CC - T107-2020

Sentencia T-107/20

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE

PRESTACIONES PENSIONALES-Procedencia excepcional

PENSION DE SOBREVIVIENTES A PADRES DE SOLDADO

FALLECIDO EN COMBATE O COMO CONSECUENCIA DE LA ACCION DEL ENEMIGO ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDADFlexibilidad en caso de sujetos de especial protección constitucional

PENSION DE SOBREVIVIENTES DE SOLDADOS

VOLUNTARIOS FALLECIDOS EN COMBATE-Régimen aplicable

PENSION DE SOBREVIVIENTES EN EL REGIMEN ESPECIAL

DE LAS FUERZAS MILITARES-Jurisprudencia del Consejo de Estado PENSION DE SOBREVIVIENTES DE SOLDADOS VOLUNTARIOS FALLECIDOS EN COMBATE-Orden al Ministerio de Defensa, reconocer y pagar pensión a la cual tiene derecho la accionante, conforme al Decreto 1211 de 1990

Referencia: Expediente T-7.395.654

Asunto: Acción de tutela interpuesta por Rosa Mejía, contra el Ministerio de

Defensa Nacional.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veinte (2020). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela adoptado por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, a través del cual se confirmó la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del Guamo (Tolima), dentro del trámite de la acción de amparo constitucional que la señora Rosa Mejía promovió contra el Ministerio de Defensa Nacional1.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos 1.1. Millan Rodríguez Mejía, hijo de la accionante2, era Soldado Voluntario del Ejército Nacional. En esta institución estuvo vinculado aproximadamente 93 meses3, y tras su muerte ocurrida “en el servicio como consecuencia de la acción directa del enemigo en tareas de restablecimiento del orden público”4, fue dado de baja el 26 de octubre de 2001. 1.2. A través de las resoluciones 169 del 7 de marzo de 2002 y 19218 del 24 de abril del mismo año5, el Ejército Nacional, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 2728 de 19686, ascendió en forma póstuma al grado de Cabo al señor Rodríguez Mejía”7 con el fin de honrar su memoria, y ordenó el pago de la compensación por la muerte a favor de sus padres. 1.3. Mediante petición fechada el 12 de febrero de 2018, la señora Rosa Mejía solicitó al Ejercito Nacional que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1211 de 19908, le reconociera el 50% de la pensión de sobrevivientes con 1 El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión y repartido al despacho del magistrado ponente

por la Sala de Selección de Tutelas Número Siete, mediante auto del 30 de julio de 2019. 2 Tal y como consta en el Registro Civil de Nacimiento, cuya copia reposa en el folio 34 del cuaderno 1, Millan Rodríguez nació el 9 de abril de 1975 en Natagaima, y es hijo de Segundo Antonio Rodríguez Quezada y Rosa Mejía, quien, conforme consta en la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el expediente (folio 33 del cuaderno 1), tiene 70 años de edad, pues nació el 29 de agosto de 1949. 3 Incluido el tiempo de servicio militar obligatorio que prestó como soldado regular desde enero de 1994, el señor Mejía Rodríguez “completó un tiempo de servicio total de siete años, nueve meses y once días, (…) según consta en la Hoja de Servicios No. 61 del 09 de enero de 2002” (cfr. folios 42 y 51 del cuaderno 1). 4 Esta información consta en el “Informativo Administrativo” que el Ejército Nacional realizó con ocasión del fallecimiento del soldado (folio 39 del cuaderno 1). 5 Folios 41 y 80 del cuaderno 1. 6 Decreto 2728 de 1968, “Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”, artículo 8. “El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al

reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero. // A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero”. 7 Folio 41 del cuaderno 1. 8 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”. 2 ocasión de la muerte de su hijo, pues estimó que la otra mitad de la prestación le debería corresponder al padre de Millán Rodríguez9. 1.4. En la Resolución 3433 de agosto 21 de 2018 el Ministerio de Defensa Nacional confirmó la Resolución 2813 de julio 5 del mismo año, mediante la cual negó el reconocimiento de la prestación solicitada, pues, según adujo la entidad, “el Decreto 2728 de 1968 no consagra pensión con ocasión de la muerte del personal de soldados (…)”10, y “ni el Consejo de Estado ni la [Corte Constitucional] han expedido una sentencia de unificación frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990 en los eventos en que los Soldados Regulares fallecieron en combate”11.

