CC - T059-2020

Sentencia T-059/20

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial protección PENSION DE INVALIDEZ-Reglas establecidas por la Corte Constitucional para determinar la fecha de estructuración de la invalidez en los casos de enfermedad degenerativa, crónica o congénita (i)“No puede limitarse a hacer el conteo mecánico de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a [la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral]”, sino tener en cuenta factores como “las condiciones específicas del solicitante y de la patología padecida, así como su historia laboral”; (ii) debe “verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez, [a)] hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y [b)] que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social”, y (iii) debe determinar el momento desde el cual se verificará que la persona cuenta con el número de semanas legalmente requeridas para obtener la pensión, ya sea “la fecha de calificación de la invalidez o la fecha de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo de sustento económico o, inclusive, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional” PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente

y definitiva de la capacidad laboral

PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD

CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Reiteración de la sentencia SU-588/16 DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Orden a Fondo de Pensiones reconocer, liquidar y pagar la pensión de invalidez

Referencia: Expediente T-7.606.890

Acción de tutela instaurada por Sebastián Moscoso Ocampo en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

Magistrado ponente:

CARLOS BERNAL PULIDO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

1. Síntesis del caso. El 23 de febrero de 2018, Sebastián Moscoso Ocampo interpuso acción de tutela en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (en adelante, Protección S.A.), porque consideró que esa entidad vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. El accionante solicitó que la entidad accionada tuviera en cuenta las semanas que cotizó después de la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral, ya que padece una enfermedad crónica.

I. ANTECEDENTES

2. Hechos. Sebastián Moscoso Ocampo, de 24 años de edad, padece insuficiencia renal terminal, hidrocéfalo obstructivo e hipertensión secundaria

a otros trastornos renales1. Entre febrero de 2014 y febrero de 2018, cotizó 210 semanas al Sistema General de Pensiones2. Durante esos años, trabajó, hasta noviembre de 2017, en la Procesadora y Tostadora de Café Ambar, de propiedad del señor José David López Pérez3. En ese establecimiento de comercio, realizó “oficios varios con funciones como mensajería y aseo de oficina”4. El accionante manifestó que “el señor [López Pérez le] daba trabajo por días y la remuneración que recibía por el día que trabajaba era el valor que valía el día al mínimo vigente”. Así mismo, afirmó que en 2018, “[empezó] a vender dulcería tales como galletas, bombones, gomitas, etc. en las tiendas de barrio”5; sin embargo, debido a su estado de salud, no podía visitar a sus clientes con frecuencia, y estos “terminaron comprándole a otros vendedores”, por lo que dejó esa actividad en mayo de ese año. El accionante indicó que “[n]unca [ha] gozado de un contrato laboral estable ni de prestaciones sociales [pues le ha] tocado trabajar de forma independiente e informal”6. 1 Cno. 1, fl. 6. 2 Cno. 1, fls. 17 al 19. 3 Cno. de revisión, fls. 56 al 58. En la copia de una certificación suscrita por el señor José David López Pérez, aportada por el accionante en sede de revisión, consta que este laboró en la Procesadora de Café Ambar “con un contrato de prestación de servicios desde enero del año 2014 a noviembre de 2017, realizando funciones de

mensajería y aseo de oficina y bodega”. Cfr. Cno. de revisión, fl. 56 4 Cno. de revisión, fl. 29. 5 Cno. de revisión, fl. 29. 6 Ibíd.

3. Solicitud de la pensión de invalidez. El 21 de noviembre de 2016, la Nueva EPS, entidad promotora de salud a la que está afiliado el accionante, emitió un concepto de rehabilitación desfavorable7 que fue remitido a Protección S.A. para que se determinara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral8. El 17 de febrero de 2017, la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., con la que Protección S.A. tenía contratado el respectivo seguro previsional, le dictaminó al accionante una pérdida de capacidad laboral del 67,94 %, con fecha de estructuración de 28 de diciembre de 2009 (cuando tenía 14 años de edad), debido a un diagnóstico de enfermedad de origen común consistente en insuficiencia renal terminal e hipertensión secundaria a otros trastornos renales9. El 24 de marzo de 2017, el accionante presentó ante Protección S.A. la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez10, que fue negada mediante oficio de 18 de julio de 201711. En su respuesta, Protección S.A. indicó que la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del accionante “es anterior a la vinculación con [esa] Administradora”12 y que, “al tratarse de una vinculación inicial, no habría posibilidad de que otra Administradora (…) estudiara y reconociera la

prestación solicitada”13. Por lo tanto, concluyó que “no procede (…) el reconocimiento de una pensión de invalidez”14. Así mismo, informó que contra esa decisión procedía una “solicitud de reconsideración”15, que no fue presentada por el accionante.

