CC - T435-2020

Corte Constitucional

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Detalles

Título
CC - T435-2020
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2020

Sentencia T-435/20

DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN

SITUACION DE DISCAPACIDAD-Componente de adaptabilidad DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Deber del Estado y de las instituciones de educación superior para garantizar acceso en condiciones de igualdad DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Caso en que se solicita el cumplimiento de medidas de acompañamiento pedagógico diseñadas por la propia universidad CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Estudiante cursó y aprobó semestre de transición con apoyo de la institución educativa ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Obligación del Estado y las instituciones encargadas de prestar el servicio de educación frente a las personas con discapacidad La Sala considera importante destacar que, si bien estas personas necesitan una serie de ajustes razonables, que sean adecuados a sus necesidades, no por ello puede considerarse que su acceso a la educación sea menos relevante que el de las demás personas. Quien tiene una discapacidad es un ser humano digno y, por tanto, su educación debe asumirse con la mayor seriedad y cuidado, tanto por el Estado como por las diversas instituciones públicas o privadas a quienes se les confía la prestación del servicio público de educación. Con los debidos ajustes, propios de la adaptabilidad, una persona con discapacidad puede alcanzar los mismos resultados que las demás, e incluso superiores.

DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN

SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a institución superior continúe brindado apoyos y ajustes que requiera estudiante, a fin de avanzar en su proceso educativo

Referencia: Expediente T-7.720.117

Acción de tutela instaurada por Miriam Rivera Osorio, obrando en calidad de agente oficiosa de Catalina Celis Rivera, en contra de la Universidad Tecnológica de Pereira Magistrado Sustanciador (E):

LUIS JAVIER MORENO ORTIZ

Bogotá D.C., primero (1) de octubre de dos mil veinte (2020) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Javier Moreno Ortiz, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira y el Tribunal Superior de Pereira, Sala Tercera de Decisión Laboral, dentro de la acción de tutela presentada por la señora Miriam Rivera Osorio, obrando en calidad de agente oficiosa de su hija Catalina Celis Rivera, en contra de la Universidad Tecnológica de Pereira.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos relevantes1 1.1. Catalina Celis Rivera nació el dos de octubre de 1992, es una persona con discapacidad2 y tiene una condición de salud por la que debe consultar, con

frecuencia, diferentes especialistas, en ocasiones, con manejo mediante hospitalización3. 1.2. En el año 2015, la joven ingresó al programa de pregrado de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Tecnológica de Pereira, en adelante UTP, jornada especial diurna, el cual tiene una duración de diez semestres. Desde el inicio del programa, ha requerido a la universidad accionada ajustes y apoyos educativos para adelantar sus estudios. 1 Los hechos se describen a partir del contenido expuesto en el escrito de tutela y sus anexos, en las pruebas allegadas durante el trámite de primera y segunda instancia, en el escrito de solicitud de selección presentado por la accionante y en los elementos de convicción que fueron presentados en sede de revisión. 2 La expresión “personas con discapacidad” es la adecuada y recomendada, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para referirse a quienes “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 3 La señora Catalina Celis presenta estados de angustia, ansiedad y depresión, tal como lo afirma su señora madre. Ver folio 33, cuaderno uno. En análisis del médico psiquiatra, en el año 2015, registra paciente con RM más trastornos emocionales y comportamentales. Folio 26, cuaderno uno. En cuanto a su aspecto emocional, la estudiante ha evidenciado crisis nerviosas y le han encontrado lesiones por cutting. Además, ha manifestado

