CC - SU474-2020

Sentencia SU474/20 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad DEFECTO SUSTANTIVO-Presupuestos para su configuración Se configura este defecto cuando la autoridad judicial realiza una interpretación irrazonable, desproporcionada, arbitraria y caprichosa de la norma o la jurisprudencia aplicable, generando una decisión que se torna contraria a la efectividad de los derechos fundamentales. Por el contrario, la mera inconformidad con el análisis efectuado no habilita la intervención del juez de tutela. DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva DEFECTO FACTICO-Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela La revisión en sede constitucional (del defecto fáctico) debe corresponderse con los principios de autonomía judicial, juez natural e inmediación, y, en tal virtud, no le corresponde analizar las pruebas como si se tratara de una instancia adicional, sino que debe verificar que la determinación sea coherente y obedezca a una valoración ponderada de los elementos probatorios.

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL

ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia Para que se configure el defecto por desconocimiento del precedente debe existir una decisión que resolvió un caso con supuestos fácticos y jurídicos iguales, y que la autoridad judicial se haya apartado sin justificación válida.

CARACTERIZACION DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR

AUSENCIA DE MOTIVACION ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Contexto normativo/ACCION DE NULIDAD ELECTORALNaturaleza/ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Características PERDIDA DE INVESTIDURA-Marco normativo PERDIDA DE INVESTIDURA-Carácter sancionatorio 2 PERDIDA DE INVESTIDURA-Naturaleza jurídica/PROCESO DE

PERDIDA DE INVESTIDURA-Finalidad/PERDIDA DE

INVESTIDURA-Causales

ACCION PUBLICA DE PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA-Características

ACCION DE NULIDAD ELECTORAL Y ACCION DE PERDIDA

DE INVESTIDURA-Diferencias REGIMEN DE INHABILIDADES-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política Para que se configure la causal de inhabilidad (…), es necesario que se cumplan los siguientes supuestos: (i) que el candidato al Congreso de la República tenga vínculo de matrimonio, unión permanente, o parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil; (ii) con un funcionario que ejerza autoridad civil o política; (iii) que éste ejerza su labor en la correspondiente circunscripción territorial; y (iv) que coincida con el momento en que se presente la elección -este requisito, por virtud de la unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado se amplió a la fecha de la inscripción y persiste hasta el día de los comicios-.

RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISION

CONTRA SENTENCIAS DE PERDIDA DE INVESTIDURAJurisprudencia constitucional DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL-Alcance del tránsito jurisprudencial Aun cuando no existe el derecho de impedir la evolución de la jurisprudencia, es razonable demandar que tales reformas precisen el alcance y establezcan una modulación temporal de los efectos de sus decisiones para no perjudicar situaciones consolidadas en el pasado ni litis que se hallaban trabadas antes de ese pronunciamiento, respetando así las garantías de los usuarios de la justicia. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por defecto sustantivo, por omitir análisis de responsabilidad subjetiva en un proceso sancionatorio de pérdida de investidura ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESVulneración del derecho al debido proceso por Consejo de Estado, al imponer sanción de pérdida de investidura sin valorar la ausencia de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada 3

Referencia: Expediente T -7.532.769

Acción de Tutela instaurada por Libardo Enrique García Guerrero contra la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Magistrado Sustanciador:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente sentencia con fundamento en los siguientes,

I. ANTECEDENTES

1. Libardo Enrique García Guerrero, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela1 al considerar que el Consejo de Estado desconoció sus

derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y participación política, favorabilidad, confianza legítima y buena fe, dado el contenido de las siguientes sentencias: i) “16 de noviembre de 2011, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el proceso de Pérdida de Investidura número 110010315000201100515-00”2; ii) “02 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la cual se resuelve el Recurso Extraordinario de Revisión, Radicación número 11001031500020150011-00”3 y; iii) “20 de febrero de 2012, proferida por Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el proceso de Nulidad Electoral, Expediente Acumulado con radicación No. 110010328000201000063-00”4;

2. Expuso que su padre, el señor Libardo Sucre García Nassar, fue elegido alcalde del municipio de Fundación -Magdalenapara el período 2008-2011.

3. Informó que se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Magdalena para el periodo 2010-2014, la cual fue impugnada por 1 Incorporada a folios 1 a 49 del expediente. Radicada el 27 de julio de 2018, según consta en el acta individual de reparto del Consejo de Estado, visible a folio 52 del cdno 6. 2 Cfr. fl. 47 del cdno 6.