4. Solicitud de tutela16. El 23 de febrero de 2018, el accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna, que consideró vulnerados porque Protección S.A. le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Según afirmó, para la fecha de estructuración de su pérdida de su capacidad laboral, “no tenía la edad mínima para laborar ya que solo tenía 14 años” y, por lo tanto, no se le podía exigir “el requisito de cotización establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003”17. En consecuencia, pidió que se le ordenara a Protección S.A. “tener en 7 Cno. 1, fl. 6. 8 Cno. 1, fl. 5. 9 Cno. 1, fl. 11. De acuerdo con el dictamen, la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral corresponde a la “fecha en la cual se inicia terapia de remplazo renal que requirió trasplante y con posterior rechazo del injerto”. 10 Cno. de revisión, fl. 59 (CD). 11 Cno. 1, fls. 14 y 15. 12 Cno. 1, fl. 14.

13 Ibíd. 14 Ibíd. 15 Cno. 1, fl. 15. 16 Cno. 1, fls. 1 al 3.

17 Ley 860 de 2003, Artículo 1º. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: // Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: // 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. // 2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. // PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. // PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas cuenta las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración de la calificación de la invalidez y [que se le otorgara] la pensión de invalidez para [su] supervivencia (…) ya que por [su] diagnóstico [su] salud (…) se deteriora cada día más”.

5. Respuesta de la entidad accionada18. En su respuesta a la acción de tutela, Protección S.A. indicó que al accionante “no le asistía derecho a la pensión de invalidez, pues las semanas cotizadas dentro de los últimos tres años anteriores al momento en que se produjo el estado de invalidez fue cero ‘0”. Esto, según

la entidad, demuestra que no ha vulnerado ningún derecho fundamental, “ya que tal siniestro no estaba cobijado por el seguro previsional de [ese] fondo de pensiones, toda vez que el señor Sebastián Moscoso Ocampo no se encontraba válidamente afiliado a Protección S.A., y mucho menos no efectuaba aportes (sic) a cargo de Protección S.A.”. De otro lado, advirtió que la acción de tutela era improcedente, pues el accionante cuenta con “la acción ordinaria ante la jurisdicción laboral” para “reclamar los derechos que considere que se le estén vulnerando”. Finalmente, solicitó que en caso de que se dictara un fallo en su contra, este “sea proferido como mecanismo transitorio, es decir, hasta que la autoridad judicial competente dentro de un proceso ordinario laboral se pronuncie acerca de la procedencia o no de la prestación económica pretendida por el accionante”.

6. Sentencia de tutela de primera instancia19. El 7 de marzo de 2018, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín declaró improcedente la acción de tutela, por falta de inmediatez y de subsidiariedad. Sobre la falta de inmediatez, indicó que desde la fecha en que Protección S.A. le negó la pensión de invalidez al accionante (18 de julio de 2017) hasta la fecha de presentación de la acción de tutela (23 de febrero de 2018) transcurrieron siete meses. Esto, en su criterio, “constituye un indicio de la inexistencia de perjuicio irremediable, toda vez que el paso del tiempo hace presumir que el accionante no se ha sentido lo suficientemente

afectado”. En cuanto a la falta de subsidiariedad, señaló que el accionante “cuenta con la vía ordinaria para hacer valer los derechos que dice tener, en la cual puede sustentar un debate probatorio, el cual mediante la acción de tutela es imposible de llevar, por los términos de la acción los cuales son perentorios”.