tener dependencia a medicamentos prescritos y pensamientos suicidas en contra de su voluntad. Folio 75, cuaderno 1. 2 1.3. La señora Miriam Rivera Osorio, en calidad de agente oficiosa de su hija Catalina Celis Rivera, ha promovido dos acciones de tutela anteriores contra la universidad demandada. La primera, que data del año 2015, en la que se ampararon sus derechos a la educación y a la igualdad, ordenándole a la institución cobrar el valor mínimo de matrícula fijado en el Acuerdo No. 0024 del 15 de octubre de 19864. Y, la segunda, ejercida en el año 2016, que protegió su derecho a la educación inclusiva y, en tal virtud, dispuso a su favor la designación de “un monitor capacitado en acompañamiento de estudiantes en situación de discapacidad mental”5. 1.4. Como respuesta a la segunda acción constitucional, en mayo de 2016, la UTP se comprometió a brindar acompañamiento académico a la estudiante, por lo que formuló la que denominó “Propuesta Acompañamiento a Catalina Celis Rivera desde la Universidad Tecnológica de Pereira y la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario”6, con el objeto de identificar los ajustes o apoyos educativos requeridos y formular el conjunto de acciones a seguir. 1.5. En el marco de esta propuesta, durante los días 19, 20 y 21 de octubre de 2016, se le practicó a la estudiante una evaluación neuropsicológica en el Centro de Especialistas de Risaralda -CER-, cuyo informe recomendó “que el docente investigue y aprenda acerca de la inteligencia deficiente”, tener

cercanía con la estudiante para conocer sus capacidades y potencialidades a desarrollar, “[u]tilizar imágenes, fotografías u otro material además de la entrega de instrucciones”, “trabajar la autoestima, la autodeterminación, las habilidades sociales y la capacidad de tolerar frustraciones”, “identificar el estilo de aprendizaje para generar espacios de éxito académico, además de una evaluación acorde a su diagnóstico”7. 1.6. La joven Celis Rivera no desempeña ningún trabajo por lo que depende económicamente de su madre8, de quien también es beneficiaria en el servicio de salud9. La señora Miriam Rivera Osorio solo cuenta con los ingresos provenientes de una pensión de invalidez que le fue reconocida por la 4 Acción de tutela promovida ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, radicado No. 2015-00130, fallo del 14 de mayo de 2015, decisión que confirmó el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil Familia, mediante fallo del 3 de julio de 2015. Anexo en digital dentro del expediente, CD folio 59, cuaderno 1. 5 Acción de tutela promovida ante el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, radicado No. 2016-015, fallo del 23 de febrero de 2016, que negó el amparo invocado, decisión que revocó el Tribunal Superior de Pereira, Sala No. 5 de Asuntos Penales para Adolescentes, mediante fallo del 11 de abril de 2016. Folios 171 a 182, cuaderno 1. 6 El documento denominado “Propuesta Acompañamiento a Catalina Celis Rivera Desde la Universidad

Tecnológica de Pereira y la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario”, fue aportado tanto por la parte accionante (folios 22 y 23, cuaderno uno) como accionada (folios 76 y 77, cuaderno 1). 7 En la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS), prueba IV aplicada, Catalina Celis Rivera obtuvo un coeficiente intelectual con promedio de 58, que la ubica en un nivel deficiente. Se le diagnosticó un “Retraso Mental con predominancia Leve, con eventos emocionales de percepción negativos”. Folios 82 a 85, cuaderno 1. 8 Así lo afirmó la estudiante en la declaración directa rendida, el 24 de julio de 2020, ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 9 La E.P.S. a la que se encuentran afiliadas es Servicio Occidental de Salud -S.O.S-. 3 discapacidad de su hija, ya que debió retirarse del trabajo para dedicarse a su cuidado permanente10. 1.7. Catalina Celis Rivera ha estudiado de forma ininterrumpida entre los años 2015 y 2020 durante todos los períodos lectivos, con la cancelación del segundo semestre del 2015 y la pérdida del primer semestre de 2019. Durante el primero de los períodos mencionados matriculó siete asignaturas del plan de estudios, de las cuales aprobó cinco y perdió dos, incluyendo una asignatura intersemestral que también superó. En adelante, matriculó por semestre la mitad o menos de las asignaturas exigidas en el plan de estudios como medida personal para avanzar en el programa académico11, siguiendo la recomendación

