CC - T061-2020

Sentencia T-061/20

PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE

SEGUROS-Aplicación RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGUROS-Las aseguradoras sólo podrán eximirse de la responsabilidad de realizar el pago de la indemnización, cuando se encuentre debidamente probada la mala fe del tomador ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORAImprocedencia por incumplir requisito de subsidiariedad y no acreditar perjuicio irremediable

Referencia: Expediente T-7.279.118

Acción de tutela formulada por Martha Sofía Álvarez Álvarez contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A..

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de San José de Cúcuta, el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018) y, en segunda

instancia, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de San José de Cúcuta, el dieciséis (16) de enero del dos mil diecinueve (2019), dentro de la acción de tutela promovida por la ciudadana por MARTHA SOFÍA

ÁLVAREZ ÁLVAREZ contra el BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (en adelanta Banco BBVA) y BBVA

SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A..

El expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante Auto del diez (10) de abril de dos mil nueve (2019) por la Sala de Selección Número Cuatro, conformada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Alberto Rojas Ríos, y asignado por reparto a este último como sustanciador de su trámite y decisión.

I. ANTECEDENTES El pasado 12 de octubre de 2018, la ciudadana Martha Sofía Álvarez Álvarez formuló acción de tutela en contra del Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la protección de las personas con discapacidad.

Ello, con ocasión de la omisión de la accionada de realizar el pago de la póliza que adquirió en el 2009 para asegurar un crédito, que le ha sido negado por supuestamente haber omitido declarar ciertas afectaciones en su salud. De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la actora sustenta sus pretensiones en los siguientes:

1. Hechos

1.1. La accionante es una mujer de 62 años de edad que, en el año 2009, suscribió un crédito hipotecario y en el año 2016 uno de libre inversión con el banco BBVA.1 Para cubrir dichas obligaciones adquirió para cada uno un seguro de vida con BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. De igual manera, afirma haber adquirido otros servicios financieros como una tarjeta de crédito con el mismo banco. 1.2. La peticionaria afirma que el 08 de junio del año 2017, esto es, 8 años después de suscrito el crédito, fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 99% por parte del Médico Especialista en Salud Ocupacional de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social, Regional Norte de Santander, con fecha de estructuración del 4 de abril de 2017 El sustento de esta calificación se basó en el diagnóstico de diversas 1 Identificados, respectivamente, con los números de obligación: 0321-96021833798 y 08729600035324. patologías, tales como deficiencias en: (i) “funciones y estructuras del sistema cardiovascular –deficiencia X enf. orgánica del corazón criterio 1 clase ii, criterio 2 clase ii, criterio 3 clase ii (5 mets)”; (ii) “funciones hematológicas por anemia HB baja, HTO bajo, eritrocitos bajos”; (iii) “hipertensión arterial (primaria)”; y (iv) “trastorno mixto de ansiedad y depresión”2. 1.3. Por lo anterior, la accionante acudió ante el banco BBVA y la aseguradora BBVA para que hicieran efectivas las pólizas de seguro

9602183798, 9600035324 y 00130323675000445411, de manera que, en consecuencia, se extinguieran las obligaciones que derivan de los créditos asegurados. 1.4. El 12 de julio de 2017, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. respondió a las solicitudes presentadas y negó, para todos los créditos, la pretensión invocada en razón a que consideró que del estudio de la historia clínica de la señora Martha Sofía Álvarez era posible evidenciar que tenía antecedentes de disfonía, obesidad e hipertensión arterial3, correspondientes a los años 2006 y 2008; motivo por el cual, a su parecer, se materializó la causal de nulidad del contrato de seguro establecida en el artículo 1058 del Código de Comercio relativa al fenómeno de la reticencia en el suministro de la información por parte del asegurado. En ese sentido, consideró que la omisión de la señora Martha Sofía Álvarez de declarar que padecía de varias enfermedades permitía objetar el pago de la póliza. 1.5. En el año 2018, la accionante insistió en la reclamación del pago de las pólizas ante BBVA Seguros. 1.6. Mediante contestaciones del 14 de septiembre de 2018, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. indicó a la actora que (i) el pago solicitado respecto de las pólizas que cobijaban los créditos a) 9602183798 y b) 9600035324 fue objetado por los motivos manifestados el 12 de julio del año 2017; y (ii) la otra de sus pólizas, que cubría la obligación contenida

en el crédito rotativo número 00130323675000445411, fue efectivamente aprobada y se procederá al pago4.

