CC - T511-2020

Sentencia T-511/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad CONCEPTO DE PROVIDENCIA JUDICIAL-Comprende también autos interlocutorios ACCION DE TUTELA CONTRA AUTOS INTERLOCUTORIOSProcedencia excepcional Según la jurisprudencia constitucional la procedencia de la acción de tutela en contra de autos interlocutorios es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final. Tal criterio restrictivo encuentra su justificación en que la acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión adversa a los intereses”, en el marco de un proceso judicial en el cual “no se ha proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tiene a su disposición “otros mecanismos de defensa judicial”. También, esta Corte ha concluido que la acción de tutela no procede en contra de autos interlocutorios cuando el accionante: i) “no ha hecho uso de todos los mecanismos ordinarios de defensa a su alcance (…) y, por ende, se encuentran pendientes los recursos procedentes contra la decisión definitiva”; y ii) no “demuestra la existencia de un perjuicio irremediable”. ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR-Improcedencia por cuanto el proceso se encuentra en trámite y no se acreditó perjuicio irremediable

Referencia: Expediente T-7.855.645

Acción de tutela interpuesta por Luigi Carino de Francesco en contra del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva Magistrado ponente (e):

RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Richard Steve Ramírez Grisales, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha dictado la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de la sentencia del 21 de enero de 2020 del Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil, Familia y Laboral, que declaró improcedente la acción de tutela que promovió Luigi Carino de Francesco contra el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva, Huila. El expediente fue escogido para revisión mediante auto del 28 de agosto de 2020, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres1.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos probados

1. El 17 de junio de 2013, Luigi Carino de Francesco, ciudadano italiano, y Sandra María Chica Carmona, ciudadana colombiana, suscribieron contrato de matrimonio civil ante el Notario Tercero de Neiva, Huila. En mayo del año siguiente, fruto del matrimonio, nació YCF2.

2. La pareja se domicilió en Colombia. Sin embargo, “unos meses”3 después de la celebración del matrimonio, se mudaron al estado Rio Grande Do

Norte en Brasil. Allí, afirma el accionante, la menor de edad creo “arraigo familiar, social, educativo y recreacional”4.

3. Proceso de restitución internacional de menor. El 13 de agosto de 2019, madre e hija viajaron a Colombia, al parecer, sin informarle al señor Carino de Francesco. Ante esta situación, este inició el proceso de restitución internacional de la menor, regulado en el Convenio de la Haya de 1980, “sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores”, y los artículos 119 y 137 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

4. La fase administrativa la adelantó la Defensora Primera de Familia de Neiva. En audiencia celebrada el 26 de noviembre de 20195, se procuró la restitución voluntaria de la niña, pero, ante la negativa de la madre, la Defensora de Familia fijó cuota de alimentos para la niña y a cargo del padre 1 La Sala de Selección número doce estuvo integrada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas (folios 1 a 14, Cuaderno 2). 2 Se omitirá el nombre de la menor, con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015, por el cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional, como quiera que se trata de una menor de edad, y como medida de protección de su intimidad. 3 Folio 1. 4 Folio 1. 5 El 26 de noviembre de 2019, la Defensora Primera de Familia de Neiva y los padres de la niña llevaron a cabo la diligencia de solicitud de restitución internacional.

por la suma mensual de quinientos mil pesos, y remitió la solicitud para reparto judicial.

5. El caso correspondió al Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Neiva, que, mediante providencia del 19 de febrero de 2020, negó “la solicitud de restitución internacional de la menor (…), realizada por el país de Brasil”6.

La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Neiva, el 4 de junio del 20207.

6. Demanda de divorcio. De manera independiente, el 15 de noviembre de 2019, la señora Sandra María Chica Carmona presentó demanda de divorcio en contra del accionante. Alegó la configuración de la causal tercera del artículo 154 del Código Civil, esto es, “ultrajes, el acto cruel y los maltratamientos de obra”. Los actos de violencia, alegó, llegaron al punto de amenazas de muerte y maltrato físico.

