CC - Auto A. 1291 26 de 2026
Detalles
- Título
- CC - Auto A. 1291 26 de 2026
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2026
TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-1291/26
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
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CORTE
CONSTITUCIONAL
Sala Plena
Auto 1291 de 2026
Referencia: expediente ICC-5560
Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera –Sala Penal– y el Juzgado 051 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de La Ladera
Magistrado ponente:
Carlos Camargo Assis
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno[[1]](#_ftn1), profiere el siguiente
AUTO
Aclaración previa
En este caso se hará referencia a hechos relacionados con violencia de género. Por lo tanto, la Sala Plena considera necesario, en garantía al derecho a la intimidad personal y familiar[[2]](#_ftn2), suprimir de esta providencia y de toda futura publicación, el nombre de la accionante,así como cualquier otro dato o información que permita individualizarla. En consecuencia, se modificará el nombre de las personas involucradas por uno ficticio y se escribirá en cursivas.
I. ANTECEDENTES
I. ANTECEDENTES
1. Acción de tutela. La señora Paula, a través de apoderada judicial[[3]](#_ftn3), instauró una acción de tutela en contra de múltiples autoridades de la ciudad de La Ladera; la Comisaría 012 de Familia (La Prosperidad), la Comisaría 015 de Familia (San Miguel), el Juzgado 033 de Familia del Circuito, el Juzgado 011 Civil del Circuito, el Juzgado 025 de Familia del Circuito, el Juzgado 027 de Familia del Circuito, la Fiscalía 386 Local–Unidad de Violencia Intrafamiliar y la Fiscalía 290 Local[[4]](#_ftn4).
2. La señora Paulaexplicó que sostuvo una unión marital de hecho con Germán entre 2007 y 2025, producto de la cual concibieron tres hijos. La actora indicó que el señor Germán ejerció actos de violencia física, psicológica y económica en su contra durante la relación, y que ha continuado maltratándola después de su separación. La accionante expresó que, debido a esto, a través de su apoderada, inició diferentes acciones judiciales y administrativas encaminadas a su protección y la de sus hijos. No obstante, a su juicio, las entidades accionadas no han avanzado en los respectivos procesos.
3. En consecuencia, la accionante solicitó el amparo a sus derechos de petición, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida digna, a vivir una vida libre de violencias y a “la cuota alimentaria como garantía fundamental”[[5]](#_ftn5). En particular, solicitó que se les ordene a las autoridades demandadas “imprimir trámite prioritario, célere, diligente y con perspectiva de género a los procesos judiciales y administrativos (…) y evitando cualquier actuación que genere revictimización, dilación injustificada o perpetuación de la violencia denunciada”. Asimismo, solicitó que se ordene la adopción de medidas inmediatas de protección, el impulso procesal y la decisión de fondo, así como las demás que resultaren procedentes.
4. Primera autoridad en conflicto.
El asunto le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera, la cual, mediante Auto del 17 de julio de 2026[[6]](#_ftn6), dispuso la escisión de la acción de tutela por encontrar dos supuestos fácticos diferentes y ordenó la remisión de los expedientes.
5. Por un lado, la Sala expuso que la accionante mostró inconformidades con las Comisarías de Familia y los jueces de familia, las cuales están relacionadas con las medidas de protección que solicitó después de la terminación de la unión marital de hecho, la custodia de los hijos, el pago de alimentos, la declaración liquidación de la sociedad patrimonial, las medidas cautelares y la administración de los bienes comunes. Sobre esto, determinó que, con base en el artículo 5 del Decreto 333 de 2021, los asuntos referentes a las comisarías y a los juzgados de familia debían ser conocidos por la Sala de Familia del Tribunal Superior de La Ladera, por ser el superior funcional de las autoridades accionadas. Por lo anterior, ordenó remitir dicha fracción del expediente a la mencionada Sala.
