CC - Auto A. 1278 26 de 2026

Corte Constitucional

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Detalles

Título
CC - Auto A. 1278 26 de 2026
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2026

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1278/26

RECURSO DE SUPLICA

CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de procedencia

RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDA-Demandante debe efectuar razonamiento mínimo para constatar yerro o arbitrariedad

RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incumplimiento de la carga argumentativa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

[image]

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Auto 1278 de 2026

Referencia: expediente

D-17.630.

Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra el literal b, numeral 1, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código

Penal”.

Demandante: Jhovanny Flórez.

Tema: recurso de súplica.

Magistrada

Sustanciadora:

Lina Marcela Escobar Martínez.

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial de aquellas que le concede el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 49 del Reglamento Interno[[1]](#_ftn1), dicta el presente auto, mediante el cual resuelve el recurso de súplica interpuesto en el asunto de la referencia.

I.

ANTECEDENTES

1. La demanda

I.

ANTECEDENTES

1. La demanda

1. El 16 de junio de 2026, el ciudadano Jhovanny Flórez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241.4 y 242 de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el literal b, numeral 1, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000[[2]](#_ftn2). La disposición acusada se transcribe a continuación:

“Ley 599 de 2000

(Julio 24)

Diario Oficial No. 44.097 de julio de 2000

Por la cual se expide el Código Penal

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…]

Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:

1. Cuando la conducta se realice:

[…]

b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores” [énfasis añadido].

2. El demandante afirmó que la expresión demandada vulneraba los artículos 6, 28, 29 y 93 de la Constitución Política, así como el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ello, solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la expresión o, subsidiariamente, declarar su exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que esta circunstancia de agravación punitiva solo se configura cuando la conducta se ejecute “en el interior de los establecimientos enunciados o en su inmediata contigüidad física, perceptible y objetivamente verificable, quedando excluida toda aplicación basada en una mera proximidad indeterminada”[[3]](#_ftn3).

3. El accionante sostuvo que el legislador ostenta un amplio margen de configuración en materia de política criminal, el cual encuentra límites en los principios y derechos constitucionales. En tal sentido, explicó que el principio de legalidad, en su dimensión de taxatividad (lex certa), exige que las descripciones típicas sean claras, específicas, precisas e inequívocas, de manera que no resulten admisibles tipos penales, penas o circunstancias de agravación formuladas de manera incierta. Aunque reconoció que toda norma penal contiene un margen mínimo de indeterminación derivado del lenguaje natural, señaló que este solo es constitucionalmente admisible cuando la conducta puede delimitarse mediante criterios objetivos y verificables, de modo que sea posible establecer con claridad la frontera entre lo lícito y lo ilícito.

4. Con fundamento en lo anterior, afirmó que la expresión “o en sitios aledaños a los anteriores” desconoce el principio de legalidad porque carece de parámetros objetivos que permitan determinar el ámbito espacial de aplicación de la circunstancia agravante. Indicó que el término “aledaño” no fija una distancia, perímetro o criterio funcional verificable, ni puede precisarse a partir de otras disposiciones del ordenamiento jurídico, por lo que su contenido queda a la interpretación de los jueces. A su juicio, ello traslada al juez una función que le corresponde al legislador y permite tratamientos punitivos disímiles frente a situaciones semejantes.

5. Finalmente, el actor agregó que la indeterminación resulta problemática por tratarse de una circunstancia que duplica el mínimo de la pena, lo que exige un mayor grado de precisión normativa. En su criterio, la expresión demandada genera inseguridad jurídica, propicia decisiones arbitrarias y vulnera el debido proceso, la libertad personal y el principio de legalidad. Asimismo, sostuvo que la jurisprudencia, en particular la Sentencia C-091 de 2017, respalda la exigencia de declarar inexequibles las expresiones penales cuya indeterminación impide delimitar objetivamente el alcance de la prohibición.

2. Inadmisión de la demanda

6. El magistrado Juan Carlos Cortés González, a quien inicialmente se repartió la demanda, la inadmitió mediante el Auto del 8 de julio de 2026, al considerar que el cargo formulado no cumplía los presupuestos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.

7. En primer lugar, el despacho concluyó que el cargo cumplía el requisito de claridad, pues la demanda seguía un hilo conductor comprensible en torno al reproche formulado contra la expresión “o en sitios aledaños a los anteriores”. En ese sentido, advirtió que el accionante sostenía que dicha expresión vulneraba el principio de estricta legalidad penal, en su dimensión de taxatividad, al no establecer un criterio objetivo que permitiera determinar con certeza cuándo se configura la circunstancia de agravación punitiva.