7. Igualmente, a título de medidas cautelares, la demandante pidió el embargo y secuestro de los bienes sociales y el de los propios del demandado; que se fijara cuota de alimentos provisionales a favor de la hija y también a favor de la madre; y que se diera “aviso a las autoridades [de] emigración para que el demandado no pued[iera] ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación hasta por dos años”8.

8. Mediante auto del 20 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva (autoridad accionada en sede de tutela) admitió la demanda. En auto del mismo 20 de noviembre (providencia objeto de

cuestionamiento en sede de tutela), el Juzgado accedió parcialmente a las medidas cautelares de embargo y secuestro, fijó cuota de alimentos provisional a favor de la menor y accedió a decretar “[…] el impedimento de la salida del país” del accionante9.

9. El 6 de diciembre de 2019, el accionante fue notificado del auto admisorio de la demanda. Dentro del término de ejecutoria de la providencia, su apoderado presentó recurso de reposición. En términos generales, solicitó la suspensión del proceso de divorcio, con fundamento en el artículo 16 del Convenio de la Haya de 198010. Sin embargo, durante la ejecutoria del auto que 6 Proceso de restitución internacional. Cdno. 1B, fl. 446 (anverso). Mediante esta sentencia, el Juzgado también solicitó el “seguimiento y asesoría familiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” y dispuso que los padres de la niña “inicia[ran] proceso terapéutico para sanar la situación de conflicto que ha afectado al grupo”. También, el 19 de febrero de 2020, mediante auto, “concedió los recursos de apelación presentados por la parte demandada y el representante del ministerio público”. 7 Asimismo, el Tribunal exhortó a las partes a “tender lazos de entendimiento que propendan por la no afectación emocional y psicológica de la menor”. 8 Folio 6, Cuaderno 1 del expediente ordinario de divorcio. 9 Cdno. 1, fl. 36. 10 Aprobado mediante la Ley 173 de 1994. Artículo 16: “Después de haber sido informadas del traslado ilícito

de un niño o de su no regreso en el sentido del artículo 3o., las autoridades judiciales o administrativas del Estado Contratante a donde el niño hubiere sido trasladado o retenido no podrán resolver sobre el fondo del derecho de guarda sino hasta que hubiere sido probado que no se reúnen las condiciones del presente Convenio para un regreso del niño o hasta que no haya transcurrido un período prudencial sin que haya sido presentada una solicitud de conformidad con los dispuesto en el Convenio”. decretó las medidas cautelares, no presentó los recursos procedentes de reposición ni de apelación11.

10. El 13 de diciembre de 2019, por fuera del término de ejecutoria del auto que resolvió la solicitud de medidas cautelares, el accionante “presentó escrito de levantamiento de medida cautelar respecto del impedimento de salida del país basado en que está cumpliendo con la cuota alimentaria fijada a favor de la niña”12.

2. Demanda de tutela, respuesta del accionado e intervenciones

11. El 13 de diciembre de 2019, Luigi Carino de Francesco presentó acción de tutela en contra del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva, por considerar vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la libre circulación, como consecuencia de la medida cautelar consistente en prohibirle salir del país, hasta tanto prestara garantía suficiente para respaldar el cumplimiento de la obligación de suministrar alimentos a su hija.

12. El accionante solicitó “la cancelación de la medida cautelar de impedimento de salida del país”13. Con fundamento en el artículo 16 del Convenio de la Haya de 1980, sostuvo que “no se puede tramitar nada que

contenga solicitud de cuota alimentaria [o] custodia para [su] menor hija (…), hasta tanto se dirima lo concerniente a la restitución internacional de esta menor”14. A su juicio, el juzgado accionado no tenía competencia para decretar una medida cautelar para asegurar el pago de alimentos en favor de la niña. Con todo, no identificó, de forma expresa, los posibles defectos específicos que se hubieran podido configurar en la providencia cuestionada.

