CC - Auto A. 1235 26 de 2026
Detalles
- Título
- CC - Auto A. 1235 26 de 2026
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
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CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 1235 DE 2026
Referencia: expediente
CJU-7853
Asunto: conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 016 Civil del Circuito de Cali y el Juzgado 004 Administrativo del mismo circuito
Magistrado ponente:
Juan Carlos Cortés González
Bogotá D.C., nueve (09) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias, en especial de la prevista en el artículo 241.11 de la Carta Política, profiere el presente auto.
Aclaración previa
Teniendo en cuenta que el presente caso involucra datos sensibles de la historia clínica del cónyuge fallecido de la demandante en el proceso que dio origen al conflicto, la Sala como medida de protección de su intimidad suprimirá los datos que permitan la identificación de las partes, de conformidad con la Circular Interna no. 10 de 2022[[1]](#_ftn1) y el artículo 61 del Acuerdo 01 de 2025[[2]](#_ftn2). En consecuencia, en la versión de esta providencia disponible para el público los nombres serán reemplazados por nombres ficticios que se escribirán en letra cursiva. También serán ocultados otros datos que permitan dicha identificación. La versión con los datos reales sólo estará destinada a integrarse al expediente, con el fin de que los responsables de dar cumplimiento a las órdenes impartidas dentro de la decisión judicial las ejecuten.
I. ANTECEDENTES
1.Causa judicial que suscita el conflicto de competencia entre jurisdicciones[[3]](#_ftn3). El 27 de noviembre de 2018, Rosaura y otros[[4]](#_ftn4), por medio de apoderado judicial, presentaron demanda “declarativa verbal de responsabilidad extracontractual”[[5]](#_ftn5) en contra de la Nueva EPS S.A., Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre -en liquidación-, Angiografía de Occidente S.A., Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. e Idime S.A.
2. Hechos de la demanda. El 21 de abril de 2014, Felipe[[6]](#_ftn6) estando afiliado a Nueva EPS S.A. ingresó a la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. debido a una obstrucción intestinal, la que requirió intervención quirúrgica el 27 de abril de 2014. En los días posteriores a la operación estuvo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, se le realizaron varios lavados en la cavidad abdominal por hallazgos de peritonitis fecal y fístula del intestino delgado. No obstante, el 23 de mayo siguiente, Felipe presentó fiebre cuya causa fue un foco de infección en el catéter venoso central; en consecuencia, el 26 de mayo se le cambió ese catéter.
3. La demanda sostuvo que en la historia clínica no se evidenció que se le haya informado al paciente o a sus familiares de las complicaciones “inclusive fatales”[[7]](#_ftn7) que pudo desencadenar la colocación del catéter central y tampoco hay evidencia de que se hubiera firmado un consentimiento informado previo a dicho procedimiento.
También alega que el Felipe presentó mucho dolor en la zona de la inserción del catéter y un registro de hemoglobina de 7.4, lo cual representaba un valor cercano a un estado crítico. Por esa situación, se le aplicó el medicamento Fentanyl que le provocó hipotensión, diaforesis y palidez distal. Seguido de ello, se le suspendió la aplicación de ese medicamento y se inició aplicación de bolos isotónicos; no obstante, presentó bradicardia extrema y colapso cardiorrespiratorio. Los médicos tratantes aplicaron ampollas de adrenalina; sin embargo, el Felipe falleció el 27 de mayo de 2014.
4.Adicionalmente,la demandante afirmó que Felipe falleció como consecuencia de múltiples omisiones en la atención prioritaria que requería por cuanto (i) no se realizó consentimiento informado para la colocación del catéter, (ii) no se diagnosticó oportunamente un trauma vascular, (iii) no se encontró indicación clara sobre el uso del medicamento Fentanyl y (iv) no aparece en la historia clínica que se haya solicitado de manera urgente la ayuda diagnóstica de “escenografía de tórax”[[8]](#_ftn8).
