CC - Auto A. 1253 26 de 2026

Corte Constitucional

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CC - Auto A. 1253 26 de 2026
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2026

REPÚBLICA

DE COLOMBIA

[image: Logotipo Descripción generada automáticamente]

CORTE

CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1253 DE 2026

Referencia: Expediente ICC-5566

Asunto: conflicto de competencia suscitado entre elJuzgado 005 Administrativo Oral de Ibagué, el Juzgado 802

Transitorio de Familia de Bogotá y otras autoridades judiciales[[1]](#_ftn1)

Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera

Bogotá D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, dicta el siguiente

AUTO

I.ANTECEDENTES

AUTO

I.ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela. Germán Muñoz Molina presentó una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección (en adelante, UNP), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso administrativo y a la dignidad humana. Manifestó que se desempeña como escolta del Programa de Protección administrado por la UNP y que dicha actividad constituye su única fuente de ingresos y el sustento económico de su núcleo familiar[[2]](#_ftn2).

Señaló que la entidad adelantó el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. PSA-UNP-054-2026, inicialmente estructurado para contratar la prestación del servicio de protección en diez zonas operativas y para aproximadamente 16.000 escoltas, pero que posteriormente modificó su alcance para cubrir únicamente las zonas 1 y 2, correspondientes a cerca de 3.500 escoltas, sin exponer una justificación objetiva, técnica, jurídica o presupuestal para dicha decisión[[3]](#_ftn3).

2. Afirmó que todas las zonas operativas se encontraban en condiciones equivalentes y que la medida generó un trato desigual entre los trabajadores del programa, pues únicamente quienes prestan sus servicios en las zonas 1 y 2 quedaron expuestos al riesgo de perder su empleo ante una eventual adjudicación a un operador distinto[[4]](#_ftn4). En estos términos, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y que se ordene a la UNP: (i) suspender los efectos del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. PSA-UNP-054-2026 o cualquier actuación dirigida a su adjudicación hasta que adopte una decisión debidamente motivada; (ii) exponer y acreditar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales que justifiquen la decisión de convocar únicamente las zonas 1 y 2; y (iii) en caso de no existir una justificación suficiente, adoptar las medidas necesarias para garantizar un trato igualitario frente a todas las zonas operativas del Programa de Protección[[5]](#_ftn5).

3. Admisión de la tutela y declaratoria de falta de competencia. La tutela fue asignada por reparto al Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué.El 16 de julio de 2026 a las 4:47 p.m. esta autoridad avocó conocimiento de la acción de tutela. Posteriormente, el 22 de julio de 2026,resolvió remitir este expediente al Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá, junto con 31 expedientes[[6]](#_ftn6) más que le fueron remitidos por otras autoridades judiciales del país por considerar que guardaban identidad con la acción de tutela promovida por Germán Muñoz Molina[[7]](#_ftn7). Argumentó que el Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá avocó conocimiento el 16 de julio de 2026 a las 11:56 a.m. de una acción de tutela presentada por la Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA, que comparte identidad de sujeto pasivo, causa y objeto con las demás tutelas que le fueron remitidas.

La coincidencia de estos elementos se fundó en las siguientes razones: (i) el sujeto pasivo es la UNP, (ii) la causa es “la decisión de la UNP de estructurar inicialmente el Proceso PSA-UNP-054-2026 para diez zonas operativas y posteriormente restringirlo a las Zonas 1 y 2”[[8]](#_ftn8) y (iii) se “comparte el núcleo esencial del objeto, pues también pretende suspender el proceso, exigir

la motivación de la decisión y cuestionar el tratamiento diferenciado entre las zonas”[[9]](#_ftn9). En consecuencia, consideró que, al cumplirse con la triple identidad, era procedente remitir los expedientes a la primera autoridad que conoció la tutela, de conformidad con las reglas de reparto fijadas en el Decreto 1834 de 2015.

