CC - Auto A. 1335 26 de 2026

Corte Constitucional

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Detalles

Título
CC - Auto A. 1335 26 de 2026
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2026

TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1335/26

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Carácter inescindible de la acción de tutela

(...) Ante la indebida escisión de la acción de tutela, la Corte ha seguido los siguientes parámetros de solución: (i)Unificar el expediente, a efectos de que se surta a través de un mismo trámite procesal, siempre y cuando la Corte tenga en su poder la totalidad del proceso, incluso de aquellas partes que fueron fraccionadas. (ii) Devolver al juez que ordenó la división para que decida con unidad de criterio, en caso de que la Corte tenga a su cargo el conocimiento de las partes fragmentadas. (iii) Reprochar la actuación del juez que decidió escindir, pero validar la división a fin de no retrotraer las actuaciones judiciales que válidamente pudieron haberse adelantado ni generar mayores dilaciones en el acceso efectivo a la administración de justicia. Esto último, en el evento de que la Corte no tenga certeza sobre el estado actual de las partes procesales escindidas o no tenga duda de que ya fueron decididas.

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Remisión del proceso al juez a quien se repartió en primer lugar para que decida de forma inmediata

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1335 DE 2026

Referencia: expediente ICC-5621

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 1335 DE 2026

Referencia: expediente ICC-5621

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 006 Laboral Municipal de

Bogotá

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

1. El 31 de agosto de 2026, el señor Jairo Hans Ruiz Abella presentó acción de tutela contra el Juzgado 030 Civil del Circuito de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación de la misma ciudad, la Alcaldía Local de Chapinero —Inspección 2b de Policía—, la Dirección de Inspecciones, Vigilancia y Control de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación —Seccional Bogotá— y Combustibles de Colombia S.A., al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, de petición, y a la “protección constitucional del adulto mayor”. Asimismo, solicitó vincular a Airbnb Colombia y al “[a]bogado demandante”[[1]](#_ftn1).

2. Como fundamento fáctico de la solicitud de amparo, el accionante cuestionó, en primer lugar, distintas actuaciones y omisiones relacionadas con un proceso de responsabilidad civil extracontractual que cursa ante el Juzgado 030 Civil del Circuito de Bogotá y con un procedimiento administrativo por infracción urbanística. Respecto del primero, sostuvo que el juzgado en mención convocó a audiencia inicial sin resolver previamente las solicitudes de llamamiento en garantía y conformación del contradictorio, omitió incorporar una prueba videográfica aportada con la contestación de la demanda y notificó a un abogado cuya representación había sido revocada. En cuanto al procedimiento urbanístico, afirmó que la Inspección 2B de Policía profirió una decisión sin valorar un informe técnico que, según indicó, acreditaba la construcción irregular de un altillo, y que la Secretaría Distrital de Planeación no había resuelto el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión.

3. De otro lado, también hizo referencia a una investigación penal adelantada por la Fiscalía 152 Seccional de Bogotá contra funcionarios de la Inspección 2B de Policía y de la Secretaría Distrital de Planeación, por presuntas irregularidades relacionadas con el trámite administrativo antes mencionado. Al respecto, señaló que solicitó el impulso de dicha actuación y cuestionó que la fiscalía hubiera incurrido en una situación de “inactividad y dilación investigativa”[[2]](#_ftn2). Finalmente, manifestó que presentó una queja ante la Alcaldía Local de Chapinero y un reclamo ante Combustibles de Colombia S.A. por una “grave patología estructural” que, según afirmó, se habría producido en su inmueble como consecuencia de la construcción y operación de una obra colindante a cargo de esa sociedad. Sobre el particular, cuestionó la falta de respuesta de Combustibles de Colombia S.A. y el hecho de que, a su juicio, “la Alcaldía Local de Chapinero emitió una contestación totalmente incongruente y evasiva que ignora el riesgo técnico denunciado”[[3]](#_ftn3).