5. Pretensiones de la demanda. La demanda pretende que se declare responsables civil y solidariamente por los daños causados por la muerte de Felipe a la Nueva EPS S.A., Corporación Comfenalco, Angiografía de Occidente S.A., Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. e Idime S.A. Como consecuencia de ello, solicita condenarlas por perjuicios morales[[9]](#_ftn9), daño en vida en relación de los demandantes y condena en costas del proceso.
6.Decisión de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil. El 27 de noviembre de 2018, la demanda fue repartida al Juzgado 016 Civil del Circuito de Cali[[10]](#_ftn10) y posteriormente fue admitida por ese juzgado el 23 de enero de 2019[[11]](#_ftn11). Luego de varias actuaciones dentro del proceso, el 2 de febrero de 2026, ese juzgado decidió declarar la falta de competencia para conocer la demanda y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali[[12]](#_ftn12). Como fundamento de su decisión sostuvo que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer asuntos relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea su régimen aplicable, de conformidad con el artículo 104.1 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Además, sostuvo que se constituyó como hecho público y notorio que el Gobierno nacional adquirió el 51% de la participación accionaria de la Nueva EPS S.A.
7. En esa medida sostuvo que como la parte demandada está compuesta por una entidad pública y sujetos particulares y los hechos alegados de daño tienen relación con la afiliación que tenía Felipe con Nueva EPS S.A., y dado que observó que existe una probabilidad mínima jurídica relevante de que esa entidad resulte condenada, en virtud de las responsabilidades contenidas en la Ley 100 de 1993, concluyó que el asunto corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de un proceso de responsabilidad médica atribuida a una falla del servicio contra una entidad pública.
8. Decisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El 4 de febrero de 2026, el asunto fue repartido al Juzgado 004
Administrativo del Circuito de Cali[[13]](#_ftn13). El 19 de junio de 2026, ese juzgado se abstuvo de asumir el conocimiento del proceso, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional[[14]](#_ftn14). La autoridad judicial consideró que la modificación sobreviniente en la composición accionaria de una de las partes no tiene la virtualidad de desplazar la competencia previamente radicada en el juez que ha conocido previamente el asunto. Adicionalmente, sostuvo que es necesario verificar si es procedente aplicar el fuero de atracción, el cual no opera de forma automática. En caso de que no acredite la aplicación del fuero de atracción, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer sobre la responsabilidad médica en el asunto, de conformidad con lo dispuesto en los autos 899 de 2023 y 815 de 2025 de la Corte Constitucional.
9. Teniendo en cuenta lo anterior, ese juzgado sostuvo que no se observa dentro del relato fáctico una imputación concreta dirigida a cuestionar actuaciones propias del aseguramiento en salud atribuibles a Nueva EPS S.A., tales como la negativa o demora en autorizaciones, la omisión en la asignación de prestadores, la falta de suministro de medicamentos o insumos, la negativa de procedimientos o cualquier otra barrera administrativa que hubiera incidido causalmente en el fallecimiento del paciente. Por lo tanto, consideró que no se acreditan los requisitos jurisprudenciales para aplicar el fuero de atracción y corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, conocer la demanda.
10. Remisión del expediente a la Corte Constitucional. El 17 de julio de 2026 el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Cali remitió el expediente a la Corte Constitucional[[15]](#_ftn15).
El 24 de julio siguiente el asunto fue repartido al despacho ponente para el trámite correspondiente[[16]](#_ftn16).