4. El 27 de julio de 2026, el Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá adoptó las siguientes determinaciones: (i) “reasumir el conocimiento”[[10]](#_ftn10) de la acción de tutela presentada por la Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA, (ii) no avocar el conocimiento de las acciones de tutela remitidas por el Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué y (iii) devolver dichos expedientes a esa autoridad[[11]](#_ftn11). Estas determinaciones se fundamentaron en que las acciones de tutela, aunque guardan identidad respecto al sujeto pasivo, “no preservan identidad en la causa petendi”[[12]](#_ftn12). En concreto, señaló que la tutela promovida por la cooperativa cuestiona la falta de motivación de la decisión de la UNP de excluir las zonas 3 a 10 del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. PSA-UNP-054-2026, por la posible afectación de sus intereses como proponente y contratista, mientras que las demás acciones de tutela fueron promovidas por trabajadores de las zonas 1 y 2, quienes alegan la vulneración de sus derechos fundamentales ante la eventual pérdida de sus vínculos laborales. Es por lo anterior que, a su juicio, aunque las acciones puedan perseguir una finalidad común, difieren en los sujetos accionantes, los derechos invocados y los efectos atribuidos a la conducta de la entidad accionada[[13]](#_ftn13).

5. Conflicto de competencias. El 28 de julio de 2026, el Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué propuso el conflicto negativo de competencia frente al Juzgado 003 Civil del Circuito de Cali y al Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá y remitió la totalidad de los expedientes a la Corte Constitucional para que lo dirimiera. Indicó que, mediante auto del 22 de julio de 2026, había considerado que las acciones de tutela reunían las condiciones propias de las tutelas masivas, pues estaban dirigidas contra la misma entidad y se originaban en una misma actuación administrativa relacionada con la modificación del Proceso PSA-UNP-054-2026. Agregó que el Juzgado 003 Civil del Circuito de Cali le remitió, el 21 de julio, otro expediente que, a su juicio, también cumplía la triple identidad de objeto, causa y sujeto pasivo. De igual manera, señaló que había remitido los expedientes al Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá, por ser el primero que avocó conocimiento de una acción de tutela relacionada con los mismos hechos; sin embargo, dicho despacho los devolvió, al considerar que la acción promovida por la cooperativa no presentaba identidad de objeto con las promovidas por los escoltas[[14]](#_ftn14).

II.CONSIDERACIONES

6. Competencia. La Sala Plena considera que es competente para conocer el presente asunto. Esto, porque la Ley 270 de 1996 no previó una autoridad para resolver el asunto, habida cuenta de que las autoridades en conflicto pertenecen a distintas especialidades y distritos judiciales. En consecuencia, la Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia residual, asumirá su estudio.

7. Reglas aplicables a la tutela masiva. El Decreto 1834 de 2015[[15]](#_ftn15) prevé las reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la tutela masiva. Estas son aquellas acciones de tutela que son presentadas por varias personas, de manera uniforme y masiva[[16]](#_ftn16). La jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera pacífica y uniforme, que el juez que pretende apartarse del conocimiento de una acción con fundamento en la regla de reparto para la tutela masiva debe (i) cumplir con una carga argumentativa y (ii) acreditar la existencia de la triple identidad.

7.1. Carga argumentativa. El cumplimiento de esta carga argumentativa es un requisito para que la Corte pueda analizar si se configura el fenómeno de la tutela masiva. El juez debe «señalar con “rigor demostrativo y coherencia” el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad»[[17]](#_ftn17). De no contar con los elementos suficientes para cumplir con la carga argumentativa que acredite la existencia de la triple identidad, deberá dar aplicación de la regla de competencia del factor territorial «a prevención» y continuar con el trámite de tutela, dando prevalencia a los principios de celeridad y eficacia que rigen el trámite de tutela.

