CC - T031-2020

Sentencia T-031/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-No se requiere solicitud previa de rectificación de publicación en Facebook La solicitud previa de rectificación como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela es exigible cuando la información que se predica inexacta o errónea es divulgada a través de los medios de comunicación o de informes periodísticos publicados en redes sociales por personas que actúan en calidad de periodistas, o por quienes, sin ser comunicadores de profesión, actúan habitualmente en esa condición, no así cuando lo hace un particular que no ejerce la actividad periodística. Este requisito tampoco es aplicable cuando la información publicada es veraz, pero expone elementos propios de la vida privada de las personas, afectando el derecho a la intimidad. En el presente caso, estima la Sala que la accionante no estaba en la obligación de solicitarle al accionado que rectificara la publicación presuntamente trasgresora de sus derechos fundamentales antes de acudir a la acción de tutela, toda vez que, si bien es cierto esta se realizó a través de la red social Facebook, su contenido no corresponde a un informe periodístico ni aquel ejerce la profesión de periodista ni actúa en el rol de comunicador en redes sociales.

DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA EN LA

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Concepto

LIBERTAD DE EXPRESION EN SENTIDO ESTRICTO-Definición

DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias La libertad de información se diferencia de la libertad de opinión en que, mientras la primera protege la comunicación de versiones sobre hechos,

eventos y/o acontecimientos, entendidos como datos que describen una situación con sustento empírico, siendo exigibles los requisitos de veracidad e imparcialidad; la libertad de opinión, por el contrario, se inscribe en el ámbito del fuero interno del sujeto y, por ello, ampara la comunicación de ideas, opiniones, sentimientos y apreciaciones sobre determinados hechos, situaciones o personas, siendo estas de contenido subjetivo y estrechamente vinculadas a la libertad de pensamiento, de ahí que los requisitos constitucionales de veracidad e imparcialidad no resulten exigibles respecto de esta específica garantía. Finalmente, es menester señalar que la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que en ocasiones es difícil realizar una distinción tajante entre libertad de expresión y libertad de información, pues una opinión lleva de forma explícita o implícita un contenido informativo, de la misma manera que una información supone algún contenido valorativo o de opinión. Lo anterior, implica que, si bien en principio no pueda reclamarse absoluta o total veracidad e imparcialidad sobre los juicios de valor, sí se deben hacer tales exigencias respecto a los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión. Y de forma correlativa, es exigible también que los emisores de información permitan que los receptores puedan distinguir entre el contenido meramente informativo y la valoración u opinión sobre estos. DISCURSOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION La jurisprudencia constitucional, en armonía con los estándares internacionales, ha identificado tres tipos de discursos especialmente protegidos, a saber: (i) el discurso sobre asuntos políticos o de interés público;

(ii) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, y (iii) el discurso que expresa elementos esenciales de la identidad o dignidad personales. La anterior clasificación incide directamente sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetarse las limitaciones de tales discursos, pues su especial connotación exige necesariamente un estricto ejercicio de ponderación en caso de entrar en tensión con otros derechos fundamentales como a la honra y al buen nombre. LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU-Discursos expresamente prohibidos DISCURSOS DE ODIO-Jurisprudencia constitucional LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES LIBERTAD DE EXPRESION-Falta de acreditación de conflictos personales ventilados en medios masivos no generan violación a los derechos a la honra, el buen nombre o a la intimidad DERECHOS A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-No vulneración por cuanto publicación compartida en cuenta personal de Facebook corresponde a confrontación interpersonal

Referencia: Expediente T-7.015.882

Acción de tutela presentada por Andrea Lilian Uribe Peña en contra del Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Arauca, y Carlos Alberto Merchán Espíndola.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá D.C., Treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis

2 Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente, SENTENCIA En la revisión del fallo de tutela proferido por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca el 27 de julio de 2018, que revocó el dictado por el Juzgado Segundo de Familia de Arauca el 22 de junio anterior, en el trámite del amparo constitucional promovido por Andrea Lilian Uribe Peña en contra de Carlos Alberto Merchán Espíndola y del Ministerio de Trabajo-Dirección Territorial Arauca.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud El 8 de junio de 2018, Andrea Lilian Uribe Peña, quien se desempeña como Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Arauca, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra del Ministerio del TrabajoDirección Territorial Arauca y del también inspector de trabajo Carlos Alberto Merchán Espíndola en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. En el primer caso, por considerar que dicha autoridad no ha adoptado las medidas preventivas y correctivas necesarias para la salvaguarda de sus garantías fundamentales, luego de que radicara, ante el Comité de Convivencia Laboral, queja por acoso laboral en contra del mencionado inspector. En el segundo caso, debido a la publicación realizada por él en su muro de la red social Facebook el 28 de mayo de 2018, en el que la sometió al “escarnio público” tras acusarla de “maltrato de menores”, por

presuntamente realizar comentarios burlescos acerca de su hija en la misma red social.

2. Hechos relevantes y pretensiones 2.1. El 24 de febrero de 2015, Andrea Lilian Uribe Peña fue nombrada en provisionalidad como Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en la Dirección Territorial Arauca del Ministerio del Trabajo. 2.2. Manifiesta la actora que, debido a las reiteradas imputaciones deshonrosas, comentarios hostiles de descalificación profesional e improperios de los que venía siendo víctima, en redes sociales, por parte del también inspector de trabajo Carlos Alberto Merchán Espíndola, el 30 de mayo de 2017 presentó en su contra queja por acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Trabajo1 y, el 9 de junio siguiente, denuncia penal por los delitos de injuria, calumnia y violencia de género ante la Fiscalía General de la Nación2. 1 Ver folios 19 a 25 del cuaderno principal. 2 Ver folios 34 a 40 del cuaderno principal. 3 2.3. Indica que, con posterioridad a estas acciones, la directora territorial de Arauca convocó a una reunión extraordinaria con las partes involucradas, a fin de analizar la problemática suscitada y concertar posibles soluciones para el mejoramiento de las relaciones en el entorno laboral. Sin embargo, señala que, a pesar de este esfuerzo, el 28 de mayo de 2018 Carlos Alberto Merchán Espíndola hizo una nueva publicación en su perfil de la red social Facebook, afirmando, textualmente, lo siguiente3: Esta es la clase de servidores públicos que tiene el Ministerio de Trabajo dirección territorial Arauca? La Dra ANDREA URIBE

PEÑA (sic) burlándose en las redes sociales de nuestra hija, si ella se le parece mucho a un simio simplemente no vea sus publicaciones Dra ANDREA (sic) pero no se ponga a burlarse y a hacerle bulling (sic) a nuestra hermosa y pequeña hija de tan solo cuatro añitos que no tiene nada que ver con su maldad guiada por el odio y el resentimiento hacia mi (sic), la veo muy activa en la redes sociales burlándose de los demás entre otras sandeces, si quiere andarse burlando de los demás y lanzándoles injurias etc., renuncie y dedíquese a eso si ve que le produce más, pero no haga quedar tan mal parada una Institución donde trabaja. No vaya a salir con el cuento de que la publicación no era para mi hija porque para nadie es un secreto que la expresión ‘princhipesha consentida’ se la atribuimos a nuestra hija como expresión del gran amor que le tenemos, desde que nació y ahí le anexo los pantallados (sic) que así lo prueban. Le damos dra Andrea Uribe Peña (sic) en nombre de nuestra menor hija como sus representantes legales que somos junto con su madre Midier Rojas, dos días a partir de la fecha para que le pida excusas públicas a nuestra menor hija por burlarse de ella y hacerle bulling (sic) en las redes sociales, so pena de iniciar la respectiva Acción Constitucional la cual tan pronto tengamos fallo a favor de los derechos de nuestra menor, enviaremos al C. S. De (sic) la J., a la Procuraduría general de la Nación, Fiscalía General, alta oficina para los derechos de los