II.CONSIDERACIONES
1. Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones
11. El presente asunto satisface los presupuestos definidos en el Auto 155 de 2019[[17]](#_ftn17) para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones:
Tabla 1. Configuración del conflicto de competencia entre jurisdicciones
| | | | --- | --- | | Presupuesto subjetivo[[18]](#_ftn18) | Acredita el cumplimiento del presupuesto subjetivo debido a que existe una controversia suscitada entre autoridades que pertenecen a diferentes jurisdicciones: (i) el Juzgado 016 Civil del Circuito de Cali, que pertenece a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, y (ii) el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Cali, que hace parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. | | Presupuesto objetivo[[19]](#_ftn19) | Demuestra el cumplimiento del presupuesto objetivo puesto que la controversia gira en torno al proceso judicial frente a una demanda declarativa verbal de responsabilidad extracontractual presentada por Rosaura y otros en contra de la Nueva EPS S.A., Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre - en liquidación -Comfenalco-, Angiografía de Occidente S.A., Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. e Idime S.A. | | Presupuesto normativo[[20]](#_ftn20) | Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades enfrentadas expusieron las razones jurídicas por las cuales consideran que no son competentes para conocer el asunto y, por lo mismo, se configura un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones (§ 6 a 9). |
2. Competencia para conocer demandas de responsabilidad médica. Reiteración de jurisprudencia
12. Mediante el Auto 646 de 2021 la Corte Constitucional determinó que la competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica se determina a partir de (i) el criterio orgánico y (ii) el criterio de conexidad o fuero de atracción. Para brindar mayor claridad sobre el particular, en dicha providencia se incluyó un cuadro para explicar las reglas jurisprudenciales aplicables en estos casos, el cual se
sintetiza a continuación:
Tabla 2. Criterios para definir la competencia de las demandas de responsabilidad médica
| | | --- | | Competencia para conocer demandas de responsabilidad médica | | Premisa general: la competencia para conocer procesos de responsabilidad médica debe determinarse a partir de dos criterios o factores: (i) el criterio orgánico de competencia y (ii) el factor de conexidad o fuero de atracción. | | Factores o criterios para determinar la competencia | | (i)El criterio orgánico. En virtud del criterio orgánico: (i)La competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica será de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil si la entidad demandada es privada. (ii)La competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo si la entidad demandada es pública, independientemente de la relación entre la entidad prestadora del servicio de salud y sus afiliados o beneficiarios[[21]](#_ftn21). (iii)El criterio orgánico es insuficiente para determinar la jurisdicción competente para conocer demandas de responsabilidad médica en las que se demanda de forma simultánea a entidades públicas y privadas. En estos casos es necesario acudir al factor de conexidad o fuero de atracción. | | (ii)El fuero de atracción. Definición: el fuero de atracción es un fenómeno procesal en virtud del cual la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se extiende a personas de derecho privado cuando estas son demandadas de forma concomitante con entidades públicas. |
| (iii)Aplicación del fuero de atracción. El fuero de atracción no opera de forma automática. El Consejo de Estado y la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura han establecido algunos criterios orientadores para su aplicación, es decir, para determinar si la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe asumir o no el conocimiento de la controversia en estos casos. Al respecto, han señalado que los jueces deben verificar que: a)Los hechos y la causa que fundamentan la eventual responsabilidad de los sujetos de derecho privado y las entidades estatales son los mismos. b)Los hechos, las pretensiones y las pruebas que obran en el expediente permiten inferir razonablemente que existe una probabilidad “mínimamente seria” de que las entidades estatales sean condenadas. c)El demandante haya planteado fundamentos fácticos y jurídicos para imputar el daño antijurídico a la entidad estatal. En este sentido, deben existir suficientes elementos de juicio que permitan concluir, por lo menos prima facie, que las acciones u omisiones de la entidad estatal demandada fueron, al menos, “concausa eficiente del daño”. |
13. Posteriormente, mediante el Auto 1600 de 2024[[22]](#_ftn22), la Sala Plena de esta Corte reiteró las reglas establecidas en el Auto 646 de 2021. En esa oportunidad, resolvió un conflicto de competencia entre jurisdicciones sobre una demanda de responsabilidad médica presentada por unos ciudadanos en contra de la Nueva EPS S.A., que en ese momento era una sociedad de economía mixta con participación mayoritariamente privada. Al analizar el caso concreto determinó que la demanda correspondía a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, porque aquella iba dirigida solamente contra una EPS de naturaleza privada, en aplicación del criterio orgánico establecido en el Auto 646 de 2021.
14. Finalmente, esta Sala resalta que en decisiones recientes, como los autos 569 y 725 de 2026[[23]](#_ftn23), se conocieron casos similares, sobre un conflicto competencial por una demanda de responsabilidad médica en contra de la Nueva EPS. En esas oportunidades se consideró que al momento de iniciar el proceso esa sociedad era de naturaleza mayoritariamente privada y que en el transcurso del proceso cambió a una naturaleza mayoritariamente pública. Al respecto, esta Corporación estableció que tal circunstancia no tiene capacidad de alterar el análisis de competencia porque la modificación posterior a la composición accionaria no altera el régimen aplicable ni desplaza la competencia inicialmente adquirida. Esta se define en función de la composición accionaria de la persona jurídica al momento de la presentación de la demanda.