7.2. Triple identidad. La Sala Plena ha precisado que la autoridad judicial que considere aplicable la regla de reparto se podrá apartar del conocimiento de la tutela y remitirla al primer juez que conoció el asunto, cuando, de manera previa, constate la existencia de identidad de (i) sujeto pasivo, (ii) causa y (iii) objeto, entre el asunto primigenio y el recurso de amparo que llegó a su conocimiento[[18]](#_ftn18). Estos criterios se han definido así:

| | | | --- | --- | | Identidad de objeto | La Corte ha señalado que existe identidad de objeto cuando las acciones de tutela que pretenden ser acumuladas «presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados»[[19]](#_ftn19). | | Identidad de causa | El requisito exige que las acciones de amparo que pretenden ser acumuladas encuentren fundamento «en los mismos hechos o presupuestos fácticos —entendidos desde una perspectiva amplia—, es decir, las razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección»[[20]](#_ftn20). | | Identidad de sujetos pasivos | La confluencia del sujeto pasivo se presenta cuando «el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado»[[21]](#_ftn21). |

Tabla 1. Requisitos para la Triple Identidad

III.CASO CONCRETO

Tabla 1. Requisitos para la Triple Identidad

III.CASO CONCRETO

8. Metodología. La Sala Plena de la Corte Constitucional resolverá el caso sub examine a través de la siguiente metodología. En primer lugar, examinará si el Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué cumplió con la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia para analizar ex ante la configuración del fenómeno de la tutela masiva. En segundo lugar, de ser procedente, analizará si en este caso se cumple con la triple identidad de los 32 expedientes de tutela objeto de estudio y determinará la autoridad competente para resolver las tutelas.

9. El Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué cumplió con la carga argumentativa. La Sala Plena considera que el Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué cumplió con la carga argumentativa.

Esto, porque expuso con el suficiente rigor demostrativo las razones por las cuales en el conflicto sub examine se presentaría —en su criterio— la triple identidad exigida por la jurisprudencia constitucional para la configuración del fenómeno de la tutela masiva (pár. 2 supra). En consecuencia, la Sala analizará si, efectivamente, en este caso se configuró tal fenómeno.

10. Para el estudio de la triple identidad, la Sala Plena observa que los 32 expedientes que han remitido múltiples autoridades judiciales del país pueden agruparse en dos grandes grupos:

  • Grupo 1. Este grupo está conformado por 31 expedientes de tutela que fueron presentados por distintas personas naturales y que se presentaron como escoltas de la UNP.
  • Grupo 2. En este grupo se encuentra 1 expediente de tutela, que fue presentado por la Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA.
  • Grupo 2. En este grupo se encuentra 1 expediente de tutela, que fue presentado por la Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA.

11. En el caso sub examine se presentó la triple identidad respecto del Grupo 1. La Sala Plena advierte que en el caso bajo estudio se presenta la triple identidad exigida por el Decreto 1834 de 2015 y la jurisprudencia para la configuración del fenómeno de la tutela masiva respecto de los 31 expedientes de tutela que fueron presentados por distintas personas naturales y que se presentaron como escoltas de la UNP. Esto, porque las tutelas comparten identidad de sujeto pasivo, objeto y causa, tal y como se expone a continuación.

12. La Sala Plena constata que todas las acciones de tutela que forman parte del Grupo 1 tienen identidad de objeto, causa y sujetos pasivos. Esto es así, por una razón fundamental: las 31 acciones de tutela comparten univocidad de formato. En efecto, las 31 acciones de tutela presentan el mismo formato, relatan los mismos hechos y solicitan exactamente las mismas pretensiones. En consecuencia, frente a todas estas tutelas se configura la triple identidad. Lo anterior, tal y como se detalla en el Anexo 1 de la presente providencia.

