CC - T124-2020

Sentencia T-124/20

DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE

EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Accesibilidad COSA JUZGADA EN TUTELA-Configuración La cosa juzgada se configura si se acredita la denominada “triple identidad”, esto es: (i) identidad de partes, (ii) identidad de objeto e (iii) identidad de causa. DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad CONVENCION DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Deber de los Estados garantizar el derecho fundamental a la educación inclusiva (i) asegurar “un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida” y (ii) “asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, [al] transporte”. DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Marco constitucional y legal POLITICA PUBLICA EN EDUCACION INCLUSIVA-Parámetros de prestación del servicio (i) la educación inclusiva, que consiste en la incorporación de esta población, mediante ajustes razonables, en el “sistema educativo convencional”, y (ii) la educación especializada, que implica la prestación del servicio educativo en centros especializados, cuando las circunstancias particulares del caso lo exigen. DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Procede excepcionalmente servicio de transporte escolar con acompañamiento

DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE

EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Reglas de procedencia

para servicio de transporte escolar con acompañamiento La prestación de transporte escolar con acompañamiento para garantizar la accesibilidad de personas mayores de edad en situación de discapacidad al sistema educativo solo procede de manera excepcional, esto es, ante afectaciones manifiestamente irrazonables y desproporcionadas de los derechos a la educación y a la dignidad humana del accionante, esta última, en su dimensión de integridad física y mental.

Referencia: Expediente T-7.528.942

Acción de tutela instaurada por Ana Lucía Moreno Rivas, en calidad de agente oficiosa de Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, en contra de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali

Magistrado ponente:

CARLOS BERNAL PULIDO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de tutela de 8 de abril de 2019, proferido por la Juez Segunda Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, en el marco de la acción de tutela promovida por Ana Lucía Moreno Rivas, en calidad de agente oficiosa de sus hijas, Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, en contra de la Secretaría de Educación Municipal de Cali1.

I. ANTECEDENTES

1. Síntesis del caso. El 21 de marzo de 2019, la señora Ana Lucía Moreno Rivas, en calidad de agente oficiosa de sus hijas, Karen Liliana y Anyi Zuleimi

Rivas Moreno (en adelante, las accionantes), interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (en adelante, la Secretaría de Educación)2. En su escrito, señaló que las accionantes están inscritas en el programa informal de “Educación Adecuada para la Integración Social (EAIS)”, ofrecido por la Secretaría de Educación y operado por el contratista Asociación de Discapacitados del Valle –Asodisvalle–; sin embargo, ellas no pueden asistir regularmente a dicho programa, porque no cuentan con transporte escolar. Además, resaltó que las accionantes (i) se encuentran en situación de 1 Este expediente fue seleccionado por los magistrados Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes, quienes integraron la Sala de Selección Número Ocho. 2 Cdno. de revisión, fl. 142. discapacidad física, mental e intelectual, por lo cual “no tienen posibilidades de bipedestación ni de marcha”3, (ii) carecen de recursos económicos y (iii) son víctimas de desplazamiento forzado. Al respecto, la agente oficiosa solicitó la protección de los derechos a la vida digna, la salud y la educación inclusiva de las accionantes. Advirtió que estos derechos son vulnerados por la decisión de la accionada consistente en no prestarles el servicio de transporte con acompañamiento (ida y vuelta) desde su residencia hasta (i) Asodisvalle, y (ii) los centros médicos en los que se les practica “otros procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de rehabilitación”4.