3.Sobre la permanencia de la competencia en una jurisdicción cuando ocurre un cambio de la composición accionaria de una de las partes en el proceso judicial[[24]](#_ftn24)
15. Esta Corte ha reconocido en conflictos de competencia entre jurisdicciones que se debe tener en cuenta la composición accionaria de las partes del proceso judicial al momento de presentar la demanda correspondiente para determinar la autoridad judicial competente. Es así como en casos sobre demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de sociedades mixtas estatales, esta corporación ha determinado que a pesar de que la composición accionaria sea modificada con posterioridad a la presentación de la demanda, dicha variación no incide en la determinación de la jurisdicción cuando los actos demandados fueron expedidos en un momento en el que la empresa conservaba mayoría estatal[[25]](#_ftn25).
16. De esa forma, la jurisprudencia de este Tribunal ha reafirmado que el criterio de temporalidad es un parámetro decisivo: “la naturaleza jurídica de la entidad, y por ende la jurisdicción competente, debe determinarse conforme a la estructura accionaria existente al momento de la expedición del acto acusado, sin que modificaciones posteriores alteren retroactivamente el régimen aplicable ni desplacen la competencia previamente definida”[[26]](#_ftn26).
17. Por otro lado, se tiene que en conflictos de competencia entre jurisdicciones por demandas en ejercicio del medio de control de reparación directa, también ha reconocido que se mantiene la competencia de una jurisdicción teniendo en cuenta la naturaleza de la parte demandada al momento de la presentación de la demanda[[27]](#_ftn27).
18. De igual forma, esa regla es aplicable a casos de demandas de responsabilidad civil extracontractual contra sociedades mixtas de naturaleza mayoritariamente privada y que posteriormente, en el transcurso del proceso, su composición accionaria cambia a una de porcentaje de participación pública. Ello, porque prima el principio de temporalidad al momento de la presentación de la demanda para determinar la competencia relacionada con la naturaleza de las partes involucradas, de conformidad con los artículos 15, 17, 18 y 20 del Código General del Proceso y con el numeral 1° y el parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011[[28]](#_ftn28).
4. Caso en concreto
19. La jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer el proceso que suscitó el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. El Juzgado 016 Civil del Circuito de Cali es el competente para conocer la causa judicial bajo examen, en aplicación de las reglas contenidas en el Auto 646 de 2021 y el Auto 1600 de 2024. Esa decisión se sustenta en las siguientes razones.
20. Primera. La demanda en su momento fue presentada contra sociedades de naturaleza privada. El caso materia de la controversia competencial trata sobre un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual auspiciado por Rosaura y otros en contra de la Nueva EPS S.A., Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre, en liquidación -Comfenalco-, Angiografía de Occidente S.A., Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. e Idime S.A., para que se les declare responsables civil y solidariamente por los daños causados por la muerte de Felipe.
21. Por un lado, la Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre es una persona jurídica sin ánimo de lucro en estado de liquidación al momento de presentarse la demanda[[29]](#_ftn29).
Por otro lado, la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. es una IPS de carácter privado y una empresa con sede principal en Cali que opera en hospitales quirúrgicos y de medicina general del sector salud[[30]](#_ftn30). De igual forma, Angiografía de Occidente S.A. es una sociedad privada que atiende al objeto de prestar servicios médicos asistenciales y quirúrgicos en las especialidades de cardiología y medicina especializada[[31]](#_ftn31). También Idime S.A. es una sociedad privada que tiene por objeto la prestación de servicios médicos de diagnóstico, consulta externa, la prestación de servicios en medicina de seguridad y salud en el trabajo y servicios hospitalarios en todas sus ramas[[32]](#_ftn32).
