CC - Auto A. 1307 26 de 2026
Detalles
- Título
- CC - Auto A. 1307 26 de 2026
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2026
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
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CORTE
CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 1307 DE 2026
Referencia: expediente CJU-7299
Asunto: conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado 2 Penal del Circuito con función de conocimiento y las Autoridades Indígenas del Resguardo Pasos
Magistrado ponente:
Héctor Alfonso Carvajal Londoño
Bogotá D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
Aclaración preliminar: Los nombres de las personas involucradas en el asunto y de las autoridades judiciales serán modificados en la versión de esta providencia, en atención a que el debate jurisdiccional aborda información sensible, por lo que la difusión de información personal podría comprometer su derecho a la intimidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1437 de 2011, el artículo 61 del Reglamento de la Corte Constitucional y la Circular Interna N.º 10 de 2022 proferida por la Presidencia de esta Corporación.
I.ANTECEDENTES
1.
La causa judicial: El 02 de agosto de 2025, sobre las 06:30 a.m., en la hacienda – vereda Veracruz del municipio, la señora Sandra habría sido víctima de agresiones físicas que conllevaron a su fallecimiento por parte, presuntamente, de Carlos[[1]](#_ftn1).
Según testigos, el señor Carlos huyó del lugar[[2]](#_ftn2).
2. La Policía Judicial se trasladó a la hacienda para recabar información sobre la víctima y el presunto agresor Carlos[[3]](#_ftn3). En el lugar, la Policía Judicial tuvo conocimiento sobre los constantes malos tratos y amenazas recibidas por la víctima por parte del presunto agresor. Mientras se realizaban dichas diligencias, la Policía Judicial fue informada que el presunto agresor se presentó a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del municipio.
3. El 03 de agosto de 2025, ante el Juzgado Promiscuo Municipal, con función de control de garantías, la fiscalía realizó la imputación del delito de feminicidio agravado al señor Carlos[[4]](#_ftn4). En esta audiencia, el imputado aceptó los cargos[[5]](#_ftn5), el Despacho declaró legal la formulación de imputación e impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en el establecimiento carcelario.
4. El 08 de agosto de 2025, la fiscalía presentó el escrito de acusación contra el señor Carlos por el delito de feminicidio agravado[[6]](#_ftn6). El 25 de agosto de 2025, el Juzgado 2 del Circuito con funciones de conocimiento, avocó conocimiento de este asunto[[7]](#_ftn7).
5. Solicitud de la jurisdicción especial indígena. El 15 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia de verificación de allanamiento ante el Juzgado 2 del Circuito con funciones de conocimiento[[8]](#_ftn8). En el marco de esta audiencia, el señor Luis, en calidad de Autoridad Indígena y gobernador indígena, manifestó que solicitó a la Fiscalía el conocimiento y entrega del proceso penal iniciado a Carlos, para que sea la Jurisdicción Especial Indígena la que decida el caso. Asimismo, el señor Juan, hermano de la víctima, participó como víctima indirecta[[9]](#_ftn9).
6. La solicitud de las autoridades indígenas fue remitida en formato físico a la Fiscalía. Para sustentar la solicitud hicieron referencia a las facultades legales otorgadas por el derecho propio, la Ley 89 de 1890, la Constitución de 1991, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Para el caso concreto, señalaron que el señor Carlos es un comunero que hace parte del territorio bajo jurisdicción de la comunidad. Adjuntaron a la solicitud, las certificaciones de la inscripción al censo de la población indígena del señor Carlos y Sandra.
7. En el marco de la audiencia de verificación de allanamiento, el Juzgado 2 del Circuito con funciones de conocimiento solicitó al gobernador indígena aclarar los siguientes elementos: (i) sí el procesado ostenta la calidad de comunero indígena, al igual que la víctima, y sí la comunidad cuenta con la estructura jurídica para juzgar este tipo de delitos, incluyendo procedimientos, sanciones e instalaciones adecuadas para cumplir con la sanción, (ii) qué tipos de sanciones amerita una conducta tan grave como la del caso concreto y (iii) cómo funciona el resarcimiento de perjuicios para las víctimas.
8. Frente a esto, el Gobernador Indígena señaló que: (i) la víctima y presunto victimario son comuneros del territorio indígena, y aportó las certificaciones que lo demuestran; adicionalmente, afirmó que cuentan con experiencia para este tipo de casos, analizados por la Asamblea de la Comunidad y que la pena se cumpliría en un centro de reclusión en convenio con el INPEC; (ii) bajo la Jurisdicción Especial Indígena, el remedio corresponde a juetazos y un ritual propio, mientras que la condena se aplica conforme a la ley ordinaria para el delito de feminicidio, es decir, una pena entre 30 a 35 años de cárcel y, (iii) el proceso de resarcimiento de perjuicios para las víctimas es un proceso aparte, que se realiza después del juzgamiento.