7. Impugnación20. El 12 de marzo de 2018, el accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. En su escrito, indicó que (i) el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín no hizo una valoración probatoria adecuada, pues “no está en discusión la fecha de estructuración de la incapacidad (…) ni el porcentaje de pérdida de capacidad laboral”; (ii) es cotizante activo a mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años. 18 Cno. 1, fls. 28 al 34. 19 Cno. 1, fls. 50 al 53 vto. 20 Cno. 1, fls. 58 y 59. pensiones “desde el mes de febrero de 2014” y tiene “210 semanas cotizadas”;

(iii) la fecha de estructuración de su incapacidad es “amañada” por Protección S.A., “para salirse por la tangente”; (iv) la fecha de estructuración de su incapacidad debe ser el 30 de enero de 2017, “fecha de la evaluación médica”, para la cual ya tenía “cumplidos los requisitos para ser beneficiario de la

pensión de invalidez”, y (v) padece una enfermedad “terminal catastrófica y ruinosa”, se le practica una hemodiálisis tres veces por semana y depende “100% de sus padres y de la caridad de amigos, parientes y vecinos lo que [lo] pone en una situación de vulneración manifiesta económica evidente”.

8. Sentencia de tutela de segunda instancia21. El 24 de abril de 2018, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Medellín confirmó la sentencia de tutela de primera instancia. El juez a quem descartó la falta de inmediatez de la acción de tutela, porque la presunta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del accionante es permanente. Según explicó, “tal como se deduce de la condición clínica del demandante, el deterioro de su salud es progresivo, lo que permite colegir que la amenaza a sus garantías vitales se sigue presentando con el transcurrir del tiempo, mismo que no puede ser óbice para promover el presente medio de control constitucional”. No obstante, consideró que el accionante “posee mecanismos judiciales principales en (…) la justicia ordinaria laboral, donde cuenta con medios probatorios amplios que le permiten de manera eficaz propender por la presunta vulneración de sus derechos prestacionales (sic)”.

En consecuencia, declaró improcedente la acción de tutela, por falta de subsidiariedad.

9. Actuaciones en sede de revisión. Mediante el auto de 18 de noviembre de 201922, el magistrado ponente decretó la práctica de pruebas, con el fin de allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio necesarios para

adoptar una decisión de fondo. En dicho auto, se le solicitó al accionante informar: (i) Qué actividades económicas desarrolló entre los años 2014 y 2018 para cotizar a pensión; (ii) las razones por las cuales dejó de desarrollar sus actividades económicas y la fecha en la que las suspendió definitivamente; (iii) por qué razón no presentó la solicitud de reconsideración de la decisión que le negó la pensión de invalidez; (iv) si ha iniciado alguna acción ante la jurisdicción ordinaria para obtener el reconocimiento de su pensión de invalidez; (v) si ya está percibiendo alguna prestación económica por parte de Protección S.A.; (vi) cómo satisface actualmente sus necesidades básicas; (vii) si actualmente cotiza al sistema general de pensiones; (viii) cuál es su grado de escolaridad; (ix) qué personas conforman su núcleo familiar; (x) si recibe apoyo económico de su familia y (xi) qué tratamientos y procedimientos médicos recibe, con qué periodicidad y si le dificultan 21 Cno. 1, fls. 76 al 78. 22 Cno. de revisión, fls. 20 al 21. o imposibilitan realizar sus actividades diarias. Así mismo, se le solicitó a Protección S.A. enviar copia del expediente pensional del accionante23.

10. Pruebas aportadas en sede de revisión. Las pruebas solicitadas al accionante fueron aportadas mediante escrito de 22 de noviembre de 201924, y las solicitadas a Protección S.A, mediante comunicación de 25 de noviembre de

