CC - T299 de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Cuarta de RevisiónSENTENCIA T-299 DE 2026

Referencia: expediente T-11.644.707

Asunto: acción de tutela interpuestapor Fernando, en calidad de agente oficioso de Mauricio, contra el Juzgado

Promiscuo de Familia

Tema: defectos por violación directa de la Constitución y procedimental absoluto por desconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en decisiones que los afecten

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente

SENTENCIA

En el trámite de revisión del fallo de tutela adoptado el 17 de septiembre de 2025, por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión emitida el 4 de agosto de 2025 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, que negó el amparo.

Aclaración previa

La Sala Cuarta de Revisión mantendrá la anonimización dispuesta por la Sala de Selección Número Doce, mediante Auto del 18 de diciembre de 2025. Por lo tanto, esta versión sigue las reglas para la difusión a la ciudadanía y los canales de la Corte Constitucional.

| | | --- | | Respuesta a Mauricio La Corte Constitucional estudió un caso que permite comprender el alcance de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados cuando una decisión puede cambiar aspectos importantes de su vida. La Sala dio una respuesta directa a Mauricio sobre las decisiones adoptadas. Para ver el video de acceso público, haga clic en la imagen. [[image]](https://youtu.be/-9cIzO-inVA) Video de acceso público a la Sentencia T-299 de 2026 <https://www.youtube.com/watch?v=-9cIzO-inVA> Remiten: Magistrados Corte Constitucional |

Síntesis de la decisión

| | | | --- | --- | | ¿Qué estudió la Corte? | La Sala Cuarta de Revisión resolvió la acción de tutela presentada por un agente oficioso, quien alegó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a tener una familia y no ser separado de ella, a la construcción identitaria y, de forma transversal, a ser escuchado y su voz tenida en cuenta, respecto de un niño de 11 años. El agente cuestionó que, en un proceso de impugnación e investigación de la paternidad y la maternidad, la jueza de familia no escuchara directamente al niño y, en cambio, privilegiara la filiación genética, sin realizar una valoración motivada y contextual de la realidad socioafectiva del menor de edad. |

| ¿Qué consideró la Corte? | La Sala Cuarta de Revisión expuso las salvaguardas de protección constitucional que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y que su expresión del mundo sea efectivamente considerada por parte de las autoridades judiciales. Enfatizó aquella en que la escucha no constituye una simple etapa procesal o un medio de prueba, sino un derecho autónomo de naturaleza constitucional, el cual inicia con que el niño o niña decida libremente si ejerce o no su derecho a participar directamente en la actuación judicial. La Sala también expuso pautas que resultan relevantes cuando en el marco de procesos de filiación existen tensiones con la realidad socioafectiva de niños, niñas y adolescentes. En estos eventos, aun cuando las relaciones socioafectivas y, particularmente, el vínculo familiar de crianza difiere del estado de filiación, las solicitudes de posesión notoria del estado civil de hijo de crianza han sido asuntos a valorarse por la autoridad judicial y, por lo tanto, alegarse un estado civil no es una materia que pueda definirse de forma exclusiva por la voluntad de las partes. Esta valoración les exige a los jueces de familia un análisis integral, contextualizado, especialmente cuidadoso, y una debida valoración de tal tensión considerando la dinámica familiar de niños y niñas involucrados. |