13. En relación con los requisitos de procedencia de la acción de tutela, el señor Carino de Francesco manifestó que: “[…] no existen otros medios diferentes a la acción de tutela”15. Sin embargo, no informó de la solicitud que presentó el 13 de diciembre de 2019, en la que pidió levantar la medida cautelar.

14. Mediante auto de 16 de diciembre de 2019, la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Neiva admitió la acción de tutela y vinculó a: i) Migración Colombia, ii) Sandra Chica Carmona, iii) el Procurador de Familia y iv) el Defensor de Familia. 11 El artículo 321 del Código General del Proceso dispone: “Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. || También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: || (…) 8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla. (…)”. 12 Id. 13 Folio 4, Cuaderno 1. 14 Folio 3, Cuaderno 1. 15 Folio 5, Cuaderno 1.

15. Migración Colombia solicitó “desvincular” a dicha entidad, “toda vez que se configura falta de legitimación en la causa por pasiva”16. Además, informó que el accionante “registra un impedimento de salida del país solicitado por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva”17, con fecha del 12 de diciembre de 201918.

16. El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva solicitó que “no se acceda al amparo”19, por cuanto “ha actuado conforme a la Ley”20. De igual forma, informó que, mediante autos del 20 de noviembre de 2019, admitió la demanda de divorcio presentada por la señora Chica Carmona y “decret[ó] varias medidas cautelares, entre ellas, el impedimento de salida del país del señor Luigi Carino de Francesco”21. Agregó que el 6 de diciembre de 2019, el accionante se notificó de dicha providencia y, dentro del término de ejecutoria del auto admisorio, “propuso recurso de reposición” en contra de este22.

Asimismo, aseveró que el 13 de diciembre de 2019, el tutelante “presentó escrito de levantamiento de medida cautelar respecto del impedimento de salida del país, basado en que está cumpliendo la cuota alimentaria fijada a favor de la niña”23. Manifestó que, “una vez finalice el traslado en lista del recurso de reposición interpuesto, el Despacho se pronunciará sobre el mismo”24.

17. La Defensora Séptima de Familia de la Regional Huila (ICBF), solicitó “desvincular” a dicha entidad25. Esto, por cuanto el objeto de la acción

de tutela “no es competencia del [ICBF]”26, habida cuenta de que no existe “situación de amenaza o vulneración que afecte los derechos de un niño, niña o adolescente”27. Por otra parte, el 18 de diciembre de 2019, Jorge Alexander Cerquera Rojas, en su calidad de “Defensor de familia vinculado al ICBF Regional Huila”28, sostuvo que, “para los procesos de divorcio, no se puede decretar la medida cautelar de impedimento de salida del país, debido a que es en el proceso ejecutivo de alimentos donde podrá solicitar al juez dicha medida”29.

18. La Procuraduría 19 Judicial II de Familia de Neiva manifestó que la acción de tutela sub judice es “procedente (…) siempre y cuando se establezca (…) que efectivamente (…) [al accionante] no se le permite salir del país”30. Sin embargo, manifestó que, “en relación con las demás pretensiones, (…) no se 16 Folios 29 (anverso) y 30, Cuaderno 1. 17 Folio 28 (anverso), Cuaderno 1. 18 Folio 29, Cuaderno 1. 19 Folio 37, Cuaderno 1. 20 Folio 38, Cuaderno 1. 21 Folio 36, Cuaderno 1.

22 Id. 23 Id. 24 Folio 38, Cuaderno 1. 25 Folio 47, Cuaderno 1. 26 Folio 47 (anverso), Cuaderno 1. 27 Id. 28 Folio 51, Cuaderno 1. 29 Folio 51 (anverso), Cuaderno 1. 30 Folio 55 (anverso), Cuaderno 1.

avizora vulneración de derechos fundamentales, pues estos serán objeto de análisis probatorio (…) dentro del proceso respectivo, pues la acción de tutela no se puede utilizar para sustituir los procesos judiciales que están legalmente reglados”31.