menores, oficina control interno disciplinario Ministerio de Trabajo. 2.4. Agrega que, junto a este contenido, el accionado divulgó fotografías de su hija acompañadas de la captura de pantalla del meme4 de un simio que tomó de un comentario que ella había realizado, el 24 de mayo de 2018, a una publicación de la señora Yuraima Mora Gisella, quien, al parecer, adelanta un proceso de reclamación de la paternidad en contra de aquel5. 3 Ver folios 49 y 50 del cuaderno principal. 4 De acuerdo con la definición contenida en el Diccionario de la lengua española (RAE), es una “imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet”. 5 Ver folio 51 del cuaderno principal. La publicación en forma de meme es del siguiente tenor: “NO LE LLAMEN FRUTO DE AMOR A LO QUE DESEAN POR ENVIDIA Y ODIO OJO! Esos deseos resultan imperfectos” [sic]. 4 2.5. Según lo manifiesta la accionante, como resultado de los anteriores señalamientos y del uso de dicha imagen fuera de contexto con la intención de distorsionar la realidad e incitar a la agresión, recibió toda clase de comentarios descalificadores e insultantes por parte de usuarios de la red social –incluidos algunos compañeros de trabajo–, situación que le provocó un estado de pánico y ansiedad, siendo incapacitada y remitida de urgencia a valoración psiquiátrica6. 2.6. A pesar de esta y otras situaciones similares que, en su entender, constituyen formas de hostigamiento y de violencia contra la mujer, aduce que

la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo –dependencia adonde fue traslada la queja inicial– hasta el momento no ha tomado las medidas preventivas ni correctivas necesarias para que cese la vulneración de sus derechos fundamentales en el ámbito laboral, omisión que considera podría entenderse como tolerancia de este tipo de conductas. 2.7. En consecuencia, ante el hecho constitutivo de lo que, a su juicio, comporta la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, a través de la acción de tutela solicita que se conceda el amparo de dichas garantías constitucionales, de tal suerte que se ordene al inspector Carlos Alberto Merchán Espíndola: (i) eliminar de su perfil de Facebook la publicación efectuada el 28 de mayo de 2018; (ii) rectificar las acusaciones hechas en su contra por el mismo medio, mediante publicación divulgada con igual grado de difusión y permanencia que el mensaje agraviante; y (iii) abstenerse de realizar en el futuro afirmaciones o señalamientos en referencia suya sin sustento probatorio. Asimismo, pide que se ordene a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo adoptar las medidas necesarias para “acelerar y garantizar la eficacia de las indagaciones e investigaciones” que permitan esclarecer los hechos que dieron origen a la queja por acoso laboral presentada en contra de Carlos Alberto Merchán Espíndola el 30 de mayo de 2017.

3. Trámite procesal y respuesta a la acción de tutela Por medio de Auto del 12 de junio 2018, el Juzgado Segundo de Familia de

Arauca en Oralidad admitió la acción de tutela y, con el fin de conformar debidamente el contradictorio, ordenó correr traslado de la misma a las partes involucradas para que se pronunciaran acerca de los hechos que la motivaron y las pretensiones incoadas. En la misma providencia, dispuso, además, oficiar a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo para que informara si, con ocasión de la queja por acoso laboral presentada por Andrea Lilian Uribe Peña, se había adelantado en esa dependencia alguna investigación disciplinaria interna y, en caso afirmativo, informara su estado. 6 A folios 55 a 58 del cuaderno principal obra copia de la historia clínica de la accionante en la que se menciona que padece un trastorno de ansiedad no especificado en estado controlado. 5 3.1. Ministerio del Trabajo 3.1.1. En respuesta al requerimiento judicial, la apoderada de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo propuso la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por ausencia del presupuesto de subsidiariedad, tras estimar que la accionante activó los medios ordinarios de defensa dispuestos en el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados. 3.1.2. Para tal efecto, realizó un breve recuento de las actuaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario a partir de la queja por acoso laboral presentada por la actora el 30 de mayo de 2017, informando que, por Auto del 23 de junio de 2017, se dio apertura a la indagación preliminar en