6. Por otro lado, el tribunal sostuvo que la actora formuló reproches contra las Fiscalías 386 y 290
Locales de La Ladera por, presuntamente, incurrir en una mora injustificada en la práctica de una valoración psicológica. Al respecto, argumentó que, de acuerdo con el artículo 4 del mismo Decreto, el conocimiento de los asuntos relacionados con las Fiscalías locales correspondía a los jueces penales del circuito de La Ladera, por ser sus superiores funcionales. En consecuencia, ordenó remitir la fracción del expediente relacionada con estos asuntos para realizar el reparto entre los citados jueces.
7. Segunda autoridad en conflicto.
Efectuado el nuevo reparto, la parte escindida del expediente que tenía relación con las Fiscalías se asignó al Juzgado 051 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de La Ladera. Esta autoridad judicial, mediante Auto del 23 de julio de 2026[[7]](#_ftn7), suscitó el conflicto negativo con la autoridad judicial remitente y envió el expediente a la Corte Constitucional. Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 –modificado por el Decreto 333 de 2021– “de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia”[[8]](#_ftn8).
8. Remisión a la
Corte Constitucional. El 13 de agosto de 2026, se repartió el expediente al despacho y se remitió para sustanciación el mismo día.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
9. Competencia. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[[9]](#_ftn9). Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[[10]](#_ftn10) y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y evitar la dilación en la adopción de una decisión[[11]](#_ftn11).
10. En principio, el conflicto debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 270 de 199610. Lo anterior debido a que se suscitó entre autoridades de la misma jurisdicción y especialidad, que pertenecen al mismo distrito judicial y que tienen diferente categoría. No obstante, en aplicación de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate, aún más, una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio, sin perjuicio de la advertencia que se hará en la parte resolutiva al respecto.
11. Factores de competencia.
De conformidad con los artículos 86 y 8º transitorio del título transitorio de la Constitución[[12]](#_ftn12) y los artículos 32 y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Corporación reitera que existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela. El factor territorial, en virtud del cual son competentes a prevención los jueces con competencia territorial en el lugar donde: i) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o ii) donde se produzcan sus efectos[[13]](#_ftn13). El factor subjetivo que opera en las acciones de tutela interpuestas en contra de: i) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y ii) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución le corresponde al Tribunal para la Paz. Por último, el factor funcional que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela. Esto implica que únicamente pueden conocer de aquella las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente en los términos establecidos en la jurisprudencia[[14]](#_ftn14).
12. Reglas de reparto. Según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 –modificado por el Decreto 333 de 2021– no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino pautas de reparto de las acciones de tutela. El parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. Esta forma de proceder se opone principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[[15]](#_ftn15).
13. Al respecto, este Tribunal ha señalado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”[[16]](#_ftn16).
14. Inescindibilidad de la acción de tutela. La Corte Constitucional ha señalado que los jueces de tutela, en aplicación del principio de oficiosidad, deben “orientar el procedimiento para dar una solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo inescindible, para tomar una decisión de fondo sobre los hechos puestos en su conocimiento”[[17]](#_ftn17).
15. En ese sentido, esta Corporación[[18]](#_ftn18) ha señalado que la escisión de la acción de tutela es inaceptable, en la medida en que transgrede los principios de oficiosidad, economía, prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia que orientan esta acción constitucional.
Además, el fraccionamiento de las pretensiones implicaría la segmentación de los remedios judiciales a proferir[[19]](#_ftn19).
16. Para dar solución a conflictos generados por la escisión de la acción de tutela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha optado por tres parámetros de
solución[[20]](#_ftn20):
“(i) Unificar el expediente, a efectos de que se surta a través de un mismo trámite procesal, siempre y cuando la Corte tenga en su poder la totalidad del proceso, incluso de aquellas partes que fueron fraccionadas.
(ii) Devolver al juez que ordenó la división para que decida con unidad de criterio, en caso de que la Corte tenga a su cargo el conocimiento de las partes fragmentadas.