3 Ib. 4 Ib. 4 un ciudadano y negada por el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No. 0400 de 2010.

4. Manifestó que resultó elegido representante a la cámara, pero en su contra, se promovió el medio de control de pérdida de investidura, al considerar que estaba incurso en la inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución, al tener vínculo por parentesco en primer grado con funcionario que ejercía autoridad civil o política en la circunscripción en la que tuvo lugar la elección, ya que su padre se desempeñaba como alcalde del municipio de

Fundación.

5. Expuso que, en sentencia del 16 de noviembre de 2011, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura por estar incurso en la inhabilidad del numeral 5° del artículo 179 de la Carta. En criterio del actor, la decisión se fundó en decisiones que no constituían precedente y que fueron desestimadas por la misma Corporación y por la Corte en el fallo SU-424 de 2016.

6. Agregó que se formularon tres demandas de nulidad electoral con fundamento en la misma causal de inhabilidad, las cuales se acumularon y fueron decididas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 20 de febrero de 2012, que anuló la elección del actor como representante a la cámara por el departamento del Magdalena.

7. Señaló que contra la decisión que levantó la investidura parlamentaria presentó recurso extraordinario de revisión, decidido en sentencia del 2 de mayo de 2018 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado que lo declaró infundado por no estar configuradas las causales invocadas.

8. Por lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a fin de evitar un perjuicio irremediable y, como consecuencia, se anulen las sentencias del 16 de noviembre de 2011, 20 de febrero de 2012 y 2 de mayo de 2018, proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro de los procesos de pérdida de investidura, nulidad electoral y recurso extraordinario de revisión, respectivamente.

Trámite procesal a partir de la acción de tutela

9. Por auto del 13 de julio de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y corrió traslado a los Magistrados que integran la Sala Plena de esa Corporación; adicionalmente vinculó a la parte actora de los procesos impugnados, negó la medida provisional pedida por considerar que no estaba demostrado un perjuicio irremediable que permitiera suspender los efectos de las providencias cuestionadas y solicitó los respectivos expedientes en préstamo.5

Contestación de la tutela 5 En auto del 24 de agosto de 2018 se declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados César Palomino Cortés y Sandra Lisset Ibarra Vélez, por haber participado en la decisión que resolvió el recurso extraordinario de revisión y, en consecuencia, se ordenó a la Presidencia de la Sección Segunda hiciera el sorteo de los respectivos conjueces para proferir la decisión de tutela. 5

10. El consejero ponente de la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión rindió el informe solicitado. Señaló que el Consejo de Estado tuvo en

cuenta la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte y concluyó que el fallo que levantó su investidura estudió la responsabilidad subjetiva en los términos propuestos por el accionante. En relación con la indebida aplicación de la postura de la Sección Quinta acerca de la coincidencia de las circunscripciones nacional, departamental y municipal, arguyó que este argumento no tiene asidero, porque se aplicó la jurisprudencia vigente y vinculante para la Sala Plena.6

11. La consejera ponente de la sentencia que declaró la pérdida de investidura señaló que, el amparo solicitado no satisface los requisitos generales de procedencia, al no acreditar el presupuesto de la inmediatez, pues la acción de tutela fue interpuesta seis años después de haberse decretado la pérdida de investidura.

Primera instancia

12. En sentencia del 23 de octubre de 2018, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo. Respecto de los fallos del 16 de noviembre de 2011 y 20 de febrero de 2012, que levantó la investidura y anuló la elección, respectivamente, señaló que trascurrieron más de seis años antes de interponer la acción de tutela por lo que carece de inmediatez. Sobre la decisión del 2 de mayo de 2018, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, concluyó que no desconoció el precedente fijado por la Corte en la sentencia SU424 de 2016, porque en dicho fallo se estableció que en los procesos de pérdida de investidura debe valorarse la culpabilidad del demandado, lo que en efecto ocurrió

en el presente caso. Impugnación

13. La anterior decisión fue impugnada por el actor, quien insistió en que se cumple el requisito de la inmediatez porque no existe un término para instaurar la acción de tutela y añadió que la sentencia SU-424 de 2016 constituye un hecho nuevo. Agregó que el Consejo de Estado incurrió en una interpretación errónea, puesto que en varios pronunciamientos ha establecido que las circunscripciones departamental y municipal no tiene incidencia para aplicar la inhabilidad del numeral 5° del artículo 179 de la Constitución. De otra parte, argumentó que el fallo que decretó la pérdida de su investidura no efectuó un “juicio de culpabilidad” ya que, para la época de las elecciones, el padre del accionante no era el alcalde de Fundación, Magdalena. Agregó que las providencias acusadas no aplicaron el principio pro homine.