contra de Carlos Alberto Merchán Espíndola y, seguidamente, los días 10 y 11 de agosto de 2017 se practicaron algunas pruebas testimoniales, de modo que “se tiene proyectado auto de apertura de investigación y práctica de las pruebas pendientes por decretar y solicitadas conforme a los documentos que reposan en el expediente”. 3.2. Carlos Alberto Merchán Espíndola 3.2.1. Dentro del término concedido para el efecto, Carlos Alberto Merchán Espíndola dio respuesta a la acción de tutela, mediante escrito en el que se opuso a cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora y solicitó se denegara por improcedente el amparo invocado. 3.2.2. Afirmó al respecto, que no es cierto que en su publicación exista una acusación de “abuso de menores” en contra de la accionante, como esta lo afirma. A su juicio, se trata de un reclamo legítimo y respetuoso, dada su indignación frente al hecho de que haya agregado a un comentario de Facebook un meme burlesco pretendiendo comparar a su hija con un simio. Puntualmente, explicó lo siguiente: Mis comentarios han sido respetuosos, tal vez un poco fuertes por el tema de vinculación de mi hija menor, nunca he tergiversado sus publicaciones, ni he realizado de manera personal capturas de su perfil de Facebook porque no acostumbro a vivir pendiente de la viga ajena [sic]. 3.2.3. Alegó que es conducta reiterativa de la actora, desde hace más de un año, crear memes y hacerlos circular en las redes sociales con la intención de atacarlo, desprestigiarlo y hacerle bullying, incluso por su aspecto físico.

Aseguró que, es tal el “odio” que ha despertado en ella, que se “confabuló” con una amiga, quien, actualmente, promueve en su contra una demanda de paternidad, para, de forma subrepticia, continuar agrediéndolo y enlodando su buen nombre. 3.2.4. Por otra parte, sostuvo que, desde hace más de cinco años, labora en la Dirección Territorial Arauca del Ministerio de Trabajo y nunca había tenido 6 problemas con sus compañeros de trabajo ni superiores, hasta que ingresó a la entidad la señora Andrea Lilian Uribe Peña, alterando la paz, la tranquilidad y la armonía, pues, afirma, que “tiene una fijación enfermiza por estar pendiente de la vida de los demás”. 3.2.5. En esos términos, concluyó el accionado manifestando que él es la verdadera víctima de acoso laboral y que la acción de tutela resulta improcedente, dado que, por una parte, la demandante no elevó previa solicitud de rectificación y, por otra, existe carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la publicación que dio motivo al amparo constitucional fue eliminada de su perfil de Facebook, tan pronto venció el plazo de dos días allí indicado.

II. DECISIONES JUDICIALES

1. Primera instancia El Juzgado Segundo de Familia de Arauca en Oralidad, en sentencia proferida el 22 de junio de 2018, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, luego de constatar que Carlos Alberto Merchán Espíndola había retirado de su perfil de Facebook la publicación que dio lugar a la acción de tutela. Sin

embargo, partiendo de la consideración de que, por medio de esta, se le atribuyeron a la señora Andrea Lilian Uribe Peña conductas carentes de sustento probatorio en menoscabo de su reputación, resolvió amparar sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre y, en consecuencia, le ordenó al accionado publicar en su muro de Facebook la correspondiente disculpa por la afectación causada, a menos que la actora manifestara previamente su intención de desistir de ella. Del mismo modo, requirió a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo para que diera trámite a la queja por acoso laboral presentada el 30 de mayo de 2017, conforme a los parámetros legales establecidos en la Ley 734 de 2002, y se le informara a la accionante sobre las actuaciones allí adelantadas. Ello, no sin antes exigirle que, en lo sucesivo, evitara realizar publicaciones en la red social Facebook que llegaran a afectar la imagen de Carlos Alberto Merchán Espíndola.

2. Impugnación La anterior decisión fue recurrida oportunamente por Carlos Alberto Merchán

Espíndola y Andrea Lilian Uribe Peña. El primero se ratificó en lo manifestado en su escrito de respuesta y, agregó, que el juez de instancia no realizó una adecuada ponderación de los hechos, pues le restó importancia a la burla que la actora hizo de su hija al asociarla con un simio. Por su parte, esta última aseveró que aquel le dio credibilidad absoluta a las afirmaciones hechas por el accionado, sin ningún soporte probatorio, lo que podría considerarse como una justificación al agravio que este le causó con

la mentada publicación. 7

3. Segunda instancia Al resolver la impugnación, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, en sentencia del 27 de julio de 2018, revocó la decisión del a-quo y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela, con fundamento en que la accionante no demostró haber solicitado previamente la rectificación de la publicación ante el sujeto demandado.

III. REVISIÓN DEL PROCESO DE TUTELA POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Remitido el expediente de tutela de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, la Sala de Selección Número Diez, mediante Auto del 29 de octubre de 2018, notificado el 14 de noviembre siguiente, decidió seleccionarlo y asignar su conocimiento a la Sala Tercera de Revisión.