8. En segundo lugar, el despacho concluyó que no se cumplía el requisito de certeza, pues, a pesar de que el reproche del accionante recaía sobre una expresión normativa vigente, la acusación se derivaba de una interpretación subjetiva de aquel. En particular, para el demandante la expresión “o en sitios aledaños a los anteriores” constituía una cláusula ilimitada e indeterminada que no establecía una distancia exacta, un perímetro específico o un criterio objetivo para delimitar el ámbito espacial de aplicación de la circunstancia agravante. Sin embargo, el despacho advirtió que esa conclusión no se desprendía de manera necesaria del texto acusado, sino de una lectura particular del actor, quien no explicó por qué el término “aledaño” carecía de un contenido semántico susceptible de precisarse mediante los criterios ordinarios de interpretación jurídica.

9. En tercer lugar, en cuanto al presupuesto de especificidad, el despacho señaló que el cargo no lograba construir una oposición objetiva, concreta y verificable entre la expresión acusada y el artículo 29 de la Constitución. Ello, por cuanto el accionante partía de la premisa de que el principio de taxatividad exigía que la circunstancia de agravación estuviera delimitada mediante una distancia exacta, un perímetro específico o un criterio técnico de medición, sin explicar por qué la utilización del término “aledaño” resultaba, por sí misma, incompatible con la Constitución. En ese sentido, la demanda no logró explicar por qué el empleo del término “aledaño” resultaba incompatible con dicho principio o por qué ese concepto no podía ser razonablemente determinado mediante los criterios de interpretación.

10. En cuarto lugar, respecto a la pertinencia, el despacho determinó que la acusación se construyó a partir de una crítica a la técnica legislativa utilizada por el Congreso, al no haberse adoptado una delimitación espacial cuantificable para la circunstancia de agravación. En este punto, advirtió que la demanda expresaba una inconformidad con la forma en que el legislador reguló el supuesto de hecho, pero no demostraba por qué dicha normativa resultaba incompatible con la Constitución. Asimismo, el auto inadmisorio señaló que el argumento relativo al eventual arbitrio judicial se apoyaba en hipótesis sobre la aplicación de la disposición, sin acreditar que el texto legal fuera, en sí mismo, contrario al principio de legalidad.

11. En quinto lugar, en relación con el presupuesto de suficiencia, el despacho concluyó que el cargo tampoco aportaba los elementos de juicio necesarios para generar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la expresión acusada. Ello, por cuanto el accionante no explicaba por qué el término “aledaño” carecía de un contenido normativo determinable ni por qué el contexto de la disposición resultaba insuficiente para orientar su interpretación. Finalmente, advirtió que la referencia a la Sentencia C-091 de 2017 no satisfacía la carga argumentativa exigida, pues el actor se limitaba a afirmar la existencia de una analogía entre ese precedente y el caso objeto de estudio, sin demostrar que ambos plantearan un mismo problema de constitucionalidad.

3. Escrito de corrección

12. El 10 de julio de 2026, el accionante presentó escrito de corrección de la demanda. En su memorial, reformuló su argumentación con el propósito de acreditar la aptitud sustancial del cargo.

3. Escrito de corrección

12. El 10 de julio de 2026, el accionante presentó escrito de corrección de la demanda. En su memorial, reformuló su argumentación con el propósito de acreditar la aptitud sustancial del cargo.

13. En relación con la certeza, sostuvo que la indeterminación de la expresión acusada no provenía de una interpretación subjetiva sobre su eventual aplicación judicial, sino de un dato lingüístico verificable en el propio texto legal. Para ello, acudió a las acepciones del término “aledaño” contenidas en el Diccionario de la Real Academia Española, según las cuales este puede significar, de una parte, “como adjetivo, confinante, lindante, sentido que exige colindancia física, es decir, que dos predios compartan un límite común”[[4]](#_ftn4) y, de otra, “como sustantivo plural (‘los aledaños’), zona situada alrededor de un espacio, sentido que no exige colindancia alguna y que designa una franja circundante cuya extensión no se precisa en el diccionario ni, mucho menos, en el texto legal”[[5]](#_ftn5). A partir de ello, sostuvo que la disposición admitía dos significados distintos, sin que el legislador hubiera precisado cuál de ellos debía regir la circunstancia de agravación.

