CC - Auto A. 1249 26 de 2026

Corte Constitucional

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Detalles

Título
CC - Auto A. 1249 26 de 2026
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1249 DE 2026

Referencia: expediente ICC - 5559

Asunto: conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá y el Juzgado 01 Civil del Circuito de Sahagún, Córdoba.

Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo.

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

AUTO.

I.ANTECEDENTES

1. La Asociación de Mujeres Campesinas Étnicas “Dios es Amor”, por medio de su representante legal[[1]](#_ftn1), interpuso una acción de tutela contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. para solicitar la protección de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso y derechos especiales de las mujeres rurales.

2. La accionante explicó que presentó dos peticiones ante la Sociedad de Activos Especiales, el 24 de febrero y el 19 de junio de 2025, para obtener la adjudicación de unos predios ubicados en Sahagún, Córdoba[[2]](#_ftn2). La asociación pretendía destinar dichos predios a proyectos productivos agrícolas y de soberanía alimentaria liderados por mujeres campesinas étnicas. No obstante, la Sociedad de Activos Especiales negó la solicitud el 13 de febrero de 2025[[3]](#_ftn3), pues el predio no estaba “disponible para su democratización por comodato”[[4]](#_ftn4).

3. En consecuencia, la asociación le remitió la documentación que consideraba requerida a la Sociedad de Activos Especiales, pero esta no emitió una nueva respuesta[[5]](#_ftn5). A pesar de lo anterior, el 11 de enero de 2026, la Sociedad de Activos Especiales le adjudicó los predios “al cabildo indígena, que no se encuentra en la territorialidad del predio”, sin tener en cuenta la solicitud anterior presentada por la Asociación de Mujeres Campesinas Étnicas “Dios es Amor”[[6]](#_ftn6).

4. Por esta razón, la asociación solicitó como pretensiones de la acción de tutela: (i) que la Sociedad de Activos Especiales le otorgue un trámite prioritario y efectivo de adjudicación a su solicitud y aplique las medidas afirmativas establecidas en la Ley 2462 de 2025; (ii) que se amparen sus derechos al debido proceso y a la igualdad; (iii) que se revise la “territorialidad de la ubicación y domicilio” de la Asociación de Mujeres Campesinas Étnicas “Dios es Amor”[[7]](#_ftn7). Además, en el escrito de tutela, la accionante señaló como su dirección el municipio de Sahagún, Córdoba[[8]](#_ftn8).

5. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá[[9]](#_ftn9). Este despacho, a través de un Auto del 21 de julio de 2026, declaró su falta de competencia y remitió el expediente para reparto entre los jueces del circuito de Sahagún, Córdoba. La jueza explicó que carecía de competencia para conocer del caso concreto porque la accionante manifestó que tenía su domicilio en Córdoba y las actuaciones administrativas objeto de controversia recaen sobre predios rurales ubicados en Sahagún, Córdoba[[10]](#_ftn10). En consecuencia, los efectos concretos de la presunta vulneración se producen en esa jurisdicción y es allí donde tendría incidencia material cualquier decisión que se adopte dentro del trámite de la tutela[[11]](#_ftn11).

6. Además, el juzgado explicó que no resulta determinante que la Sociedad de Activos Especiales tenga su sede principal en Bogotá ni que sea una entidad del orden nacional[[12]](#_ftn12). Por el contrario, consideró que el factor determinante es el lugar en el que ocurre la presunta vulneración y donde esta produce sus efectos[[13]](#_ftn13).

7. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado 01 Civil del Circuito de Sahagún, Córdoba. Este despacho, por medio de un Auto del 23 de julio de 2026, declaró que no era competente para conocer del caso, suscitó un conflicto de competencia negativo y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para su resolución[[14]](#_ftn14). La autoridad judicial argumentó que la ubicación de los inmuebles objeto de la controversia no era determinante para establecer la competencia, pues el factor determinante era el domicilio de la entidad accionada. A su juicio, dado que la Sociedad de Activos Especiales estaba ubicada en Bogotá, este era el lugar donde se originó la presunta vulneración o amenaza de los derechos de la accionante[[15]](#_ftn15).

8. El 23 de julio de 2026, el Juzgado 01 Civil del Circuito de Sahagún remitió el expediente a la Corte Constitucional[[16]](#_ftn16). El 13 de agosto de 2026, el expediente fue asignado por reparto a la magistrada ponente.

II.CONSIDERACIONES

9. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[[17]](#_ftn17). Además, su competencia para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[[18]](#_ftn18). En consecuencia, esta Corporación estableció, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018, que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia[[19]](#_ftn19) no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deban aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[[20]](#_ftn20).

