejecutivos que cursen, o lleguen a cursar por obligaciones que sean materia de este acuerdo, en contra de LA EMPRESA, éstos se terminarán en virtud de la celebración de este acuerdo (…)”15. Para la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia la citada disposición encuentra fundamento legal en el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, a saber: “ARTICULO 14. Efectos de la iniciación de la negociación. A partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no podrá iniciarse ningún proceso de ejecución (C de P.C., art. 488) contra el empresario y se suspenderán los que se encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor y el empresario para alegar indivi