1. Hechos

2. Diagnóstico de las accionantes. Anyi Zuleimi y Karen Liliana Rivas Moreno, de 18 y 20 años de edad, respectivamente, se encuentran en situación de “discapacidad física, mental [e] intelectual”5. Desde su infancia, las accionantes fueron diagnosticadas con epilepsia y retardo mental severo asociado a meningitis, por lo cual “no tienen posibilidades de bipedestación ni de marcha, es decir, no tienen posibilidades de caminar. Por lo anterior la movilidad de las mismas se desarrolla a través del dispositivo de movilidad silla de ruedas. Estas se desplazan a su vez gateando”6. En particular, Anyi Zuleimi padece de “epilepsia refractaria, epilepsia estructural, antecedentes de meningoencefalitis, parálisis cerebral, cuadriparesia espástica clase funcional V, escoliosis dorsolumbar, dorso esquino varo [y] déficit cognitivo profundo”7, por lo que “se desplaza con arrastres”8 y “se encuentra limitada para la realización de las actividades de la vida diaria”9, según historias clínicas de 31 de julio de 2018 y 7 de febrero de 2019. Por su parte, Karen Liliana padece de “retardo del desarrollo (...) antecedentes de meningitis, retardo psicomotor [y] crisis de irritabilidad”10, por tanto, está “actualmente sin capacidad de marcha”11, según historias clínicas de 7 y 20 de febrero de 2019. Dado que la madre de las accionantes es su única cuidadora, “no puede desplazarse con ambas sillas de ruedas para trasladarla[s]”12, por lo que “actualmente son

atendidas en su domicilio por el home care Cooemssanar quienes garantizan el servicio de terapias físicas, ocupacionales y de fonoaudiología de manera domiciliaria”13.

3. Situación económica de las accionantes. Ana Lucía Moreno Rivas y Jorge Enrique Rivas Moreno, madre y padre de las accionantes, registran 3 Cdno. de revisión, fl. 130. 4 Cdno. de revisión, fls. 35 a 60. 5 Cdno. 1, fls. 10 y 11. 6 Cdno. de revisión, fl. 130. 7 Cdno. 1, fl. 14. 8 Cdno. 1, fl. 12. 9 Cdno. 1, fl. 14. 10 Cdno. 1, fl. 16. 11 Cdno. 1, fl. 17. 12 Id. 13 Cdno. de revisión, fl. 130. puntajes de 16,7814 y 3,8715, respectivamente, en la base de datos del Sisbén.

De acuerdo con la agente oficiosa, toda la familia depende económicamente del padre, quien “labora como constructor y gana el salario mínimo”16. Además, los integrantes de la familia fueron víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Bajo Baudó (Chocó), según consta en el Registro Único de Víctimas17. Por último, las accionantes se encuentran afiliadas a la EPS EMSSANAR, en el régimen subsidiado18.

4. Programa Informal de Educación Adecuada para la Integración Social

(EAIS). Desde el 24 de mayo de 201719, las accionantes están inscritas en los

“procesos de rehabilitación en diferentes áreas de la salud, como fisioterapia, psicología y terapia ocupacional”20 que ofrece la Secretaría de Educación y opera el contratista Asociación de Discapacitados del Valle –Asodisvalle–. De igual forma, desde el 10 de diciembre de 2018, tras la valoración de un equipo terapéutico, conformado por una licenciada en pedagogía infantil y una terapeuta ocupacional21, Asodisvalle dispuso vincularlas al programa de “Educación Adecuada para la Integración Social” (en adelante, EAIS)22. Este programa “es una oferta de educación informal, que se brinda para estudiantes con discapacidad, entre los 14 y 21 años, [y que] tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar o renovar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, tendientes a la adaptación de cada individuo dentro de su entorno social”23. Esta modalidad educativa es ofrecida por la Secretaría de Educación y su prestación efectiva es ejecutada por Asodisvalle, en el marco del convenio suscrito entre estas entidades el 24 de marzo de 201924. Las accionantes reciben la atención que Asodisvalle denomina “integral”, es decir, un “acompañamiento educativo, rehabilitación y asistencia psicosocial a la familia, en este caso [sic], se atienden desde el área de fisioterapia y fonoaudiología, integradas a actividades educativas de acuerdo a las necesidades educativas, trabajando la motricidad fina y gruesa y desde la integralidad se trabaja un proyecto de vida”25.