Segunda instancia 6 Folios 71 y 72 del cuaderno de la acción de tutela. 6

14. En sentencia7 del 24 de mayo de 2019 la Sección Primera del Consejo de Estado modificó la decisión del a quo en el sentido de declarar improcedente la acción respecto de la sentencia del 20 de febrero de 2012, que declaró la nulidad de la elección como representante a la cámara para el periodo 2010-2014 -por no cumplir el requisito de la inmediatezy, en lo demás, confirmó el fallo impugnado.

Respecto de las decisiones proferidas en el marco del proceso de pérdida de investidura no encontró configurado el defecto por desconocimiento del precedente

judicial puesto que al emitir la sentencia que levantó su investidura, el Consejo de Estado sí efectuó una valoración subjetiva de la causal prevista en el numeral 5° del artículo 179 de la Carta. Añadió que no era posible aplicar las previsiones del fallo SU-424 de 2016 por cuanto este resuelve un caso diametralmente distinto. Decisiones judiciales impugnadas en la presente acción8 A continuación, se hará un resumen de las decisiones que se están atacando por vía de tutela y que se relacionan con los hechos que antes se resumieron. Expedientes acumulados 2010-0063-00, 2010-00067 y 2010-0060. Demandas de nulidad electoral

15. Ciudadano que solicitó la nulidad del acuerdo No. 12 del 19 de julio de 2010, por el cual el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Libardo Enrique García Guerrero como representante a la cámara por el departamento del Magdalena periodo 2010-2014 y, como consecuencia de lo anterior, pidió que dicho cargo lo ocupara quien le seguía en votación en la respectiva lista.

Para sustentar la pretensión argumentó que Libardo Enrique García Guerrero estaba inhabilitado para ser congresista por virtud de la prohibición establecida en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, pues el padre del representante a la cámara, Libardo Sucre García Nassar, para el 14 de marzo de 2010 -cuando tuvo lugar el certamen electoral-, era alcalde del municipio de Fundación -es decir, ejercía autoridad civil y políticay tenía asiento en la Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena9 -ejercía autoridad

administrativaen la misma circunscripción territorial (cfr. fls. 47 a 66 cdno 1).

16. Ciudadano que interpuso demanda de nulidad electoral contra el representante a la cámara, Libardo Enrique García Guerrero, por haber infringido el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, en razón a que el padre del electo congresista se desempeñaba como alcalde dentro de la 7 El asunto correspondió por reparto al consejero Hernando Sánchez Sánchez, quien conjuntamente con el consejero Roberto Augusto Serrato Valdés manifestaron encontrarse impedidos de acuerdo con la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que participaron en la decisión que resolvió el recurso extraordinario de revisión cuestionado en la presente tutela. En proveído del 19 de marzo de 2019 se declararon fundados los impedimentos y el 26 de abril de este año, se realizó el sorteo del conjuez para proferir la sentencia de tutela y correspondió al doctor José Gregorio Hernández Galindo, quien aceptó la designación7. De igual manera a falta de quorum decisorio, el 16 de mayo del hogaño, la Sala sorteó conjuez correspondiéndole al doctor Alfredo Beltrán Sierra quien manifestó su aceptación. 8 Las actuaciones sintetizadas a continuación fueron obtenidas de los expedientes remitidos por el Consejo de Estado a la

Corte Constitucional. 9 En adelante, Corpomag. 7 misma jurisdicción territorial (fls. 15 a 22, cdno 2). Junto con el escrito inicial y con fundamento en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo -en

adelante C.C.A.-, el entonces accionante pidió la suspensión provisional del Acuerdo 12 del 19 de junio de 2010 del Consejo Nacional Electoral que declaró la elección del entonces demandado (fls. 23 a 27, cdno 2).

17. Ciudadano que formuló demanda de nulidad electoral contra el Acuerdo No. 12 del 19 de julio de 2010, del Consejo Nacional Electoral que declaró la elección de García Guerrero como representante a la cámara por el departamento del Magdalena periodo 2010-2014, al considerar que violó el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 5.º del artículo 179 de la Carta (fls. 26 a 32 cdno 3).