201925. Sobre los interrogantes formulados, el accionante respondió que:

(i) Trabajó por días “con el señor José David López y/o Procesadora

de Café Ambar (…) desempeñando el cargo de oficios varios con funciones como mensajería y aseo de oficina (…) [trabajó] con la trilladora hasta el 2017”. (ii) En 2018, empezó “a vender dulcería (…) en las tiendas de barrio (…) pero como los clientes necesitaban que los visitaran con más frecuencia y por [su] tratamiento de diálisis y estado de salud no era siempre posible terminaron comprándole a otros vendedores (…) [dejó] esa actividad en mayo de 2018”. (iii) Presentó “un derecho de petición ante Protección el 24 de julio de 2018 con el fin de que reconsideraran de nuevo tal decisión, pero el fondo de pensiones Protección de nuevo [se lo] negó”26. (iv) A la fecha de su respuesta a la solicitud de pruebas, “no [ha] entablado demanda contra Protección ya que no [ha] encontrado un abogado que [le] quiera llevar el proceso”. (v) A la fecha de su respuesta a la solicitud de pruebas, “no [recibe] ninguna prestación económica del fondo de pensiones Protección”. (vi) Sus necesidades básicas, “tales como comida, vivienda, vestuario, pasajes para [desplazarse a sus] diálisis etc. [se las] satisfacen [sus] padres”. (vii) Cotizó “al fondo de pensiones Protección hasta el mes de septiembre, el cual [pagó] a principios de octubre de 2019, ya que [revisó] en la página web del RUAF y por ARUS y [está] retirado en pensiones pero no tenía conocimiento”.

(viii) Su grado de escolaridad “es sexto grado sin concluir ya que por 23 La Secretaría General de la Corte Constitucional solicitó el envío de las pruebas requeridas, mediante los oficios OPT-A-3080/2019 y OPT-A-3081/2019. Cfr. Cno. de revisión, fls. 22 y 25. 24 Cno. de revisión, fls. 28 al 53. 25 Cno. de revisión, fls. 59 al 60 (2 CD). 26 Esta solicitud se presentó el 24 de julio de 2018, es decir, tres meses después de que se profirió la sentencia de tutela de segunda instancia en el asunto de la referencia. Cfr. Cno. de revisión, fls. 30 al 31. [sus] múltiples hospitalizaciones a lo largo de [su] vida y [su] enfermedad como tal [lo] han atrasado y desmotivado mucho en los temas académicos”. (ix) Vive “con [su] mamá y [su] papá y [su] hermano menor de 13 años”. (x) Recibe “apoyo económico de [sus] padres y de [su] tía Marcela Moscoso Villa quien [le] ajusta para el pago de [su] seguridad social (…) y de la Caja de Compensación Confama [recibe] $60.000 de subsidio por discapacidad”. (xi) Recibe “tratamiento para la presión alta, tratamiento psicológico y hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes con una intensidad de 4 horas por cada diálisis (…) de la diálisis [sale] demasiado agotado e indispuesto y con dolor de cabeza y solo [quiere] estar acostado en [su] cama y muchas veces [amanece]

también enfermo”27. Para respaldar la información a la que se refiere el numeral (i), el accionante aportó copia de un certificado firmado por el señor José David López Pérez, propietario de la Procesadora y Tostadora de Café Ambar, según el cual “el señor Sebastián Moscoso Ocampo, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.216.719.236 de Medellín, laboró en la trilladora con un contrato de servicios desde enero del año 2014 a noviembre de 2017, realizando funciones de mensajería y aseo de oficina y bodega”28.

11. Informe de comunicación telefónica. Con el fin de constatar la información incluida en el certificado al que se refiere el inciso final del párrafo anterior, el despacho del magistrado ponente se comunicó, mediante llamada telefónica, con el señor José David López Pérez, quien confirmó los datos suministrados. Mediante el auto de 5 de diciembre de 2019, el magistrado ponente ordenó correr traslado del informe correspondiente a dicha comunicación telefónica a las partes y terceros interesados29.