5. Transporte con acompañamiento de las accionantes. Ana Lucía Moreno Rivas26 indicó que “los cuidados especiales que requieren [las accionantes] no

[le] han permitido realizar traslados en el transporte denominado MIO por las 14 Cdno. de revisión, fl. 18. 15 Cdno. de revisión, fl. 17. 16 Cdno. de revisión, fl. 57. 17 Cdno. de revisión, fl. 60. 18 Cdno. 1, fls. 41 y 42. 19 Cdno. de revisión, fl. 64. 20 Cdno. de revisión, fl. 64. 21 Id. 22 Cdno. de revisión, fl. 79. 23 Cdno. de revisión, fl. 68. 24 Cdno. de revisión, fls. 73 a 79. 25 Cdno. de revisión, fl. 64. 26 Cdno. 1, fls. 1 a 3. diferentes variables o barreras locativas [y] urbanísticas” 27 de la ciudad. A su vez, resaltó que “no cuent[a] con una economía suficiente (…) para realizar traslados en servicio público denominado taxi”28. En consecuencia, manifiesta que las accionantes “están asistiendo [a Asodisvalle] con una discontinuidad, lo que les ha causado un deterioro en su rendimiento académico y su salud mental y emocional, afectando los procesos académicos y terapéuticos”29.

6. Solicitud de tutela. El 21 de marzo de 2019, la señora Ana Lucía Moreno Rivas solicitó que se ordene a la Secretaría de Educación prestar a las accionantes el servicio de transporte con acompañamiento desde su residencia hasta (i) Asodisvalle (ida y vuelta), donde están inscritas en un programa de educación informal, y (ii) los centros médicos en los que se les lleva a cabo

“otros procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de rehabilitación”. En el auto admisorio de la acción de tutela fueron vinculadas la Secretaría de Salud Municipal de Cali, la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca, el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante, ADRES)30.

7. Respuesta de la entidad accionada. En escrito de 3 de abril de 2019, el secretario de educación (e) de Cali solicitó que la tutela fuera declarada improcedente. El funcionario indicó que (i) “no existe solicitud previa [de la accionante] encaminada a lo solicitado”31; (ii) la prestación del servicio de transporte es accesoria a la escolarización en el sistema educativo formal, por lo que las accionantes no pueden ser beneficiarias del mismo, al no encontrarse “matriculadas en ninguna institución ni pública ni privada, [v]erificada la información en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT”32; (iii) no existe “evidencia alguna a través de la cual se permita inferir que existe valoración de un equipo interdisciplinario compuesto por pediatras, médicos especialistas, y valoración de neuropsicología la cual [sic] permita determinar la pertinencia e idoneidad del servicio de acompañamiento”33 y (iv) Cali es municipio certificado para efectos de la Ley 715 de 200134, por lo que es competente para “administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado”35. Finalmente, el funcionario señaló que, en Cali, a “todos los niños

y niñas que pertenecen al sistema educativo formal”36 se les presta el servicio 27 Cdno. 1, fl. 2. 28 Id. 29 Cdno. 1, fl. 1. 30 Cdno. 1, fl. 20. 31 Cdno. 1, fl. 43. 32 Cdno. 1, fl. 43 (reverso). De acuerdo con la Secretaría de Educación, “las jóvenes Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, por su diagnóstico clínico no pertenecen al sistema educativo formal, pertenecen a un programa de esta Secretaría para la integración social, que cuenta con beneficios taxativos”. Cdno. 1, fl. 44. 33 Cdno. 1, fl. 44. 34 Id. 35 Artículo 7. 36 Id. de transporte escolar.

8. Respuestas de las entidades vinculadas. Mediante escrito de 29 de marzo de 201937, la ADRES solicitó negar el amparo en lo que tiene que ver con esta entidad, “pues de los hechos descritos y el material probatorio enviado con el traslado resulta innegable que la entidad no ha desplegado ningún tipo de conducta que vulnere los derechos, y en consecuencia [solicita] DESVINCULAR a esta Entidad del trámite de la presente acción constitucional”38. Por su parte, en escrito de 29 de marzo de 201939, la Secretaría de Salud Municipal de Cali indicó que “es claro para esta Secretaría que el petitum o solicitud planteada por la accionante es de íntegra competencia de la Secretaría de Educación de Cali”40. Sin embargo, respecto a los servicios de salud, solicitó “desvincular y exonerar [la Secretaría de Salud] de la presente

acción de tutela, (...) toda vez que no es competente para prestar los servicios de salud y los insumos a las afectadas, [lo que] corresponde a EMSSANAR E.P.S., donde se encuentran afiliadas en su totalidad”41. La Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca y el Ministerio de Salud no respondieron la tutela.

