CC - Auto A. 1283 26 de 2026
Detalles
- Título
- CC - Auto A. 1283 26 de 2026
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2026
TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-1283/26
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales y materiales de procedencia
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Negar por falta de carga argumentativa
SOLICITUD DE ADICIÓN DE SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Rechazar por incumplimiento de requisitos
REPÚBLICA DE COLOMBIA
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CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 1283 DE 2026
Referencia: expedientes acumulados (i) T-11.230.770,
(ii) T-11.247.078 y (iii) T-11.359.147
Asunto: solicitudes de nulidad y adición respecto de la Sentencia T-127 de 2026, proferida por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
Solicitante: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX)
Magistrado Ponente: Vladimir Fernández Andrade
Bogotá, D. C., nueve (09) septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: Vladimir Fernández Andrade
Bogotá, D. C., nueve (09) septiembre de dos mil veintiséis (2026)
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 –numeral 9°– de la Constitución Política, el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991[[1]](#_ftn1) y los artículos 103 y 104 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional[[2]](#_ftn2), procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver las solicitudes de nulidad y adición presentadas en relación con la Sentencia T-127 de 2026, proferida por la Sala Sexta de Revisión.
# I. ANTECEDENTES
## 1. Breve recapitulación de los antecedentes de los expedientes acumulados
1. Los expedientes acumulados comparten como eje común la falta de desembolso del subsidio de sostenimiento reconocido a los accionantes al momento de la aprobación de sus créditos educativos otorgados por el ICETEX, situación que afectó el goce efectivo de sus derechos fundamentales. En el marco de renovación mediante giros adicionales, pese a su aprobación, el ICETEX efectuó únicamente los desembolsos correspondientes a matrícula y omitió el pago oportuno del subsidio de sostenimiento, aduciendo insuficiencia de disponibilidad presupuestal.
(i) Expediente T-11.230.770
(i) Expediente T-11.230.770
2. Hechos relevantes. El señor Juan Carlos Angulo Gutiérrez, estudiante de cuarto ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), manifestó que en enero de 2025 se renovó su crédito en la modalidad de giro adicional, pero el desembolso del subsidio de sostenimiento no se realizó dentro del plazo previsto de 15 a 20 días hábiles. El ICETEX únicamente le informó que estaba “en proceso de giro” y que debía esperar a que existieran “recursos disponibles”, sin ofrecer un tiempo estimado ni respuesta definitiva.
Indicó que no cuenta con empleo y que tiene “bajos recursos económicos”, por lo que se encuentra “en una situación crítica” de vulnerabilidad. Dentro de la información aportada por la entidad se evidenció que el accionante se encontraba registrado como víctima directa del conflicto armado a causa del desplazamiento forzado.
3. Interposición de la acción de tutela. El 28 de abril de 2025, el accionante interpuso acción de tutela contra el ICETEX por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la educación y al mínimo vital.
Solicitó que se ordenara al ICETEX el desembolso inmediato de los recursos aprobados para su crédito educativo Líneas tradicionales protección constitucional 0%, correspondientes al semestre 1-2025, y la adopción de medidas que evitaran la repetición de hechos similares.
4. Auto admisorio y vinculación. Mediante Auto del 29 de abril de 2025, el Juzgado 005 Civil del Circuito de Cartagena admitió la acción de tutela y ordenó “vincular como terceros a [la] Universidad Tecnológica de Bolívar - Programa de Ingeniería Civil” y correr traslado tanto a dicha institución como al ICETEX, para que rindieran informe sobre los hechos manifestados por el accionante. Posteriormente, mediante auto del 5 de mayo de 2025, el juzgado ordenó “vincular como terceros [al] Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio [de] Educación Nacional” y correr traslado para que rindieran “informe detallado y pormenorizado en relación con la presunta vulneración invocada”.