2. Material probatorio obrante en el expediente 2.1. Contestación del 14 de septiembre de 2018, en la que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. indicó a la accionante que su reclamación 2 Folio 7. 3 Destaca que había reportado en su historia clínica un “dolor en el pecho”. 4 En ese sentido, se destaca que, de las 3 pólizas suscritas, la aseguradora accionada decidió asumir el pago de tan solo una de ellas. de pago de la póliza que cubría el crédito rotativo número 00130323675000445411, fue efectivamente aprobada y procedería a su pago. 2.2. Contestación del 14 de septiembre de 2018, en la que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. indicó a la accionante que su reclamación de pago de las demás pólizas reclamadas fue objetada por los motivos referenciados en la contestación otorgada el 12 de julio de 2017 y, en consecuencia, no será pagada. 2.3. Dos escritos del 12 de julio de 2017, en los que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. negó el pago de las pólizas reclamadas respecto de ambos créditos por cuanto, del estudio de la historia clínica de la actora, evidenció que ésta contaba con antecedentes de disfonía, obesidad e hipertensión arterial, correspondientes a los años 2006 y 2008, motivo por el cual consideró que se había configurado el fenómeno de la reticencia en

el suministro de información por parte del asegurado. 2.4. Comunicación del 08 de junio de 2017 en la que se le informa a la accionante sobre el dictamen en el que el Médico Especialista en Salud Ocupacional de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social, Regional Norte de Santander, calificó a la accionante con una pérdida de capacidad laboral del 99% con una fecha de estructuración del 4 de abril de 2019.

3. Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela La ciudadana Martha Sofía Álvarez Álvarez consideró desconocidos sus derechos fundamentales al mínimo vital y al debido proceso como consecuencia de la omisión de las accionadas de hacer efectiva la póliza suscrita para asegurar los créditos que adquirió, en razón a que presuntamente se abstuvo de declarar que padecía de hipertensión arterial, disfonía y obesidad con anterioridad a la suscripción de la póliza.

Considera que si bien en efecto había sido dictaminada con antecedentes de hipertensión en el año 2006, lo cierto es que cuenta con un 99% de pérdida de capacidad laboral, del cual únicamente el 15% corresponde a la patología que omitió declarar (las demás enfermedades no tuvieron injerencia alguna en el dictamen). Por lo anterior, consideró que incluso si le descuentan este porcentaje, contaría con una PCL del 84%, lo cual es superior a lo exigido para hacer efectiva la póliza. De igual manera, reclama que si todas las deudas que adquirió, así como las respectivas pólizas que las respaldaban, fueron suscritas bajo las

mismas condiciones, resulta incoherente pensar que el pago de uno de los seguros de estas sea aprobado y el otro no.

4. Trámite de la acción de tutela objeto de revisión Mediante auto del 18 de octubre de 2018, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de San José de Cúcuta resolvió avocar conocimiento de la acción de amparo y notificar las accionadas.

Una vez integrado el contradictorio, las accionadas se pronunciaron en los siguientes términos: Respuesta de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. En escrito del 22 de octubre de 2018, la accionada contestó a la presente acción de amparo y solicitó que se declare su improcedencia pues, a su juicio, ésta comprende una controversia eminentemente contractual la cual debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, consideró que la accionante cuenta con medios ordinarios de protección, sin que, en su criterio, la intervención del juez de tutela resulte adecuada. Resalta que si bien una de las pólizas fue pagada, lo cierto es que ésta cubría obligaciones diferentes y riesgos distintos a las demás, motivo por el cual estima que no existe irregularidad alguna en el hecho de que una fuera aprobada y las otras no. Finalmente, destacó que, en este caso, la accionante incurrió en reticencia al omitir manifestar verídicamente su estado de salud al momento de suscribir la póliza de seguro en cuestión, motivo por el cual, indistintamente de que las enfermedades por las que se estructurara su invalidez hayan sido diferentes a las que omitió declarar, es necesario

entender que la conducta de la actora vició la póliza suscrita desde su misma suscripción. Así, consideró que la actora no puede sacar provecho de su propia omisión y dolo, motivo por el cual, incluso si la acción se considera procedente, estima que la pretensión en ella contenida debe ser negada.