9. Antes de finalizar la audiencia de verificación de allanamiento, el Despacho corrió traslado de la solicitud del gobernador indígena a la Fiscalía, al representante de víctimas y a la defensa[[10]](#_ftn10). El representante de víctimas solicitó la suspensión de la audiencia para conversar con el señor Juan. Esta solicitud fue aceptada por el Despacho[[11]](#_ftn11).
10. Presentación de renuncia por parte del señor Carlos: El 23 de septiembre de 2025, el señor Carlos remitió, tanto al Juzgado 2 del Circuito con funciones de conocimiento como a las autoridades tradicionales, un documento de renuncia[[12]](#_ftn12) al fuero indígena por su calidad de comunero del Resguardo Pasos[[13]](#_ftn13). Sustentó esta renuncia en la recepción de amenazas por los hechos objeto de investigación, lo que reflejaría que la comunidad indígena no ofrece garantías para su vida e integridad personal. En un escrito del 02 de octubre de 2025, el señor Carlos confirmó la renuncia ante los gobernadores del Resguardo Pasos y solicitó que se desistiera en la solicitud de conocer el caso, dado que aceptó cargos ante la jurisdicción ordinaria y reiteró que no considera tener garantías para ser juzgado en la jurisdicción especial indígena.
11. El 14 de octubre de 2025, las autoridades tradicionales del Resguardo Pasos, otorgaron respuesta al documento de renuncia del fuero indígena[[14]](#_ftn14). Señalaron que la solicitud no es aceptable como mecanismo para evadir la justicia y que, para el caso concreto, la familia de la víctima del delito solicitó a la autoridad tradicional asumir el conocimiento del caso. En ese sentido, la Autoridad tradicional mantuvo su solicitud de conocimiento del proceso penal.
12. Decisión de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal. El 28 de octubre de 2025, el Juzgado 2 del Circuito con funciones de conocimiento retomó la audiencia de verificación de allanamiento[[15]](#_ftn15). El Despacho solicitó a los intervinientes presentar sus consideraciones sobre la solicitud de las autoridades tradicionales del Resguardo Pasos. Por un lado, la representante de víctimas manifestó su oposición a la solicitud realizada por las autoridades indígenas, toda vez que los hechos ocurrieron fuera de la jurisdicción del Resguardo Pasos, es decir, no se configuró el factor territorial. Además, la renuncia al fuero indígena, como ejercicio de la autonomía personal, le quitó legitimidad a la autoridad indígena sobre este caso. Por el otro lado, el Ministerio Público reiteró la argumentación del representante de víctimas, aclaró que el delito de feminicidio es un asunto de interés para toda la sociedad, no solo para el resguardo indígena, por ello, la jurisdicción ordinaria debe conocer el caso. Adicionalmente, señaló que el imputado ya aceptó cargos y procedería la imposición de una pena alta en la jurisdicción ordinaria, de manera que la renuncia al fuero indígena no es una herramienta para la impunidad. Por último, la defensa del acusado indicó que con la renuncia al fuero indígena no es procedente que las autoridades indígenas conozcan del caso. Indicó que el señor Carlos aceptó cargos ante la jurisdicción ordinaria y que la renuncia del acusado se fundamentó en que considera que el Resguardo no puede brindarle protección.
13. El Despacho manifestó que la renuncia al fuero indígena es un ejercicio legítimo de la autonomía personal y eso conlleva a que las autoridades indígenas no tengan competencia en el caso[[16]](#_ftn16). En concreto, en la audiencia de allanamiento del 28 de octubre de 2025, el despacho realizó un análisis de los cuatros elementos establecidos por la jurisprudencia constitucional para determinar para así fijar una posición frente a la renuncia del imputado, como a la solicitud de jurisdicción de la autoridad indígena. En ese sentido, argumentó que, en principio, el elemento personal está demostrado por las certificaciones del director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, sin embargo, el caso presenta la particularidad de la manifestación de renuncia presentada por el señor Carlos.