4. Con fundamento en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos invocados “ordenando el enfoque diferencial por ser adulto mayor de la tercera edad”[[4]](#_ftn4). En consecuencia, pidió que se ordene al Juzgado 030 Civil del Circuito de Bogotá: (i) resolver las solicitudes de llamamiento en garantía formuladas en el marco del proceso de responsabilidad civil extracontractual; (ii) incorpore al expediente la prueba videográfica aportada con la contestación de la demanda; y (iii) se pronuncie sobre las pruebas sobrevinientes allegadas al trámite. Además, como medida provisional, solicitó suspender el trámite de dicho proceso y, en particular, la audiencia inicial programada para el 17 de septiembre de 2026, hasta que se profiera una decisión de fondo en la acción de tutela.

5. Respecto de las demás autoridades y particulares accionados, solicitó: (i) ordenar a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del procedimiento por infracción urbanística y valorar el Informe Técnico 020; (ii) ordenar a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Bogotá, asignar un fiscal de impulso y adelantar con celeridad las actuaciones investigativas relacionadas con las presuntas irregularidades ocurridas en el expediente de la Inspección 2B de Policía; (iii) ordenar a la Alcaldía Local de Chapinero y a Combustibles de Colombia S.A. emitir una respuesta de fondo frente a las solicitudes relacionadas con las afectaciones estructurales que, según afirmó, habría ocasionado una obra colindante a su inmueble; y (iv) vincular a Airbnb Colombia para que certifique el reporte de rentas y el uso hotelero del inmueble involucrado.

6. El 1 de septiembre de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, autoridad judicial a la que le correspondió el reparto del asunto, (i) admitió la acción de tutela respecto del Juzgado 030 Civil del Circuito de Bogotá; (ii) negó la medida provisional solicitada y (iii) escindió la solicitud de amparo frente a los demás accionados[[5]](#_ftn5). En específico, ordenó remitir las actuaciones dirigidas contra “la Fiscalía Ciento Cincuenta y Dos de la Unidad Local de Fiscalías de la capital del país y la Fiscalía General de la Nación”[[6]](#_ftn6) para reparto entre los jueces penales del circuito de Bogotá, y aquellas formuladas contra “la Inspección 2B Distrital de Convivencia y Paz de Chapinero, las Secretarías Distritales de Planeación y de Gobierno - Dirección de Inspecciones de Vigilancia y Control, ambas de Bogotá, Combustibles de Colombia S.A., Clara Isabel Arrazola y Airbnb Ireland UC” para reparto entre los jueces civiles municipales de la misma ciudad.

7. Como fundamento de la escisión, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá consideró que la tutela cuestionaba “3 actuaciones diferentes”[[7]](#_ftn7) y que, de acuerdo con las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021, no estaba llamada a conocer de la totalidad de la solicitud de amparo. A partir de ello, explicó que únicamente le correspondía asumir aquella dirigida contra el Juzgado 030 Civil del Circuito de Bogotá, por ser su superior funcional. En contraste, estimó que “en aplicación de las reglas de reparto citadas, [esa] Corporación no es la llamada a conocer en primera instancia de la tutela en contra de la totalidad de autoridades y particulares referidos”[[8]](#_ftn8) y concluyó que las pretensiones relacionadas con la Fiscalía debían ser conocidas por los jueces penales del circuito, mientras que las formuladas contra las autoridades distritales y los particulares correspondían a los jueces municipales.

8. El 3 de septiembre de 2026[[9]](#_ftn9), el Juzgado 006 Laboral Municipal de Bogotá, autoridad a la que le fue repartido la fracción de la solicitud de amparo escindida correspondiente a las pretensiones formuladas contra la Inspección 2B de Policía, las Secretarías Distritales de Planeación y de Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero y los particulares involucrados, se abstuvo de avocar el conocimiento del asunto, suscitó conflicto de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional[[10]](#_ftn10). En sustento, sostuvo que las disposiciones previstas en los decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021 establecen “reglas de reparto y no factores de competencia” y, por tanto, no facultaban al Tribunal para escindir la solicitud de amparo. Asimismo, consideró que el accionante no formuló pretensiones autónomas frente a cada uno de los accionados, sino que las actuaciones cuestionadas estaban relacionadas entre sí y los hechos y pretensiones guardaban “conexidad material”. Finalmente, señaló que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fue la primera autoridad judicial que asumió el conocimiento de la tutela y que, en aplicación de la jurisprudencia constitucional y del principio de perpetuatio jurisdictionis, debía resolver integralmente la solicitud de amparo.