10. En el caso concreto, los juzgados en conflicto pertenecen a la jurisdicción ordinaria y comparten como superior común a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, aunque pertenecen a diferentes distritos judiciales. En ese sentido, en aplicación del primer inciso del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, dicha sala sería la autoridad competente para resolver la controversia. Sin embargo, teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficacia, esta Corte, en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, asumirá el estudio de la controversia con el propósito de evitar una mayor dilación en el trámite de la acción de tutela.

11. De igual manera, la Corte Constitucional ha señalado de forma reiterada que los únicos criterios que determinan la competencia de los jueces de tutela y en virtud de los cuales se pueden generar conflictos de competencia son[[21]](#_ftn21): (i) el factor territorial, que establece que son competentes, a prevención, los jueces del lugar donde ocurren los hechos o donde se produzcan los efectos de la violación o amenaza de los derechos fundamentales; (ii) el factor subjetivo, que establece que las acciones de tutela contra medios de comunicación deben ser conocidas por los jueces del circuito y aquellas contra la Jurisdicción Especial de Paz deben ser conocidas por el Tribunal para la Paz; y (iii) el factor funcional, que establece que las impugnaciones de las acciones de tutela deben ser conocidas por el superior jerárquico de quien decidió el caso en primera instancia.

12. Al respecto, la Corte ha sostenido que, cuando se presenta una divergencia entre dos autoridades competentes debido al factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante. En virtud del criterio “a prevención”, consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[[22]](#_ftn22), se ha interpretado que existe un interés del Legislador estatutario de proteger la libertad del accionante en relación con la posibilidad que tiene de elegir el juez que resolverá su acción dentro de aquellos que sean competentes[[23]](#_ftn23).

13. Por otro lado, esta Corporación ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante o de su apoderado[[24]](#_ftn24), o del lugar en que tenga su sede el ente que presuntamente vulneró los derechos fundamentales[[25]](#_ftn25). Por el contrario, la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de dicha violación. Así pues, la autoridad judicial no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes, pero en todo caso, debe otorgarse preeminencia al criterio “a prevención”[[26]](#_ftn26).

III.CASO CONCRETO

14. [image]En el presente caso, la Corte Constitucional encuentra que se configuró un conflicto de competencia por el factor territorial. En efecto, el Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá argumentó que la vulneración de los derechos de la Asociación de Mujeres Campesinas Étnicas “Dios es Amor” ocurrió en Sahagún, Córdoba. Para el despacho, es allí donde se producen los efectos de la presunta vulneración, pues es el lugar en el que la accionante tiene su domicilio y donde están ubicados los predios objeto de la controversia. Por su parte, el Juzgado 01 Civil del Circuito de Sahagún argumentó que el lugar de la presunta afectación de los derechos era Bogotá, por ser esta la ciudad en la que Sociedad de Activos Especiales tiene su sede principal.

15. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que ambas autoridades judiciales son competentes desde el punto de vista del factor territorial para tramitar la acción de tutela. Por un lado, Bogotá es el lugar en el que la accionada adelantó las actuaciones administrativas que presuntamente vulneran los derechos de la accionante. No obstante, los efectos de dicha afectación se extienden hasta Sahagún, pues es allí donde la Asociación de Mujeres Campesinas Étnicas “Dios es Amor” espera la respuesta a su petición y la adjudicación de los predios. Además, en ese municipio se encuentran los inmuebles que dieron origen a la controversia y donde se materializan los efectos de la falta de respuesta por parte de la Sociedad de Activos Especiales y la adjudicación de los inmuebles a otro solicitante.

16. Por consiguiente, dado que los dos despachos en conflicto son competentes para conocer de la acción de tutela, la Corte debe aplicar el criterio de competencia “a prevención” y, en consecuencia, respetar la posibilidad que tiene el demandante de elegir el juez que resolverá su acción dentro de aquellos que sean competentes. En concreto, en el formulario que diligenció la demandante al momento de interponer la tutela, esta señaló a Bogotá como el lugar en el que presentaba la acción[[27]](#_ftn27). Así pues, para la Sala, es posible inferir que la voluntad de la accionante era presentar su solicitud de amparo en Bogotá.

17. En consecuencia, la Corte considera que la competencia para conocer y decidir la presente acción de tutela corresponde al Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá. En efecto, esta fue la primera autoridad que conoció de la acción de tutela, según el lugar en el que la Asociación de Mujeres Campesinas Étnicas “Dios es Amor” presentó la solicitud de amparo.

18. Por lo anterior, la Sala Plena concluye que el Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá se encuentra en la obligación de resolver en primera instancia la acción de tutela. De ese modo, la Corte (i) dejará sin efectos el Auto del 21 de julio de 2026, proferido por el Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá; y (ii) le remitirá el expediente a esta autoridad judicial para que inmediatamente continúe con el trámite y adopte una decisión de fondo. Adicionalmente, la Sala Plena le advertirá al Juzgado 01 Civil del Circuito de Sahagún, Córdoba, que cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, lo remita a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 para su resolución. Para ello, deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que fueron compiladas en el Auto 550 de 2018.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido el 21 de julio de 2026 por el Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá, dentro del expediente ICC – 5559.