14. Frente a este punto, el despacho señaló que “la vinculación o desvinculación a un cabildo indígena como comunero es una decisión que hace parte de la autonomía de la persona”. Para sustentar dicha afirmación sobre la renuncia al fuero, presentó consideraciones de la sentencia SU-510 de 1998 y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En concreto, señaló que en la sentencia 110 010 102 000 2012 01998 00 se “admitió que una integrante de la comunidad indígena Guachucal, en Nariño, renunciara a su fuero especial para que sea el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal, quien continúe conociendo de una demanda de alimentos (…)”.
15. Por lo anterior, concluyó que no les asiste la razón a las autoridades del Cabildo Indígena, dispuso la existencia de un conflicto de jurisdicción y remitió el expediente a la Corte Constitucional[[17]](#_ftn17).
16. Remisión del expediente a la Corte Constitucional. El expediente contentivo del conflicto de competencia entre jurisdicciones fue radicado en la Secretaría General de la Corporación el 31 de octubre de 2025[[18]](#_ftn18) y fue repartido al magistrado sustanciador el 14 de noviembre de 2025[[19]](#_ftn19).
17. Auto de pruebas en el trámite del conflicto de competencia entre jurisdicciones. Revisado en detalle el expediente, el Despacho advirtió la necesidad de recaudar elementos probatorios que permitieran resolver adecuadamente el asunto. En consecuencia, mediante Auto del 6 de marzo de 2026[[20]](#_ftn20), se requirió al señor Luis, gobernador y Autoridad Indígena del Resguardo Pasos, para que diera respuesta a una serie de preguntas relativas a: (i) el alcance territorial del Resguardo Pasos, (ii) el procedimiento previsto para tramitar casos como el presente; (iii) el funcionamiento de la estructura política-administrativa del Resguardo Pasos; (iv) el entendimiento del Resguardo Pasos, para mantener el conocimiento del caso, aún con la renuncia al fuero indígena allegada por el señor Carlos y (v) el análisis, desde la cosmovisión del Resguardo Pasos, respecto a los casos de violencia contra la mujer.
18. El 17 de marzo de 2026[[21]](#_ftn21), se remitió un documento de la Autoridad indígena del Resguardo Pasos. En la respuesta se señaló lo siguiente:
(i)Alcance territorial del Resguardo Pasos: indicó que el territorio no se agota en los límites geográficos, sino que también abarca los lugares donde se encuentran los comuneros que hacen parte del censo poblacional. De manera que la condición de comunero no se pierde por desplazarse o encontrarse en otros espacios territoriales fuera del Resguardo, en tanto el vínculo con el resguardo, las autoridades y su sistema normativo propio permanece vigente mientras la persona sea reconocida dentro del censo poblacional.
(ii)Procedimiento para tramitar el caso: informó que el Resguardo Pasos responde a las desarmonías[[22]](#_ftn22) con un conducto regular que se surte desde lo terrenal, ancestral y espiritual. Todo “procedimiento está orientado por los sabedores ancestrales, The Wala, quienes considerando la desarmonía señalan el camino a seguir, de manera que no es posible estandarizarlos. Sin embargo, aclaró que en casos de desarmonías graves como la del presente caso, conforme a los usos y costumbres, se aplica un procedimiento de cuatro etapas:
- Recepción de la denuncia o conocimiento del caso: en el caso de la denuncia, esta puede ser presentada por los comuneros de manera escrita o verbal ante cualquier miembro de la autoridad indígena. En caso de que no se reciba una denuncia, en razón al tipo de desarmonía y la gravedad de la misma y bajo el mandato de defender la vida y el territorio, el Resguardo Pasos tiene la facultad de actuar de manera oficiosa e iniciar con el proceso de investigación del caso. En ambos escenarios, las autoridades indígenas activan las rutas de atención para acompañar a la víctima y su entorno “desde las áreas de jurídica, familia, mujer, salud, medicina tradicional y guardia indígena (…), asimismo, se coordina con las dependencias municipales y entes nacionales para que presten el apoyo necesario de acuerdo con las necesidades de cada caso”.
- La investigación: en esta etapa participa el coordinador jurídico, en compañía de una autoridad Neh Wésx, la autoridad veredal Kambuwésx y la guardia indígena – Kiwe Thegnas. Para efectos de la investigación, se emplean tres mecanismos: i) se buscan los saberes ancestrales de The Wala para “abrir el camino espiritual y escuchar las orientaciones”, ii) se recopila información mediante entrevista a testigos y diálogos con la comunidad para saber si previo a la desarmonía ocurrieron amenazas en contra de la víctima y, iii) cuando se cuenta con apoyo institucional estatal, se completa con los informes periciales u otros elementos materiales probatorios. Posteriormente, cuando se identifica el presunto responsable, se expide la orden de captura y las autoridades Neh Wésx Kambuwésx, en compañía de la guardia indígena, realizan la captura. En esta etapa, el comunero detenido puede aportar las pruebas que considere necesarias para ejercer su derecho de contradicción y designar un abogado o alguien que lo represente, en el marco del “derecho propio y de los procedimientos consuetudinarios del resguardo”.