de su médico tratante de la E.P.S.12. 1.8. En el primer semestre de 2019, se le designó a la estudiante el monitor de apoyo en estudios solo hasta el día 30 de abril, a pesar de que las clases habían iniciado en el mes de marzo. En ese período lectivo, el desempeño académico de la estudiante fue deficiente y perdió el semestre con promedio de 2,013. Por dicha razón, a mediados del mes de julio de 2019 intentó cancelar el semestre a través del portal web de la universidad demandada; pero, al no ser posible, radicó una solicitud por escrito que le fue resuelta desfavorablemente por ser extemporánea14. Así las cosas, se le aplicó la sanción de período de prueba o semestre de transición, de conformidad con el reglamento estudiantil15. 10 De acuerdo con el estudio socioeconómico efectuado por la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2015, los ingresos mensuales de la señora Miriam Rivera Osorio eran de $825.000 producto de una pensión por invalidez, con los cuales debe atender gastos de arriendo de vivienda así como de transporte a consultas y tratamientos, copagos, medicamentos excluidos del POS y alimentación vegetariana para su hija. De acuerdo con el estudio mencionado: “[l]a madre debió retirarse de su trabajo desde hace 5 años para atender a la hija; el ingreso que recibe es de la pensión que le adelantaron por la discapacidad de la hija, porque debe tener atención permanente”. Folio 214, cuaderno uno. La situación económica de la accionante y su acudiente no ha

variado, tal como lo afirma la señora Rivera Osorio en el escrito de respuesta al traslado de las pruebas decretadas en sede de revisión. 11 De acuerdo con el historial académico, Catalina Celis Rivera ha aprobado los semestres lectivos con las siguientes calificaciones: primer semestre 2015 (3.4), primer semestre 2016 (4.2), segundo semestre 2016 (3.6), primer semestre 2017 (3.3), segundo semestre 2017 (3.3), primer semestre 2018 (3.4), segundo semestre 2018 (3.9). 12 Afirmación realizada por la señora Miriam Rivera. Ver folio 31, cuaderno uno. 13 Las asignaturas cursadas y no aprobadas durante el primer semestre de 2019 fueron: biología celular y molecular (2,1), fisiología general (0.7), medicina interna de grandes animales (2,7) y cirugía II (2,4). Folio 24, cuaderno 1. 14 Folios 45 y 128, cuaderno 1. 15 Universidad Tecnológica de Pereira. Resolución de Rectoría No. 1785 del 03 de abril de 2019 “Por medio de la cual se facilita la aplicación de la reglamentación vigente del semestre de transición y se dictan otras disposiciones”. “Artículo primero. Semestre de Transición. Son causales para quedar en semestre de transición las siguientes: 1. Perder la misma asignatura práctica en tres (03) oportunidades o más. 2. Terminar un periodo académico con un promedio semestral inferior a dos coma cinco (2,5). 3. Quedar en calidad de PRUEBA por dos (2) periodos consecutivos o no. 4. Perder una asignatura Teórico Práctica en dos ocasiones

con nota inferior a dos coma cero (2,0). 5. Perder la prueba de validación de la asignatura Teórico Práctica. 6. Perder por segunda vez el semestre de créditos reducidos, en los términos establecidos en el artículo 5º de la Resolución 626 de marzo 15 de 2019, o la que la modifique o adicione. Parágrafo I: En los casos previstos en el presente artículo, independientemente de si matricula o no la asignatura Teórico Práctica o, Práctica, el estudiante ingresa a semestre de transición, en el cual continuará hasta tanto matricule y apruebe dicha asignatura. En caso de matricularla y no aprobarla, quedará FUERA un semestre. Una vez reingrese y matricule la asignatura, si la pierde nuevamente quedará FUERA del programa definitivamente. Parágrafo II: Quien pierde la asignatura Teórico Práctica por tercera vez, solamente podrá cursar dicha asignatura en curso intersemestral o curso dirigido”. Folios 135 y 136, cuaderno uno. 4 1.9. Durante el segundo semestre de 2019, la estudiante cursó dos asignaturas y aprobó el semestre con promedio de 3.3, superando el estatus de semestre de transición16. Luego, en el primer semestre de 2020, Catalina Celis Rivera cursó cuatro asignaturas y aprobó el semestre con promedio de 3.817. Y, en el segundo semestre de 2020, esto es, en el actual período lectivo, matriculó y se encuentra cursando un total de cinco asignaturas18.