II. Problema jurídico

12. Esta Sala de Revisión debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿la acción de tutela sub examine cumple con los requisitos de procedibilidad? En caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, la Sala resolverá el 27 El accionante aportó un certificado firmado por el médico Óscar Rincón, del Centro de Diálisis Fresenius Medical Care del Hospital San Vicente Fundación, según el cual “es atendido como paciente con enfermedad crónica terminal, con tratamiento renal tipo hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes con una duración

de cuatro horas, desde 06:00 am a 10:00 am este tratamiento es indispensable para su vida”. Cfr. Cno. de revisión, fl. 38. 28 Cno. de revisión, fls. 56 al 58. La Secretaría General de la Corte Constitucional dio traslado de las pruebas recaudadas, mediante los oficios OPT-A-3138/2019 a OPT-A-3142/2019. Cfr. Cno. de revisión, fls. 62 al 68. 29 Cno. de revisión, fls 70 y 71. La Secretaría General de la Corte Constitucional dio cumplimiento a esa orden, mediante los oficios OPT-A-3271/2019 a OPT-A-3275/2019. Cfr. Cno. de revisión, fls. 72 al 78. siguiente problema jurídico: ¿Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna de Sebastián Moscoso Ocampo, al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez porque no cotizó el número de semanas requeridas durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de su capacidad laboral?

III. Caso concreto

13. Legitimación en la causa. En el presente asunto, se cumplen los requisitos de legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva. En efecto, la tutela fue presentada por Sebastián Moscoso Ocampo, a quien se le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, decisión que habría vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna.

Así mismo, la tutela se presentó en contra de Protección S.A., la entidad administradora de fondos de pensiones a la que se encontraba afiliado el

accionante, que le negó el reconocimiento de esa prestación económica y que es, por tanto, de quien se predica la posible vulneración de derechos fundamentales.

14. Inmediatez. La Sala constata que la tutela cumple con el requisito de inmediatez, pues se interpuso en un término razonable, teniendo en cuenta la situación personal del accionante. Esta Corte ha reiterado que la acción de tutela no tiene un término de caducidad para su ejercicio30; sin embargo, debe ser “interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración”31. En ese sentido, la jurisprudencia ha definido algunos criterios para evaluar la satisfacción del requisito de inmediatez en cada caso concreto32, entre ellos, el análisis de la “situación personal del peticionario”.

Este criterio busca determinar si la condición particular del accionante “hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve”33. En el asunto sub examine, el accionante padece una insuficiencia renal terminal, que tiene un concepto de recuperación desfavorable. Debido a esta enfermedad, debe recibir un tratamiento de hemodiálisis “indispensable para su vida”34, tres días a la semana, durante cuatro horas al día. Según el accionante, este tratamiento le genera síntomas como dolor de cabeza, agotamiento e indisposición, y hace que “muchas veces [amanezca] al día siguiente también enfermo”. El accionante interpuso la tutela el 23 de febrero de 2018, esto es, siete meses después de que Protección S.A. le negó la pensión 30 Sentencia T-290 de 2011.

31 Sentencia SU 442 de 2016. 32 Según la Sentencia SU 391 de 2016, estos criterios son: (i) la “situación personal del peticionario”, referida a si el estado del accionante “hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve”, (ii) el momento en que se produce la vulneración, pues “pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales”, (iii) la naturaleza de la vulneración, ya que “existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados”, (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela, dado que “el análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales” y (v) los efectos de la tutela, pues “el juez debe tener en cuenta los efectos que [la tutela] tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”. 33 Sentencia SU 391 de 2016. Ver también las sentencias T-299 de 2018 y T-738 de 2017. 34 Así consta en certificación médica aportada al expediente por el accionante en sede de revisión. Cfr. Cno. revisión, fl. 38. de invalidez. Al respecto, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada en un término razonable, y que exigirle al accionante haberla interpuesto en un término menor resultaría desproporcionado, debido a su compleja condición de salud.

15. Subsidiariedad. La Sala también constata que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad. La jurisprudencia constitucional ha reiterado

que “cuando la pretensión versa sobre el reconocimiento de derechos de índole prestacional, como es el caso de la pensión de invalidez, la tutela, en principio no es procedente, habida cuenta de que para ese fin existen acciones”35 ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la tutela resulta procedente si, de conformidad con el artículo 6.1. del Decreto 2591 de 1991, el medio judicial ordinario carece de eficacia, “atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”36. Sobre el particular, esta Corte ha señalado que “exigir idénticas cargas procesales [tanto a las] personas que soportan diferencias materiales relevantes [como a las que] no se encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar discriminatorio y comportar una infracción constitucional al acceso a la administración de justicia en igualdad de condiciones”37. En el asunto sub examine, la Sala considera que la acción de tutela es procedente, por dos razones que, analizadas en su conjunto, permiten concluir que el mecanismo judicial ordinario no es eficaz: (i) el accionante está en una situación de vulnerabilidad por cuenta de su complejo estado de salud y (ii) prima facie, existe un nivel considerable de certeza respecto de la procedencia de su solicitud pensional.