2. Solicitud de amparo constitucional Mediante acción de tutela interpuesta el 1º de febrero de 2019, la señora Rosa Mejía manifestó, en primer lugar, que es de avanzada edad pues tiene 70 años, “enferma12, desempleada, sin bienes de fortuna, abandonada, [y que,] por la falta de los recursos económicos que [le] suministraba [su] hijo para la alimentación, vestuario, compra de medicamentos y en general todos los gastos de la casa, [se ve] a veces en la necesidad de vivir de lo que [la] ayudan algunas personas que se apiadan de [sus] necesidades”13. Además, afirmó que “toda [su] vida prácticamente la [vivió] en el campo”, trabajando “al jornal en oficios varios”, que “no [tiene] estudio alguno” y, finalmente, que ya no puede trabajar por su estado de salud y edad14. 9 Folio 29 del cuaderno 1. 10 Folio 43 del cuaderno 1. 11 Folio 48 del cuaderno 1. 12 Al respecto, probó, mediante documentación médica suscrita por empleados del Hospital de San Antonio de Natagaima E.S.E., que hace más de seis años padece hipertensión esencial primaria (folios 53 a 55 del cuaderno 1). Igualmente, afirmó que la presión arterial alta le ha producido problemas de corazón y riñones por su inflamación en el organismo. Además, acreditó que padece “catarata senil” (folio 44 del cuaderno de revisión), y adujo que debido a la falta de recursos económicos no ha podido gestionar en Ibagué la

realización de la cirugía que le prescribieron para tratar dicha afección, y que consiste, según la orden médica que aportó, en una “extracción extracapsular de cristalino por facoemulsificación” y un “implante de lente intraocular secundario” (folios 21 del cuaderno 1, 2 y 45 del cuaderno de revisión). 13 Para sustentar dichas aseveraciones aportó tres declaraciones extra juicio hechas bajo juramento ante el Notario Único de Natagaima. En la primera, la actora adujo que dependía económicamente de Millán Rodríguez Mejía, quien devengaba un sueldo como soldado del Ejército Nacional hasta que falleció en el municipio de Arauquita (Arauca), no dejó hijos reconocidos ni adoptivos, y murió sin cónyuge ni compañera permanente (folio 36 del cuaderno 1). // Las otras dos declaraciones fueron hechas por personas que, si bien no tienen parentesco con la peticionaria, afirmaron conocerla de vista, trato y comunicación y, bajo juramento, aseguraron que las aseveraciones relacionadas con el estado civil y la ausencia de descendencia de Millan Rodríguez, así como con la dependencia económica de la señora Rosa Mejía respecto de su hijo fallecido, son ciertas (folios 37 y 38 del cuaderno 1). 14 En relación con este asunto, vale la pena aclarar que la página web https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co registra que el puntaje Sisbén III actualizado de la accionante es de 40.52 según encuesta registrada en el municipio de Natagaima (Tolima) y, conforme obra en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de

Seguridad Social en Salud, está afiliada al régimen subsidiado de salud (folio 82 del cuaderno 1). Igualmente, es menester indicar que el despacho del magistrado ponente consultó el Sistema Integral de Información de la Protección Social, y encontró que la peticionaria: (i) no reporta afiliación a pensiones, a riesgos laborales ni a cesantías; (ii) no percibe ninguna prestación pensional; y (iii) no reporta ninguna vinculación a programas de asistencia social. 3 En segunda medida, ratificó la petición que presentó ante la entidad accionada aduciendo que, por ejemplo, en la sentencia T-1043 de 201215 esta Corte advirtió que la estricta aplicación del Decreto 2728 de 1968, en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente, conduce a la violación de los derechos de los familiares de los soldados regulares16 muertos en desarrollo de actos propios del servicio, y obliga a que, para garantizar la igualdad entre conscriptos, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, se aplique el Decreto 1211 de 1990 con el fin de reconocer a aquellos familiares la pensión allí establecida. En tercer lugar, manifestó que no adelantó el trámite judicial ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa toda vez que, por tratarse de un asunto de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral17, debía presentar la demanda en Arauca —lugar donde su hijo prestaba el servicio como soldado—, y dado que ella vive en Natagaima (Tolima) no tuvo los recursos para viajar a dicho Departamento, donde nunca ha ido y no conoce a