| ¿Qué decidió la Corte? | La Sala concluyó que la decisión de la jueza de familia encargada de resolver el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y paternidad incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución y en un defecto procedimental absoluto. El primero, al encontrarse que tal autoridad omitió cada una de las salvaguardas o garantías básicas dispuestas por esta Corte Constitucional, a partir de estándares internacionales y nacionales, que aseguran que, mediante la participación y escucha activa de los niños y niñas, se asegure una justicia amigable, dinámica e intergeneracional. El segundo, al pretermitirse etapas procesales, bajo una fórmula de terminación anticipada del proceso, como consecuencia de un acuerdo entre las partes, sin resolver de forma autónoma y motivada diferentes aspectos sustanciales que le fueron planteados en el litigio. En consecuencia, la Sala Cuarta amparó los derechos fundamentales alegados, ordenando dejar sin efectos los fallos de tutela y la decisión ordinaria controvertida. En su lugar, ordenó a la autoridad judicial dar curso nuevamente al proceso, siguiendo las reglas previstas en la decisión. También, dispuso mecanismos de acompañamiento al niño y de seguimiento al caso, así como una estrategia de divulgación de la sentencia para procurar la prevención de este tipo de hechos. |

I. ANTECEDENTES

1.Hechos relevantes del caso y de la acción de tutela

1. Contexto previo a la acción de tutela. Mauricio nació el 5 de febrero de 2015, por lo que en la actualidad tiene 11 años. A los dos meses de nacido, es decir, en abril de 2015, Alejandra y Ariel comparecieron ante la Notaría Única para registrarlo como su hijo[[1]](#_ftn1).

Ocho años después, esto es, en septiembre de 2023, la Defensoría de Familia, abrió trámite administrativo de restablecimiento de derechos de Mauricio. Esto, por la solicitud de restablecimiento de derechos presentada por Zulma y Zaid, quienes adujeron ser los padres biológicos del niño e invocaron su protección, ante la necesidad de reunificación familiar como firmantes de paz. El defensor ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, la realización de una entrevista al niño e informes de seguimiento al caso, los cuales sugirieron que el niño ha vivido en un entorno familiar que él quiere, reconoce como propio y le brinda cuidado y amor. En los informes también se dejó constancia de medidas provisionales de apoyo psicológico especializado, ante la inestabilidad emocional que le produjo la información sobre su origen familiar dada por sus padres biológicos[[2]](#_ftn2).

2. Demanda[[3]](#_ftn3). En el curso de dicho proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el 8 de febrero de 2024, el Defensor de Familia presentó la demanda de impugnación e investigación de la paternidad y maternidad en contra de Alejandra, Ariel, Zulma y Zaid. El defensor solicitó que se declarara a Mauricio como hijo de Zulma y Zaid y, en consecuencia, que se hiciera la respectiva anotación en su registro civil de nacimiento. La demanda narró que Zulma y Zaid son firmantes del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC-EP y, en esa condición, alegaron reunificación familiar. Según el escrito, estas personas, por condiciones de seguridad y riesgo contra su vida y la de Mauricio, dejaron al niño al cuidado de Alejandra -sobrina de Zaidy Ariel, mientras resolvían su situación jurídica. Sin embargo, Alejandra y Arielregistraron al niño como su hijo, sin consentimiento de sus padres biológicos.

3. Tras resolver su situación jurídica en virtud del Acuerdo de Paz, lo que según narra la demanda aconteció el 5 de febrero de 2021, Alejandra y Arielse negaron a permitirles un contacto con el niño y su entrega. En la demanda también se afirmó que los presuntos padres biológicos no perdieron el vínculo con el niño y respondían económicamente por aquel. El 9 de febrero de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia admitió la demanda, ordenó de manera oficiosa la prueba de ADN, así como notificar al personero y correr traslado de la demanda[[4]](#_ftn4), de conformidad con el trámite del proceso verbal previsto en el artículo 368 del Código General del Proceso (CGP).

4. Mediante apoderado judicial, Zulma y Zaid coadyuvaron la demanda. Agregaron que ellos han tenido una relación socioafectiva con el niño y que no quieren que su situación personal y condiciones de seguridad lo afecten, pero que actuaron en su nombre con el propósito de que reconozca y construya una verdadera identidad. Alegaron que en la actualidad el niño los rechaza, pues se pretende destruir cualquier vínculo psicológico y afectivo por su antigua condición de guerrilleros.