5. Sentencias objeto de revisión Primera Instancia El Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de San José de Cúcuta, mediante sentencia de primera instancia proferida el 29 de octubre de 2018, “negó” el amparo ius-fundamental solicitado, pues, a su criterio, la pretensión planteada por la accionante se constituye en un asunto esencialmente contractual que debe ser estudiado por la jurisdicción ordinaria, sin que se evidencie que la actora haya acudido ante las vías judiciales correspondientes.

Segunda Instancia El Juzgado Quinto Civil del Circuito de San José de Cúcuta, a través sentencia del 16 de enero de 2019, decidió “confirmar” lo resuelto por el A-Quo, por considerar que la actora debe acudir a los mecanismos ordinarios de protección judicial, sin que, a su juicio, se evidencie la inminente materialización de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional.

6. Actuaciones en sede de revisión Mediante Auto del 06 de junio de 2018, el Magistrado Sustanciador decretó una serie de pruebas a efectos de verificar las circunstancias fácticas que circunscriben el presente caso, así como el fundamento de la pretensión de amparo y allegar al proceso de revisión de tutela los

materiales probatorios que permitan la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. En ese sentido, se buscó obtener información sobre: (i) ¿cuáles son las condiciones actuales de vida de la señora Martha Sofía Álvarez, en específico, en qué condiciones de salud y económicas se encuentra?; (ii) ¿de qué manera se fijó su pérdida de capacidad laboral (PCL)?; (iii) ¿cómo se fijaron los porcentajes de su PCL?; (iv) ¿desde cuándo vienen sus afectaciones en salud?; y (v) ¿qué tipo de créditos fueron adquiridos por la accionante?; (vi) ¿por qué cuantía; y (vii) ¿cuál es el estado actual de los mismos? BBVA Seguros de Vida Colombia Mediante documento allegado a este Despacho el 18 de junio de 2019, indicó que: - El 15 de mayo de 2009 la accionante se adhirió a la póliza colectiva de vida grupo deudores para amparar el crédito número 9602183798 contra las contingencias de “riesgo a la vida e incapacidad total y permanente”, los cuales serán cubiertas siempre que se cumplan con los presupuestos del amparo y no medie causal de exoneración de responsabilidad. - La actora cuenta actualmente con dos créditos pendientes de pago, estos son: (i) el 9602183798 y (ii) el 9600035324. - El motivo por el cual la póliza suscrita en relación con el crédito rotativo número 00130323675000445411 fue pagada, radica en que éste fue adquirido sin el previo diligenciamiento de una declaración

de asegurabilidad. No obstante, destaca que en relación con los créditos identificados con el número 9602183798 y 9600035324, la actora omitió declarar que tenía antecedentes de disfonía y obesidad desde el 2008, e hipertensión desde el 2006, esto es, con anterioridad a la fecha de suscripción de la póliza. Para sustentar sus afirmaciones, la aseguradora accionada allegó: - Copia del contrato del Seguro de Vida Grupo Deudores Póliza Vida Grupo No. 0110043, en el cual se evidencia que la póliza estableció las siguientes condiciones: o Cubre el valor total de la deuda asegurada ante la muerte del asegurado o de una contingencia que afecte su capacidad laboral en un porcentaje superior al 75%, o Prevé la posibilidad de cubrir parcialmente la deuda ante la configuración de determinadas afectaciones a la salud del asegurado. o Cubre parcialmente incapacidades temporales; o Establece exclusiones expresas, entre las que no se evidencia ninguna de las afectaciones de salud de la accionante. o Establece una sanción al asegurado que incurre en irregularidades al declarar su edad; o Una cláusula de “irreductibilidad” en virtud de la cual “una vez transcurridos dos (2) años en vida del asegurado, desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, el valor del seguro no podrá ser reducido por causa de error en la declaración de asegurabilidad”; o Enuncia las causales de terminación del contrato. Banco BBVA A través de escrito del 19 de junio de 2019, indicó que la accionante actualmente aparece como deudora de los créditos números “83798 y