Conforme con lo anterior, procede esta Sala a dictar sentencia dentro del proceso de tutela T-7.015.882.

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN

1. Una vez efectuado el estudio preliminar del caso, ante la necesidad de verificar los supuestos de hecho que sirvieron de fundamento para promover la acción de tutela y mejor proveer, el magistrado ponente, por Auto del 26 de febrero de 2019, ordenó oficiar a las siguientes autoridades: (i) a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo, para que se sirviera informar sobre el trámite impartido a la queja por acoso laboral presentada por Andrea Lilian Uribe Peña en contra de Carlos Alberto Merchán Espíndola el 30

de mayo de 2017; (ii) a la Oficina de Gestión de Talento Humano del Ministerio de Trabajo, para que se sirviera comunicar la situación administrativa actual de los inspectores Andrea Lilian Uribe Peña y Carlos Alberto Merchán Espíndola en la Dirección Territorial Arauca; y (iii) a la Fiscalía General de la NaciónSeccional Arauca, para que se sirviera informar el estado actual de la denuncia por los delitos de injuria y calumnia formulada por Andrea Lilian Uribe Peña en contra de Carlos Alberto Merchán Espíndola el 9 de junio de 2017, así como las actuaciones adelantadas con ocasión de esta. En la misma providencia se dispuso, además, que, una vez se recaudaran las pruebas solicitadas, se le informara a las partes y terceros con interés sobre su recepción para que, en caso de considerarlo necesario, se pronunciaran sobre el particular.

2. Vencido el término probatorio, la Secretaría General de esta corporación, en comunicación del 18 de marzo de 2019, remitió al despacho del magistrado ponente dos oficios: el primero, suscrito el 5 de marzo de 2019 por Dalia María Ávila Reyes, asesora de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo y, el segundo, radicado el 7 de marzo de siguiente por Sonia Pérez Lizcano,

Fiscal Segunda Local de Arauca. 8

3. La asesora del Ministerio de Trabajo, en relación con los interrogantes primero y segundo del Auto del 26 de febrero anterior, informó que las quejas por acoso laboral tienen un trámite especial, correspondiéndole su conocimiento inicial al Comité de Convivencia de la Dirección Territorial Arauca, quien

actualmente viene adelantando el procedimiento previo, preventivo y confidencial respecto del conflicto laboral suscitado entre los inspectores Andrea Lilian Uribe Peña y Carlos Alberto Merchán Espíndola, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1010 de 2006 y la Resolución 946 de 2012. Sin embargo, indicó que, ante la novedad de la renuncia presentada por este último el 25 de octubre de 2018, está pendiente la adopción de una decisión definitiva sobre el particular. Igualmente, señaló que el 25 de julio de 2017, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo (nivel central) ordenó la apertura de investigación y decreto de pruebas respecto de otras conductas cometidas por Carlos Alberto Merchán Espíndola que podrían constituir faltas disciplinarias diferentes al acoso laboral y que serían de competencia de ese despacho, proceso que se encuentra en trámite, pero cuyas actuaciones están sometidas a reserva. Con respecto a la actual situación administrativa de las partes implicadas en estos asuntos, informó que Andrea Lilian Uribe Peña labora en la Dirección Territorial Arauca desde el 3 de marzo de 2015, ocupando en provisionalidad el cargo de Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 14. Por su parte, reiteró que Carlos Alberto Merchán Espíndola estuvo vinculado a la misma Dirección Territorial como Inspector de Trabajo y Seguridad Social desde el 2 de julio de 2013 hasta el 25 de octubre de 2018, fecha a partir de la cual presentó su renuncia al cargo.

4. La Fiscal Segunda Local de Arauca, en respuesta al tercer interrogante formulado en el citado auto, relató que el 14 de junio de 2017 le fue asignado el conocimiento de la denuncia formulada por Andrea Lilian Uribe Peña en contra de Carlos Alberto Merchán Espíndola por los delitos de injuria y calumnia.

Asimismo, informó que, dentro de este proceso, se han adelantado varias actuaciones (ordenes de inspección e interrogatorios), siendo la última de estas la diligencia de conciliación realizada el 25 de febrero de 2019, en la que las partes lograron llegar a un acuerdo, sin especificar sus términos. Sin embargo, puntualizó que, el 7 de marzo de 2019, fue informada de que el señor Carlos Alberto Merchán Espíndola habría incumplido con lo acordado en dicha diligencia, por lo que ese despacho “ordenará próximamente nuevas actuaciones investigativas tendientes a perfeccionar la investigación y demostrar el daño antijurídico causado a las víctimas (sic)”.

V. CONSIDERACIONES

1. Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas 9 dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 29 de octubre de 2018, dictado por la Sala de Selección Número Diez de esta corporación.

2. Presentación del asunto, formulación del problema jurídico y

esquema de resolución 2.1. De acuerdo con la situación fáctica descrita en los antecedentes de esta providencia y los elementos de juicio que obran en el expediente, observa la Sala que la problemática planteada tiene su origen en un conflicto de índole personal suscitado entre dos servidores públicos que compartían la misma posición jerárquica dentro de la Dirección Territorial Arauca del Ministerio de Trabajo, y cuyas desavenencias trascendieron al ámbito laboral, afectando negativamente el ambiente de trabajo y el desempeño de sus funciones. En esta ocasión, se estudia la acción de tutela promovida por la inspectora de trabajo Andrea Lilian Uribe Peña, quien el 30 de mayo de 2017 presentó queja por acoso laboral en contra del también inspector Carlos Alberto Merchán Espíndola, debido a las imputaciones deshonrosas sobre su persona y comentarios hostiles de descalificación profesional que este venía realizando no solo de manera verbal, sino a través de la red social Facebook, afectando su honra y buen nombre. Particularmente, mediante el amparo constitucional, la actora cuestionó el mensaje que aquel publicó en su perfil personal de Facebook el 28 de mayo de 2018, en el que la acusó de ridiculizar y hacerle bullying a su hija de cuatro años de edad comparándola con un simio, lo cual generó la reacción airada de otros usuarios de la red social que respondieron a la publicación con toda clase de comentarios desagradables y humillantes en referencia suya. Asimismo, manifestó su inconformidad con la actuación del Ministerio de Trabajo, en tanto no adoptó ninguna medida preventiva y/o correctiva en atención a la queja por acoso laboral formulada un año atrás, lo que, a su juicio, pudo haber evitado

que se repitieran este tipo de conductas. De la demanda conoció, en primera instancia, el Juzgado Segundo de Familia de Arauca en Oralidad que, en sentencia del 22 de junio de 2018, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, tras constatar que se satisfizo la pretensión orientada a que se eliminara el mensaje en cuestión. No obstante, dado que, en criterio de ese operador jurídico, a través del contenido divulgado se le atribuyeron a la actora conductas que no pudieron ser probadas, resolvió amparar sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Impugnado dicho fallo, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca decidió revocarlo para, en su lugar, negar por improcedente la acción de tutela, con fundamento en la ausencia del requisito de procedibilidad consistente en la solicitud previa de rectificación. 10 2.2. En el anterior contexto, el problema jurídico que le corresponde resolver a esta Sala de Revisión consiste en determinar si, en la presente causa, la Dirección Territorial Arauca del Ministerio de Trabajo y Carlos Alberto Merchán Espíndola vulneraron los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Andrea Lilian Uribe Peña. En el primer caso, debido a que dicha autoridad administrativa, al parecer, no ha adoptado las medidas preventivas ni correctivas necesarias para la protección de sus garantías fundamentales, tras la denuncia por acoso laboral que formuló en contra del mencionado servidor, obrando de modo permisivo y tolerante frente a ese tipo de conductas; y en el segundo caso, como consecuencia de la publicación que aquel realizó en su

muro de Facebook el 28 de mayo de 2018, en la que, en su sentir, la acusó de “maltrato de menores”, por presuntamente realizar comentarios burlescos acerca de su hija en la misma red social. 2.3. Con ese objetivo, debe la Sala comenzar por abordar la doctrina reiterada por la jurisprudencia constitucional en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela, para, posteriormente, verificar si, en el caso concreto, se satisfacen los requisitos de legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad.

3. Procedencia de la acción de tutela 3.1. Legitimación por activa 3.1.1. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente previstos por la ley. 3.1.2. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, establece lo siguiente: La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.

Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el defensor del pueblo y los per