nadie. Exactamente, afirmó esto: “si no tengo ni para comer, mucho menos voy a contar con los recursos para hacer un viaje tan costoso como de Natagaima en el Tolima al Departamento de Arauca, a donde jamás he ido, ni conozco persona alguna”18. Igualmente, teme que iniciar un proceso judicial a sus 70 años, teniendo en cuenta los quebrantos de salud que padece y su expectativa de vida probable, repercuta en que, luego de todo el trámite, no pueda disfrutar ni siquiera de la primera mesada pensional. Además, aclaró que no acudió antes al juez natural y solo activó la vía administrativa hasta el año 2018, ya que después de la muerte de Millan Rodríguez, del ascenso póstumo y de la compensación que recibió por su muerte, “el uniformado que [l]a atendió” le indicó que no tenía derecho a la pensión, y solo fue hasta hace poco que, al no contar con dinero para contratar un abogado, acudió ante “personas conocedoras de situaciones similares”, quienes le explicaron que sí tenía derecho a la prestación requerida. Con fundamento en lo anterior, la tutelante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, y que, en consecuencia, se ordene al Ministerio de Defensa Nacional reconocer a su favor el 50% del valor de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor Rodríguez Mejía, junto con el pago del retroactivo. 15 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 16 Mientras rigió la Ley 48 de 1993, esta era una modalidad para atender la prestación del servicio militar

obligatorio. 17 Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, artículo 156. “COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: // (…) 3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. (…)”. 18 Folio 23 del cuaderno 1. 4

3. Traslado de la demanda y respuesta de la entidad demandada El Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guamo

(Tolima) admitió el mecanismo de amparo y ordenó correr traslado al Ministerio de Defensa Nacional, en calidad de accionado, para que ejerciera su defensa. En la contestación la entidad indicó que, dada la subsidiariedad de esta acción, la peticionaria no puede acudir a la jurisdicción constitucional para obtener la revocatoria de la Resolución 3433 del 21 de agosto 21 de 2018, pues se trata de un acto administrativo susceptible de ser demandado ante el juez contencioso administrativo, y además, según afirmó, en el caso concreto no se avizora un perjuicio irremediable susceptible de ser conjurado en sede de tutela.

4. Decisiones de instancia En sentencia del 14 de febrero de 2019, el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guamo negó el amparo invocado, pues indicó que el tiempo trascurrido después de la muerte de Millan Rodríguez y el

apoyo económico que la actora dejó de percibir producto del deceso de su hijo hacen presumir, por un lado, que la afectación a las garantías fundamentales de la tutelante “no ha sido de trascendencia al haber continuado subsistiendo por años sin necesidad de acudir al juez constitucional”19 y, por otro, que no dependía económicamente de su hijo, pues la misma accionante afirmó que trabajaba “en el campo al jornal, en oficios varios”. Sin perjuicio de lo explicado, el a quo también aclaró que la tutelante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para ventilar su pretensión. Luego de que la actora impugnó aquella decisión20, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante sentencia del 3 de abril de 2019 —que a su vez contó con un salvamento de voto21—, reiteró 19 Folio 92 del cuaderno 1. 20 En el escrito de impugnación la peticionaria reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, aportó fotografías de su domicilio que, según considera, prueban que vive “en una pobreza extrema” (folios del 10 al 12 del cuaderno 2), y además añadió lo siguiente: “[r]uego que subsidiariamente por lo menos se tome una decisión provisional, para que se revoque la decisión de primera instancia, y se conceda el amparo de los derechos constitucionales que invoqué, así sea provisionalmente, para que se ordene como medida cautelar cancelar los derechos de pensión de sobreviviente y así poder iniciar un proceso con los recursos económicos para ello, que ponga fin al proceso (…)” (folio 8 del cuaderno 2).