(iii) Reprochar la actuación del juez que decidió escindir, pero validar la división a fin de no retrotraer las actuaciones judiciales que válidamente pudieron haberse adelantado ni generar mayores dilaciones en el acceso efectivo a la administración de justicia. Esto último, en el evento de que la Corte no tenga certeza sobre el estado actual de las partes procesales escindidas o no tenga duda de que ya fueron decididas”[[21]](#_ftn21).
III.CASO CONCRETO
17. Configuración de un conflicto aparente de competencia. La Sala Plena constata que, en el presente caso, se configuró un conflicto aparente de competencia porque la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera declaró su falta de competencia para adelantar el presente trámite con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 –que modificó lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015–. Dicha autoridad judicial aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y, en un sentido inadmisible, sí afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia para pronunciarse sobre la solicitud de amparo.
18. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia en la materia, la autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por la señora Paula, a través de apoderada, es la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera, por ser la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el conocimiento del asunto.
19. Desconocimiento de los principios de oficiosidad, economía, prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela por su escisión. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera no podía escindir la acción de tutela, pues esta actuación ha sido calificada como inaceptable por esta Corporación, en la medida en que implicaría una segmentación de los remedios judiciales (§ 14-16). Por lo tanto, para resolver la escisión, se aplicará el tercer criterio de solución adoptado por la Corte Constitucional (§ 16), debido a que no hay duda de que ya se adoptó una decisión en la otra fracción escindida[[22]](#_ftn22). Esto porque se verificó en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial que la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera, el 3 de agosto de 2026, profirió un fallo sobre la parte del expediente puesta en su conocimiento por medio del Auto del 17 de julio de la Sala Penal del mismo Tribunal (§ 5)[[23]](#_ftn23).
20. Órdenes por proferir. La Corte Constitucional remitirá el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar en cuanto a las pretensiones referentes a la Fiscalía 386 Local–Unidad de Violencia Intrafamiliar y la Fiscalía 290 Local de La Ladera. Asimismo, le advertirá a la Sala Penal que, en lo sucesivo, observe con estricto rigor la jurisprudencia constitucional sobre los conflictos de competencia en materia de tutela y se abstenga de sustraerse del conocimiento de acciones de tutela con base en reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, en tanto ello desconoce la reiterada jurisprudencia constitucional. También le advertirá que, ante un conflicto de competencia en materia de tutela, lo remita a la autoridad designada por la Ley 270 de 1996 para dirimirlo. Finalmente, le advertirá que se abstenga de escindir las acciones de tutela de su conocimiento, ya que con su actuación desconoció los principios de oficiosidad, economía, prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia de la acción de tutela.
IV.DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE
PRIMERO.
REMITIR el expediente ICC-5560 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera, para que, de manera inmediata, asuma el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por la señora Paula, en cuanto a las pretensiones relacionadas con la Fiscalía 386 Local–Unidad de Violencia Intrafamiliar y la Fiscalía 290 Local de La Ladera y adopte la decisión a que haya lugar.
SEGUNDO. ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera que, en lo sucesivo, observe detenidamente la jurisprudencia constitucional en materia de conflictos de competencia y se abstenga de suscitar conflictos de esta índole a partir de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 del 2021.
TERCERO. ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera que, en lo sucesivo, ante la eventual existencia de un conflicto de competencia en materia de tutela, deberá atender lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 respecto de la autoridad competente para dirimirlo, así como las reglas establecidas en la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, con el fin de asegurar una adecuada resolución de los conflictos y garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.
CUARTO. ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Ladera que se abstenga de escindir las acciones de tutela bajo su conocimiento, para asegurar los principios de oficiosidad, economía, prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia de la acción de tutela.