5. Por su parte, Alejandra y Ariel, mediante apoderada judicial, se opusieron a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, plantearon las excepciones de “posesión notoria del estado de hijo”[[5]](#_ftn5), “declaración de “hijo de crianza” y “excepción genérica en atención al interés superior del niño[[6]](#_ftn6). Confirmaron que Alejandra es sobrina por la línea paterna de Zaid; sin embargo, controvirtieron que el niño hubiera sido entregado simplemente para el cuidado. Explicaron que acordaron con los padres biológicos su entrega con la intención de registrarlo como su hijo.

Negaron que los presuntos padres biológicos respondieran económicamente por el niño y señalaron que, si bien tenían una relación socioafectiva, la misma era consecuencia de que el niño los reconocía como tíos. Agregaron que, sin su consentimiento ni acompañamiento, le informaron a Mauricio su origen familiar, lo que desencadenó un proceso de inestabilidad emocional en aquel. Por eso, solicitaron que se reconozca a Mauricio el estado civil de hijo de crianza y se adopten las medidas necesarias para el respeto de su realidad socioafectiva, en el proceso de filiación.

6. Decisión judicial recurrida. A las 2:34 p.m. del 1° de julio de 2025, el Juzgado Promiscuo de Familia comenzó la audiencia inicial dispuesta en el artículo 372 del CGP para procesos verbales. A dicha audiencia comparecieron los demandados, sus apoderados judiciales y el defensor de familia. Desde un inicio, la jueza aclaró que el estado civil no era un asunto disponible por las partes, pero propuso una “fórmula de conciliación”[[7]](#_ftn7) para efectos de poder “hablar con las partes”[[8]](#_ftn8). La jueza expuso que durante la conciliación “se [suspendería] la grabación, puesto que las propuestas que se hagan o lo que se diga por parte de la jueza, las partes o los apoderados no puede ser tenida en cuenta (…) para dictar una sentencia ni puede significar prejuzgamiento”[[9]](#_ftn9).

7. La grabación de la audiencia se retomó a las 4:29 p.m. de ese día. La jueza manifestó que “luego de un amplio diálogo entre las partes, sus apoderados y coadyuvados por el (…) defensor de familia, [lograron] construir un acuerdo que [les permite] dar por terminado el proceso de manera anticipada”[[10]](#_ftn10). La jueza dejó constancia de que “el acuerdo al que [llegaron las partes] con la intervención de sus apoderados y la coadyuvancia del defensor de familia obedece al principio del interés superior del menor”[[11]](#_ftn11). Resaltó que “si bien la filiación es una institución de orden público que constituye un elemento fundamental en la vida jurídica y personal de cualquier individuo, no puede desconocerse los lazos afectivos, el amor y el cuidado construido a lo largo del tiempo a través de vínculos de hecho”[[12]](#_ftn12).

8. La jueza expuso que “el acuerdo al que las partes [llegaron] se encuentra ajustado a derecho”[[13]](#_ftn13). Argumentó que la filiación es un vínculo jurídico que une a los hijos con su padre o madre, que consiste en una relación de parentesco establecida biológicamente o por adopción. Para el caso, la prueba de ADN demostró la alta probabilidad de que Zulma y Zaid sean los padres biológicos de Mauricio. Sin embargo, el legislador se ha orientado a proteger a todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales.

Por lo tanto, el acuerdo de las partes se “ajusta al derecho procesal y sustancial”[[14]](#_ftn14).

9. En consecuencia, el Juzgado Promiscuo de Familia (i) declaró que Mauricio no es hijo de Alejandra y Ariel; (ii)los padres biológicos de Mauricio son Zulma y Zaid, por lo tanto, (iii) en lo sucesivo su nombre será Mauricio con otros apellidos. También ordenó que (iv) la patria potestad sea ejercida por los padres biológicos, quienes deberán suministrar una cuota alimentaria mensual.