21 Una magistrada salvó su voto, pues, en primer lugar, estimó que, por las condiciones particulares dilucidadas por la accionante en el caso concreto, la tutela resulta procedente para dirimir la controversia objeto de estudio. Puntualmente, resaltó que la actora explicó que es “una mujer campesina, sin estudio alguno —como fácilmente puede extraerse de su caligrafía cuando estampa la firma en su cédula — (…) que la información que en su momento le brindó el Ejército fue la de no tener derecho a la pensión de sobreviviente, (…) próxima a cumplir los 70 años de edad, enferma, desempleada, sin bienes de fortuna, abandonada por la falta de recursos que le suministraba su hijo para su alimentación, vestuario, medicamentos, etc., [que] se ha visto en la necesidad de vivir de las ayudas que le ofrecen personas que se apiadan de ella”, y hace parte del régimen subsidiado. // En segundo lugar, la magistrada advirtió que este caso “guarda similitud con el decidido dentro del radicado T-387 de 2018 por la Corte Constitucional”. Igualmente, afirmó que el Consejo de Estado ha decidido casos similares “a favor de los parientes de los soldados voluntarios muertos en combate”, como aquel que falló “en la sentencia de unificación No. 464815 del 4 de octubre de 2018, donde concluyó que los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002, entre otras causas, debido al mantenimiento del orden público, pueden beneficiarse del régimen de prestaciones por muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 095 de 1989 o en el artículo 189 del

5 los argumentos expuestos por el Juzgado de primera instancia y, por tanto, confirmó su fallo. Igualmente, consideró que el estado de vulnerabilidad de la señora Rosa Mejía no es “tan apremiante como para justificar la intervención del juez constitucional en un ámbito que no es de su competencia”, y que tampoco se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable.

5. Insistencia para la selección de las decisiones de instancia En virtud de lo dispuesto por los artículos 3322 del Decreto 2591 de 19991 y 5723 del Reglamento de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo insistió en la selección y revisión de los fallos de tutela proferidos en el proceso de la referencia.

Puntualmente, la entidad manifestó que esta Corte, mediante la sentencia T378 de 201824, falló un caso fácticamente similar al presente en el que ordenó reconocer a una ciudadana la misma pensión que la señora Rosa Mejía pretende. Con base en los fundamentos jurídicos contenidos en dicha providencia, estimó que en el sub judice existe la urgencia de salvaguardar los derechos fundamentales de la accionante, sujeto de una especial protección constitucional por sus condiciones particulares. Por este motivo, consideró necesario que, conforme se decidió en aquella sentencia, se conceda el amparo invocado por la tutelante.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y

241.9 de la Constitución Política. Decreto 1211 de 1990, según sea la fecha del deceso”. // En conclusión, la magistrada consideró que, “ante la calidad jurídica que ofrece la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para resolver [este asunto] y atendiendo a la apremiante situación económica y de salud que plantea la accionante, sumado al hechos que está próxima a cumplir los 70 años de edad”, “lo justo era revocar el fallo de tutela impugnado y en su lugar amparar los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital a la señora Rosa Mejía (…)” (folios 42 a 44 del cuaderno 2). 22 Artículo 33. “Revisión por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses”. 23 Artículo 57. “Insistencia. Además de los treinta (30) días de que dispone la Sala de Selección y en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, cualquier Magistrado titular o directamente el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado podrá insistir en la selección de una o más tutelas para su revisión, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la Sala de Selección. // Las insistencias presentadas por los Magistrados deberán ceñirse a los principios y criterios que orientan el proceso de selección. // Los textos de todas las insistencias serán publicados en la página web de la Corte Constitucional, una vez recibidas por la Secretaría General. En caso de que el expediente sea seleccionado, en la sentencia se hará referencia al contenido de la insistencia”. 24 M.P. Alberto Rojas Ríos. 6