5. Informes rendidos en primera instancia. El ICETEX alegó que la ausencia de desembolso obedecía a los artículos 53 y 57 del Acuerdo 034 de 2023, que establecen que el subsidio está sujeto a disponibilidad de recursos. Precisó que el ICETEX había garantizado los giros necesarios para la financiación de la matrícula, pero que “para el rubro por concepto de subsidio de sostenimiento no se cuenta con los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional, situación derivada de la compleja situación fiscal que atraviesa el país”. La Universidad Tecnológica de Bolívar certificó que el accionante estaba matriculado en cuarto nivel para el primer período académico de 2025. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP) solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) hizo lo mismo, argumentando que el asunto es de “exclusiva responsabilidad del ICETEX”.
6. Sentencia de primera instancia. Mediante providencia del 13 de mayo de 2025, el Juzgado 005 Civil del Circuito de Cartagena resolvió no amparar los derechos a la educación y al mínimo vital del accionante. El juzgado consideró que al encontrarse el pago del subsidio supeditado a la disponibilidad presupuestal y no existir en ese momento recursos públicos destinados a subsidios, el ICETEX “no está obligado a lo imposible”. Subrayó que “en el caso particular del accionante se ha garantizado el crédito educativo, realizándose los giros necesarios para financiar matrícula, garantizando el proceso educativo del estudiante”.
(ii) Expediente T-11.247.078
(ii) Expediente T-11.247.078
7. Hechos relevantes. El señor Antonio José Revilla Molina, estudiante de décimo semestre de Psicología en la Fundación Universitaria del Área Andina, relató que en el período 2024-2, tras “fallas en la plataforma de ICETEX y por rechazos carentes de claridad”, tramitó un giro adicional que le fue aprobado; sin embargo, solo se efectuó el desembolso por concepto de matrícula, sin que se realizara el correspondiente al subsidio de sostenimiento, pese a que funcionarios del ICETEX le aseguraron que lo recibiría durante el semestre.
Posteriormente, en 2025-1 le fue aprobado un segundo giro adicional, frente al cual la entidad se negó a efectuar el desembolso del subsidio de sostenimiento con el argumento de que “para los giros adicionales, no resultaba procedente dicho pago, sin sustento jurídico claro, ya que el Acuerdo 034 de 2023 no establece dicha exclusión expresa”. Informó que se encuentra clasificado en el grupo B3 del SISBÉN IV, pertenece a una comunidad indígena oficialmente reconocida y no tiene ingresos propios.
8. Interposición de la acción de tutela. El 25 de abril de 2025, el accionante interpuso acción de tutela contra el ICETEX por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, educación, igualdad, debido proceso, buena fe, confianza legítima y petición. Solicitó que se tutelaran sus derechos y que se ordenara al ICETEX el giro inmediato del subsidio de sostenimiento correspondiente a los períodos 2024-2 y 2025-1, así como la aplicación de un enfoque diferencial en atención a sus condiciones de especial vulnerabilidad.
9. Auto admisorio. Mediante Auto del 25 de abril de 2025, el Juzgado 004 Civil del Circuito de Valledupar admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado al ICETEX, en calidad de accionado, y a la Fundación Universitaria del Área Andina, en calidad de vinculada, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones expuestas por el accionante.
10. Informes rendidos en primera instancia. La Fundación Universitaria del Área Andina ratificó lo señalado por el accionante, pero aclaró datos sobre las fechas de los trámites y desembolsos, solicitando su desvinculación al considerar que el ICETEX es responsable de los desembolsos del subsidio. El ICETEX solicitó declarar la improcedencia por tratarse de “un asunto económico y contractual” en el que no se configuraba “perjuicio irremediable”. Sostuvo que conforme al artículo 57 del Acuerdo 034 de 2023, el acceso al subsidio está sujeto a disponibilidad de recursos; que el período 2024-2 “se encuentra cerrado operativa y presupuestalmente” desde el 11 de octubre de 2024; y que para 2025-1 “no se cuenta con los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional”. Alegó falta de inmediatez, indicando que “desde el momento en que se hizo la adjudicación del crédito han transcurrido alrededor de 3 años, sin que se haya actuado con la urgencia y prontitud con la que ahora se demanda el amparo”.