9. Sentencia de tutela de única instancia. El 8 de abril de 2019, la Juez Segunda Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali resolvió declarar improcedente la acción de tutela. Respecto al servicio de transporte, la Juez concluyó que, “cuando el paciente y su núcleo familiar presenten dificultades de carácter económico que les impida cubrir con los gastos generados, será la EPS la que deberá sufragar tales costos”42. La Juez consideró que, en el caso concreto, “pese a que podría presumirse la falta de recursos económicos de la actora, no aporta prueba siquiera sumaria para acreditar dicha situación, puesto que en principio solo pretensiona el transporte para la asistencia a la institución educativa donde le prestan los servicios a las agenciadas, por lo cual se declara la improcedencia”43. En el mismo sentido, la Juez estimó que, “dado que no se arrimó prescripción proferida por galeno tratante de la EPS o valoraciones realizadas por profesionales de la salud externos a la red de servicios de la accionada, [no es] competencia de esta oficina judicial ordenar la prescripción del mismo”44.

10. Petición ante la Secretaría de Educación y respuesta. El 9 de abril de 2019, Ana Lucía Moreno Rivas solicitó ante la Secretaría de Educación (i) “la

37 Cdno. 1, fl. 32. 38 Id. 39 Cdno. 1, fls. 39 a 42. 40 Cdno. 1, fl. 39. 41 Cdno. 1, fl. 40. 42 Cdno. 1, fl. 48. 43 Cdno. 1, fl. 48 (reverso). 44 Cdno. 1, fl. 49. cobertura de cupo”45 y (ii) “la cobertura de transporte”46 para las accionantes, por cuanto es “madre cabeza de hogar y [sus] recursos no son suficientes para dichos gastos, y no [tiene] una persona que [le] pueda colaborar llevándolas al colegio”47. El 11 de abril de 2019, la Secretaría de Educación respondió que “la Fundación Asodisvalle, a la cual se encuentran vinculadas las jóvenes mediante ampliación de cobertura, es un establecimiento de carácter privado, por lo que no es posible destinar recursos adicionales para conceder el transporte ya que los únicos componentes son los autorizados en el contrato”48.

11. Impugnación. El 12 de abril de 2019, la agente oficiosa impugnó la sentencia de primera instancia. En su escrito, indicó que la sentencia proferida por la Juez “no observa que la atención de [su] hija [sic] debe ser integral, lo que significa que además de su desarrollo pedagógico debe velar por un desarrollo completo y eficaz”49. La agente oficiosa no presentó ninguna petición específica en su escrito de impugnación.

12. Auto que deniega la impugnación. En auto de 24 de abril de 2019, la Juez

Segunda Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali “denegó” la impugnación de la decisión de primera instancia, porque fue presentada de forma extemporánea. Al respecto, señaló que “la providencia fue notificada el día 08 de abril de 2019 (fls. 50 a 54) y el recurso fue presentado al cuarto día hábil siguiente, es decir el día 12 de abril de 2019 (fls. 55 a 67); esto es, fuera de los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991”50.

13. Actuaciones en sede de revisión. Mediante el auto de 1 de octubre de 2019, el magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas51, con el fin de aclarar: (i) las pretensiones de la agente oficiosa52; (ii) si existía solicitud, previa a la acción de tutela, dirigida a la Secretaría de Educación y a la EPS53; (iii) si existían órdenes médicas que prescribieran a las accionantes el servicio de 45 Cdno. de revisión, fl. 103.