35324” que están amparados por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. respecto de los riesgos a la vida e incapacidad total permanente. Indica igualmente que el saldo de otro producto de crédito adquirido por la accionante fue pagado en razón a que no fue suscrito con una declaración de asegurabilidad; razón que justifica que los otros créditos hayan sido objetados. Ciudadana Martha Sofía Álvarez Álvarez Mediante oficio radicado en esta Corporación el 21 de junio de 2019, aseveró que actualmente funge como cabeza de hogar pues su núcleo familiar depende económicamente de ella y está compuesto por su compañero permanente de 76 años, quien no labora ni recibe pensión de ningún tipo, y de su hijo de 36 años que se encuentra desempleado. Afirma que en adición a las enfermedades que le fueron diagnosticadas y en virtud de las cuales perdió su capacidad laboral, estas son, (i) insuficiencia cardiaca, (ii) problemas cardiovasculares por defectos del “tabique auricular”, (iii) hipertensión, (iv) trastorno mixto de ansiedad y depresión, (v) anemia por deficiencia de hierro y (vi) obesidad, actualmente cuenta con una fractura de pierna que dificulta en mayor medida su movilidad y se encuentra actualmente en proceso de recuperación. Expresa que si bien, con ocasión a su pérdida de capacidad laboral, le fue reconocida una pensión de invalidez por un valor aproximado de 3,9 millones de pesos, lo cierto es que los créditos que le son cobrados corresponden a uno identificado con el número 0321-9602183798 de

carácter hipotecario por concepto de 67 millones de pesos y otro con número 0872-9600035324 con carácter de “consumo” por valor de 26 millones de pesos más, para un total de 93 millones de pesos en deudas, las cuales tienen la capacidad de desestabilizar su núcleo familiar y obstaculizar la efectiva consecución de sus mínimos de subsistencia. Adicional a lo anterior, la accionante allegó los siguientes documentos: - Certificación de las deudas que actualmente tiene con el Banco BBVA, en la que se deja constancia de la existencia de un crédito hipotecario por 67 millones de pesos y uno de consumo por 26 millones más5. - Copia del Decreto 0411 del 07 de julio de 2017, mediante el cual la actora fue desvinculada del servicio activo de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta con ocasión a la calificación de su pérdida de capacidad laboral. 5 Con todo se destaca el que no se hace precisión sobre si ese es el monto que aún queda ilíquido, o si estos datos corresponden al valor inicial de la deuda. - Copia de la Resolución No. 0779 del 13 de octubre de 2017 por medio de la que la Oficina de Fondo Prestacional de la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta reconoce y ordena el pago de la pensión de invalidez de la accionante por concepto de 3’891.462 pesos mensuales. - Dictamen médico laboral de pérdida de capacidad laboral para los educadores afiliados al fondo de prestaciones sociales del magisterio del 6 de junio de 2017, mediante el cual se certifica que la accionante cuenta con una PCL del 99% que corresponde a: (i)

30% a deficiencias en “funciones y estructuras del sistema cardiovascular –deficiencia X enf. orgánica del corazón criterio 1 clase ii, criterio 2 clase ii, criterio 3 clase ii (5 mets)”; (ii) 15% a hipertensión arterial; (iii) 15% a deficiencias en “funciones hematológicas por anemia HB baja, HTO bajo, eritrocitos bajos”; (iv) 15% a deficiencias en “funciones mentales”; (v) 18% a una dificultad para laborar en general y (vi) 6% a restricciones a la actividad como docente. - Historia Clínica completa de la señora Martha Sofía Álvarez.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia La Corte Constitucional es competente para pronunciarse en sede de revisión en relación con el presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política de Colombia, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.