11. Sentencia de primera instancia. El Juzgado 004 Civil del Circuito de Valledupar, en providencia del 9 de mayo de 2025, declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar la “eficacia que ofrecen en el sub lite las instancias administrativas y los mecanismos legales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para la protección del derecho al mínimo vital, educación y debido proceso” y por la falta de acreditación de un “perjuicio irremediable que amerite la intervención urgente del juez de tutela”. El despacho indicó que el debate se originó en la imposibilidad de recibir oportunamente los giros del ICETEX y que este asunto “debe ventilarse ante las instancias administrativas previstas al efecto por el ICETEX y el Ministerio de Educación, bajo el procedimiento correspondiente”.
(iii) Expediente T-11.359.147
12. Hechos relevantes. El señor Luis Javier Sierra Anaya, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil en la Corporación Universitaria de la Costa
(CUC), manifestó que, aunque su universidad realizó la renovación del crédito el 27 de enero de 2025, para la fecha de interposición de la acción de tutela no había “recibido los desembolsos correspondientes a [su] crédito educativo” –que, según lo informado por el ICETEX, correspondía al desembolso del subsidio de sostenimiento por giro adicional–. Indicó que es estudiante foráneo, “de bajos recursos económicos” y que no cuenta con empleo, por lo que el crédito constituye su única “fuente de financiación”. Afirmó que la falta de desembolso del subsidio lo coloca en una situación de vulnerabilidad que le impide satisfacer sus necesidades básicas y pone en riesgo la continuidad de sus estudios.
13. Interposición de la acción de tutela. El 21 de mayo de 2025, el accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la educación y al mínimo vital, presuntamente desconocidos por el ICETEX. Pretendió que se ordenara al ICETEX el desembolso inmediato de los recursos aprobados para su crédito educativo 0% de interés, correspondientes al semestre A-2025, y la adopción de medidas que evitaran la repetición de hechos similares.
14. Auto admisorio. Mediante Auto del 21 de mayo de 2025, el Juzgado 005 Penal del Circuito de Soledad admitió la tutela y solicitó a la accionada que presentara informe sobre los hechos y pretensiones con las pruebas pertinentes.
14. Auto admisorio. Mediante Auto del 21 de mayo de 2025, el Juzgado 005 Penal del Circuito de Soledad admitió la tutela y solicitó a la accionada que presentara informe sobre los hechos y pretensiones con las pruebas pertinentes.
15. Informes rendidos en primera instancia. El ICETEX se opuso a las pretensiones argumentando que no se acreditó “la existencia de un perjuicio irremediable” y que actuaba “en estricto cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Crédito Educativo”. Sostuvo que conforme a los artículos 53 y 57 del Acuerdo 034 de 2023, los giros adicionales y el subsidio de sostenimiento están “sujetos a disponibilidad presupuestal”. Subrayó que “para el rubro por concepto de subsidio de sostenimiento del periodo 2025-1 asociado a la renovación del giro adicional, no procede ya que no se cuenta con los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional”. Argumentó que “forzar un pago contrariaría el principio de que 'nadie está obligado a lo imposible' y comprometería los desembolsos esenciales de matrícula y crédito principal”.
Alegó que la acción de tutela resulta improcedente “para definir derechos litigiosos de contenido económico” y respecto de debates que “surgen en la esfera de los contratos y las obligaciones que se derivan de ellos”.