2. Procedencia de la acción de amparo constitucional 2.1. La acción de tutela procede en los casos en que no existen otros medios de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales presuntamente menoscabados, o en los que aun existiendo, estos no resultan idóneos o eficaces para garantizar tales prerrogativas, o no cuentan con la potencialidad para evitar un perjuicio irremediable25. Así entonces, cuando hay un mecanismo de defensa judicial alternativo pero acaece el primer evento, el amparo constitucional se tornaría definitivo; y por el contrario, si se presenta el segundo escenario, la eventual protección sería transitoria y estaría condicionada a que el peticionario inicie la acción judicial correspondiente dentro de un término de cuatro meses, so pena de que caduquen los efectos del fallo de tutela. 2.2. Ahora bien, dado que en este caso la actora controvierte dos resoluciones proferidas por el Ministerio de Defensa Nacional, la Sala advierte que, prima facie, el debate planteado es susceptible de ser ventilado ante la jurisdicción de

lo contencioso administrativo, que precisamente está instituida para conocer las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas26, como la demandada. 2.3. Por tanto, no resultaría de recibo, en principio, que si el ordenamiento prevé otros medio de defensa judicial para controvertir la negativa del Ministerio accionado materializada en actos administrativos concretos, la acción de tutela desplace la competencia del juez natural, pues con ello se desconocería el carácter subsidiario del mecanismo de amparo y, en consecuencia, la jurisdicción constitucional terminaría por asumir, de manera principal, el conocimiento de asuntos propios de otras jurisdicciones. 2.4. Con todo, la Corte Constitucional también ha justificado la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones pensionales, trazando ciertos factores que admiten ponderar las circunstancias especiales de cada caso concreto para evaluar la eficacia de los medios de defensa judicial en la consecución de la garantía de los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la persona; así por ejemplo, se debe tener en cuenta: (a) la edad y el estado de salud del accionante; (b) los sujetos que tiene a su cargo; (c) la situación económica en la que se encuentra, los ingresos, medios de subsistencia y gastos que ostenta; (d) la carga de la argumentación o de la prueba en la cual se fundamenta la supuesta afectación o amenaza a la garantía fundamental; (e) el agotamiento de los recursos 25 Tal y como lo ha sostenido esta Corporación, el perjuicio irremediable “se configura cuando existe el

riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos exige la inmediatez de la medida de protección”. (T-493 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-708 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-595 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y SU-189 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 26 Cfr. Artículo 104 de la Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 7 administrativos; (f) el tiempo prolongado que ha transcurrido en el trámite de la acción de tutela; (g) el esfuerzo y desgaste procesal que el demandante ha tenido que soportar para que al interior del trámite de tutela (que se supone es eficaz y expedito) se le proteja, de ser posible, su derecho fundamental presuntamente vulnerado; entre otros27. 2.5. Con base en lo explicado, la Sala concluye que la existencia de otros mecanismos jurisdiccionales de defensa descarta la viabilidad de la presente acción de tutela en relación con la pretensión de pago del retroactivo pensional, más no en relación con la controversia sobre el derecho a la pensión como tal. 2.6. Con respecto a la pretensión de reconocimiento del derecho a la pensión, si bien existen otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados por la tutelante, estas vías alternativas carecen de la eficacia