18. Por autos del 23 de agosto, 15 y 16 de septiembre10 de 2010, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción y dispuso fijar edicto, notificar al accionado y al Ministerio Público. Asimismo, dispuso notificar conforme a las previsiones del artículo 150 del C.C.A. al Registrador Nacional del Estado Civil y al Presidente del Consejo Nacional Electoral. (fls. 44 a 47, cdno 2 y 48 y 49 cdno

3).

19. El Registrador Nacional de Estado Civil, a través de apoderada, contestó la demanda y solicitó su desvinculación del trámite, en razón a que el competente para adelantar el procedimiento de inscripción y revocatoria de inscripciones es el Consejo Nacional Electoral, en los términos del artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2009 (fls. 82 a 95 cdno 1).

20. Carlos Libardo García Guerrero contestó la demanda, a través de apoderado,

defendiendo la legalidad de su elección bajo el argumento de que la circunscripción municipal donde ejercía autoridad su padre no era coincidente con la departamental, que es por la cual participaba como candidato al Congreso de la República. Señaló que tampoco se generó la inhabilidad por el parentesco con miembro de la asamblea corporativa de Corpomag, en razón a que su padre no ejercía autoridad administrativa, civil o política en esa institución (fls. 96 a 108 cdno 1, 60 a 74 cdno 2 y 60 a 72 cdno 3).

21. Por auto del 11 de noviembre de 2010, la Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la acumulación de los procesos de nulidad electoral11 para ser fallados en una sola sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 238 del C.C.A. (cfr. fls. 127 a 129 cdno 1).

22. En sentencia del 20 de febrero de 2012 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Libardo Enrique García Guerrero como representante a la Cámara por el departamento del Magdalena, en razón a que violó el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 5.º del artículo 179 de la Carta. Lo anterior por cuanto el padre del accionado, fue elegido y fungía como autoridad civil y política al desempeñarse como alcalde del municipio de Fundación al momento de la elección de Libardo Enrique García Guerrero como congresista. Explicó el Consejo de Estado que la 10 En dicha providencia se negó la petición de suspensión provisional solicitada en la demanda. 11 Expedientes 2010-0063 y 2010-0060.

8 inhabilidad se configuró ya que para estos efectos se entienden coincidentes con la circunscripción territorial no solo el ejercicio de funciones en el ámbito departamental sino municipal, lo cual resultó acreditado en el caso sub examine (cfr. fls. 414 a 450, cdno 1). De acuerdo con el Edicto 28 de la Secretaría General de esa Corporación, dicho fallo quedó ejecutoriado el 2 de marzo de 2012 (fl. 451, cdno 1). Expediente 2011-0 0515-00. Proceso de pérdida de investidura

23. Ciudadano radicó demanda de pérdida de investidura en contra del representante a la cámara por el departamento del Magdalena, Libardo Enrique García Guerrero, invocando la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución, es decir, por violar el régimen de inhabilidades, circunstancia en la que incurrió el parlamentario, al haber participado en las elecciones cuando su padre como alcalde del municipio de Fundación, ejercía autoridad civil y política, dentro de la misma circunscripción territorial (art. 179 num. 5 de la Carta Política)

(cfr. fls. 2 a 23 cdno 4).

24. Por auto del 28 de abril de 2011, el Consejo de Estado admitió la demanda y corrió traslado al accionado y al Ministerio Público (fls. 66 a 67 cdno 4).

25. Libardo Enrique García Guerrero contestó la demanda, a través de su apoderado, oponiéndose a las pretensiones ya que la causal invocada no se configuró, al no coincidir las circunscripciones territoriales como elemento de la

inhabilidad prevista en el numeral 5.º del artículo 179 de la Constitución, ya que su padre no ejercía autoridad en el departamento en el que se realizó la elección, sino en el municipio de Fundación, ente territorial distinto, autónomo e independiente.12 Agregó que, para el día de las elecciones, el 14 de marzo de 2010, su padre no ejercía como alcalde de Fundación ya que se encontraba disfrutando de las vacaciones concedidas mediante acto administrativo. Finalmente señaló que el accionado se postuló a las elecciones con la confianza legítima de que no estaba inhabilitado, pues así se lo hizo saber su partido político el PIN (fls. 92 a 149 cdno 4).