16. Sentencia de primera instancia.Mediante providencia del 4 de junio de 2025, el Juzgado 005 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Soledad resolvió declarar improcedente la acción de tutela. El juez consideró que “la falta de desembolso del subsidio de sostenimiento del crédito en favor del señor LUIS JAVIER SIERRA ANAYA, obedece en forma exclusiva a la falta de presupuesto del mencionado ente”. Sostuvo que el goce del derecho fundamental a la educación “depende de las realidades socioeconómicas o financieras que afronte la Nación, [por lo cual, sería] ilusorio pretender una exigencia plena del ejercicio de tal derecho”. Estimó que del acervo probatorio no se acreditaba “PERJUICIO IRREMEDIABLE”. Resaltó que el accionante “no puede considerar como un DERECHO ADQUIRIDO, la entrega del subsidio de sostenimiento del crédito educativo que en su momento le fue aprobado, ya que hay normas prexistentes y vigentes, debidamente conocidas por el beneficiario, que limitan las circunstancias de acceso a los mismos”. Concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad al no evidenciarse que el accionante hubiera interpuesto derecho de petición previamente.
17. Impugnación. El 10 de junio de 2025, el ICETEX presentó informe de cumplimiento e impugnación, informando que “el giro del subsidio de sostenimiento correspondiente al periodo académico 2025-1, se encuentra autorizado desde el 09 de junio de 2025” y estaba en proceso de consignación.
No obstante, el 16 de junio de 2025, el Juzgado 005 Penal del Circuito de Soledad dejó sin efectos el auto del 12 de junio mediante el cual se había concedido la impugnación formulada por el ICETEX, negando por improcedente dicho recurso, al considerar que la entidad carecía de “legitimación para impugnar el fallo fechado 04 de junio de 2025”, por ser favorable a la entidad accionada.
## 2. Actuaciones de la Corte en Sede de Revisión
18. La Sala de Selección de Tutelas Número Siete[[3]](#_ftn3) de la Corte Constitucional, mediante Auto del 29 de julio de 2025[[4]](#_ftn4), seleccionó los expedientes T-11.230.770 y T-11.247.078[[5]](#_ftn5) con base en el criterio objetivo de “posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional” y el criterio subjetivo de “urgencia de proteger un derecho fundamental”, asignandosu estudio a la Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado sustanciador.
19. Posteriormente, en el Auto del 28 de agosto de 2025[[6]](#_ftn6), la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de la Corte Constitucional[[7]](#_ftn7) seleccionó el expediente T-11.359.147 con base en el criterio objetivo: “posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional”[[8]](#_ftn8).
20. Dentro del trámite de revisión, en ejercicio de las facultades probatorias previstas en los artículos 63 y 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional –Acuerdo 01 de 2025–, y con el fin de recaudar los elementos de prueba para mejor proveer, en Auto del 10 de noviembre de 2025, el magistrado sustanciador dispuso la vinculación de terceros con interés directo y decretó la práctica de pruebas. En consecuencia, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, ofició a: (i) Juan Carlos Angulo Gutiérrez; (ii) Antonio José Revilla Molina; (iii) Luis Javier Sierra Anaya; (iv) al ICETEX; (v) al MEN; y (vi) al MHCP[[9]](#_ftn9), para que remitieran la información relacionada con los hechos que motivaron la presentación de las acciones de tutela. Asimismo, comisionó la realización de una búsqueda en el sistema inteligente de la Corte Constitucional[[10]](#_ftn10).
21. El 20 de noviembre de 2025, mediante auto proferido por la Sala Sexta de Revisión de tutelas, se resolvió suspender los términos de los expedientes acumulados de la referencia por un (1) mes contado a partir de la expedición de dicho auto, con la finalidad de recaudar y analizar dentro de un término razonable la información requerida por el magistrado sustanciador y, en consecuencia, garantizar el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales.
22. Según lo informado por la Secretaría General de esta Corporación, mediante el oficio OPTB-474/25, remitido el 26 de noviembre de 2025, se corrió traslado a las partes y a los sujetos vinculados de los documentos allegados en respuesta al Auto de pruebas del 10 de noviembre de 2025, para su conocimiento y para que, de considerarlo pertinente, se pronunciaran al respecto.