Sin embargo, (v) la custodia y cuidado personal estará a cargo de Alejandra y Ariel. En relación con (vi) las visitas y, dado que “Mauricio presenta afectaciones psicológicas y psiquiátricas”[[15]](#_ftn15), la jueza ordenó al Centro Zonal un plan de acción, definido a través de un equipo interdisciplinario, para que se sienten las bases a fin de determinar encuentros con los padres biológicos y coordinar el desarrollo de las visitas[[16]](#_ftn16). La decisión judicial quedó en firme pues ninguna de las partes, luego del traslado respectivo, la apeló ni solicitó aclaración o adición. La parte resolutiva quedó consignada en el Acta de Audiencia del Fallo No. 066[[17]](#_ftn17).

10. Acción de tutela. El 28 de julio de 2025, Fernando, como agente oficioso de Mauricio, presentó la acción de tutela que ahora se revisa contra la decisión proferida el 1° de julio de 2025 por el Juzgado Promiscuo de Familia. El agente oficioso solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a tener una familia y a no ser separado de ella, a la identidad, a la intimidad y a ser escuchado de Mauricio.

11. El agente argumentó que satisface los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Hizo énfasis en que está legitimado en la causa por activa, dado que cualquier persona puede interponer la acción constitucional para salvaguardar los derechos de los niños que están siendo vulnerados de forma grave y manifiesta[[18]](#_ftn18). Igualmente, para el agente, el caso tiene relevancia constitucional pues el fallo modifica la filiación e identidad del menor, sin valorar de forma integral sus vínculos socioafectivos ni escuchar directamente su voz. También se resaltó que se cumple el presupuesto de subsidiariedad, pues se trata de evitar un perjuicio irremediable. Esto, porque aun cuando no se presentó el recurso de apelación contra el fallo cuestionado, tal omisión no corresponde a una decisión consciente del niño ni a una estrategia pensada en su bienestar, sino que se debe a una falla de defensa técnica, puesto que ninguna de las partes del proceso actuó de forma independiente y autónoma, y privilegiando el interés del niño[[19]](#_ftn19).

Además, el perjuicio irremediable está demostrado en el hecho de que el niño ha sido obligado a cambiar de nombre, tener una nueva patria potestad, tener a sus cuidadores y no una relación socioafectiva y familiar estable y definitiva y aceptar visitas de quienes no reconoce como su familia.

12. En lo que se refiere al fondo del asunto, el agente expuso que la decisión judicial incurrió en un defecto sustantivo[[20]](#_ftn20) por las siguientes razones principales.

13. Primera,señaló que, aunque el fallo judicial invocó el principio de interés superior del niño, Mauricio “no fue escuchado, entrevistado, valorado ni analizado desde una perspectiva socioafectiva”[[21]](#_ftn21).

Para el agente, la decisión se fundó en una interpretación asistemática del derecho a ser escuchado y su voz tenida en cuenta. Con ello, el fallo desconoció el artículo 44 de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que reconocen los derechos de los niños y las niñas a ser escuchados de forma efectiva en las actuaciones judiciales. De esta manera y de forma consecuencial, se desconoció el derecho de Mauricio a tener una familia y a su unidad y estabilidad familiar. La familia fue, desde la visión del agente, “definida desde afuera, por adultos que jamás convivieron con él y por una autoridad judicial que [no] intentó asomarse a su mundo real, a su realidad concreta”[[22]](#_ftn22). Además, criticó aquel que no existieran medios de prueba orientados a analizar su entorno afectivo y que la jueza no practicara pruebas sobre su vida familiar o los efectos emocionales que podrían generarse al transformar su estructura filial, pero especialmente a que no se preocupara por conocer qué pensaba o sentía directamente el niño.