9. El 4 de septiembre de 2026, la Secretaría General de la Corte recibió el expediente. El asunto fue repartido al magistrado ponente el 9 del mes y año en curso, y enviado al despacho al día siguiente.

II.

CONSIDERACIONES DE

LA CORTE CONSTITUCIONAL

II.

CONSIDERACIONES DE

LA CORTE CONSTITUCIONAL

10. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[[11]](#_ftn11). Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[[12]](#_ftn12) y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales[[13]](#_ftn13), tal y como lo precisó la Sala Plena en el auto 550 de 2018.

11. En principio, el presente conflicto debería ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por conducto de sus Salas Mixtas, de conformidad con el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[[14]](#_ftn14), pues se suscitó entre autoridades de diferente categoría pertenecientes al mismo distrito judicial y a la misma jurisdicción[[15]](#_ftn15). Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte asumirá su estudio, sin perjuicio de la advertencia que se hará en la parte resolutiva.

12. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y el artículo 8 transitorio, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[[16]](#_ftn16); (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[[17]](#_ftn17), en los términos establecidos en el artículo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

13. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corte, las normas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[[18]](#_ftn18).

14. En este orden de ideas, la aplicación o interpretación de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En lugar de ello, en estos casos, el juez debe tramitar la acción o decidir la impugnación, según el asunto puesto a su conocimiento[[19]](#_ftn19). En línea con lo anterior, la Corte ha señalado que en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar, con el fin de que la acción sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales[[20]](#_ftn20).

15. Sobrela inescindibilidad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia[[21]](#_ftn21). En virtud del principio de oficiosidad de las acciones de tutela, los jueces deben “orientar el procedimiento para dar una solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo inescindible, para tomar una decisión de fondo sobre los hechos puestos en su conocimiento”[[22]](#_ftn22). Al respecto, en el auto 361 de 2019, la Corte reiteró la necesidad de censurar las decisiones judiciales dirigidas a fraccionar las demandas de tutela. En esa misma oportunidad, esta Corporación expuso que, en algunos casos, los jueces “escinden acciones de amparo sin importar la etapa procesal en la que se encuentre el trámite y que estas actuaciones desconocen los principios de oficiosidad, economía, prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia que rigen la acción constitucional”.

16. Ante la indebida escisión de la acción de tutela, la Corte ha seguido los siguientes parámetros de solución[[23]](#_ftn23):

(i) Unificar el expediente, a efectos de que se surta a través de un mismo trámite procesal, siempre y cuando la Corte tenga en su poder la totalidad del proceso, incluso de aquellas partes que fueron fraccionadas.

(ii) Devolver al juez que ordenó la división para que decida con unidad de criterio, en caso de que la Corte tenga a su cargo el conocimiento de las partes fragmentadas.

(iii) Reprochar la actuación del juez que decidió escindir, pero validar la división a fin de no retrotraer las actuaciones judiciales que válidamente pudieron haberse adelantado ni generar mayores dilaciones en el acceso efectivo a la administración de justicia. Esto último, en el evento de que la Corte no tenga certeza sobre el estado actual de las partes procesales escindidas o no tenga duda de que ya fueron decididas.

17. En el primer caso, también se ha entendido que por el principio de perpetuatio jurisdictionis seradica en cabeza del juez que avoca conocimiento del trámite, la competencia para pronunciarse, por lo cual, al alterarse dicha competencia se afectaría la finalidad de protección inmediata de los derechos fundamentales que persigue la tutela[[24]](#_ftn24).