13. En el caso sub examine no se presentó la triple identidad respecto del Grupo 1 y del Grupo 2. A pesar de configurarse la triple identidad entre las 31 tutelas presentadas por distintas personas naturales que se presentaron como escoltas de la UNP, la Sala Plena constata que entre las tutelas del Grupo 1 y el Grupo 2 no se configura la triple identidad, como se explica a continuación:

| | | | | --- | --- | --- | | | Grupo 2 | Grupo 1 | | Sujeto Pasivo | Unidad Nacional de Protección | Unidad Nacional de Protección | | Objeto | La cooperativa, además de la protección de sus derechos, solicitó (i) ordenar a la UNP abstenerse de continuar y culminar el trámite del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. PSA-UNP-054-2026 y, en consecuencia, abstenerse de evaluar ofertas, adjudicar, suscribir contratos, expedir registros presupuestales o iniciar la ejecución de cualquier contrato derivado de dicho proceso; y (ii) ordenar a la UNP garantizar la continuidad de la prestación del servicio de protección en la Zona 1, a cargo de la cooperativa como integrante de la Unión Temporal Andinos 040, mediante prórroga o adición del contrato actualmente vigente. | Los accionantes solicitaron, además de la protección de sus derechos, ordenar a la UNP: (i) suspender los efectos del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. PSA-UNP-054-2026 o cualquier actuación dirigida a la adjudicación, hasta que se adopte una decisión debidamente motivada que garantice que el trato igualitario respecto de los trabajadores de las zonas 1 y 2; (ii) exponer y acreditar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales que justifiquen objetivamente la decisión de convocar únicamente a las zonas 1 y 2 a un nuevo proceso de selección y a las zonas del 3 al 10 mediante un mecanismo diferente; y (iii) en caso de existir justificación objetiva, adoptar medidas administrativas para garantizar un trato igualitario frente a todas las zonas operativas de protección. |

| Causa | La decisión de la UNP de estructurar inicialmente el Proceso PSA-UNP-054-2026 para diez zonas operativas y, posteriormente, restringirlo a las Zonas 1 y 2, sin publicar ni acreditar estudios técnicos, jurídicos, financieros o presupuestales que justificaran la exclusión de las Zonas 3 a 10 y la apertura de un nuevo proceso únicamente para las Zonas 1 y 2. | La decisión de la UNP de estructurar inicialmente el Proceso PSA-UNP-054-2026 para diez zonas operativas y, posteriormente, restringirlo a las Zonas 1 y 2, sin publicar ni acreditar estudios técnicos, jurídicos, financieros o presupuestales que justificaran la exclusión de las Zonas 3 a 10 y la apertura de un nuevo proceso únicamente para las Zonas 1 y 2. |

Tabla 2. Comparación de las tutelas que presentan identidad

14. La Sala Plena constata que no se configuró la triple identidad exigida por la jurisprudencia constitucional respecto de las tutelas del Grupo 1 y del Grupo 2. Como puede verse, pese a que ambos grupos de tutelas tienen identidad de sujeto pasivo y causa, lo cierto es que no comparten identidad de objeto, tal y como lo señaló el Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá. Aunque las acciones se dirigían contra la misma entidad y se originaban en la decisión de la UNP de restringir el Proceso PSA-UNP-054-2026 a las Zonas 1 y 2, los intereses y derechos cuya protección se pretende son distintos. En particular, mientras la acción promovida por la Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA –Grupo 2– estaba orientada a salvaguardar su posición contractual como operadora de la Zona 1 y los intereses derivados de su participación en la ejecución del servicio de protección, las tutelas presentadas por los escoltas –Grupo 1– buscaban evitar la eventual afectación de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad humana ante el riesgo de perder sus fuentes de empleo. En criterio de la Sala, la coincidencia en el acto administrativo cuestionado no es suficiente para configurar la identidad de objeto, pues los accionantes acudieron al juez constitucional desde posiciones jurídicas claramente diferenciadas y con finalidades de protección igualmente diversas. En consecuencia, las controversias planteadas no pueden ser resueltas mediante una respuesta judicial uniforme, lo que excluye la configuración del fenómeno de la tutela masiva respecto de la totalidad de los expedientes.