14. Segunda,la decisión judicial reprodujo una versión formalista, aislada, desactualizada y descontextualizada del parentesco que privilegia la filiación genética sobre la realidad y la filiación socioafectiva. Para el agente, el fallo judicial define la filiación centrada en lo dispuesto en el artículo 248 del Código Civil[[23]](#_ftn23) y aplicó como único criterio el dato y la filiación genética. Lo anterior, para el agente oficioso, no se encuentra dentro de un margen razonable de interpretación actual de las normas civiles, pues desconoce la complejidad del derecho de familia, la evolución del concepto de filiación, el reconocimiento a la realidad y la filiación socioafectiva[[24]](#_ftn24), el mandato de protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes, la pluralidad familiar y la identidad relacional de estos niños[[25]](#_ftn25). Expuso que “aunque la presunción de la familia biológica no es discutible, el interés superior del niño impone la necesidad de preservar su entorno socioafectivo, por encima de la verdad genética”[[26]](#_ftn26). Sin embargo, el fallo acusado utilizó la prueba de ADN como criterio exclusivo y definitivo negando “toda eficacia jurídica a los afectos, los vínculos y la familia realmente existente”[[27]](#_ftn27).

15. En consecuencia, el agente oficioso solicitó: (i) dejar sin efectos la sentencia judicial cuestionada y, con ello, que se ordene (ii) proferir una nueva decisión que garantice la escucha activa del niño, se practiquen pruebas sobre su entorno socioafectivo y se incluya el respeto sobre la pluralidad de formas familiares protegidas por la Constitución de 1991. Además, (iii) queel juzgado se abstenga de continuar desplegando los efectos del fallo mientras no exista una decisión definitiva.

2.Trámite de la acción de tutela y sentencias objeto de revisión

16. Admisión[[28]](#_ftn28). El conocimiento de la acción de tutela correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial. El 28 de julio de 2025, esa autoridad admitió la acción de tutela contra la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo de Familia.

Además, vinculó como terceros con interés al Defensor de Familia, a Alejandra, Ariel, Zulma y Zaid, así como al resto de los sujetos que participaron en el proceso ordinario. La autoridad accionada y las personas vinculadas respondieron en los siguientes términos:

Tabla No. 1: Respuestas a la acción de tutela

| | | | --- | --- | | Intervención | Argumentos principales | | Juzgado Promiscuo de Familia[[29]](#_ftn29) | La jueza argumentó que la tutela no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, puesto que los conflictos aducidos por el agente oficioso pueden canalizarse a través de la autoridad administrativa mediante el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y de las vías judiciales ordinarias respectivas para alegar, por ejemplo, la familia de crianza. En todo caso, indicó que tampoco se configura el defecto sustantivo, puesto que la decisión se produjo atendiendo las reglas especiales sobre la filiación y el estado civil, así como estuvo orientada por el interés superior del niño a formar su identidad y mantener vínculos afectivos estables. En ese orden, aclaró que el niño sigue bajo la custodia de las personas que lo han cuidado desde su nacimiento y no se reglamentó un régimen de visitas, pues eso dependería de un plan de acción a cargo de profesionales especializados de la Defensoría de Familia. |

| Alejandra y Ariel[[30]](#_ftn30) | Ellos coadyuvaron la acción de tutela. Argumentaron su postura en que las partes del trámite ordinario, incluidos ellos, actuaron motivados por sus propios intereses, sin garantizar de forma autónoma e independiente los derechos de Mauricio. Además, cuestionaron que la jueza: (i) no valorara la ausencia de funciones parentales de los presuntos padres biológicos, (ii) no desplegara sus facultades probatorias oficiosas para conocer la realidad familiar de Mauricio y decidiera escucharlo directamente y, al contrario, (iii) propusiera fórmulas conciliatorias inválidas sobre el estado civil del niño que, al final, terminaron aceptándose en un momento de tensión procesal, sin ponderar adecuadamente las consecuencias sobre la identidad de Mauricio, su entorno y su estructura socioafectiva. |