- Presentación del caso ante la Autoridad del Resguardo Pasos: sí se establece la responsabilidad del comunero, se surte un paso espiritual en el cual los sabedores ancestrales orientan el remedio que la autoridad debe aplicar, que incluye tanto el número de sacudidas “fuete” para limpiar el sucio del comunero, como los años que el desarmonizado debe ser alejado del territorio, que para este tipo de desarmonía puede ser de 30 a 35 años.
Para el cumplimiento de la sanción, el comunero es trasladado a un centro penitenciario de orden nacional en modalidad de patio prestado, puesto que “el Resguardo no cuenta con las instalaciones suficientes para garantizar la seguridad e integridad del comunero por un periodo tan prolongado de tiempo”.
- Asamblea jurídica de corrección: como máxima instancia decisoria del Resguardo Pasos conoce, de manera integral, el caso y la orientación de los sabedores ancestrales sobre el “fuete” y los años de aislamiento aplicables. La Asamblea puede tomar o modificar lo recomendado por los sabedores y, una vez toma la decisión los Jambuwésx proceden a aplicar las sanciones. En primer lugar, el “fuete” para “limpiar al comunero y se trata la enfermedad que lo afecta” y después se “entrega el comunero al INPEC para su reclusión en un centro penitenciario que tenga las condiciones diferenciales exigidas, lo anterior en virtud de la coordinación y en cumplimiento de los acuerdos suscritos por dicha entidad”.
iii)Cosmovisión del Resguardo Pasos sobre la violencia contra la mujer: manifestó que los casos de violencia contra la mujer son considerados de severa gravedad y cuando se presentan generan un impacto negativo en la comunidad, toda vez que se considera que al hacer daño a una mujer se impacta a la familia y la pervivencia del Resguardo y el pueblo Nasa.
iv)Consideraciones sobre la renuncia al fuero indígena: señaló que lo que fundamenta al Resguardo Pasos para continuar tramitando el asunto es que el presunto victimario, al momento de cometer la desarmonía, no había renunciado al fuero indígena. Adicionalmente, la víctima de la desarmonía pertenece al Resguardo, lo cual rompió el equilibrio en el territorio. Por ello, requiere llevar a cabo los procedimientos propios para así equilibrar y erradicar “la enfermedad llamada feminicidio” del territorio.
II.CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia entre jurisdicciones
19. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[[23]](#_ftn23).
2. Presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones
20. Este Tribunal ha indicado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[[24]](#_ftn24).
21. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que concurran el presupuesto subjetivo, objetivo y normativo[[25]](#_ftn25). De esta manera, ha explicado que el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia debe suscitarse, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y que hagan parte de distintas jurisdicciones; el presupuesto objetivo se refiere a que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa judicial[[26]](#_ftn26), y el presupuesto normativo es aquél, según el cual, es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.
22. Así pues, en el caso concreto, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que está frente a un conflicto de competencia entre jurisdicciones, por las razones que pasan a exponerse:
22. Así pues, en el caso concreto, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que está frente a un conflicto de competencia entre jurisdicciones, por las razones que pasan a exponerse:
23. El presupuesto subjetivo está acreditado. El Juzgado 2 Penal del Circuito con función de conocimiento, integra la especialidad penal de la Jurisdicción Ordinaria. Mientras que las autoridades tradicionales Resguardo Pasos, son propias de la Jurisdicción Especial Indígena. Es decir, que el conflicto se plantea entre autoridades judiciales que integran distintas jurisdicciones.
24. El presupuesto objetivo está acreditado. La controversia gira en torno a un proceso penal que se adelanta en contra de Carlos por la presunta comisión del delito de “feminicidio agravado 104A y 104B del CP”. Proceso judicial que se encuentra en curso[[27]](#_ftn27).
25. El presupuesto normativo está acreditado. Las autoridades enfrentadas expusieron las razones jurídicas por las cuales consideran que son competentes para conocer el asunto y, por lo mismo, se configura un conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones. (supra párr. 6 y 13)
26. Ya que se acreditan todos los presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones, le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional dirimirlo.