14. Respecto de la especificidad, afirmó que su reproche no pretendía exigir una delimitación métrica de la circunstancia de agravación, sino evidenciar que la expresión demandada carecía de un criterio objetivo que permitiera determinar su alcance. Con ese propósito, examinó los criterios gramatical, sistemático y teleológico de interpretación. En cuanto al criterio gramatical, reiteró que el término “aledaño” admite dos acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sin que el texto legal indique cuál de ellas resulta aplicable. Frente al criterio sistemático, sostuvo que el contexto de la disposición no aporta un referente que permita delimitar el alcance de la expresión, pues esta se proyecta sobre categorías de lugares con características físicas diversas. Finalmente, respecto del criterio teleológico, afirmó que la finalidad protectora de la circunstancia agravante tampoco permite establecer un criterio uniforme de proximidad, debido a que los bienes y espacios protegidos por la norma son heterogéneos.

15. En cuanto a la pertinencia, manifestó que su reproche no se dirigía a cuestionar la técnica legislativa del Congreso ni pretendía imponer una fórmula normativa distinta, sino demostrar que la expresión demandada no satisface las exigencias del principio de legalidad, al no ofrecer un criterio objetivo que permita delimitar el ámbito de aplicación de la circunstancia de agravación. Con el propósito de evidenciar que el problema planteado no correspondía a una mera hipótesis sobre la eventual actuación de los jueces, citó tres providencias de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín en las que, según explicó, se presentaron interpretaciones diferentes en casos análogos respecto a si una estación de policía puede asimilarse a un “establecimiento carcelario” para efectos de esta misma agravante prevista en el mismo literal b del numeral 1 del artículo 384 del Código Penal. Sostuvo que, aun frente a esta expresión, que cuenta con un referente normativo en el ordenamiento jurídico, se han producido discrepancias interpretativas entre los operadores judiciales. Bajo tal supuesto, explicó que el riesgo de aplicaciones contradictorias resulta aún mayor frente a la expresión “o en sitios aledaños a los anteriores”, pues esta carece de un referente normativo adicional que permita determinar su alcance y delimitar objetivamente su ámbito de aplicación.

16. Finalmente, sobre la suficiencia sostuvo que la ambigüedad de la expresión demandada generaba una duda mínima sobre su constitucionalidad. Al respecto, reiteró que: (i) la expresión “aledaño” presenta una ambigüedad lingüística objetiva, pues sus distintas acepciones no permiten determinar, a partir del texto legal, cuál es el alcance espacial de la circunstancia de agravación ni establecer un límite entre los lugares comprendidos por la norma y aquellos excluidos de su aplicación; (ii) la existencia de decisiones judiciales divergentes sobre la interpretación del literal b del numeral 1 del artículo 384 del Código Penal evidencia que la incertidumbre alegada no corresponde a un escenario hipotético, sino a una dificultad interpretativa con manifestaciones prácticas; y (iii) la Sentencia C-091 de 2017 constituye un referente relevante para el análisis del presente cargo, en la medida en que, al igual que ocurrió con la expresión examinada en esa oportunidad, la expresión “o en sitios aledaños a los anteriores” corresponde a un elemento accesorio del enunciado penal que no aporta una mayor precisión al núcleo de la prohibición, sino que extiende su ámbito de aplicación sin establecer un criterio objetivo verificable. En ese sentido, afirmó que la supresión de la expresión demandada permitiría mantener incólume la estructura restante de la circunstancia de agravación punitiva y preservar los demás supuestos normativos.

17. Adicionalmente, el accionante corrigió una referencia contenida en la demanda inicial respecto de la Sentencia C-535 de 2006. Precisó que dicha providencia únicamente examinó la expresión “centros educacionales” del literal b del numeral 1 del artículo 384 de la Ley 599 de 2000, por un cargo de igualdad, sin pronunciarse sobre la expresión ahora demandada ni sobre el principio de taxatividad, razón por la cual reiteró que no existía cosa juzgada constitucional en este asunto.

4. Auto que rechazó la demanda

18. Mediante el Auto del 29 de julio de 2026, el magistrado sustanciador rechazó la demanda, al considerar que no se corrigieron los defectos advertidos en el auto inadmisorio.