2. Presentación de la acción de tutela 2.1. El 16 de agosto de 2019, la señora Miriam Rivera Osorio, obrando en

calidad de agente oficiosa de su hija Catalina Celis Rivera, promovió acción de tutela contra la UTP, por la presunta vulneración de los derechos de esta última a la dignidad humana, a la igualdad material y a la educación, como consecuencia de que el citado ente universitario no ha implementado acciones afirmativas que aseguren su continuidad y permanencia en el programa académico de pregrado de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Por vía del referido mecanismo de amparo, la agente oficiosa pretende que el juez constitucional ordene a la entidad accionada, lo siguiente19: i) Ejecutar la propuesta de acompañamiento académico ofrecida por la UTP a la estudiante en el año 2016, en especial, en los componentes que la accionante enuncia como sigue: “5. Brindar formación y asesoría, a los docentes del programa académico de Veterinaria sobre la discapacidad que posee la estudiante, las características propias y estrategias pedagógicas para que acceda con mayor facilidad a los nuevos aprendizajes. // 6. Que al iniciar el semestre académico, se asigne inmediatamente la monitora permanente de apoyo a estudios, lecturas y trabajos a la estudiante del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. // 8. El abordaje adecuado de la discapacidad con la que cuenta la estudiante, haciendo énfasis y garantizando un currículo y métodos de evaluación diferencial, manejo de horarios y tiempos extendidos para tareas y trabajos, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje, fortalezas de la estudiante y utilizar de (sic) herramientas, recursos, estrategias que le

permitan a la estudiante demostrar sus competencias”20. 16 Las asignaturas cursadas y aprobadas en el segundo semestre de 2019 fueron producción avícola (3.6) y salud pública (3.0), según el certificado No. 5984 del 20 de agosto de 2020, expedido por la Directora de admisiones, registro y control académico de la UTP, allegado en sede de revisión. 17 Las asignaturas cursadas y aprobadas en el primer semestre de 2020 fueron biología celular y molecular (4.1), fisiología de la reproducción (3.0), medicina interna de grandes animales (3.8) y trabajo de grado (5.0), según el certificado No. 6012 del 20 de agosto de 2020, expedido por la Directora de admisiones, registro y control académico de la UTP, allegado en sede de revisión. 18 Las asignaturas matriculadas para el segundo semestre de 2020 son bioquímica aplicada, fisiología general, medicina interna de pequeños animales, genética y mejoramiento animal y cirugía II, según el certificado No. 5987 del 20 de agosto de 2020, expedido por la Directora de admisiones, registro y control académico de la UTP, allegado en sede de revisión. 19 A pesar de las múltiples solicitudes formuladas en el escrito de tutela, la agente oficiosa las sintetizó en estas dos pretensiones en la declaración de parte rendida ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, el 23 de agosto de 2013. Folios 56 y 57, cuaderno uno. Igualmente, la estudiante Catalina Celis Rivera ratificó dichas peticiones en la declaración de parte rendida ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, el 24 de