26. Después de recaudar las pruebas, las partes presentaron alegatos de conclusión reiterando sus argumentos de acusación y defensa. El Ministerio Público rindió concepto solicitando negar las pretensiones de la demanda (fls. 333 a 416 a cdno 4).

27. En sentencia del 16 de noviembre de 2011, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del actor al haber incurrido en la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 183 superior, ya que “los Municipios que integran un Departamento hacen parte de la misma circunscripción territorial y, por ello está inhabilitado para inscribirse como Representante a la Cámara quien tenga vínculos por matrimonio, unión 12 Cfr. Consejo de Estado, sentencias del 11 de marzo de 1999, exp. 1847; 6 de mayo de 1999, exp. 1845 acumulados; 18

de septiembre de 2003, exp. 2907; y 23 de febrero de 2007, exp. 3982. 9 permanente, o parentesco, en los términos señalados por la ley, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política en Municipios del mismo Departamento por el cual se inscribe”.13 En cuanto a los argumentos expuestos por el actor acerca del aparente cambio abrupto de jurisprudencia, la sentencia en cuestión explicó que la Sala Plena era competente para resolver las pérdidas de investidura y en ejercicio de dicha función desde tiempo atrás había estudiado el alcance de la causal 5.º del artículo 179 de la Carta. Acerca de la seguridad jurídica y la confianza legítima, explicó que la aplicación de dichos mandatos no implica desconocer el interés general que protege el régimen de inhabilidades y la pérdida de investidura, para garantizar la transparencia e integridad de los congresistas. La corporación judicial accionada concluyó que para el 14 de marzo de 2010fecha en que se llevaron a cabo las elecciones para Congreso de la RepúblicaLibardo Sucre García Nassar -padre de Libardo Enrique García Guerrerocomo alcalde de Fundación, ejercía autoridad civil y política dentro de la misma circunscripción territorial en la que resultó elegido su hijo como representante a la cámara, teniendo en cuenta que el municipio en mención forma parte del departamento del Magdalena. Agregó que aun cuando el padre del congresista estaba en vacaciones para el momento de la elección, lo cierto que es que mantuvo las facultades del cargo.14 (fls. 443 a 513 cdno 4). La anterior sentencia fue

notificada por edicto desfijado el 29 de noviembre de 2011.

28. Libardo Enrique García Guerrero solicitó la adición y aclaración de la sentencia que decretó la pérdida de investidura, petición que fue negada mediante auto del 17 de enero de 2012 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado, al no ocurrir los presupuestos necesarios para que procediera su estudio (fls. 549 a 562 y 599 a 605 cdno 4).

29. Contra la anterior decisión el exparlamentario interpuso recurso de reposición e incidente de nulidad, ambos negados en providencia del 13 de marzo de 2012 por la misma corporación, dicho proveído fue notificado por estado el 19 de enero de 201315 (fls. 610, 627 a 636 cdno 4).

Expediente 2015-00110-00 recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura 13 Citando las sentencias de 15 de febrero de 2015, exp. 2010-01055-00; 3 de marzo de 2006, exp. 2003-00384-01; 17 de marzo de 2005, exp. 2004-00014-01; 8 de septiembre de 2005, Exp. 2003-00396-02 y 2003-00399-02; 18 de septiembre de 2003, exp. 2002-0007-01; 28 de mayo de 2002, exp. PI-033 y PI-034; y 14 de diciembre de 2001, exp. 2773, Consejo de Estado. 14 Añadió el Consejo de Estado que si bien es cierto que “para la configuración de la causal en estudio es irrelevante el

resultado de la votación obtenida por el Congresista demandado. Basta la existencia de parentesco con un funcionario que ejerza autoridad civil o política en la respectiva circunscripción territorial, pues la finalidad del establecimiento de la inhabilidad es evitar el desequilibrio que eventualmente pueda presentarse a favor de determinado candidato, en razón de tal vínculo”; lo cierto es que “el vínculo de parentesco existente entre el demandado y el Alcalde de Fundación, fue decisivo en la votación obtenida para alcanzar la curul, si se tiene en cuenta que del total de votos obtenidos por el demandado (19.058), 5.108 provienen del Municipio de Fundación, cifra esta altamente representativa, pues, por ejemplo, en Santa Marta, Capital del Departamento del Magdalena, sólo obtuvo 1.609 votos. Es decir, que fue precisamente en el referido Municipio donde alcanzó la mayor votación en todo el Departamento”. Cfr. sentencia del 16 de noviembre de 2011. 15 En consecuencia, la sentencia que decretó la pérdida de investidura quedó ejecutoriada el 25 de enero de 2012. 10

30. El 21 de enero de 2015, Libardo Enrique García Guerrero interpuso recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura contra la sentencia de 16 de noviembre de 2011, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; y solicitó que se declare la nulidad de la decisión objeto de la censura y, como consecuencia, no se decrete la pérdida de investidura del representante a la cámara.