III.CASO CONCRETO

18. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

(i) Se configuró un conflicto aparente de competencias, en la medida en que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá escindió la acción de tutela presentada por el señor Ruiz Abella en tres fragmentos, asumió el conocimiento de la fracción dirigida contra el Juzgado 030 Civil del Circuito de Bogotá; y remitió las dos restantes para su reparto entre los jueces penales del circuito y los jueces civiles municipales de la misma ciudad, respectivamente. Para sustentar esta decisión, el Tribunal aplicó las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021.

(ii) En ese sentido, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá atribuyó a las reglas de reparto un alcance que no tienen, en contravía de la jurisprudencia de esta Corte. Además, desconoció el principio de perpetuatio jurisdictionis[[25]](#_ftn25), pues, una vez asumió válidamente el conocimiento de la acción de tutela mediante el auto del 1 de septiembre de 2026, la competencia quedó radicada en esa autoridad judicial y no podía ser alterada posteriormente con fundamento en las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021. En consecuencia, al Tribunal le correspondía continuar con el trámite integral de la solicitud de amparo hasta su culminación.

(iii) Así las cosas, la Sala Plena concluye que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá debía tramitar integralmente la solicitud de amparo. Sin embargo, la escindió en tres fracciones: una remitida a los jueces penales del circuito y la otra a los jueces civiles municipales de la misma ciudad. Ahora bien, en el entendido de que la Sala no tiene certeza sobre el estado actual de la fracción remitida a los juzgados penales del circuito de Bogotá, aplicará la tercera fórmula prevista por la jurisprudencia constitucional para los eventos de indebida escisión. En consecuencia, reprochará la actuación de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pero mantendrá la división efectuada, con el fin de no retrotraer las actuaciones eventualmente adelantadas ni generar mayores dilaciones en el acceso a la administración de justicia y remitirá a dicha autoridad la fracción que originó el presente conflicto para que asuma inmediatamente su conocimiento y adopte la decisión que corresponda.

(iv) Con base a lo expuesto, la Corte dejará parcialmente sin efectos el auto del 1 de septiembre de 2026, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá respecto a la remisión efectuada a los jueces municipales de Bogotá, toda vez que se desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. De igual manera, se ordenará que se remita por Secretaría el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

(v) En consecuencia, se advertirá a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, en lo sucesivo se abstenga de escindir las acciones de tutela sometidas a su conocimiento y de invocar las reglas de reparto como fundamento para ello, pues tales actuaciones desconocen la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional y resultan incompatibles con el principio de perpetuatio jurisdictionis.

(vi) Por último, se advertirá al Juzgado 006 Laboral Municipal de Bogotá para que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitir lo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de esta Corporación y compiladas en el auto 550 de 2018.

IV.DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

IV.DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

Primero: DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS el auto del 1 de septiembre de 2026, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el marco de la acción de tutela promovida por Jairo Hans Ruiz Abella, únicamente respecto de la orden de remitir a los jueces municipales de Bogotá la fracción de la solicitud de amparo formulada contra la Inspección 2B Distrital de Convivencia y Paz de Chapinero, las Secretarías Distritales de Planeación y de Gobierno —Dirección de Inspecciones, Vigilancia y Control—, la Alcaldía Local de Chapinero y los particulares involucrados, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: REMITIR el expediente ICC-5621 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

Tercero: ADVERTIR a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que, en lo sucesivo, se abstenga de escindir las actuaciones de tutela sometidas a su conocimiento y de invocar las reglas de reparto como fundamento para ello, pues tales actuaciones desconocen la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional y resultan incompatibles con el principio de perpetuatio jurisdictionis.

Cuarto: ADVERTIR al Juzgado 006 Laboral Municipal de Bogotá para que, siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, éste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto 550 de 2018.

Quinto: Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICARla presente decisióna la parte accionante, a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y al Juzgado 006 Laboral

Municipal de Bogotá.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Ausente con comisión

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

Magistrado

Ausente con comisión

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[[1]](#_ftnref1) Expediente digital, ICC-5621, carpeta “2. Expediente”, archivo “03EscritoTutela”. Pág. 1. Al respecto, se precisa que el accionante no informó acerca de la identidad del “abogado demandante” cuya vinculación solicitó y se limitó a indicar una dirección de correo electrónico.