19. Sandra María Chica Carmona solicitó “declarar improcedente la tutela, por existir otro medio de defensa judicial”32 y, subsidiariamente, “no tutelar el derecho al debido proceso, por encontrarse demostrado que no se incurrió en violación de este precepto constitucional”33. Igualmente, solicitó “no levantar la medida cautelar” decretada en contra del accionante34.

20. Manifestó que el artículo 16 del Convenio de la Haya de 1980 solo impide que las autoridades judiciales decidan “sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia”35. Sin embargo, agregó, en el caso sub judice la autoridad judicial accionada decretó una medida cautelar, es decir, provisional, hasta tanto se tome una decisión de fondo y definitiva36. Asimismo, señaló que el accionante “dejó vencer el término procesal para interponer recurso contra

[la] medida [cautelar]”37, porque “en ningún momento repuso o apeló el auto que decretó la medida cautelar de abstenerse de salir del país”38. De igual forma, indicó que decidió retornar a Colombia junto con su hija, por “los maltratos psicológicos, emocionales y hasta físicos de los que era víctima por parte de [su] esposo en Brasil”39.

3. Suspensión provisional del auto tutelado y decisión objeto de

revisión

21. El 18 de diciembre de 2019, el accionante solicitó al juez de tutela de primera instancia que suspendiera el auto tutelado, a título de medida provisional. Para tales fines, informó que “est[á] al día con las cuotas alimentarias de [su] hija hasta el 30 de enero de 2020”40. Aseguró que el juzgado accionado no podía decretar la medida cautelar de impedimento de salida del país, porque el artículo 129, numeral 5, del Código de Infancia y la Adolescencia prevé que esta medida solo procede cuando “el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora (…) por más de un mes”41. Por otro lado, insistió en que el artículo 598, numeral 6, del Código General del Proceso no es aplicable a su caso, habida cuenta de que se trata de un proceso de divorcio, que no de alimentos42. 31 Id. 32 Folio 72, Cuaderno 1.

33 Id. 34 Id. 35 Folio 71, Cuaderno 1. 36 Cfr. Id. 37 Id. 38 Id. 39 Folio 70, Cuaderno 1. 40 Folio 41, Cuaderno 1. 41 Folio 40, Cuaderno 1. 42 Id.

22. Mediante auto de 19 de diciembre de 2019, la magistrada sustanciadora del proceso de tutela ordenó “suspender provisionalmente hasta el 22 de enero de 2020 la medida cautelar decretada por el Juzgado Primero de Familia de Neiva, mediante auto de 20 de noviembre de 2019 y comunicada a través del

oficio No. 03302 del 11 de diciembre de 2019, lapso en el cual la medida no surtirá efectos migratorios”43. Como fundamento de esta decisión, la magistrada sustanciadora expuso que era “procedente disponer la suspensión provisional de la actuación atacada, con el propósito de evitar la causación de un perjuicio irremediable que afecte los intereses de la menor involucrada en las controversias de sus alimentantes”44.

23. Mediante sentencia del 21 de enero de 2020, la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Neiva declaró improcedente la acción de tutela. Al respecto, sostuvo que “la afectación que pueda engendrar una medida cautelar en la parte receptora no puede solicitar control concreto de constitucionalidad, sin que el juzgador al interior de la causa haya tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto”45. En este sentido, luego de revisar el expediente del proceso de divorcio, advirtió que el accionante “se notificó de la demanda el 06 de diciembre de 2019 (…) e intervino, mediante apoderado judicial, el 09 de diciembre siguiente (…), formulando el recurso de apelación contra el auto admisorio de la demanda y sin pronunciamiento frente al auto que decretó las medidas cautelares en cuaderno separado”46. Asimismo, explicó que, ante la actuación del accionante, el juzgado accionado emitió “los oficios de comunicación el 11 de diciembre”47, ante lo cual, el 13 de diciembre siguiente, “el actor present[ó] solicitud de levantamiento de la medida cautelar

(…), exponiendo similares argumentos a los vertidos en la solicitud de tutela, radicada el mismo día”48. En consecuencia, la Sala concluyó que el accionante no puede acudir a la acción de tutela para “anticipar una resolutiva favorable”, sino que, en su lugar, “debe aguardar a obtener respuesta al interior del proceso judicial que afronta”49.