| Defensor de Familia[[31]](#_ftn31) | El defensor de familia sostuvo que no se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, en todo caso, tampoco se demuestra la configuración del defecto alegado. En primer lugar, el defensor expuso que la demanda fue interpuesta en cumplimiento del numeral 11 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006 y de los Lineamientos Técnicos Administrativos del ICBF que disponen que, si en un proceso de restablecimiento de derechos se detectan irregularidades en el registro civil asociadas a conductas que pueden catalogarse como delictivas, debe interponerse la demanda respectiva. Para el defensor, la tutela descalifica la actuación institucional sin aportar evidencia, en tanto la defensoría actuó en representación del niño, conforme a su rol funcional y misional. En segundo lugar, el defensor manifestó que la sentencia judicial fue el resultado de una audiencia formal en la que participaron los cuatro adultos vinculados al niño, quienes contaron con representación legal. Ni los abogados que asistieron a las partes ni la Defensoría de Familia apelaron la decisión, no por omisión ni negligencia en el cuidado del niño. En ese orden, la figura del agente oficioso desconoce la decisión alcanzada mediante un ejercicio de diálogo entre las partes responsables de Mauricio y el proceso de acompañamiento psicosocial al niño, para efectos de garantizar su bienestar integral. En tercer lugar, el defensor insistió en que no es cierto que la sentencia judicial impuso a la familia biológica sobre la realidad afectiva del menor. Por el contrario, la sentencia armonizó la verdad biológica con

la realidad afectiva del niño. Se mantuvo la custodia con quienes lo cuidan, se reconoció su rol protector y se evitó cualquier desarraigo. Al mismo tiempo, se permitió que los padres biológicos, quienes por razones de seguridad y por el conflicto armado no pudieron ejercer su rol en el pasado, iniciaran un proceso gradual, respetuoso y acompañado para vincularse a la vida de Mauricio. En cuarto lugar, el defensor hizo énfasis en que el derecho a escuchar al niño no se limita ni agota con su presencia en cada estrado judicial, sino en la garantía de mecanismos técnicos especializados, diseñados para escuchar a aquel, protegiendo su bienestar emocional. En este caso, el niño fue escuchado por el equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia y su voz fue recogida mediante diferentes informes. Además, contó con medidas de apoyo y fortalecimiento a la familia a través de atención psicológica especializada mediante la remisión de informes con plan de caso, seguimientos a este, entrevistas clínicas e informes extraordinarios. Tales documentos constituyen prueba pericial, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1098 de 2006. Además, esta es la vía prevista para garantizar la participación del niño cuando una comparecencia directa podría exponerlo a mayores afectaciones emocionales. Estos informes fueron puestos en conocimiento del despacho judicial por el defensor de familia. |

| Procurador II de Familia[[32]](#_ftn32) | El procurador de familia expuso que, al tratarse de la situación de un niño, deben analizarse con flexibilidad los requisitos de procedencia de la acción de tutela. Además, estimó que la decisión judicial configura un defecto procedimental absoluto. Expuso que era necesario contar con la participación del niño en la referida actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Sentencia T-245A de 2022. En su opinión, cualquier decisión judicial que involucre a los niños debe ser consultada a aquellos. |

17. Sentencia de tutela de primera instancia. El 4 de agosto de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, negó la acción de tutela. Para el tribunal no se acreditaron los elementos de la agencia oficiosa según lo dispuesto por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-510 de

2024. El agente no cumplió con la carga argumentativa mínima en cuanto justificar la ausencia de representación legal del niño y la inminencia en la vulneración de sus derechos fundamentales. Tampoco expuso cómo conoció las circunstancias del niño, lo cual era relevante, dado que en el proceso judicial Mauricio fue representado por el defensor de familia, quien se presume como el profesional más idóneo para garantizar sus intereses.