46 Id. 47 Id. 48 Cdno. de revisión, fl. 69. 49 Cdno. 1, fl. 55. 50 Cdno. 1, fl. 68. 51 Cdno. de revisión, fls. 22 al 24. 52 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la agente oficiosa que “aclare (…) si su solicitud de amparo es: a) Que la Secretaría de Educación Municipal de Cali preste a las accionantes el servicio de transporte: (i) desde su domicilio hasta Asodisvalle o (ii) desde su domicilio hasta el lugar donde

reciben procedimientos médicos, terapéuticos o de rehabilitación. b) Que la Secretaría de Educación Municipal de Cali preste acompañamiento permanente a las accionantes en: (i) el marco de los procesos de los cuáles son beneficiarias en Asodisvalle; (ii) en los procedimientos médicos, terapéuticos o de rehabilitación o (iii) en el transporte desde su casa hasta Asodisvalle”. (Cdno. de revisión, fl. 22). 53 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la agente oficiosa que indicara si ha solicitado “a la Secretaría de Educación (…) que: (i) las matricule en el sistema educativo formal; (ii) las matricule en un programa de educación inclusiva o especial”, y de igual forma, si ha solicitado a la Secretaría de Educación o a EMSSANAR EPS que “les preste [a las accionantes] un servicio especial de transporte desde su domicilio hacia Asodisvalle o les brinde un servicio de acompañamiento en el marco de los procesos que reciben en dicha Asociación”. (Cdno. de revisión, fl. 23). Del mismo modo, el magistrado solicitó a la Secretaría de Educación y a EMSSANAR EPS informar “si alguna de sus dependencias ha recibido solicitud” alguna por parte de la agente oficiosa. (Cdno. de revisión, fl. 24). transporte o de acompañamiento permanente54, (iv) la situación actual de las accionantes55; (v) la naturaleza jurídica de Asodisvalle y del programa EAIS56; (vi) si Asodisvalle recomendó a las accionantes el servicio de acompañamiento permanente57 y, por último, (vii) el contenido de los programas que ofrece la

Secretaría de Educación a las personas en situación de discapacidad58.

14. Respuestas al auto de pruebas. Mediante el oficio de 18 de octubre de 201959, la Secretaría General de la Corte Constitucional comunicó al despacho del magistrado sustanciador que, vencido el término probatorio, se recibieron los informes solicitados a la señora Ana Lucía Moreno Rivas, a Asodisvalle, a la Secretaría de Educación y a EMSSANAR EPS: Intervinientes Respuestas en sede de revisión 54 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la agente oficiosa (i) que remitiera “a este despacho copia de las órdenes por medio de las cuales los médicos tratantes han prescrito (…) (i) procedimientos médicos, terapéuticos o de rehabilitación; (ii) procesos académicos especiales o de educación inclusiva, (iii) servicio de transporte desde su domicilio hasta Asodisvalle o (iv) acompañamiento en el marco de los procesos que reciben en dicha Asociación”. (Cdno. de revisión, fl. 22). Igualmente, a Asodisvalle le solicitó indicar “si las accionantes cuentan con orden médica para asistir al programa EAIS”. (Cdno. de revisión, fl. 23). Finalmente, a EMSSANAR EPS le preguntó “si ha autorizado o recomendado a las accionantes (i) procedimientos médicos, terapéuticos o de rehabilitación, (ii) procesos académicos especiales o (iii) acompañamiento terapéutico en el aula”. (Cdno. de revisión, fl. 23). 55 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la agente oficiosa que informara si

las accionantes “cuentan con un servicio de transporte [o] acompañamiento”. (Cdno. de revisión, fl. 22). De igual forma, le solicitó a Asodisvalle informar “cuál es la situación particular de las agenciadas y de las condiciones de prestación del servicio educativo o terapéutico en la institución vinculada”. (Cdno. de revisión, fl. 23). Finalmente, a la Secretaría de Educación le preguntó “si las accionantes se encuentran matriculadas en algún programa de educación formal [y] si (…) pertenecen a algún programa que brinde la entidad”. (Cdno. de revisión, fl. 23). 56 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la agente oficiosa (i) que informara “cuáles son los servicios que las accionantes (…) reciben en Asodisvalle”. (Cdno. de revisión, fl. 23). De igual forma, le solicitó a Asodisvalle informar cuál es su “naturaleza y objeto social. En particular, si cuenta con: (i) reconocimiento como institución educativa formal o no formal o (ii) habilitación para prestar servicios de salud”. (Cdno. de revisión, fl. 23). En relación con el programa EAIS, el magistrado le solicitó a Asodisvalle informar “si el programa al que pertenecen las accionantes: (i) está acreditado como un programa de educación formal inclusiva, de educación especial o de carácter terapéutico, (ii) es objeto de vigilancia o control por parte de la Secretaría de Educación Municipal de Cali y (iii) si cuenta con apoyos por parte de la Administración Municipal”. (Cdno. de revisión, fl. 23). Finalmente, solicitó a la Secretaría de Educación que