4. Actuaciones en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional

24. Mediante auto de 5 de octubre de 2020, con el fin de allegar al proceso de revisión de tutela los elementos probatorios necesarios para adoptar una decisión de fondo, el magistrado sustanciador solicitó a los Juzgados Primero y Tercero de Familia del Circuito de Neiva, el envío, mediante correo electrónico, de los cuadernos principales de los expedientes correspondientes a los procesos de divorcio y de restitución internacional de la menor de edad, 43 Folios 53 (anverso) y 54, Cuaderno 1. Al respecto, el 14 de enero de 2020, Migración Colombia informó que, a partir del 19 de diciembre de 2019, “se registra en [su] base de datos [sic] consigna levantamiento provisional de salida del país por el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2019 al 22 de enero de 2020 a nombre de Luigi Carino de Francesco”. Cdno. 1, fl. 76. 44 Id. 45 Folio 81, Cuaderno 1. 46 Folio 80 (anverso), Cuaderno 1.

47 Id. 48 Id. 49 Folio 81 (anverso), Cuaderno 1. respectivamente50. Asimismo, dispuso que, una vez recaudadas las pruebas

solicitadas, se pusieran a disposición de las partes y terceros con interés, por un término de tres días.

25. El Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Neiva remitió copia digital del expediente requerido. Los documentos allí obrantes dan cuenta de que dicha autoridad y el Tribunal Superior de Neiva, en sentencias del 19 de febrero y 4 de junio de 2020, respectivamente, negaron las pretensiones de la demanda incoada por el tutelante51.

26. El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva remitió copia digital del expediente de divorcio. Igualmente, informó que, mediante dos autos del 8 de octubre de 2020, resolvió, de un lado, el recurso de reposición interpuesto en contra del auto admisorio de la demanda y, de otro, la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares. En relación con el primer auto, confirmó la decisión por considerar que, para el momento de desatar el recurso, el proceso de restitución internacional de la menor ya había concluido con decisión desestimatoria de las pretensiones. Frente al segundo auto, manifestó que decidió “no acceder al levantamiento de la medida cautelar de impedimento para salir del país”52. En particular, concluyó que dicha medida “no es arbitraria y se encuentra ajustada a derecho”53, porque54: i) de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “no constituye una pena o trato inhumano o degradante hacia el alimentante” y ii) “no tiene un fin sancionatorio, sino cautelar, precisamente para prevenir las dificultades que se pueden presentar por el incumplimiento de la obligación alimentaria por el hecho de la ausencia

de su obligado”. Asimismo, sostuvo que la medida cautelar tiene en la actualidad mayor relevancia, habida cuenta de que: iii) “no prosperó la Restitución Internacional de la niña”55; iv) el “domicilio [del accionante] es actualmente Colombia”56; v) “desde que se fijó la cuota provisional de alimentos, solo hay reporte de la consignación de tres títulos a la cuenta del juzgado”57; y vi) el proceso de restitución internacional finalizó el 19 de febrero de 2020.

27. Migración Colombia informó que el accionante se encuentra en situación migratoria regular, y agregó que “[…] es titular de la Cédula de Extranjería No. 442150 y Visa de Residente ZA244724[,] documentos que están vigentes hasta el día 5/07/2021”. En atención a esto, puso de presente que Luigi Carino de Francesco cuenta con permiso abierto de trabajo. 50 El 9 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, las autoridades judiciales requeridas enviaron la información solicitada. 51 De acuerdo a lo que pudo establecer el personal a cargo del magistrado sustanciador del expediente de la referencia, las decisiones antes referidas fueron objeto de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, que denegó las pretensiones de amparo, en dos instancias. 52 Auto de 8 de octubre de 2020. Pág. 8. 53 Id. Pág. 5.