2. Planteamiento del caso y problema jurídico La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y al debido proceso y, en consecuencia, se ordene al Banco BBVA y a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. proceder a hacer efectivas las pólizas que suscribió para asegurar unos créditos que suscribió en el año 2009. Ello, pues a pesar de que ha venido cancelándolos oportunamente y de que reúne los requisitos para su exigibilidad, por haber perdido más del 75% de su capacidad

laboral, actualmente le son negadas en razón a que se le reprocha haber omitido declarar que contaba con antecedentes de hipertensión, obesidad y disfonía con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro. De acuerdo con los hechos descritos, corresponde a la Corte evaluar, con miras a dar solución a la situación fáctica planteada, la procedencia de las pretensiones invocadas por la actora, de manera que se resuelva a cada una de las siguientes interrogantes: en primer lugar, establecer si (i) ¿se satisfacen a cabalidad los requisitos que han sido desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte para la procedencia de la acción de tutela en el caso en concreto? Una vez resuelto el anterior punto y, únicamente en el evento en el que se estime procedente el amparo solicitado, la Sala deberá abordar los siguientes problemas jurídicos de sustanciales: (ii) ¿desconocieron las entidades accionadas los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la accionante al negarse a hacer efectivas las pólizas de seguro de vida que adquirió, bajo el argumento de haber incurrido en preexistencia y/o reticencia con ocasión al contrato de seguro suscrito? Igualmente, se hará indispensable verificar si (iii) ¿las condiciones de salud omitidas tuvieron tan solo una injerencia parcial en el acaecimiento de la contingencia asegurada, o, por el contrario, ésta fue determinante? Para solucionar estos interrogantes, la Sala procederá a realizar un análisis de la jurisprudencia constitucional sobre: (i) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela; (ii) procedencia excepcional de la

acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección; y (iii) la buena fe en el contrato de seguro como parámetro para la determinación de una preexistencia o para la configuración de la reticencia; para, así, resolver el caso concreto.

3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

Reiteración de jurisprudencia La acción de tutela, tal y como fue diseñada por el Constituyente de 1991, se caracteriza por ser un mecanismo informal de protección judicial de derechos fundamentales, esto es, se trata de una acción pública a la que puede acudir cualquier persona sin necesidad de técnicas y conocimientos especializados. A pesar de ello, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de unos requisitos mínimos de procedibilidad que deben verificarse satisfechos a efectos de que sea posible que el juez constitucional pueda entrar a resolver la litis que ante él se plantea. En ese orden de ideas, el juez constitucional se encuentra en la obligación de esclarecer, entre otras cosas y en cada caso en concreto: (i) la efectiva acreditación de la legitimación para hacer parte del proceso por quienes en él se encuentran inmiscuidos, ya sea de quien incoa la tutela (accionantelegitimación por activa-) o de quien se predica la presunta vulneración ius-fundamental (el accionado -legitimación por pasiva-); (ii) la inmediatez con que se acudió a este excepcional mecanismo de protección; y (iii) la inexistencia de mecanismos ordinarios de protección (subsidiaridad). Respecto de la legitimación por activa, ésta se constituye en un requisito que solo se ve satisfecho a partir de la efectiva verificación por parte del

juez de que los derechos fundamentales presuntamente afectados se encuentran en cabeza de quien se reputa es el accionante. Es de destacar que este requisito se encuentra íntimamente relacionado con la necesidad de comprobar que quien presenta la acción cuente con el “derecho de postulación” para el efecto, requisito que se configura ante la materialización de dos supuestos de hecho en concreto, los cuales pueden ser sintetizados como: (i) cuando la persona acude directamente a la jurisdicción a efectos de lograr la protección de sus garantías iusfundamentales; o (ii) cuando de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente una persona se encuentra facultada para actuar en nombre de un tercero. Tratándose de una solicitud directa por parte del afectado, la jurisprudencia ha aceptado que, precisamente con ocasión al carácter informal de la acción de tutela, y en aras de obtener la efectiva protección de los derechos fundamentales de los que pueda ser titular un individuo, siempre que se trate de la agencia de un derecho propio, debe entenderse satisfecho este requisito.6 Ello, de forma que el juez de amparo siempre evalúe la situación particular y determine si existe o no la vulneración aludida, independientemente de que se trate de menores o de personas con el ejercicio limitado de sus derechos, como lo son las personas declaradas interdictas7. En contraste, la legitimación por pasiva implica la necesidad de que el juez verifique que el accionado sea quien efectivamente está poniendo en riesgo o afectando los derechos fundamentales de quien solicita el amparo, esto es, que quien está siendo identificado como desconocedor de las garantías ius-fundamentales del ciudadano, sea quien efectivamente