18. Con todo, en relación con el fondo de la discusión, el tribunal estimó que la decisión judicial no configuró el defecto alegado. Aunque manifestó que no desconocía que en el proceso judicial no se entrevistó ni se escuchó al niño directamente, esa circunstancia no configura, por sí misma, una irregularidad procesal en el trámite del litigio, considerando que sus intereses fueron canalizados por el defensor de familia. Además, el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y la paternidad busca que el niño reconozca la verdad sobre su filiación y la plenitud de sus derechos, incluso su historia de vida, lo cual no cambia con oírlo. Tal verdad fue valorada por la jueza, quien expuso que el estado civil y la relación de parentesco no es conciliable, pero, además, reconoció la situación emocional del niño y sus relaciones afectivas, por lo que decidió otorgar la custodia a quienes siempre lo cuidaron.

19. Impugnación del fallo. El agente oficioso[[33]](#_ftn33) presentó impugnación argumentando que la agencia oficiosa no exige mayor requisito que la manifestación de actuar a nombre de los derechos del niño cuando existe un escenario de alta amenaza o vulnerabilidad, como la Corte Constitucional lo sostuvo en la Sentencia T-541A de 2014. Para el agente, el juez de primera instancia desconoció el estándar constitucional sobre la primacía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Además, para aquel agente, el defensor de familia no representó al niño, sino los intereses de los padres biológicos. Aclaró que conoció “académicamente el caso”[[34]](#_ftn34) y que el impacto en los derechos fundamentales del niño lo motivó a la presentación de la acción de tutela.

20. También presentaron impugnación el Procurador Judicial II de Familia[[35]](#_ftn35) y Alejandra y Ariel[[36]](#_ftn36).

El primero manifestó que el agente oficioso tiene legitimidad, dada la prevalencia de los derechos del niño y la regla según la cual ante la duda sobre la agencia oficiosa aquella debe resolverse en favor de los derechos de los niños. Aclaró que con su intervención “no se busca sacar de la vida del niño a los padres biológicos, ellos pueden (…) hacer un acompañamiento gradual, sino que pueda coexistir con su familia de crianza” [[37]](#_ftn37). Por su parte, Alejandra y Ariel agregaron que el defensor de familia vulneró los derechos del niño a tener una familia y a no ser separado de ella, privilegiando las prerrogativas de los padres biológicos sobre las relaciones de crianza ya formadas. Además, reiteraron que ni en el proceso judicial ni en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) se escuchó realmente al niño, preguntándole sobre los efectos de los procesos judiciales, su noción de familia y cómo aquel construye su identidad. Adicionalmente, insistieron en el incumplimiento de obligaciones del defensor de familia y la falta de cumplimiento de deberes en cuanto a la dirección del proceso por parte de la jueza de familia.

21. Sentencia de tutela de segunda instancia. El 17 de septiembre de 2025, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia confirmóel fallo de primera instancia. Estimó que se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por activa del agente oficioso, pues la Corte Constitucional, en la Sentencia T-302 de 2017, criterio reiterado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha privilegiado la defensa de los derechos de los niños sobre una cualificación especial del sujeto que promueve la solicitud de amparo. Sin embargo, analizado de fondo el asunto, compartió las razones del fallo recurrido, puesto que la filiación no es un aspecto de libre disposición de las partes, incluso de preferencia del niño y, en todo caso, la custodia y su cuidado personal están a cargo de quienes tienen con él un vínculo socioafectivo.

3.Actuaciones en sede de revisión ante la Corte Constitucional

22. Selección y reparto. El 18 de diciembre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Doce de la Corte Constitucional escogió el expediente para revisión, con fundamento en el criterio objetivo de “posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional”[[38]](#_ftn38) y el criterio subjetivo de “urgencia de proteger un derecho fundamental”[[39]](#_ftn39). El 23 de enero de 2026, el caso se remitió a la Sala Cuarta de Revisión, presidida por el magistrado ponente.

23. Primer auto de pruebas. El 2 de febrero de 2026, el despacho ponente ordenó al Juzgado Promiscuo de Familia remitir copia completa del proceso de impugnación e investigación de la paternid