23. Posteriormente, mediante Auto del 10 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar el debido proceso, el magistrado sustanciador ordenó la incorporación del informe de la comisión al expediente y, considerando la respuesta posteriormente presentada por el accionante del expediente T-11.359.147, el señor Luis Javier Sierra Anaya, dispuso el traslado conjunto de ambos documentos a las partes y a los sujetos vinculados, con el fin de que, si lo estimaban pertinente, se pronunciaran sobre su contenido.
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## 3. Síntesis del contenido de la Sentencia T-127 de 2026
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## 3. Síntesis del contenido de la Sentencia T-127 de 2026
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24. En el análisis de procedibilidad, la Sala encontró acreditada la legitimación por activa, pues los tres accionantes promovieron las tutelas en nombre propio para reclamar la protección de sus derechos fundamentales. También tuvo por legitimado por pasiva al ICETEX, dado que fue la entidad que adjudicó los créditos y los subsidios de sostenimiento y a la que se atribuía su falta de desembolso. Asimismo, encontró procedente la vinculación como terceros con interés de las instituciones educativas, el MEN y el MHCP: las primeras, por su relación con la situación académica de los estudiantes, y los ministerios, por sus competencias dentro de la cadena presupuestal invocada por el ICETEX, sin que se les atribuyera directamente la vulneración.
25. Asimismo, consideró cumplida la inmediatez. En particular, respecto del subsidio correspondiente a 2024-2 solicitado por Antonio José Revilla Molina, tuvo en cuenta que la legalización tardía del giro adicional obedeció a problemas de la plataforma; que funcionarios del ICETEX le informaron que se había creado un caso para tramitar el desembolso y le confirmaron que este se realizaría; que la respuesta negativa definitiva fue emitida el 22 de abril de 2025 y la tutela se presentó tres días después; y que la afectación continuaba, pues su familia había debido endeudarse para sufragar sus necesidades básicas.
26. Finalmente, estimó satisfecho el requisito de subsidiariedad porque la controversia no constituía una reclamación meramente económica, sino que comprometía la permanencia educativa y el mínimo vital de estudiantes en condiciones de especial vulnerabilidad y próximos a culminar sus estudios. Además, no existía un acto administrativo expreso que pudiera ser controvertido mediante los medios de control ordinarios, mientras que las demás vías judiciales no ofrecían una protección idónea y oportuna.
27. Como cuestión previa, la Sala examinó la posible configuración de la cosa juzgada respecto del expediente T-11.359.147, promovido por Luis Javier Sierra Anaya, y constató que este había presentado tres tutelas contra el ICETEX con identidad de partes, causa y pretensiones, todas relacionadas con la falta de desembolso del subsidio de sostenimiento de 2025-1. Una de ellas había sido resuelta favorablemente por el Juzgado 015 Laboral del Circuito de Barranquilla, cuya orden fue cumplida por el ICETEX, y no fue seleccionada para revisión, por lo que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. En consecuencia, declaró improcedente un nuevo pronunciamiento de fondo. Sin embargo, no declaró la temeridad, al no encontrar acreditada la mala fe del accionante, quien actuó sin apoderado y en un contexto de urgencia y vulnerabilidad socioeconómica, aunque le advirtió que la presentación reiterada de tutelas y la omisión de informar sobre procesos anteriores contrariaban los deberes de buena fe y lealtad procesal.
28. Para resolver los dos expedientes restantes, la Sala reiteró que la educación superior es un derecho fundamental estrechamente relacionado con la dignidad humana, el mínimo vital, el trabajo, la igualdad y la realización del proyecto de vida, y que su garantía no se limita al ingreso formal al sistema educativo, sino que comprende la permanencia en condiciones materiales de igualdad. Señaló que los mecanismos de financiación educativa deben respetar los principios de progresividad, igualdad material, buena fe y confianza legítima, de modo que los apoyos previamente reconocidos no pueden ser suspendidos de manera intempestiva ni mediante interpretaciones imprevisibles. También precisó que el ICETEX no actúa como un simple operador financiero, sino como ejecutor de una política pública dirigida a remover barreras económicas de acceso y permanencia, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad.