19. Sobre el requisito de certeza, el magistrado sustanciador consideró que el reproche continuaba construyéndose a partir de una interpretación que el actor atribuía a la norma demandada. Aunque el demandante acudió a varias definiciones del término “aledaño” contenidas en el diccionario de la lengua española, esa circunstancia no evidenciaba, por sí sola, una contradicción constitucional ni demostraba que la disposición careciera de un significado jurídico determinable. El auto explicó que el actor equiparó la ausencia de una medida métrica con la inexistencia de todo límite normativo, sin justificar por qué la palabra “aledaño” carecería de un contenido semántico susceptible de ser determinado mediante criterios ordinarios de interpretación jurídica. De acuerdo con el magistrado, el promotor de la demanda tampoco explicó por qué las palabras equivalentes mencionadas no permitirían delimitar razonablemente el alcance del agravante.

20. El auto de rechazo indicó que la norma no emplea la expresión “sitios aledaños” de manera aislada, sino en relación con otros lugares previamente definidos por el legislador. Explicó que esa estructura normativa ofrece un contexto interpretativo que el accionante no analizó, pues no justificó por qué la expresión no podía entenderse como referida a espacios contiguos, vinculados o cercanos a aquellos protegidos por la norma. En consecuencia, el cargo no confrontó la Constitución con el contenido que razonablemente se desprende de la disposición acusada, sino con una lectura hipotética según la cual la expresión demandada permitiría aplicaciones arbitrarias por parte de los operadores judiciales.

21. En cuanto al requisito de especificidad, el magistrado sustanciador consideró que el cargo continuaba sustentándose en que la ausencia de una distancia determinada o un criterio cuantificable de proximidad que impedía satisfacer el principio de taxatividad penal. En su concepto, la subsanación equiparaba la exigencia constitucional de determinación normativa con la obligación de establecer parámetros numéricos, lo que desconocía que el legislador puede acudir a conceptos jurídicos abiertos en materia penal, siempre que su alcance pueda ser razonablemente establecido mediante métodos ordinarios de interpretación.

22. El auto de rechazo consideró que el análisis gramatical, sistemático y teleológico propuesto tampoco demostró que la expresión acusada sea indeterminable: la existencia de varias acepciones de “aledaño” no excluye la posibilidad de precisar su sentido según el contexto; el actor no explicó por qué la referencia a los lugares protegidos no podía servir como criterio orientador para definir el alcance del agravante; y tampoco explicó por qué la finalidad protectora de la norma no podía contribuir a delimitar su ámbito de aplicación. Por ello, el magistrado sustanciador determinó que la argumentación propuesta evidenciaba una inconformidad con el grado de precisión legislativa, mas no permitía demostrar que la expresión acusada fuera incompatible con el principio de legalidad.

23. Respecto de la pertinencia, el auto de rechazo estimó que el actor continuaba orientando su argumentación a sostener que el legislador debió adoptar una fórmula diferente, basada en la fijación de una distancia o criterio equivalente de delimitación. Además, consideró que las providencias citadas no constituían un soporte directo de la supuesta indeterminación de la expresión acusada, sino que hacían referencia a otros elementos normativos de la disposición. Así, no evidenciaron que la expresión demandada impida, en sí misma, identificar razonablemente su alcance.

24. Finalmente, sobre el criterio de suficiencia, el magistrado sustanciador determinó que el escrito de corrección no incorporó elementos argumentativos adicionales que permitieran suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la expresión demandada. Explicó que la referencia a la Sentencia C-091 de 2017 resultaba insuficiente, pues el actor no explicó por qué el supuesto analizado en esa providencia sería comparable con el presente asunto, en el que el reproche recae sobre el significado de “sitios aledaños” y su eventual interpretación al aplicar una circunstancia de agravación punitiva. Indicó que correspondía al demandante demostrar que la expresión carece de un contenido normativo determinable y que su alcance no puede precisarse mediante criterios ordinarios de interpretación, así como explicar concretamente la pertinencia del precedente invocado. Al no satisfacer esas cargas, la corrección no ofreció razones suficientes para habilitar un pronunciamiento de fondo.

5. Recurso de súplica

25. El promotor de la demanda presentó recurso de súplica el 3 de agosto de 2026. Después de justificar la legitimación y la oportunidad[[6]](#_ftn6), planteó cuatro argumentos o censuras contra el auto que rechazó la demanda.

26. “Primera censura: el auto enuncia el estándar propio de la admisibilidad y aplica el estándar propio del fallo de fondo”. El recurrente sostuvo que el auto de rechazo, pese a enunciar que el requisito de suficiencia exige aportar elementos de juicio capaces de generar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma, en realidad, aplicó un estándar propio del juicio de fondo.