15. Conclusión y órdenes a impartir. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena concluye que el fenómeno de la tutela masiva se configura solo respecto de las 31 acciones de tutela promovidas por los escoltas de la UNP (Grupo 1), mas no respecto de la acción de tutela presentada por la Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA (Grupo 2). En consecuencia, la autoridad competente para conocer estas 31 acciones es el Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué, por haber sido el primer despacho judicial que avocó su conocimiento[[22]](#_ftn22). Esto, con excepción de la tutela presentada por la Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA, la cual deberá ser resuelta por el Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá, tal y como lo dispuso esta autoridad en el auto de 27 de julio de 2026. Por lo tanto, la Sala dejará sin efectos el auto del 22 de julio de 2026 mediante el cual dicho despacho se desprendió del conocimiento de las referidas acciones y ordenará la remisión de los expedientes a esa autoridad judicial para que continúe con el trámite de las tutelas y adopte las decisiones a que haya lugar, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.

16. Cuestión final. Por último, la Sala advierte que el 25 de agosto de 2026, la UNP presentó un escrito a la magistrada sustanciadora en el que solicitó (i) el pronunciamiento urgente de la Corte, (ii) advertir sobre el grave detrimento al interés general y otros derechos que se ventilan en estas tutelas y (iii) pronunciarse de oficio sobre la vigencia y proporcionalidad de la medida provisional decretada por una de las autoridades en conflicto. Al respecto, la Sala Plena recuerda que, conforme a la Constitución Política, la facultad prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, la Sala Plena únicamente es competente para resolver el conflicto de competencia en este estado del proceso, no para emitir ningún pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, no emitirá pronunciamiento alguno frente a sus solicitudes, las cuales deberán ser resueltas por el juez de conocimiento a quien se le remita la totalidad del expediente.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto dictado el 22 de julio de 2026 por el Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué, en el marco de la acción de tutela promovida por Germán Muñoz Molina contra la Unidad Nacional de Protección.

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC–5566 al Juzgado 001 Administrativo Oral de Ibagué para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo y dicte la decisión a que haya lugar dentro de la acción de tutela presentada por los accionantes.

TERCERO. Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá la decisión adoptada mediante esta providencia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

PAOLA

ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA

ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS

CAMARGO ASSIS

Magistrado

Ausente con excusa

HECTOR

ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN

CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA

MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR

FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE

ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL

POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA

LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

ANEXO 1 DEL AUTO 1253 DE 2026

Resumen de los expedientes de tutela

| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | N° expediente | Sujetos | Hechos | Pretensiones | Tramite procesal relevante |

| 1 | 11001311080320260045800 | Accionante: David Leonardo Cumaco Roa Accionado: Unidad Nacional de Protección - UNP | El accionante indicó que labora como escolta en el programa de protección de la UNP, donde desarrolla labores de protección a personas en riesgo. Señaló que la accionada a través del proceso licitatorio No. PSA-UNP054-2026, pretendía adjudicar diez zonas para proveer la totalidad de los escoltas del programa de protección. No obstante, el 9 de julio de 2026, modificó injustificadamente la necesidad del proceso y paso de requerir 10 zonas para 16.000 escoltas a 2 zonas (1 y 2) para 3.500 escoltas. Dicha situación afectaría la vinculación laboral del actor respecto de las zonas sobre las que no se realizó proceso de licitación, por ende, estimó que la medida no es igualitaria respecto de las demás zonas no licitadas. | El accionante solicitó entre otras ordenar a la UNP: (i) suspender los efectos del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. PSA-UNP-054-2026 o cualquier actuación dirigida a la adjudicación, hasta que se adopte una decisión debidamente motivada que garantice que el trato igualitario respecto de los trabajadores de las zonas 1 y 2; (ii) exponer y acreditar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales que justifiquen objetivamente la decisión de convocar únicamente a las zonas 1 y 2 a un nuevo proceso de selección y a las zonas