julio de 2020, en cumplimiento de la comisión ordenada por esta Corporación en sede de revisión. 20 El contenido específico de estos componentes en la “Propuesta Acompañamiento a Catalina Celis Rivera Desde la Universidad Tecnológica de Pereira y la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario” es el siguiente: “- Se brindará formación y asesoría, a los docentes del programa académico de Veterinaria sobre la discapacidad que posee la estudiante, las características propias y estrategias pedagógicas para que acceda con mayor facilidad a los nuevos aprendizajes. (se contar[á] con la profesional 5 ii) Revocar o anular la sanción de periodo de prueba y transición por pérdida del primer semestre académico de 2019. 2.2. Como justificación de ambas pretensiones, refiere a la Ley 1618 de 201321, al Decreto 1421 de 201722 y a la jurisprudencia constitucional en la materia23. En concreto, la accionante expuso que la universidad accionada le exige a su hija una nueva prueba neuropsicológica para adelantar la propuesta de acompañamiento académico, pero no cuenta con recursos económicos para costearla. Además, la institución le asigna una monitora, estudiante del pregrado de Medicina Veterinaria y Zootecnia, como apoyo para estudios, lecturas y trabajos, solo por dos horas a la semana, labor que no es permanente y es desempeñada por una persona que no está capacitada en acompañamiento a estudiantes con discapacidad24. Particularmente, la accionante asegura que, durante el primer semestre de 2019, la UTP se demoró más de dos meses en contratar a la monitora de

acompañamiento académico de su hija, lo que derivó en la pérdida del periodo lectivo. Por lo demás, impidió la cancelación del semestre como acción afirmativa diferenciada para garantizar su permanencia educativa, debido a que la pérdida del semestre la deja en período de prueba y en semestre de transición, lo que implica el deber de aprobarlo, so pena de que la retiren del programa de pregrado25.

3. Contestación de la institución educativa demandada El rector encargado de la UTP solicitó negar el amparo. En su criterio, dicha institución ha realizado todo lo que ha estado a su alcance para llevar a cabo los distintos componentes de la propuesta de acompañamiento académico de la estudiante, pero, por diversas situaciones, ajenas a su voluntad, no ha podido cumplir con todos ellos. Concretamente, señaló que –tanto la señora Rivera Osorio como su hija– no han asistido a las citas programadas por la psicóloga y en Fonoaudiología y Magister en Educación Martha Lucía Garzón, adscrita a la Maestría de Educación e Inclusión). // - Se le asignó como monitora permanente de apoyo a estudios, lecturas y trabajos a la estudiante del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia (…). // - A partir del segundo semestre académico del año 2016, se contar[á] con dos estudiantes del programa de Lic. En Pedagogía Infantil, las cuales se han desempeñado como monitoras académicas de la materia Necesidades Educativas Especiales (…), las cuales contar[á]n con la supervisión de la docente Martha Lucía Garzón, experta en el tema, ellas ofrecerán un

acompañamiento permanente con respecto a la utilización de estrategias y medios requeridos para potenciar las habilidades intelectuales que la estudiante debe fortalecer y reforzar. // - Después de la formación que se le ofrecerá a docentes y directivos, se espera contar con la sensibilización y el abordaje adecuado de la discapacidad con la que cuenta la estudiante, haciendo énfasis y garantizando que (sic) un currículo y métodos de evaluación diferencial, manejo de horarios y tiempos extendidos para tareas y trabajos. Con el objetivo de tener en cuenta su estilo de aprendizaje, fortalezas y la utilización de herramientas que le permitan demostrar sus competencias”. 21 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. 22 “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”. 23 Particularmente, las Sentencias T-551 de 2011, T-097 de 2016 y T-027 de 2018, en lo que hace referencia al derecho a la educación superior de las personas con discapacidad y al alcance y los límites del derecho a la autonomía universitaria. 24 Folio 5, cuaderno uno. 25 Folios 9 y 10, cuaderno uno. 6 la fonoaudióloga del Programa de Acompañamiento Institucional (PAI) y tampoco han aportado pruebas neuropsicológicas actualizadas, que son necesarias, para identificar las necesidades educativas de Catalina Celis Rivera. Respecto de la sanción de período de prueba o semestre de transición impuesta