3.La jurisdicción especial indígena como expresión del carácter pluriétnico de la nación y los factores para la activación de su competencia.
27. Reconocimiento constitucional y definición del principio de diversidad étnica y cultural. El artículo 7º de la Constitución Política reconoce el principio de diversidad étnica y cultural de la Nación, como manifestación del carácter democrático, participativo y pluralista del
Estado[[28]](#_ftn28). Este principio busca proteger “las distintas cosmogonías”[[29]](#_ftn29) de las comunidades étnicas y, en particular, preservar “los usos, los valores, las costumbres y tradiciones, las formas de producción, la historia y la cultura, y todas las demás situaciones que definen e identifican a la comunidad desde el punto de vista cultural y sociológico”[[30]](#_ftn30). En virtud de este principio, el texto superior garantiza y protege (i) el derecho a la jurisdicción especial indígena y (ii) el fuero indígena.
28. El derecho a la jurisdicción indígena. El artículo 246 de la Constitución reconoce el derecho a la jurisdicción especial indígena. Al respecto, prescribe que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. Además, dispone que “la ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. La jurisdicción especial indígena es un “derecho autonómico de las comunidades indígenas”[[31]](#_ftn31) que opera como una garantía que “protege la diversidad cultural y valorativa”[[32]](#_ftn32). El ámbito de protección de este derecho colectivo está integrado por (i) la facultad de las comunidades de contar con “autoridades judiciales propias para juzgar a sus miembros”[[33]](#_ftn33) y (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios[[34]](#_ftn34).
En tales términos, la jurisdicción especial indígena “se define en función de la existencia de autoridades, sistemas de derecho propio basados en usos y costumbres tradicionales, y procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad”[[35]](#_ftn35).
29. El fuero indígena. El fuero indígena es el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a ser juzgados por sus autoridades tradicionales, de acuerdo con sus normas y procedimientos. Esta garantía tiene como propósito asegurar que estos individuos sean juzgados “por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia”, por medio de un procedimiento compatible “con la organización y modo de vida”[[36]](#_ftn36) de la comunidad indígena de la cual forman parte. Para que la garantía del fuero indígena opere, no es suficiente la identidad étnica indígena del procesado, sino que deben acreditarse “un elemento personal, (…) y uno geográfico o territorial, que permite a las comunidades indígenas juzgar conductas cometidas en su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas’”[[37]](#_ftn37).
30. La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho a la jurisdicción especial indígena y la garantía del fuero, aunque tienen “profunda relación de complementariedad, no poseen el mismo alcance y significado”[[38]](#_ftn38). Mientras el fuero indígena constituye “un derecho fundamental del individuo indígena”[[39]](#_ftn39) que busca proteger su “conciencia étnica”[[40]](#_ftn40), la jurisdicción especial indígena, es “un derecho autonómico de las comunidades indígenas”[[41]](#_ftn41). Por esta razón, aunque “el fuero indígena ocupa un papel cardinal, no es el único factor determinante”[[42]](#_ftn42) de la competencia de la jurisdicción especial, dado que esta se define en función de la existencia de autoridades, sistemas de derecho propio y procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad.
31. Factores de la jurisdicción especial indígena. La jurisdicción especial indígena se activa si se acreditan cuatro factores[[43]](#_ftn43): (i)personal, (ii) territorial, (iii) objetivo e (iv) institucional[[44]](#_ftn44).
A lo largo del desarrollo de la jurisprudencia se ha precisado el contenido de estos elementos, el cual se reiterará en esta oportunidad, a partir de las subreglas relevantes para considerar la procedencia de la configuración del fuero indígena, en lo que se refiere al estudio de los conflictos de competencia entre jurisdicciones.