22. Ahora bien, se precisa que la Nueva EPS S.A., al momento de iniciar el proceso judicial en el año 2018, era una sociedad de economía mixta que ostentaba una naturaleza mayoritariamente privada[[33]](#_ftn33) pero que, por un cambio en su composición accionaria, pasó a ser en un 50,7920% propiedad del Estado, a partir del 6 de enero de 2026[[34]](#_ftn34).
23. Segunda. Esta situación no genera que se varíe la competencia de la jurisdicción correspondiente, pues como se ha reconocido por esta Corte (§ 15 a 18), el criterio de temporalidad como parámetro es decisivo: la naturaleza jurídica de la entidad y la definición de la jurisdicción competente deben considerarse conforme a la estructura accionaria existente al momento de presentación de la demanda, sin que modificaciones posteriores alteren retroactivamente o desplacen la competencia previamente definida[[35]](#_ftn35). Se reitera, al momento de presentarse la demanda bajo estudio, la composición de la Nueva EPS S.A. era de carácter privado mayoritariamente, por lo que, en esa medida, debe tenerse en cuenta aquella naturaleza para asignar la competencia.
24. Tercera. No resulta necesario realizar el análisis sobre el fuero de atracción, dado que para el momento de la presentación de la demanda esta estaba dirigida únicamente en contra de sociedades de naturaleza privada y/o mixta con participación mayoritaria privada.
25. Cuarta. En este caso particular se resalta que la demanda fue presentada el 27 de noviembre de 2018 y admitida el 23 de enero de 2019 (§6). Solamente hasta el 2 de febrero de 2026, 7 años después, fue que el juzgado declaró su falta de competencia por el cambio de composición accionaria de la Nueva EPS S.A.
26. En consecuencia, la Sala concluye que el Juzgado 016 Civil del Circuito de Cali es el competente para conocer la demanda de responsabilidad civil extracontractual presentada por Rosaura y otros en contra de la Nueva EPS S.A., Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre, en liquidación -Comfenalco-, Angiografía de Occidente S.A., Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. e Idime S.A. Por lo tanto, ordenará el envío del expediente CJU-7853 a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite correspondiente.
27. Reiteración de la regla de decisión del Auto 1600 de 2024.“La jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para resolver las controversias relacionadas con la responsabilidad médica cuando se demande únicamente a una entidad de carácter privado”.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 016 Civil del Circuito de Cali y el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Cali, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 016 Civil del Circuito de Cali es la autoridad competente para conocer el proceso judicial promovido por Rosaura y otros en contra de la Nueva EPS S.A., Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre, en liquidación -Comfenalco-, Angiografía de Occidente S.A., Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. e Idime S.A.
SEGUNDO. Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7853 al Juzgado 016 Civil del Circuito de Cali para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Cali y a los interesados en este trámite.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado
Ausente con excusa
HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[[1]](#_ftnref1) “Se deberán omitir de las providencias que se publican en la página web de la Corte Constitucional los nombres reales de las personas en los siguientes casos: […] // a) Cuando se haga referencia a su historia clínica u otra información relativa a la salud física o psíquica // c) Cuando se pueda poner en riesgo el derecho a la vida e integridad personal o el derecho a la intimidad personal y familiar […]”.
[[2]](#_ftnref2) “Artículo 61. Publicación de providencias. En la publicación de sus providencias, las Salas de la Corte o la magistrada o el magistrado sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o circunstancias que identifiquen a las partes. La Sala Plena adoptará, mediante circular, los parámetros para la anonimización de las decisiones”.
[[3]](#_ftnref3) Expediente digital CJU-7853, archivo “066Radicacionoae\_002Cuaderno1pdf”.
[[4]](#_ftnref4) Ib., p.239.
[[5]](#_ftnref5) Íd.
[[6]](#_ftnref6) Felipe convivió en unión libre y de manera permanente por 8 años con Rosaura y los hijos de ella, los cuales cuidó y apoyó económicamente como si fueran sus propios hijos. El señor Felipe también mantuvo una estrecha relación con sus hermanas. Ib., pp. 241 a 242.
[[7]](#_ftnref7) Ib., p. 240.