27. En su criterio, la providencia le exigió “acreditar” y “demostrar” que la expresión acusada carecía de todo contenido normativo determinable y que resultaba “imposible” diferenciar los espacios comprendidos por el agravante. Señaló que entre generar una duda mínima y demostrar que una interpretación es “imposible” existe la diferencia propia entre el juicio de admisibilidad y el juicio de fondo: el primero determina si el cargo es apto para provocar un pronunciamiento, mientras el segundo establece si la acusación prospera. Afirmó que establecer si la expresión “sitios aledaños” carece o no de un contenido normativo determinable constituye precisamente la cuestión que debe resolver la Corte después de surtir el procedimiento previsto para el control de constitucionalidad, y no una condición que deba demostrarse plenamente para acceder a él.

28. Añadió que, bajo el estándar aplicado, los cargos por desconocimiento de la taxatividad penal quedarían prácticamente excluidos del control constitucional, pues frente a cualquier expresión podría sostenerse que alguna interpretación razonable permite acotar su alcance. Destacó que la Corte ha admitido y resuelto cargos de esta naturaleza, como ocurrió en la Sentencia C-091 de 2017.

29. Asimismo, el recurrente afirmó que la providencia no se limitó a imponer una carga argumentativa excesiva, sino que anticipó una respuesta de fondo al problema constitucional planteado. En particular, cuestionó que el auto afirmara que “aledaño” tiene un significado lingüístico ordinario referido a lo cercano, vecino, colindante, contiguo, próximo o inmediato; que la estructura de la norma ofrece un contexto interpretativo; y que corresponde al intérprete definir el alcance de la expresión según dicho contexto. A su juicio, esas afirmaciones no valoran simplemente la aptitud del cargo, sino que adoptan una posición sobre el significado y la constitucionalidad de la disposición, sin deliberación de la Sala Plena.

30. “Segunda censura: el presupuesto de certeza se denegó aplicando un criterio que no le pertenece”. El recurrente sostuvo que el auto de rechazo aplicó indebidamente el presupuesto de certeza. Explicó que, conforme a la Sentencia C-1052 de 2001, este requisito únicamente exige que el cargo recaiga sobre una proposición jurídica real y existente, y no sobre una norma deducida por el actor, implícita o no demandada. A su juicio, la propia providencia reconoció que ese presupuesto se encontraba satisfecho al señalar que el demandante identificó “una expresión normativa real y existente”, contenida en el artículo 384 del Código Penal. Pese a ello, declaró incumplida la certeza porque las distintas acepciones del término “aledaño” no evidenciaban, por sí solas, una contradicción constitucional. Según el recurrente, esta última exigencia no corresponde a la certeza, sino a la especificidad y la suficiencia, de manera que una misma objeción —que la ambigüedad semántica no basta para acreditar la inconstitucionalidad— terminó siendo valorada bajo tres presupuestos diferentes. Por ello, afirmó que el auto presentó como falencias lo que en realidad era una única discrepancia sustantiva y declaró que el cargo era inepto por falta de certeza, a pesar de que sí cumplía ese requisito.

31. Asimismo, cuestionó que el auto concluyera que la interpretación propuesta por el actor no estaba impuesta por el texto legal ni constituía la única lectura posible. Señaló que su cargo no sostiene que la norma imponga una única interpretación extensiva, sino precisamente que no impone ninguna y que carece de un criterio que permita escoger entre las distintas interpretaciones posibles. En consecuencia, afirmó que sostener, para rechazar el cargo, que existen varias interpretaciones posibles confirma la premisa sobre la cual se construyó la acusación, en lugar de desvirtuarla. A su juicio, un razonamiento que reproduce la premisa del cargo no puede servir de fundamento para concluir que este carece de certeza.

32. “Tercera censura: olvido en el examen de dos elementos obrantes en el expediente”. El recurrente sostuvo, en primer lugar, que el auto de rechazo no examinó la estructura a fortioridel argumento formulado a partir de tres providencias de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Explicó que esas decisiones no fueron invocadas para demostrar directamente la existencia de divergencias judiciales sobre el significado de “sitios aledaños”, sino como premisa de una inferencia: si otro elemento del mismo literal —los “establecimientos carcelarios”—, pese a contar con un referente normativo autónomo y taxativo en el artículo 20 de la Ley 65 de 1995, produjo interpretaciones divergentes entre autoridades judiciales, con mayor razón podría ocurrir lo mismo respecto de una expresión que, a su juicio, carece de un referente semejante.