16. En primer lugar, la Sala advierte que el accionante está en una situación de vulnerabilidad por cuenta de su complejo estado de salud. En efecto, el resumen de la historia clínica del accionante incluido en el dictamen de pérdida de la capacidad laboral38 revela que, desde su infancia, padece una insuficiencia

renal crónica que le ha generado otras patologías, como hipertensión arterial e hidrocéfalo obstructivo. Con ocasión de esa enfermedad, a los 14 años, fue sometido a un trasplante de riñón, cuyo injerto fue rechazado seis años después. Además, el 28 de diciembre de 2009, se le ordenó un tratamiento de hemodiálisis39, que al día de hoy continúa recibiendo, con los efectos señalados en el párrafo 14 supra. Las complejidades propias de su enfermedad le impidieron culminar el grado sexto de bachillerato y continuar con su formación académica. Así mismo, lo obligaron a dejar la actividad económica “independiente e informal”40 a la que se dedicaba. Debido a que su condición de salud le impide garantizarse un ingreso por su propia cuenta, el accionante depende del apoyo económico de sus padres y de una tía. Estas condiciones del 35 Sentencia SU 588 de 2016. 36 Decreto 2591 de 1991, artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. “La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. 37 Sentencia T-074 de 2015. 38 Cno. 1, fls. 9 al 13. 39 Con. 1, fl 9. 40 Con de revisión, fl. 29. accionante dan cuenta de su situación de vulnerabilidad y permiten inferir que

la falta de reconocimiento pensional guarda relación con la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

17. En segundo lugar, prima facie, existe un nivel considerable de certeza respecto de la procedencia de su solicitud pensional. Al respecto, la Sala observa que el accionante (i) acreditó que padece una enfermedad crónica y (ii) cotizó 210 semanas al sistema general de pensiones durante un período de cuatro años. En esa medida, hay razones suficientes para considerar que el accionante podría tener derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez, de conformidad con las reglas fijadas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003, y en la sentencia SU 588 de 2016.

En esos términos, diferir la decisión del asunto sub examine a la vía ordinaria implicaría prolongar la eventual vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Por lo tanto, la Sala concluye que la tutela es procedente.

18. Reiteración del precedente jurisprudencial. La sentencia SU 588 de 2016 señaló las reglas aplicables al reconocimiento de la pensión de invalidez de las personas que padecen de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas.

En esos casos, explicó esta Corte, la evaluación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 no es sencilla, pues esas patologías “se presentan desde el nacimiento o son de larga duración o progresivas”. Así las cosas, es posible que estas personas no acrediten las semanas legalmente requeridas para obtener la pensión de invalidez dentro de los tres años anteriores a la fecha del dictamen, pese a haber cotizado un número

importante de semanas después de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Por lo tanto, si en estos casos no se tienen en cuenta las semanas cotizadas después de esa fecha, “se impondría a la persona una condición imposible de cumplir”, lo que implica admitir que “por razón de su condición, no [tiene] la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana, ni tampoco la de buscar que el sistema de seguridad social cubra la contingencia de la invalidez una vez su estado de salud [le] haga imposible seguir laborando”41.

19. De conformidad con lo anterior, la Corte determinó que, en tales casos, la administradora de fondos de pensiones (i)“no puede limitarse a hacer el conteo mecánico de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a

[la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral]”, sino tener en cuenta factores como “las condiciones específicas del solicitante y de la patología padecida, así como su historia laboral”; (ii) debe “verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez, [a)] hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y [b)] que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social”, y (iii) debe determinar el momento desde el cual se verificará que la persona cuenta con el número de semanas legalmente requeridas para obtener la pensión, ya sea “la fecha de calificación de la 41 Sentencia T-943 de 2014. invalidez o la fecha