del 3 al 10 mediante un mecanismo diferente; y (iii) en caso de existir justificación objetiva, adoptar medidas administrativas para garantizar un trato igualitario frente a todas las zonas operativas de protección. | 17 de julio de 2026, se radicó la acción de tutela y se asignó al Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá. 21 de julio de 2026, el Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá (i) admitió la tutela; (ii) vinculó a la Unión Temporal Andinos, Unión Temporal Protección & Vida, Unión Temporal MSP 2526, Unión Temporal Maximun Securuty 2026, Unión Temporal Protección & Vida 087, Unión Temporal Sevisegk 2026, Unión TemporalCPRO 2025, Unión Temporal Proteccion & Vida 087, UT NCCTS 2026, Unión Temporal Maximium Security 23/26, Unión Temporal Metis 1789, Unión Temporal Special Protection NAS y a los trabajadores vinculados al programa de protección de la Zona 1 y 2; y (iii) ordenó a la UNP el suministro de los correos electrónicos y número de contacto de los trabajadores vinculados a la zona 1 y 2. El 23 de julio de 2026, el Juzgado 001 Administrativo de Ibagué remitió al Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá 17 procesos para realizar su acumulación. Argumentó que la primera tutela sobre la que se avocó conocimiento es la de radicado No. 11001-31-10-802-2026-00447-00 (16 de julio de 2026 a las 11:56 a.m. por el Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá) y dado que existe una identidad de objeto, causa y sujeto pasivo es el Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá el que debe conocer la totalidad de los

julio de 2026 a las 11:56 a.m. por el Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá) y dado que existe una identidad de objeto, causa y sujeto pasivo es el Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá el que debe conocer la totalidad de los asuntos. El 31 de julio de 2026, el Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá ordenó la vinculación del Juzgado 802 Transitorio de Familia de Bogotá, para que se 2pronunciara sobre los hechos de la tutela y allegue el expediente No. 11001311080220260044700. Igualmente, en otro auto del mismo día, ordenó remitir por acumulación la tutela de radicado 11001311080320260045800 al Juzgado 001 Administrativo de Ibagué, consideró que esta autoridad judicial fue la primera en conocer la tutela con los mismos hechos, parte pasiva y objeto (16 de julio de 2026). Se realizó el envío de las piezas procesales el mismo día. El 31 de julio de 2026, el Juzgado 001 Administrativo de Ibagué le informó al Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá que no podía recibir el asunto y en su lugar, se lo devolvía. Ello, porque el 28 de julio de 2026, emitió un auto en el que (i) declaró conflicto de competencia con los Juzgados 802 Transitorio de Familia de Bogotá y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali respecto de los procesos relacionados con el Proceso de Selección Abreviada

de Menor Cuantía No. PSA-UNP-054-2026; y (ii) ordenó remitir a la Corte constitucional 34 procesos que cumplen con las características de la tutela masiva, debido a que todos están dirigidos en contra de la UNP y la modificación del proceso de licitación PSA-UNP-054-2026. El 3 de agosto de 2026, el Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá le indicó al Juzgado 001 Administrativo de Ibagué que no le es posible recibir nuevamente las piezas procesales, ya que tras la decisión adoptada el 31 de julio de 2023, corresponde al Juzgado 001 Administrativo de Ibagué adoptar determinaciones procesales acerca del asunto. El 3 de agosto de 2026, el Juzgado 001 Administrativo de Ibagué remitió el expediente a la Corte Constitucional. |