QUINTO. Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado 051 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de La Ladera de la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
PAOLA
ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta
NATALIA
ÁNGEL CABO
Magistrada
CARLOS
CAMARGO ASSIS
Magistrado
HECTOR
ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
PAOLA
ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta
NATALIA
ÁNGEL CABO
Magistrada
CARLOS
CAMARGO ASSIS
Magistrado
HECTOR
ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
JUAN
CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA
MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR
FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE
ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
MIGUEL
POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA
LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[[1]](#_ftnref1) Acuerdo 01 de 2025.
[[2]](#_ftnref2) El literal c) del resolutivo primero de la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Corte Constitucional, dispone que se deberán omitir de las providencias que se publican en la página webde la Corporación los nombres reales de las personas cuando se pueda poner en riesgo el derecho a la intimidad personal y familiar. En igual sentido, la posibilidad de anonimizar las decisiones de este Tribunal está contenida en el artículo 61 del Acuerdo 01 de 2025.
[[3]](#_ftnref3) Juliana.
[[4]](#_ftnref4) Expediente digital, Archivo “02Demanda.pdf”.
[[5]](#_ftnref5) Ibidem.
[[6]](#_ftnref6) Expediente digital, Archivo “003AutoRemitexCompetencia1100122150002026463-00.pdf”.
[[7]](#_ftnref7) Expediente digital, Archivo “08AutoConflictoNegativoCompetencia2026-297.pdf”.
[[8]](#_ftnref8) Citó el Auto 1822 de 2024.
[[7]](#_ftnref7) Expediente digital, Archivo “08AutoConflictoNegativoCompetencia2026-297.pdf”.
[[8]](#_ftnref8) Citó el Auto 1822 de 2024.
[[9]](#_ftnref9) Corte Constitucional, autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros.
[[10]](#_ftnref10) “ARTÍCULO 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación”.
[[11]](#_ftnref11) Corte Constitucional, autos 159A y 170A de 2003.
[[12]](#_ftnref12) Incorporado por el Acto Legislativo 01 de 2017 que dispone: “las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas”. Auto 021 de 2018.
[[13]](#_ftnref13) Corte Constitucional, autos 493 de 2017, 131 de 2018, 057 de 2019, 018 de 2019, 304 de 2020, 016 de 2021 y 018 de 2021, entre otros.
[[14]](#_ftnref14) Corte Constitucional, autos 655 de 2017 y 225 de 2018.
[[15]](#_ftnref15) Corte Constitucional, autos 105 de 2016, 157 de 2016, 007 de 2017, 028 de 2017, 030 de 2017, 052 de 2017, 059 de 2017, 059A de 2017, 061 de 2017, 063 de 2017, 064 de 2017, 066 de 2017, 067 de 2017, 072 de 2017, 086 de 2017, 087 de 2017, 106 de 2017, 152 de 2017, 171 de 2017, 197 de 2017, 332 de 2017, 325 de 2018, 242 de 2019 y 193 de 2021.
[[16]](#_ftnref16) Corte Constitucional, autos 481 y 495 de 2019, 026, 159, 347 y 398 de 2020.
[[17]](#_ftnref17) Corte Constitucional, Auto 024 de 2016.
[[18]](#_ftnref18) Corte Constitucional, Auto 361 de 2019.
[[19]](#_ftnref19) Ibidem.
[[17]](#_ftnref17) Corte Constitucional, Auto 024 de 2016.
[[18]](#_ftnref18) Corte Constitucional, Auto 361 de 2019.
[[19]](#_ftnref19) Ibidem.
[[20]](#_ftnref20) Corte Constitucional, autos 1399 de 2024 y 931 de 2026.
[[21]](#_ftnref21) Corte Constitucional, Auto 691 de 2024.
[[22]](#_ftnref22) La Corte Constitucional ha adoptado este remedio en los autos 1399 de 2024, 1896 de 2025, 1709 de 2025, 1163 de 2025 y 931 de 2026, entre otros.
[[23]](#_ftnref23) Proceso con radicado 11001221000020260170700.