informara si “Asodisvalle (i) está reconocida como una institución educativa formal o no formal, (ii) cuenta con autorización de la Secretaría de Educación para ofrecer el programa EAIS como uno de tipo educativo, (iii) cuenta con algún apoyo por parte de la Secretaría de Educación Municipal, y (iv) tiene algún convenio con la Secretaría de Educación Municipal para la prestación de servicios académicos o terapéuticos a la población en situación de discapacidad”. (Cdno. de revisión, fl. 23). 57 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la agente oficiosa que informara si Asodisvalle le ha recomendado “el servicio de acompañamiento para la permanencia de las accionantes en el programa”. (Cdno. de revisión, fl. 23). 58 El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, solicitó a la Secretaría de Educación que informara si “ofrece programas de educación inclusiva o especial a la población en situación de discapacidad de la ciudad de Cali” (d) Cuáles son las condiciones en que la Secretaría de Educación Municipal garantiza a los estudiantes en situación de discapacidad (i) el servicio de transporte desde su domicilio hasta la institución educativa, (ii) el acompañamiento en los procesos educativos y (iii) si cuenta con algún programa especial en estos servicios para la población en situación de discapacidad”. (Cdno. de revisión, fl. 23). 59 Cdno. de revisión, fl. 100. Respuesta de Ana Solicitó que se ordenara a la Secretaría de Educación Lucía Moreno Rivas60. prestar (i) “el servicio de transporte desde [su] vivienda hasta Asodisvalle y desde esta hasta [su] vivienda

nuevamente y que este le permitiera llevar[la] como acompañante”, así como hasta los centros médicos en los que se les practica “otros procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de rehabilitación” y (ii) “acompañamiento permanente [en] los procesos de educación y rehabilitación de [sus] hijas”. Indicó que “no cuent[a] con algún dictamen médico que especifique cuál es la mejor alternativa educativa para [sus] hijas ni que especifique si requieren servicio de transporte”. De igual forma, manifestó que “no le solicit[ó] a la secretaría de educación que le dieran algún tipo de matrícula especial, ya que pens[ó] que con la tutela sería suficiente”, y que, “en vista de que la secretaría de educación negó [sus] pretensiones, acudi[ó] a EMSSANAR para que fueran ellos quien se hicieran cargo del transporte (...) que [le] fueron negadas por parte de EMSSANAR EPS”. Aportó (i) las órdenes médicas relacionadas con el estado de salud de sus hijas, (ii) la respuesta de Asodisvalle, en la que dicha entidad certifica que las accionantes forman parte del programa “Educación Adecuada para la Integración Social” para el año escolar 2019, y (iii) la copia del Registro Único de Víctimas, en el cual consta que las accionantes y su grupo familiar se encuentran reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado. Respuesta de Informó que Asodisvalle “es una entidad sin ánimo de Asodisvalle61. lucro [que] tiene licencia de educación formal expedida por la Secretaría de Educación Municipal,