33. Señaló que el auto respondió que esas providencias se referían a otros elementos de la disposición, pero que precisamente ese era el punto de partida de su razonamiento. Por ello, afirmó que la providencia no explicó por qué la inferencia propuesta era inválida, sino que sustituyó el argumento efectivamente formulado por otro distinto y omitió examinar su verdadera estructura. A su juicio, esa omisión configura el “olvido” que, según la jurisprudencia de la Sala Plena, puede sustentar el recurso de súplica.

34. En segundo lugar, sostuvo que ni el auto inadmisorio ni el de rechazo analizaron el argumento planteado desde la demanda inicial sobre la severidad de la consecuencia punitiva asociada a la expresión acusada. Recordó que había afirmado que, aunque esta no configura un tipo penal autónomo, sí activa la duplicación del mínimo de las penas previstas en los artículos precedentes y que, precisamente por la gravedad de esa consecuencia, el nivel de determinación normativa constitucionalmente exigible debía ser mayor. Señaló que este argumento no fue objeto de reproche en el auto inadmisorio y, por tanto, no tenía la carga de desarrollarlo en la corrección, pero tampoco fue considerado posteriormente en el auto de rechazo. Afirmó que no se trata de una razón nueva introducida en la súplica, sino de un elemento ya contenido en la demanda cuya relevancia era directa, pues el auto sostuvo que el legislador puede acudir a conceptos jurídicos abiertos o indeterminados siempre que su alcance sea razonablemente determinable. En su criterio, esa conclusión no podía adoptarse sin valorar previamente si la severidad de la consecuencia punitiva elevaba el grado de determinación exigible, ponderación que la providencia omitió realizar.

35. “Cuarta censura: el rechazo se fundó en una distinción sustantiva no anunciada en el auto inadmisorio y, en sí misma, controvertida”. El recurrente sostuvo que el auto de rechazo desestimó la analogía con la Sentencia C-091 de 2017, con fundamento en una distinción sustantiva que no había sido anunciada en el auto inadmisorio. Explicó que, tras el reproche inicial según el cual no había demostrado que ambos asuntos plantearan un mismo problema de constitucionalidad, en la corrección precisó que en ambos casos se cuestionaba una expresión accesoria que introducía indeterminación en una disposición penal. Sin embargo, el rechazo descartó la analogía porque en la Sentencia C-091 de 2017 la indeterminación incidía en la estructura del tipo penal, mientras que en este caso se trataba de una circunstancia de agravación punitiva. A su juicio, ese criterio no podía servir de fundamento para el rechazo porque no fue señalado previamente y, por tanto, no tuvo oportunidad de subsanarlo.

36. Asimismo, afirmó que la distinción entre tipo penal y circunstancia de agravación no es un criterio pacífico propio de la etapa de admisión, sino una cuestión debatible. Sostuvo que asumir una menor exigencia de taxatividad frente a las agravantes implica adoptar una posición sustantiva sobre el artículo 29 de la Constitución, pese a que desde la demanda había defendido lo contrario: que la duplicación del mínimo de la pena aumenta la exigencia de determinación normativa. Por ello, consideró que el auto omitió ese argumento y, al mismo tiempo, resolvió de fondo la controversia a la que se refería, cuestión que debía decidirse en sentencia, y no en el auto de rechazo.

37. Por último, el demandante puntualizó que en la corrección se pronunció sobre cada una de las falencias señaladas en el auto inadmisorio. Así, el auto de rechazo evidencia, en realidad, una discrepancia sustantiva sobre la fuerza persuasiva de su argumento. Con fundamento en todo lo anterior, el recurrente solicitó revocar el Auto del 29 de julio de 2026 que rechazó la demanda y, en su lugar, admitirla. Como petición accesoria, solicitó corregir el numeral primero de la parte resolutiva de dicho auto, pues este dispone rechazar la demanda “contra el literal b del artículo 348 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)”, a pesar de que la disposición demandada es el literal b del numeral 1 del artículo 384 de la Ley 599 de 2000.

II.

CONSIDERACIONES

6. Competencia

38. La Sala Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, con fundamento en lo previsto en el inciso segundo del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 49 del Acuerdo 01 de 2025[[7]](#_ftn7).

7. Sobre el recurso de súplica y los requisitos para su trámite. Reiteración de jurisprudencia

7. Sobre el recurso de súplica y los requisitos para su trámite. Reiteración de jurisprudencia

39. Según el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, contra el auto que rechaza la demanda procede e

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