[[8]](#_ftnref8) Ib., p. 241.
[[9]](#_ftnref9) Por perjuicios morales a la demandante y sus hijos $312.496.800 y a las hermanas de señor Felipe $273.434.700. Por daño en vida en relación $312.496.800. Ib., pp. 242 y 243.
[[10]](#_ftnref10)Ib., p. 248.
[[11]](#_ftnref11) Ib., p. 255.
[[12]](#_ftnref12) Expediente digital CJU-7853, archivo “066Radicacionoae\_002Cuaderno1pdf”. 004Radicacionoae\_063AutoTerminaFaltaJpdf.
[[11]](#_ftnref11) Ib., p. 255.
[[12]](#_ftnref12) Expediente digital CJU-7853, archivo “066Radicacionoae\_002Cuaderno1pdf”. 004Radicacionoae\_063AutoTerminaFaltaJpdf.
[[13]](#_ftnref13) Expediente digital CJU-7853, archivo “002Radicacionoae\_ACTADER261607pdf”.
[[14]](#_ftnref14) Expediente digital CJU-7853.
[[15]](#_ftnref15) Expediente digital CJU-7853, archivo “02CJU-7853 Correo Remisoriopdf”.
[[16]](#_ftnref16) Expediente digital CJU-7853, archivo “03CJU-7853 Constancia de Repartopdf”.
[[17]](#_ftnref17) Corte Constitucional.
[[18]](#_ftnref18) El presupuesto subjetivo constata que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones.
[[19]](#_ftnref19) El presupuesto objetivo verifica la existencia de una causa judicial sobre la cual se presente la controversia.
[[20]](#_ftnref20) El presupuesto normativo exige que las autoridades en colisión hayan manifestado expresamente las razones constitucionales o legales por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.
[[21]](#_ftnref21) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, auto del 22 de enero de 2020, radicado: 11001010200020190190200. M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal.
[[22]](#_ftnref22) Regla de decisión del Auto 1600 de 2024 en aplicación de las reglas contenidas en el Auto 646 de 2021: “La jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para resolver las controversias relacionadas con la responsabilidad médica cuando se demande únicamente a una entidad de carácter privado”.
[[23]](#_ftnref23) Corte Constitucional. En el Auto 725 de 2026 se reiteró el Auto 1600 de 2024.
[[24]](#_ftnref24) Corte Constitucional, reiteración del Auto 725 de 2026.
[[25]](#_ftnref25) Corte Constitucional, autos 1536 de 2025, 1591 de 2025 y 725 de 2026.
[[26]](#_ftnref26) Corte Constitucional, Auto 271 de 2026.
[[27]](#_ftnref27) Corte Constitucional, Auto 1509 de 2023.
[[28]](#_ftnref28) Corte Constitucional, Auto 725 de 2026.
[[29]](#_ftnref29) Expediente digital CJU-7853, archivo “066Radicacionoae\_002Cuaderno1pdf”, p. 253.
[[30]](#_ftnref30) Consultado el 24 de agosto de 2026 en: https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Clinica\_Nueva\_Rafael\_Uribe\_Uribe\_Sas\_es\_4165086.html
[[31]](#_ftnref31) Expediente digital CJU-7853, archivo “066Radicacionoae\_002Cuaderno1pdf”, p. 215.
[[32]](#_ftnref32) Ib., p. 357.
[[33]](#_ftnref33) La Nueva EPS S.A. es una sociedad anónima constituida mediante la escritura pública No. 753 del 22 de marzo de 2007, que surge como Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo a través de laResolución No. 371 del 3 de abril de 2008 y del Régimen Subsidiado a través de la Resolución No. 02664 del 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud.
[[34]](#_ftnref34)Mediante certificado del 8 de enero de 2026, la contralora con funciones de revisor fiscal designada para la intervención forzosa administrativa para administrar la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. Nueva EPS S.A. informó que a partir del 6 de enero de 2026, la composición accionaria de esa EPS quedó compuesta por un 50,7920% de acciones de carácter público, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte Constitucional, Auto 725 de 2026.
[[35]](#_ftnref35)Corte Constitucional, Auto 271 de 2026.