incurrió en la conducta u omisión que se considera como vulneradora. Ahora bien, a pesar de que la tutela está principalmente pensada para proteger de las actuaciones que hayan podido efectuar entes Estatales, esta Corte ha reconocido la viabilidad de interponer acciones de tutela en contra de particulares, esta posibilidad ha sido admitida solo de manera 6 A la luz de una interpretación sistemática del artículo 86 superior y de los artículos 01 y 10 del Decreto 2591 de 1991. 7 Ver, entre otras, la Sentencia T-845 de 2011. excepcional y previo el cumplimiento de alguno de los requisitos que serán reseñados a continuación, esto es, cuando el particular accionado: - Tenga a su cargo la prestación de un servicio público; - Con su actuar afecte gravemente un interés colectivo; - O, finalmente, cuando el accionante se encuentre en situación de subordinación e indefensión con respecto al agresor. En relación con el requisito de acudir con inmediatez al mecanismo de amparo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia SU-961 de 1999 determinó que: "Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la existencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un término prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. "

En este sentido, se ha entendido por la jurisprudencia de esta Corte que siendo la acción de tutela un mecanismo que permite obtener la protección de las garantías de más alta envergadura dentro del ordenamiento jurídico, es necesario que quien acude a ella, lo haga dentro de un plazo razonable que sea fiel testigo de la gravedad del asunto y de la trascendencia de la afectación que se alude. Lo anterior, so pena de afectar intereses jurídicos de terceros que han consolidado ya sus situaciones jurídicas y en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. Por último, lo relacionado con el requisito de subsidiariedad será estudiado por la Sala en el capítulo que se desarrollará a continuación.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección. Reiteración de jurisprudencia8 4.1. La acción de tutela, concebida como un mecanismo jurisdiccional que tiende por la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de los individuos, se caracteriza por ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional; esto es, parte del supuesto 8 Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915 de 2014 y T-330 de 2015, entre otras. de que en un Estado Social de Derecho como el que nos rige, existen procedimientos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses de naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente destacar que el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias establecido por la Constitución y la

Ley a las diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia judicial. Por lo anterior, y como producto del carácter subsidiario de la acción de tutela, resulta necesario concluir que, por regla general, ésta solo es procedente cuando el individuo que la invoca no cuenta con otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la protección requerida. No obstante, se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a través de estos no es posible obtener un amparo integral de los derechos fundamentales del actor, esto es, en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y/o eficacia necesaria para otorgar la protección de él requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; hipótesis dentro de las que se encuentran inmersas las situaciones en las cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por ello, su situación requiere de una particular consideración por parte del juez de tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable, evento en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protección provisional de los derechos

del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural. Por ello, se ha considerado que no basta con verificar la existencia formal de mecanismos ordinarios de protección, sino que se deben valorar en el caso en concreto la idoneidad y eficacia con que estos pueden permitir superar la situación puesta en conocimiento del juez constitucional. En consecuencia, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que, en estos dos eventos, en los que las circunstancias particulares del caso constituyen un factor determinante, es posible que la acción de tutela pueda entrar a otorgar directamente el amparo pretendido, ya sea de manera transitoria o definitiva, a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección a los que sea posible acudir.

5. La buena fe en el contrato de seguro como parámetro para la determinación de una pre-existencia o de la reticencia El contrato de seguro, entendido como aquel “en virtud del