a la estudiante, por haber perdido el primer semestre lectivo de 2019 con calificación de 2.0, el rector encargado afirmó que la educación es un derechodeber, por lo que la promoción y permanencia de la estudiante en el pregrado que cursa depende del cumplimiento de sus obligaciones, pues “el hecho [de] que la estudiante Celis Rivera tenga un tratamiento académico especial, [el cual] (…) también se le aplica (…) [en las evaluaciones], no (…) [conduce a que se pueda] sustraer de la normatividad vigente para todos los estudiantes de la Universidad en cuanto a los procedimientos administrativos”. Además, “(…) el período de transición es una figura que se aplica a los estudiantes que [,] como es el caso de ella, obtuvieron al terminar el periodo académico un promedio semestral inferior a dos coma cinco (2.5) (Resolución 1785/19)” 26. A esto agrega que, dada la naturaleza pública de la UTP, su presupuesto debe extenderse para más de 18.000 estudiantes, 40 de ellos con discapacidad y sin que se le pueda brindar a cada uno un monitor especializado, como sí lo tiene la estudiante Celis Rivera, a pesar de que algunos de ellos son alumnos “con mayores discapacidades que [la] accionante”27. Finalmente, el representante de la accionada aseguró que la institución universitaria no puede dejar de lado sus altas responsabilidades frente a la fe pública, cuando certifica las competencias profesionales de quienes terminan un plan de estudios, lo que implica que, en el presente caso, se deban atender tanto los derechos individuales de Catalina Celis Rivera como sus deberes de estudiante. Así, concluye que la institución tiene responsabilidades ante la

sociedad por la acreditación de la idoneidad de sus egresados.

II. DECISIONES OBJETO DE REVISIÓN

1. Sentencia de primera instancia En primera instancia, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, en sentencia del dos de septiembre de 2019, resolvió negar el amparo deprecado.

En relación con la primera pretensión, referente a que se ordenara ejecutar la propuesta de acompañamiento, el juzgado encontró que la universidad accionada demostró haber brindado a la estudiante las herramientas y estrategias necesarias para su desarrollo educativo, ya que, en términos generales, le había dado cumplimiento a la propuesta realizada, en especial, en lo relativo a los aspectos de realizar un proceso de acercamiento con la estudiante para conocer sus expectativas, autorización y aprobación del proceso; a identificar estilos de aprendizaje y orientar el trabajo pedagógico; a efectuar un acompañamiento permanente y coparticipativo entre universidad y familia; a brindar formación y asesoría a los docentes del programa académico 26 Folios 60 y 61, cuaderno uno. 27 Folio 61, cuaderno uno. 7 sobre la discapacidad que posee la estudiante y a asignar un monitor permanente. En cambio, advirtió un desinterés de la accionante en acudir a las citas y controles de apoyo psicológico y de fonoaudiología ofrecidas por la UTP, lo que originaba consecuencias desfavorables para sus estudios y derivaba en el desconocimiento de su evolución, con miras, entre otras, a garantizar un plan adecuado de acompañamiento. A juicio del a quo, la accionante pudo haber promovido el incidente de

desacato por la tardanza en la designación del monitor durante el primer semestre lectivo 2019, ya que la orden específica del monitor fue impartida en tutela anterior por el Tribunal Superior de Pereira - Sala No. 5 de Asuntos Penales para Adolescentes, correspondiéndole al juzgado de primera instancia velar por su cumplimiento. Frente a la segunda pretensión dirigida a que se ordenara anular la medida sancionatoria del período de transición, por la pérdida del primer semestre lectivo 2019, consideró que ella hacía parte del ejercicio de la autonomía universitaria, sin que existieran motivos que justificaran dar un tratamiento distinto por la sola circunstancia de la discapacidad. Por último, destaca que la accionante tuvo la posibilidad de efectuar la cancelación de asignaturas o del semestre dentro de los plazos previstos para el efecto, pero no hizo uso de dicha alternativa en el tiempo previsto para ello.