adicionalmente cuenta con habilitación para prestar servicios de salud emitida por la secretaría de salud departamental, además, realiza rehabilitación e inclusión laboral”. Señaló que el programa EAIS “cuenta con vigilancia de la secretaría de educación municipal y tiene un aporte económico que única y exclusivamente cubre costos de capacitadores, refrigerios y uniforme”. 60 Escrito del 7 de octubre de 2019. Cdno. de revisión, fls. 35 a 60. 61 Escrito del 7 de octubre de 2019, suscrito por María Emilia Aristizábal, representante legal de Asodisvalle. Cdno. de revisión, fls. 65 a 66. Indicó que, antes del ingreso de las accionantes al EAIS, “nuestro equipo terapéutico, quienes cuentan con registro profesional en salud emitida por la secretaría de salud del departamento, realizaron una valoración previa a las accionantes y se determinó la necesidad del ingreso al programa”. Manifestó “la necesidad del transporte para las niñas y la madre, entendiendo la dependencia de las niñas, desde su vivienda hasta ASODISVALLE, quienes deben asistir de lunes a viernes, son una familia de escasos recursos que no cuenta con posibilidad de acceder a este transporte”62. Respuesta de Informó que ofrece a la población en situación de Secretaría de discapacidad de Cali “programas formativos tanto a Educación Municipal nivel inclusivo como especial dado el tipo de de Cali63. diagnóstico médico presentado en cada caso”. Estos programas se ofrecen en cuatro modalidades, una de las cuales es el programa EAIS, “una oferta de educación informal que (...) tiene como objetivo brindar

oportunidades para complementar, actualizar o renovar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, tendientes a la adaptación de cada individuo dentro de su entorno social”. Expuso que la señora Ana Lucía Moreno Rivas “en el año 2017 decide acercarse a la Fundación Asodisvalle de manera particular a solicitar cupos educativos para sus hijas, la Fundación le oferta la modalidad Educación adecuada para la integración social, teniendo en cuenta el tipo de diagnóstico, competencias y habilidades de las jóvenes”. Indicó que (i) el 9 de abril de 2019, recibió una solicitud de servicio de transporte, presentada por la señora Moreno Rivas, y que, (ii) el 11 de abril de 2019, respondió “indicándole que la Fundación Asodisvalle, a la que se encuentran vinculadas las jóvenes mediante ampliación de cobertura, es un establecimiento de carácter privado, por lo que no es posible destinar recursos adicionales para conceder el transporte ya que los únicos componentes son los autorizados por el contrato”. 62 Cdno. de revisión, fl. 54. 63 Escrito del 7 de octubre de 2019, suscrito por Luz Elena Azcárate Sinisterra, secretaria de educación de Cali. Cdno. de revisión, fls. 67 a 80. Señaló que la Secretaría de Educación suscribió con Asodisvalle contrato de prestación de servicios, mediante el cual “se le autorizó (...) la prestación efectiva del servicio de educación adecuada para la integración social bajo la modalidad informal, para 93 estudiantes con discapacidad, mayores de 14 años”, cuya copia fue aportada al expediente.

En ese documento consta que Asodisvalle cuenta con el programa EAIS para estudiantes con discapacidad cognitiva, cada uno de los cuales debe encontrarse matriculado y asistir de manera regular al programa. En el marco de dicho contrato, Asodisvalle debe contar con (i) profesionales en las áreas de terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología, fisioterapia o psicopedagogía “que acompañen los procesos pedagógicos y vocacionales de los estudiantes”; (ii) docentes idóneos para la atención de personas con discapacidad, “uno por programa pedagógico o vocacional ofertado”; (iii) los materiales para el desarrollo de los talleres vocacionales y (iv) la infraestructura adecuada para la prestación del servicio. Resaltó que la prestación del servicio de transporte escolar “es un beneficio para todos los niños, niñas y adolescentes con o sin discapacidad que pertenecen al sistema educativo oficial y las jóvenes (...), por su diagnóstico clínico complejo no pertenecen a dicho sistemas [sic] sino a un programa de integración social, atendido en un establecimiento privado, el cual cuenta con beneficios taxativos” 64. Respuesta de Indicó que EMSSANAR EPS ha brindado a las EMSSANAR EPS65. accionantes “los servicios de salud que se encuentran dentro de [su] competencia legal y reglamentaria”. Para tales efectos, relacionó el historial de autorizaciones de las jóvenes, en el que consta que “ha autorizado en debida forma las solicitudes presentadas por la representante de las usuarias señoras [sic] ANA LUCÍA MORENO RIVAS según requerimiento médico,

incluido exámenes, medicamento[s], procedimientos, insumos, aditamentos, etc.”, y, en particular, el transporte para servicios de salud66. Lo anterior, en 64 Cd