necesaria para el desplazamiento del amparo. 2.7. En efecto, la Sala encuentra que, en principio, el escenario natural para el debate acerca del derecho a la pensión de la demandante es el proceso ordinario que se surte en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata de un instrumento especializado manejado por instancias calificadas para resolver este tipo de debates, que cuenta con las instancias procesales necesarias para abordar todas las aristas asociadas a esta problemática. 2.8. No obstante ello, la confluencia de diferentes circunstancias hace apremiante una resolución inmediata de la controversia mediante la acción de tutela, entre estas las siguientes: (i) La señora Rosa Mejía, nacida el 29 de agosto de 1949, tiene 70 años de edad y, por tanto, está próxima a superar la esperanza de vida, estimada para el quinquenio 2015-2020 en 79.4 años28. Así, aunque la actora no ha superado aquel término, su contexto socio económico, la edad y sus condiciones de salud son factores que, potencialmente, pueden restringir de forma significativa el goce y disfrute de la prestación que pretende percibir. Por ello, someter a una persona que está próxima a superar la esperanza de vida a un proceso jurisdiccional, con las complejidades propias de este y las circunstancias particulares de la tutelante, resulta excesivamente gravoso, y con mayor razón si se trata de garantías fundamentales que inciden de forma directa en las condiciones elementales de vida del sujeto, y que de no ser reconocidas perjudican sus derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones

27 Cfr. Sentencia T-456 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-076 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; T-160 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-546 de 2001; M.P. Jaime Córdoba Treviño; T-594 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-522 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-595 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras. 28 Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones de población, 2005-2020. Colombia. Tablas abreviadas de mortalidad nacionales y departamentales. Estudios Censales No. 8. Documento disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf.

Último acceso: 23 de enero de 2020. 8 dignas29. Esto, por cuanto “los datos estadísticos indican que los medios de defensa judicial ordinarios pierden eficacia pues podrían transcurrir de forma paralela a la etapa final del ciclo vital del peticionario y, eventualmente, terminar demasiado tarde para el amparo de los derechos fundamentales bajo amenaza o violación.”30.

(ii) Como condición propia de su edad, el estado de salud de la accionante se ha deteriorado progresivamente, pues según documentación médica suscrita por empleados del Hospital de San Antonio de Natagaima E.S.E., hace más de seis años padece hipertensión esencial primaria31. Igualmente, según se afirma en la demanda, presión arterial alta le ha producido problemas de corazón y

riñones por su inflamación en el organismo. Además, sostuvo que padece “catarata senil”32 y adujo que debido a la falta de recursos económicos no ha podido gestionar en Ibagué la realización de la cirugía que le prescribieron para tratar dicha afección, y que consiste, según la orden médica que aportó, en una “extracción extracapsular de cristalino por facoemulsificación” y un “implante de lente intraocular secundario”33. (iii) La demandante atraviesa por una condición económica precaria, que se potencializa debido a su edad, al estado de salud y a la consecuente disminución de su fuerza de trabajo. Al respecto, la tutelante afirmó que está desempleada y carece de ingresos periódicos y formales. Igualmente, aportó tres declaraciones extra juicio hechas bajo juramento ante el Notario Único de Natagaima. En la primera, la actora adujo que dependía económicamente de Millan Rodríguez Mejía, quien devengaba un sueldo como soldado del Ejército Nacional hasta que falleció en el municipio de Arauquita (Arauca), no dejó hijos reconocidos ni adoptivos, y murió sin cónyuge ni compañero permanente34. Las otras dos declaraciones fueron hechas por personas que, si bien no tienen parentesco con la peticionaria, afirmaron conocerla de vista, trato y comunicación y, bajo juramento, aseguraron que las aseveraciones relacionadas con el estado civil y la ausencia de descendencia de Millan Rodríguez, así como con la dependencia económica de la señora Rosa Mejía respecto de su hijo fallecido, son ciertas35.

(iv) Además, las condiciones económicas y sociales de la actora son comprometedoras. Al respecto, afirmó que “toda [su] vida prácticamente la [vivió] en el campo”, trabajando “al jornal en oficios varios”, que “no [tiene] estudio alguno” y, finalmente, que ya no puede trabajar por su estado de salud y edad. Esta situación se torna más compleja si se tiene en cuenta, primero, que su puntaje Sisbén III actualizado es de 40.52, segundo, que está afiliada al 29 Al respecto ver las sentencias T-771 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-380 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-431 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-659 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-981 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 30 Sentencia T-981 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 31 folios 53 a