RESUELVE

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido el 21 de julio de 2026 por el Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá, dentro del expediente ICC – 5559.

Segundo. REMITIR el expediente ICC – 5559 al Juzgado 805 Transitorio de Familia de Bogotá, con el fin de que continúe con el trámite respectivo y dicte la decisión de fondo a la que haya lugar respecto de la tutela presentada por la Asociación de Mujeres Campesinas Étnicas “Dios es Amor” contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Tercero. ADVERTIR al Juzgado 01 Civil del Circuito de Sahagún, Córdoba, que cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, lo remita a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 para su resolución. En consecuencia, deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que fueron compiladas en el Auto 550 de 2018.

Cuarto. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la accionante y al Juzgado 01 Civil del Circuito de Sahagún, Córdoba, la decisión adoptada en esta providencia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

Ausente con excusa

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

Ausente con excusa

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[[1]](#_ftnref1) Delfa María Madera Macea.

[[2]](#_ftnref2) Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 1.

[[3]](#_ftnref3) Existe una inconsistencia en la acción de tutela en relación con las fechas en las que se presentaron las dos peticiones y la fecha de respuesta de la entidad accionada. En efecto, en los hechos 1 y 2 de la tutela, la asociación explicó que presentó las peticiones el 19 de junio de 2025 y el 24 de febrero de 2025, respectivamente. Sin embargo, en el hecho 3, la demandante indicó que recibió una respuesta el 13 de febrero de 2025, la cual es una fecha anterior a la presentación de la primera solicitud. Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 1.

[[4]](#_ftnref4) Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 1.

[[5]](#_ftnref5) Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 1.

[[4]](#_ftnref4) Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 1.

[[5]](#_ftnref5) Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 1.

[[6]](#_ftnref6) Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 2.

[[7]](#_ftnref7) Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 2.

[[8]](#_ftnref8) Expediente digital ICC – 5559, archivo “001EscritoTutela.pdf”, p. 1.

[[9]](#_ftnref9) Expediente digital ICC – 5559, archivo “004AutoRemiteCompetencia.pdf”, p. 1.

[[10]](#_ftnref10) Expediente digital ICC – 5559, archivo “004AutoRemiteCompetencia.pdf”, p. 2.

[[11]](#_ftnref11) Expediente digital ICC – 5559, archivo “004AutoRemiteCompetencia.pdf”, p. 2.

[[12]](#_ftnref12) Expediente digital ICC – 5559, archivo “004AutoRemiteCompetencia.pdf”, p. 3.

[[13]](#_ftnref13) Expediente digital ICC – 5559, archivo “004AutoRemiteCompetencia.pdf”, p. 3.

[[14]](#_ftnref14) Expediente digital ICC – 5559, archivo “007AutoNoAvocaConocimientoyProponeConflictoCompetencia 202600113.pdf”, p. 4.

[[15]](#_ftnref15) Expediente digital ICC – 5559, archivo “007AutoNoAvocaConocimientoyProponeConflictoCompetencia 202600113.pdf”, p. 3.

[[16]](#_ftnref16) Expediente digital ICC – 5559, archivo “010ConstanciaEnvioTutelaCorteConstitucional202600113.pdf”.

[[17]](#_ftnref17) Ver, entre otros, los autos 014 de 1994; 087 de 2001; 122 de 2004; 280 de 2006; 031 de 2008; 244 de 2011; 218 de

2014. M.P; 492 de 2017; 565 de 2017; 178 de 2018.; y 325 de 2018.

[[18]](#_ftnref18) Corte Constitucional, autos 170A de 2003 y 205 de 2014.

[[19]](#_ftnref19) Ley 270 de 1996.

[[20]](#_ftnref20) Corte Constitucional, autos 159A de 2003 y 170A de 2003.

[[21]](#_ftnref21) Ver, entre otros, los Autos 052 de 2017; 059 de 2017; 067 de 2017; 086 de 2017; 087 de 2017; 106 de 2017; 152 de 2017; 171 de 2017; 197 de 2017; 332 de 2017; y 325 de 2018

[[22]](#_ftnref22) “Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (…)”. (Subrayado fuera del texto original).

[[23]](#_ftnref23) Corte Constitucional, Auto 053 de 2018.

[[24]](#_ftnref24) Corte Constitucional, autos 299 de 2013 y 074 de 2016.

[[25]](#_ftnref25) Corte Constitucional, autos 086 de 2007 y 048 de 2014.

[[26]](#_ftnref26) Corte Constitucional, Auto 595 de 2024.

[[27]](#_ftnref27) Expediente digital ICC – 5559, archivo “002ActaReparto.pdf”, p. 3.

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