54 Id. 55 Id. 56 Id. 57 Id. Pág. 6.

II. CONSIDERACIONES

5. Competencia de la Sala de Revisión

28. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para

conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con lo previsto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en atención a lo dispuesto en el auto del 28 de agosto de 2020, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres, que decidió seleccionar el presente asunto.

6. Problema jurídico de procedibilidad

29. El caso sub examine tiene como objeto el auto del 20 de noviembre de 2019, por medio del cual el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva, a título de medida cautelar, prohibió al accionante ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación alimentaria en favor de su menor hija, hasta por dos años.

30. La Sala no se pronunciará sobre el auto admisorio de la demanda de divorcio, dictado el mismo 20 de noviembre de 2019, por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva, como tampoco en relación con el auto del 8 de octubre de 2020, que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de este. Lo anterior, porque el objeto de la demanda de tutela se circunscribió a cuestionar el auto que decretó la medida cautelar –diferente al auto admisorio–, además, debido a que la otra providencia fue dictada luego de que se presentó la demanda de tutela, es decir, que frente a la misma no se presentó alegato alguno.

31. De acuerdo con lo anterior, le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es procedente, por satisfacer los requisitos de procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de que lo sea, en segundo lugar, le corresponde formular y resolver el problema jurídico sustancial del caso.

32. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato, oportuno y adecuado para las garantías constitucionales fundamentales, frente a situaciones de amenaza o vulneración, ya fuera por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha considerado, pacíficamente, por esta Corte, que son requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela la acreditación de legitimación en la causa, un ejercicio subsidiario y un ejercicio oportuno (inmediatez).

33. En caso de que la acción se interponga contra una autoridad judicial, con el fin de cuestionar una providencia suya, en ejercicio de su función jurisdiccional, algunos de estos requisitos se modulan y, además, es necesario satisfacer otras condiciones que la jurisprudencia constitucional ha considerado necesarias58: i) que el caso tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos constitucionales fundamentales de las partes; ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que al interior del proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la tutela se hubiese interpuesto en un término razonable y

proporcionado a partir del hecho que originó la presunta vulneración; iv) que se trate de una irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se impugna59; v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, así como, de haber sido posible, la etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, finalmente, vi) que la decisión judicial que se cuestione no sea una de tutela60.

34. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por activa61. En el caso sub examine existe legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva. De una parte, el accionante es el sujeto pasivo de la medida cautelar decretada mediante la providencia cuestionada y también es el titular de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la libre circulación, cuya vulneración atribuye a la referida medida cautelar. De otra parte, la acción de tutela se interpuso en contra del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva, autoridad judicial que decretó la medida cautelar objeto de este proceso. 58 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. 59 Este requisito no supone que la decisión cuestionada comporte, de modo necesario, una irregularidad procesal, sino que la irregularidad que se alega por el tutelante tenga un efecto determinante en la providencia que se cuestiona. 60 Cfr., Corte Constitucional, sentencia SU-1219 de 2001. 61 Con relación a este requisito, el inciso 1º del artículo 1 (de manera general), los artículos 5 e inciso 1º del 13

(en cuanto a la legitimación por pasiva) y el artículo 10 (en cuanto a la legitimación por activa) del Decreto 2591 de 1991, respectivamente, disponen: “Artículo 1. Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto”; “Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo lll de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”; “Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el

superior”; “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.

35. La providencia cuestionada no es una sentencia de tutela. En el asunto que se examina, es evidente que la acción de amparo no se dirige contra un fallo de tutela, sino contra el auto que decretó medidas cautelares, en el marco de un proceso ordinario de divorcio.

36. La acción de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional62, además de que presumiblemente se trata de una irregularidad potencialmente decisiva. De una parte, la controversia planteada en el escrito de tutela versa sobre la posible vulneración de los derechos constitucionales fundamentales del accionante, que no sobre un asunto “meramente legal y/o económico”63 o contractual. La presunta vulneración de los derechos alegados puede tener origen en el auto de 20 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva como medida cautelar dentro del proceso de divorcio, que prohibió que el accionante se ausentara del país “sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación alimentaria por dos (2) años”64. De otra parte, la irregul