[[2]](#_ftnref2) Ibid.

[[3]](#_ftnref3) Ibid.

[[4]](#_ftnref4) Ibid.

[[5]](#_ftnref5) Expediente digital ICC-5621, cuaderno “2. Expediente”, carpeta “OneDrive\_1\_7-9-2026”, archivo “06Admite&Escinde000-2026-03777-00.pdf”.

[[6]](#_ftnref6) Ibid.

[[7]](#_ftnref7) Ibid.

[[8]](#_ftnref8) Ibid.

[[9]](#_ftnref9) Frente a esta providencia, se precisa que, en el encabezado identificó erróneamente al accionante. Posteriormente, mediante auto del 4 de septiembre siguiente, el Juzgado 006 Laboral Municipal de Bogotá corrigió dicha providencia y precisó que el accionante es Jairo Hans Ruiz Abella.

[[10]](#_ftnref10) Expediente digital ICC-5621, cuaderno “2. Expediente”, carpeta “OneDrive\_1\_7-9-2026”, archivo “12AutoConflictoCompetenciaReglasRepartoCompetencia.pdf”.

[[11]](#_ftnref11) Corte Constitucional, autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros.

[[12]](#_ftnref12) Corte Constitucional, autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros.

[[13]](#_ftnref13) Corte Constitucional, autos 159A y 170A de 2003.

[[14]](#_ftnref14) “Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación”.

[[15]](#_ftnref15) En el auto 550 de 2018 la Sala Plena de esta Corporación precisó que “los Tribunales Superiores de cada Distrito Judicial, por conducto de sus Salas Mixtas, resolverán los conflictos de competencia en materia de tutela que se presenten entre a) las distintas salas del correspondiente Tribunal Superior y b) los jueces de igual o diferente categoría – municipal y circuito –, que pertenezcan al mismo distrito judicial”.

[[16]](#_ftnref16) Corte Constitucional, auto 493 de 2017.

[[17]](#_ftnref17) Corte Constitucional, entre otros, los autos 486 y 496 de 2017.

[[16]](#_ftnref16) Corte Constitucional, auto 493 de 2017.

[[17]](#_ftnref17) Corte Constitucional, entre otros, los autos 486 y 496 de 2017.

[[18]](#_ftnref18) Corte Constitucional, entre otros, los autos 105 de 2016; 157 de 2016; 007 de 2017; 028 de 2017; 030 de 2017; 052 de 2017; 059 de 2017; 059A de 2017; 061 de 2017; 152 de 2017; 171 de 2017; 197 de 2017; 332 de 2017; 325 de 2018; y 242 de 2019. Debido a ello, el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 dispone que: “Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

[[19]](#_ftnref19) Corte Constitucional, entre otros, los autos 124 de 2009 y 529 de 2018.

[[20]](#_ftnref20) Corte Constitucional, auto 1434 de 2022.

[[21]](#_ftnref21) El desarrollo de este capítulo sigue de cerca las consideraciones expuestas, entre otros, en los Autos 2018 de 2024 y 058 de 2025.

[[22]](#_ftnref22) Corte Constitucional, auto 024 de 2016.

[[23]](#_ftnref23) Corte Constitucional, auto 691 de 2024 reiterado recientemente en el auto 058 de 2025.

[[24]](#_ftnref24) Corte Constitucional, auto 1478 de 2023.

[[23]](#_ftnref23) Corte Constitucional, auto 691 de 2024 reiterado recientemente en el auto 058 de 2025.

[[24]](#_ftnref24) Corte Constitucional, auto 1478 de 2023.

[[25]](#_ftnref25) Sobre el desconocimiento del principio perpetuatio jurisdictionis ver, entre otros,autos 339 de 2019, 273 de 2020 y 1478 de 2023.

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