2. Impugnación La agente oficiosa impugnó la anterior decisión, al considerar que la institución educativa accionada, a pesar de que no ha cumplido con la propuesta de acompañamiento académico que formuló para la estudiante, sí le aplicó la referida medida sancionatoria, con lo cual se amenaza su continuidad en el programa educativo. Sumado a ello, indicó que el juez de primera instancia olvidó que la autonomía universitaria tiene límites en los derechos fundamentales de las personas que, como su hija, se encuentran con barreras dadas por sus condiciones especiales, de acuerdo con el artículo 13 superior.

3. Sentencia de segunda instancia En segunda instancia, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Tercera de Decisión Laboral, por medio de sentencia proferida el 10 de octubre de 2019, revocó la

decisión del a quo para, en su lugar: i) declarar la cosa juzgada constitucional parcial con respecto a la asignación de un monitor para el acompañamiento de la estudiante, pues esta petición ya había sido amparada por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, en el año 201628; y ii) tutelar los derechos a la educación inclusiva, a la igualdad y a la dignidad humana de la accionante, para lo cual ordenó a la UTP redoblar las medidas del Decreto 28 Específicamente el Tribunal sostuvo: “[…] es menester señalar que la presente acción de tutela no sería el foro indicado para dilucidar en torno a la oportunidad, ni la idoneidad o no de la persona elegida como monitora, puesto que tales materias serían propias del incidente de desacato en el marco de la acción de tutela propuesta anteriormente […]”. Folio 13, cuaderno dos. 8 1421 de 2017, tales como ajuste razonable y currículo flexible, con miras a que la estudiante pueda superar el período de transición. El ad quem no se pronunció con respecto a la primera pretensión, referida a cumplir la propuesta de acompañamiento formulada por la UTP en el año 2016, salvo en lo referente a la asignación del monitor. Frente a la segunda pretensión, a pesar de considerar que el no haber cancelado de manera oportuna del semestre, lo que trajo como consecuencia la sanción consistente en el período de transición, era atribuible a la parte accionante y no a la institución educativa, consideró que la universidad accionada debía concurrir en el interés de acompañar los esfuerzos de la estudiante y su familia para continuar con sus estudios, redoblando las medidas de acompañamiento

integral, para que la estudiante pueda superar dicha condición, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1421 de 2017.

4. Pruebas aportadas al proceso Las pruebas aportadas a este proceso, que son documentales, se relacionan enseguida: - Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Miriam Rivera Osorio. Folios 42 y 125, cuaderno 1. - Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Catalina Celis Rivera. Folios 43 y 126, cuaderno 1. - Copia digital de las actuaciones que se adelantaron ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el trámite de la acción de tutela radicado No. 2015-130, impetrada por la señora Miriam Rivera Osorio contra la Universidad Tecnológica de Pereira. Folio 59, cuaderno 1. - Copia informal de algunas actuaciones que se adelantaron ante el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira en el trámite de la acción de tutela radicado No. 2016-015, impetrada por la señora Rivera Osorio contra la Universidad Tecnológica de Pereira. Folios 171 a 182, cuaderno 1. - Documento denominado “Propuesta Acompañamiento a Catalina Celis Rivera Desde la Universidad Tecnológica de Pereira y la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario”. Folios 22, 23, 76 y 77, cuaderno 1. - Historial académico de Catalina Celis Rivera en el programa de pregrado de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Folios 24, 65 y 66, cuaderno 1.

  • Copia informal de comunicaciones electrónicas entre la señora Miriam Rivera Osorio y la Universidad Tecnológica de Pereira. Folios 21 a 23, 25 a 33, 35 a 41, 114 y 115, 121 a 124, 129, cuaderno 1. - Copia informal de comunicaciones electrónicas internas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Folios 34, 112, 113, 144 a 147, cuaderno 1. - Captura de pantalla de comunicaciones electrónicas entre Catalina Celis Rivera y profesional del PAI. Folios 116 a 120 y 147, 155 a 160, c

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