29. Al abordar los casos concretos, la Sala estableció como primera premisa que los subsidios de sostenimiento de ambos accionantes habían sido reconocidos al aprobarse sus créditos en 2019 y habían sido desembolsados de forma continua durante sus estudios. Conforme a los reglamentos aplicables, el subsidio se otorga única y exclusivamente en la adjudicación inicial del crédito, etapa en la que se verifican los requisitos de focalización y la disponibilidad presupuestal; una vez reconocido, su permanencia depende de la renovación oportuna del crédito, sin que los requisitos puedan modificarse posteriormente ni someterse a una nueva evaluación presupuestal cada semestre. En ese sentido, la Sala no encontró que, según la reglamentación de la entidad, cada periodo académico o cada giro adicional exigiera un nuevo reconocimiento individual del subsidio.
30. La Sala determinó que los giros adicionales constituyen una modalidad de renovación del crédito educativo destinada a financiar periodos académicos necesarios para culminar el programa, y no la creación de una nueva relación crediticia ni la adjudicación de un subsidio diferente. Aunque el ICETEX sostuvo que se trataba de un beneficio extraordinario sometido a disponibilidad presupuestal, la Corte encontró que ninguna de las regulaciones aplicables establecía una exclusión, limitación o condición específica que impidiera continuar desembolsando el subsidio ya reconocido durante esos periodos. Por ello, concluyó que la falta de pago en los giros adicionales carecía de sustento normativo.
31. En particular, frente al periodo 2024-2 de Revilla Molina, la Sala constató que el giro adicional había sido legalizado y que la matrícula correspondiente fue desembolsada. También valoró que, después de aprobada esa renovación, el ICETEX creó un caso específico para solicitar el giro del subsidio, respondió afirmativamente cuando el estudiante preguntó si sería pagado y le informó que el desembolso se efectuaría durante el semestre, aunque sin fecha definida. Estas actuaciones, sumadas al reconocimiento inicial del subsidio, a su pago continuo desde 2019 y a la inexistencia de una regla que lo excluyera de los giros adicionales, reforzaron la expectativa de que el apoyo continuaría. En consecuencia, la Sala consideró que lo reclamado para 2024-2 no era la adjudicación por primera vez de un subsidio respecto del cual nunca se hubieran verificado los requisitos, sino el pago omitido de un beneficio previamente reconocido, cuya continuidad se encontraba vinculada a la renovación del crédito.
32. La Sala agregó que la interpretación según la cual el subsidio no procedía en los giros adicionales no había sido aplicada de manera constante, uniforme y previsible. El análisis de la información institucional obtenida mediante PretorIA mostró que las tutelas sobre esta controversia se concentraron desde el último trimestre de 2024 y durante 2025, sin que la regulación hubiera sido modificada[[11]](#_ftn11). De esta manera, concluyó que se trató de un cambio material e intempestivo en la práctica administrativa. En el caso de los accionantes, ese cambio no fue anunciado ni acompañado de medidas de transición, pese a que habían organizado su proyecto educativo y su subsistencia con fundamento en la continuidad del subsidio. La confianza legítima no se derivó, entonces, de un único elemento, sino del reconocimiento del beneficio al adjudicarse el crédito, de su desembolso sostenido, de las reglas que condicionaban su permanencia a la renovación, de la inexistencia de una exclusión para los giros adicionales y de las comunicaciones oficiales emitidas después de su aprobación.
33. En materia presupuestal, la Sala encontró acreditado que para 2024-2 fueron aprobados y transferidos recursos tanto para la renovación como para la adjudicación de subsidios y que, para 2025, se asignaron recursos destinados a renovar subsidios previamente reconocidos –conforme a lo solicitado por la propia entidad–, mientras que la restricción fiscal se circunscribió a la adjudicación de nuevos beneficios. A partir de la premisa jurídica según la cual los giros adicionales son renovaciones del crédito y no nuevas adjudicaciones, concluyó que los subsidios reclamados correspondían a beneficios ya reconocidos y comprendidos dentro de la continuidad de los créditos. Por ello, estimó que la falta de pago no podía justificarse en la ausencia de recursos provenientes de la Nación y evidenciaba una deficiencia de planeación, programación o ejecución presupuestal atribuible a la gestión del programa, cuyas consecuencias no podían trasladarse a los estudiantes. Añadió que los giros adicionales no son situaciones inéditas, sino instrumentos ordinarios y previsibles del sistema, por lo cual debían ser considerados en la planeación de la entidad.