| 2 | 11001310305520260045000 | Accionante: Luis Bejarano Maldonado Accionado: Unidad Nacional de Protección - UNP | El accionante indicó que labora como escolta en el programa de protección de la UNP, donde desarrolla labores de protección a personas en riesgo. Señaló que la accionada a través del proceso licitatorio No. PSA-UNP054-2026, pretendía adjudicar diez zonas para proveer la totalidad de los escoltas del programa de protección. No obstante, el 9 de julio de 2026, modificó injustificadamente la necesidad del proceso y paso de requerir 10 zonas para 16.000 escoltas a 2 zonas (1 y 2) para 3.500 escoltas. Dicha situación afectaría la vinculación laboral del actor respecto de las zonas sobre las que no se realizó proceso de licitación, por ende, estimó que la medida no es igualitaria respecto de las demás zonas no licitadas. | El accionante solicitó entre otras ordenar a la UNP: (i) suspender los efectos del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. PSA-UNP-054-2026 o cualquier actuación dirigida a la adjudicación, hasta que se adopte una decisión debidamente motivada que garantice que el trato igualitario respecto de los trabajadores de las zonas 1 y 2; (ii) exponer y acreditar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales que justifiquen objetivamente la decisión de convocar únicamente a las zonas 1 y 2 a un nuevo proceso de selección y a

las zonas del 3 al 10 mediante un mecanismo diferente; y (iii) en caso de existir justificación objetiva, adoptar medidas administrativas para garantizar un trato igualitario frente a todas las zonas operativas de protección. | El 17 de julio de 2026, se radicó la acción de tutela y se asignó al Juzgado 055 Civil del Circuito de Bogotá. El 21 de julio de 2026, el Juzgado 055 Civil del Circuito de Bogotá admitió la tutela y ordenó vincular a la Unión Temporal Andinos – 040, Unión Temporal Protección & Vida 2026, Unión Temporal MSP 2526, Unión Temporal Maximum Security – 2026, Unión Temporal Protección & Vida 087, Unión Temporal Sevisegk 2026, Unión Temporal CPRO 2025, UT NCCTS 2026, Unión Temporal Maximum Security 23/26, Unión Temporal Metis 1789 y Unión Temporal Special Protection – NAS. El 29 de julio de 2026, el Juzgado 055 Civil del Circuito de Bogotá ordenó el envío del asunto al Juzgado 001 Administrativo de Ibagué. Ello, tras considerar que el asunto hace parte de las tutelas masivas dirigidas en contra de la UNP y dicha autoridad judicial fue la primera que avocó conocimiento. Ese mismo día, el Juzgado 001 Administrativo de Ibagué a través de correo electrónico informó al Juzgado 055 Civil del Circuito de Bogotá que el expediente de radicado No. 73001333300120260019900, había sido remitido a la Corte Constitucional para dirimir conflicto negativo de competencia. El 30 de julio de 2026, el Juzgado 055 Civil del Circuito de Bogotá remitió el asunto a la Corte Constitucional para su estudio dentro del conflicto de competencia suscitado por los juzgados 001 Administrativo de

negativo de competencia. El 30 de julio de 2026, el Juzgado 055 Civil del Circuito de Bogotá remitió el asunto a la Corte Constitucional para su estudio dentro del conflicto de competencia suscitado por los juzgados 001 Administrativo de Ibagué, 802 Transitorio de Familia de Bogotá y 003 Civil del Circuito de Cali. Ello, por hacer parte de las acciones de tutela dirigidas en contra de la UNP por la modificación del proceso de licitación PSA-UNP-054-2026. |

| 3 | 11001318700820260011100 | Accionante: Germán Cortés Mahecha Accionado: Unidad Nacional de Protección - UNP | El accionante indicó que labora como escolta en el programa de protección de la UNP, donde desarrolla labores de protección a personas en riesgo. Señaló que la accionada a través del proceso licitatorio No. PSA-UNP054-2026, pretendía adjudicar diez zonas para proveer la totalidad de los escoltas del programa de protección. No obstante, el 9 de julio de 2026, modificó injustificadamente la necesidad del proceso y paso de requerir 10 zonas para 16.000 escoltas a 2 zonas (1 y 2) para 3.500 escoltas. Dicha situación afectaría la vinculación laboral

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...