Tabla. Factores de la jurisdicción Especial Indígena
| | | | --- | --- | | Factores para la configuración del fuero indígena | | | Factor | Contenido | | Personal T-552/03[[45]](#_ftn45) T-617/10[[46]](#_ftn46) C-463/14[[47]](#_ftn47) T-764/14[[48]](#_ftn48) T-387/20[[49]](#_ftn49) A-029/22[[50]](#_ftn50) A-138/22[[51]](#_ftn51) A-249/22[[52]](#_ftn52) | Noción: el elemento personal implica que cada miembro de la comunidad, solo por serlo, tiene derecho a ser juzgado por sus autoridades según sus usos y costumbres. Contenido.Es necesario acreditar que el procesado pertenece al pueblo o a la comunidad indígena que reclama la competencia para investigar y juzgar la conducta. Criterios relevantes. Para determinar dicha pertenencia, la jurisprudencia ha establecido que (i) con fundamento en los derechos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, se debe dar primacía a los mecanismos de reconocimiento utilizados por los propios grupos indígenas; (ii) en este reconocimiento debe prevalecer la realidad sobre las formalidades, como ocurre con la inscripción en un censo que pueda estar desactualizado o contener errores; y (iii) la ausencia de inscripción en un censo tampoco impide que se reconozca la pertenencia de una persona a una comunidad indígena, siempre que existan otros medios de prueba que acrediten esa circunstancia, utilizados por las comunidades indígenas, en correspondencia con sus usos y costumbres. |
| Territorial T-552/03[[53]](#_ftn53) T-617/10[[54]](#_ftn54) C-463/14[[55]](#_ftn55) T-764/14[[56]](#_ftn56) T-387/20[[57]](#_ftn57) A-255/23[[58]](#_ftn58) A-535/23[[59]](#_ftn59) A-600/23[[60]](#_ftn60) A-1405/23[[61]](#_ftn61) A-1548/23[[62]](#_ftn62) A 1047/24[[63]](#_ftn63) | Noción:el elemento territorial exige valorar el lugar en el que ocurrieron los hechos objeto de investigación. Contenido:es necesario acreditar que los hechos objeto de investigación ocurrieron dentro del ámbito territorial del resguardo o comunidad indígena. Para abordar este análisis, se debe determinar: (i) el lugar donde ocurrió la conducta constitutiva del delito o conducta imputada y (ii) el territorio en el que se ubica el grupo indígena al que pertenece la persona procesada. Criterios relevantes.La Corte Constitucional ha identificado dos criterios relevantes para examinar el territorio. Primero, el territorio en sentido estricto, entendido como el espacio físico en el que se sitúan las comunidades indígenas, como sucede con el lugar en el que está constituido el resguardo. Segundo, el ámbito territorial en sentido amplio o expansivo, que comprende los lugares donde la comunidad despliega su cultura,
tales como aquellos donde practica sus costumbres, realiza ritos, tiene creencias religiosas o sirven como espacios de producción o de relacionamiento social, económico o cultural. Por lo tanto, cuando un hecho ocurre fuera de los límites geográficos del territorio colectivo, pero culturalmente es parte del espacio vital de la comunidad, es factible que el juicio lo hagan las autoridades indígenas. |
| Objetivo T-552/03[[64]](#_ftn64) T-617/10[[65]](#_ftn65) C-463/14[[66]](#_ftn66) T-764/14[[67]](#_ftn67) A-110/22[[68]](#_ftn68) A-375/22[[69]](#_ftn69) A-1164/22[[70]](#_ftn70) A-900/23[[71]](#_ftn71) A-1078 /23[[72]](#_ftn72) A-023/24[[73]](#_ftn73) | Noción:el elemento objetivo corresponde a la naturaleza del bien jurídico tutelado. Contenido.Es necesario determinar si el interés en la judicialización de la conducta recae sobre la comunidad indígena, la cultura mayoritaria o ambas. Para determinar este interés, la jurisprudencia ha dispuesto los siguientes elementos: (i) Interés exclusivo de la comunidad indígena: si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen de forma exclusiva a la comunidad indígena, el elemento objetivo sugiere la remisión del caso a la jurisdicción especial indígena. (ii) Interés exclusivo de la sociedad mayoritaria: si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria. (iii) Concurrencia de intereses: si el bien jurídico afectado concierne o interesa a ambos, el elemento objetivo no determina una solución específica.
(iv) Especial nocividad: cuando la conducta investigada es de especial nocividad, la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la JEI. Es necesario efectuar un análisis más detallado sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse que la remisión no derive en impunidad, en una situación de desprotección para la víctimao la afectación de garantías del debido proceso. Criterios relevantes:en relación con el elemento de especial nocividad, la Sala Plena de la Corte ha señalado que el hecho de que la sociedad mayoritaria considere un comportamiento como especialmente nocivo para la sociedad, ello no significa, que la jurisdicción ordinaria sea necesariamente la competente para investigar, juzgar y sancionar al imputado. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el hecho de que la sociedad mayoritaria aprehenda una conducta como especialmente nociva no puede llevar a que se excluya de entrada a la jurisdicción indígena del conocimiento del caso. Por el contrario, en esos eventos, el juez que resuelve el conflicto de jurisdicciones debe, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte[[74]](#_ftn74): (i) va
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