34. Con fundamento en esas premisas, la Sala concluyó que el ICETEX vulneró los derechos a la educación, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso de Angulo Gutiérrez y Revilla Molina, así como su confianza legítima. La supresión del apoyo no obedeció a incumplimientos de los estudiantes, a la pérdida de los requisitos de focalización o a la falta de renovación de los créditos, sino a una interpretación restrictiva, posterior e imprevisible. Esta afectación fue especialmente intensa por tratarse, respectivamente, de una víctima de desplazamiento forzado y de un integrante de una comunidad indígena, ambos en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Aunque lograron culminar los periodos académicos, ello no hizo desaparecer la vulneración, pues debieron asumir endeudamiento, inseguridad alimentaria, dificultades de transporte y otras cargas no previstas. La Sala consideró que la actuación comprometió la asequibilidad, por la deficiente planeación del sistema; la accesibilidad económica, al restablecer barreras patrimoniales; la adaptabilidad, al desconocer sus condiciones específicas de vulnerabilidad; y la aceptabilidad, al afectar la calidad efectiva del proceso formativo y las condiciones dignas en que debían desarrollarlo.
35. Al definir el remedio, la Sala recordó la regla según la cual no procede el pago retroactivo cuando una persona solicita por primera vez el reconocimiento de un subsidio dirigido a atender necesidades actuales y no existe certeza previa sobre su condición de beneficiaria. Sin embargo, distinguió esos eventos de aquellos en los que el subsidio ya había sido reconocido y su desembolso fue posteriormente interrumpido, supuesto en el que la jurisprudencia había ordenado pagar las sumas dejadas de entregar desde la suspensión. Bajo esa distinción, estimó procedente ordenar el pago del subsidio de Angulo Gutiérrez para 2025-1 y de Revilla Molina para 2024-2 y 2025-1, pues no se trataba de concederles un beneficio nuevo, sino de restablecer la continuidad de uno reconocido desde la adjudicación de sus créditos. Asimismo, aclaró que el cumplimiento de la decisión no podía desmejorar la situación de otros estudiantes beneficiarios.
36. Finalmente, la Sala concluyó que el ICETEX también vulneró el derecho de petición de Revilla Molina, porque las comunicaciones emitidas no resolvieron de manera clara, precisa y contextualizada los criterios aplicados a su caso, la fundamentación específica de la negativa ni las fallas técnicas de la plataforma, y tampoco incorporaron un enfoque étnico y diferencial. En consecuencia, confirmó la improcedencia de la tutela de Sierra Anaya y le formuló la advertencia correspondiente; revocó las decisiones de instancia en los casos de Angulo Gutiérrez y Revilla Molina y concedió el amparo de sus derechos; ordenó exclusivamente al ICETEX, dentro de los quince días hábiles siguientes, pagar los subsidios dejados de desembolsar y responder de fondo la petición de Revilla Molina; y exhortó a esa entidad para que, en la planeación, ejecución e interpretación de sus programas, adoptara medidas que protegieran la confianza legítima de los estudiantes en situación de especial protección constitucional que requirieran giros adicionales para culminar sus estudios.
## 4. La solicitud de nulidad de la Sentencia T-127 de 2026
## 4. La solicitud de nulidad de la Sentencia T-127 de 2026
37. Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2026, Álvaro José Lyons Villalba, actuando en representación del ICETEX, solicitó la nulidad de la Sentencia T-127 de 2026. En cuanto a los presupuestos formales, sostuvo que estaba legitimado por haber actuado como
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