Argumentó que, para la época de las elecciones para el Congreso de la República,

el Consejo de Estado sostenía que para efectos de la inhabilidad del numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, la circunscripción departamental no coincidía con la municipal, por lo que actuó con la confianza legítima de que no estaba inhabilitado. Consideró que el fallo del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura vulneró el debido proceso por no tener en cuenta los argumentos de defensa encaminados a reclamar la protección de sus derechos a la buena fe, seguridad jurídica y la interpretación pro homine, por lo que invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 17 de la Ley 144 de 199416 (fls. 74 a 173 cdno 5).

31. Por auto del 20 de mayo de 2016, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo admitió el recurso y dispuso notificar a quien fungió como demandante de la pérdida de investidura y al Ministerio Público (fls. 180 a 181 cdno 5).

32. El actor presentó memorial solicitando como medida cautelar suspender de los efectos de la sentencia del 16 de noviembre de 2011, bajo el argumento de que mantener la sanción le causa un perjuicio irremediable ya que le impide ejercer determinados cargos públicos (fls. 254 a 271 cdno 5). Dicha petición fue negada por improcedente en auto del 25 de octubre de 2017, por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (fls. 272 a 278 cdno 5).

33. En sentencia del 2 de mayo de 2018 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo declaró infundado el recurso extraordinario interpuesto. Luego de

referirse a la competencia y las características de dicha herramienta judicial, explicó que esta no puede utilizarse para reabrir el debate procesal porque no es una instancia adicional, pues se dirige a evidenciar la validez de la decisión. En cuanto a la vulneración del debido proceso e igualdad, el Consejo de Estado despachó en forma negativa el cargo bajo el argumento de que la providencia cuestionada valoró las distintas posturas -al no existir un criterio unánimey acogió la adoptada por la Sala Plena, según la cual el municipio hace parte de la circunscripción departamental para efectos de estructurar la causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 179 de la Carta, sin que fuese vinculante alguna postura aislada de la Sección Quinta que avalaba la tesis contraria17. Con base en similares 16 “Recurso extraordinario especial de revisión. Son susceptibles del Recurso Extraordinario Especial de Revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes: a) Falta del debido proceso; b) Violación del derecho de defensa”. 17 Citó las sentencias: i) del 28 de mayo de 2002, exp. 2001-00262-00 (acumulados PI-033 y PI-034); ii) del 15 de febrero de 2011, exp. 2010-01055-00(PI); iii) del 21 de agosto de 2012, exp. 2011-00254-00 (PI); iv) del 21 de julio de 2015, exp.

2014-02130-00 (PI); y v) del 3 de mayo de 2017, exp. 2016-02058-00 (PI), del Consejo de Estado. 11 argumentos, declaró impróspero también el cuestionamiento relacionado con el cambio jurisprudencial inesperado que según el actor afectó las garantías de la seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y pro homine. En cuanto a la temporalidad de la inhabilidad, pues según el accionante, para el día de las elecciones su padre no fungía como alcalde de Fundación porque estaba en vacaciones, la Sala Plena le explicó que de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 136 de 199418, se trató de una falta temporal, lo que quiere decir que las facultades legales y constitucionales asignadas continuaron en cabeza del alcalde. Finalmente, en cuanto al reproche por no analizar la responsabilidad subjetiva en el caso concreto, señaló que se valoró de cara a los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica. (fls. 288 a 297 cdno 5). La anterior decisión fue notificada por estado el 17 de mayo de 2018.

II. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN Presentación del caso en Sala Plena, pruebas decretadas, suspensión de términos y vinculación de terceros con interés en el asunto de la referencia

34. Mediante auto del 22 de noviembre de 2019, el despacho solicitó en calidad de préstamo a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Con