CC - A1968-23

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA AUTO 1968 DE 2023

Referencia: expediente CJU-3674

Presunto conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Bogotá D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de octubre de 20211, Yenith Johana Rueda Rueda (en adelante, la quejosa) interpuso ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander queja disciplinaria en contra de Ana Belén Rueda Villamizar, juez de Paz 12 de la Casa de Justicia de Floridablanca, Santander. Esto, por “presuntamente haberla coaccionado para firmar un acuerdo de custodia compartida con su expareja sentimental, en detrimento de sus derechos y los de su menor hija”2.

2. Mediante auto del 18 de noviembre de 20223, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander resolvió: (i) remitir por competencia el asunto a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, Santander, y (ii) provocar colisión negativa de competencia4. Argumentó que “al ser la misma Constitución la que

fija la competencia de las Comisiones de Disciplina Judicial, y está (SIC) ella circunscrita netamente a los funcionarios y empleados judiciales y abogados en ejercicio de la profesión, no es posible dar trámite a un proceso adelantado en 1 Expediente digital. 001Queja.pdf 2 Ib., p. 2. 3 Expediente digital. 007RemiteCompetencia.pdf 4 Ib., p. 5. Expediente CJU-3674 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera contra de un juez de paz ya que no es funcionario ni empleado judicial, del cual debe seguir conociendo la Procuraduría General de la Nación”5. Para sustentar su decisión hizo referencia al artículo 257A de la Constitución Política y a la providencia proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dentro del conflicto de competencia con radicado 11001030600020220005500.

3. El 14 de diciembre de 20226, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander, (i) declaró la existencia de un conflicto de competencia y (ii) ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional. Como fundamento de su decisión, indicó que “corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander asumir la competencia para el ejercicio de la acción disciplinaria respecto de la señora ANA BELÉN RUEDA VILLAMIZAR, particular que cumplía función de JUEZ DE PAZ”7. Para respaldar su decisión, se apoyó en los artículos 116 de la Constitución Política, 1, 2 y 68 de la Ley 2094

de 2021 y a una decisión emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del proceso núm. 110010306000202200104004.

4. El 25 de julio de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 28 de julio del 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho8.

II. CONSIDERACIONES

5. La Corte Constitucional no tiene competencia para resolver las disputas entre una autoridad administrativa y una judicial sobre la competencia para conocer de una actuación disciplinaria. El numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política9 prescribe que la Corte Constitucional es competente para “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones”

(subrayado fuera del texto). Esta disposición constitucional no confiere a la Corte Constitucional la facultad de resolver conflictos de competencia que se susciten entre una autoridad judicial y otra administrativa.

6. Las actuaciones disciplinarias son susceptibles de ser adelantadas por una autoridad administrativa, como la Procuraduría General de la Nación, o por una judicial, como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o las comisiones seccionales de Disciplina Judicial –anteriormente Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o salas disciplinarias de las comisiones seccionales de la Judicatura–. Por una parte, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, “[l]as decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones que se le reconocen a la Procuraduría General de la

Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo”10. Por otra parte, según los artículos 116 y 257A de la 5 Expediente digital. 007RemiteCompetencia.pdf, p. 4. 6 Expediente digital. D-2022-2722124.pdf 7 Ib., p. 21. 8 Expediente digital. 03CJU-3563 Constancia de Reparto.pdf 9 Modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. 10 La expresión “jurisdiccionales”, que estaba incluida en esta norma, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-030 de 2023. En esta última, la Corte precisó que “las funciones Expediente CJU-3674 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial11 administra justicia y “ejerce la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial”. Por ende, el conflicto que se suscite entre la Procuraduría y una comisión Seccional de la Judicatura no es un conflicto entre autoridades judiciales.

7. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la autoridad competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa sobre actuaciones disciplinarias. De conformidad con las reglas de procedimiento de asuntos disciplinarios, los conflictos de competencia entre autoridades respecto de una actuación disciplinaria deben ser resueltos por el superior común inmediato12. Sin embargo, un procurador y las comisiones seccionales de Disciplina Judicial no tienen

superior común, en la medida en que el primero es una autoridad administrativa y el segundo, una autoridad judicial. Por ello, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 3913 y 112.1014 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto15. disciplinarias que ejerce la PGN son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional” (Comunicado de prensa n.º 4 del 16 de febrero de 2023). 11 Entiéndase que esta consideración también resulta aplicable a las comisiones seccionales de Disciplina Judicial, como inferiores funcionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 12 Dependiendo la etapa en la que se encuentre el proceso al momento de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, se aplican distintas normas disciplinarias. Esto, en virtud de lo establecido en el artículo 263 de la misma disposición, modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021. De un lado, de conformidad con la Ley 734 de 2022. “Artículo 82. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la

competencia. // Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. // El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente” (énfasis agregado). De otro lado, la Ley 1952 de 2019, artículo 99. “Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. //Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. //El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente” (énfasis agregado). 13 Ley 1437 de 2011, artículo 39. “Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con

autoridades del orden nacional (…). En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales (…) conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado”. 14 Ley 1437 de 2011, artículo 112, inciso 3, numeral 10. “La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones: 10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo”. 15 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, autos del 27 de julio de 2020, rad. 11001-03-06-0002020-00137-00(C) y del 13 de agosto de 2019, rad. 11001-03-06-000-2019-00109-00(C). Expediente CJU-3674 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera

III. CASO CONCRETO

8. La Corte Constitucional no es la autoridad competente para dirimir el conflicto de competencia sub examine. La Sala Plena considera que no es competente para resolver la controversia sub examine, puesto que no se trata de un conflicto entre jurisdicciones. Por el contrario, se trata de un conflicto de competencias entre una autoridad judicial –Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander– y una autoridad administrativa –Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander–. Por esta razón, la Sala Plena se declarará inhibida para pronunciarse sobre la controversia.

9. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la autoridad

competente para resolver el presente conflicto de competencia. Esto, por cuanto cumple con lo dispuesto en los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011. En efecto, (i) el presente asunto involucra al menos a una autoridad del orden nacional que, de conformidad con su distribución interna de competencias, se encarga de unos determinados asuntos –Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander–; (ii) sin que la Sala pretenda caracterizar el asunto sub examine, este podría ser, eventualmente, de naturaleza administrativa en caso de que se determine que la competencia para adelantar la actuación disciplinaria corresponda a la Procuraduría, y (iii) el conflicto versa sobre un asunto concreto, esto es, la investigación disciplinaria adelantada en contra de Ana Belén Rueda Villamizar, en calidad de juez de Paz. Por tanto, el presente trámite de conflicto de competencia será remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

IV. DECISIÓN Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte

Constitucional, RESUELVE PRIMERO. - Declararse INHIBIDA, por falta de competencia, para pronunciarse sobre la controversia suscitada entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en relación con la investigación disciplinaria adelantada en contra de Ana Belén Rueda Villamizar en calidad de Juez de Paz 12 de la Casa de Justicia de Floridablanca, Santander. SEGUNDO. - REMITIR el expediente CJU-3674 a la Sala de Consulta y

Servicio Civil del Consejo de Estado, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite. Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta Expediente CJU-3674 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado Ausente con permiso

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General Expediente CJU-3674 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera