CE - Auto interlocutorio 25000234100020230023303
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 25000234100020230023303
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veinticinco (2015)
Referencia: Nulidad electoral – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024) Demandante: Harold Eduardo Súa Montaña Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y Verónica del Socorro Alcocer García
Tema: Nombramiento en misión especial. Situaciones administrativas. Competencia de la Sección Segunda.
Decisión: No avoca conocimiento por falta de competencia y promueve conflicto negativo de competencia entre las secciones Segunda y Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
AUTO INTERLOCUTORIO
Remitido el expediente por competencia a esta Sección conforme la decisión que sobre el particular adoptara la Sección Quinta de la corporación mediante auto de 31 de octubre de 2024 y estando el expediente al despacho, se impone analizar si la Sección Segunda es competente para conocer y resolver el asunto o si es del caso promover conflicto negativo de competencias.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La acción impetrada tiene como pretensión que se declare la nulidad del Decreto No. 0035 del 12 de enero de 2023 suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual el presidente de la República comisionó como embajadora en misión
No. 0035 del 12 de enero de 2023 suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual el presidente de la República comisionó como embajadora en misión especial a la primera dama Verónica del Socorro Alcocer García para asistir a la audiencia concedida por el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano durante los días 13 y 14 de enero de 2023.
2. La acusación está dirigida contra el «nombramiento» efectuado por el presidente a la primera dama. Para el demandante, esta actuación es contraria al artículo 126 de la Constitución Política porque allí se prohíbe, entre otros, que los servidores nombren en cargos públicos a personas con quienes estén liga dos por matrimonio o unión permanente; supuesto de hecho que tuvo lugar en el presente caso , por cuanto la2
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024) Demandante: Harold Eduardo Súa Montaña designación demandada fue efectuada por el presidente de la República a quien es su cónyuge o compañera permanente.
Sentencia de primera instancia
3. Mediante sentencia proferida el 25 de abril de 2024, la Sección Primera – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda y, en ese sentido, declaró la nulidad del acto administrativo demandado.
Esa autoridad judicial consideró que la prohibición consagrada en el artículo 126 Superior invocada por el demandante era plenamente aplicable al caso, pero fue desconocida por el presidente de la República al designar a su cónyuge como embajadora en misión especial.
invocada por el demandante era plenamente aplicable al caso, pero fue desconocida por el presidente de la República al designar a su cónyuge como embajadora en misión especial.
4. Adujo que, de conformidad con la regulación contenida en la Ley 824 de 2003, la designación como embajador en misión especial acarrea de suyo el ejercicio de una función pública, de manera que hace parte de los nombramientos a los que se refiere la prohibición de la disposición constitucional en comento; a dicionalmente, indicó que no existe razón en derecho que exima al presidente de la República de cumplir esta regla jurídica. Siendo así, concluyó que estaba proscrito que el presidente designara como embajadora en misión especial a la primera dama en razón al vínculo matrimonial que comparten.
Incidentes de nulidad
5. Una vez proferida la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el DAPRE solicitaron la nulidad del proceso desde distintas etapas.
6. El MRE pidió la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda al considerar que no se practicó en legal forma la notificación del auto admisorio a dicha cartera de gobierno, en los términos del numeral 8 del artículo 133 del CGP. Manifestó que el acto administrativo demandado fue firmado por el secretario general encargado de las funciones del despacho del ministro de Relaciones Exteriores y, en esa medida, era litisconsorte necesario del extremo pasivo de la litis; pese a lo cual, no fue convocado al proceso.
7. El DAPRE invocó la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia de primera instancia alegando que la Sala que profirió la referida providencia fue conformada de
al proceso.
7. El DAPRE invocó la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia de primera instancia alegando que la Sala que profirió la referida providencia fue conformada de manera irregular. Puso de presente que el conocimiento del proceso correspondió a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinam arca, conformada por tres magistrados; a pesar de lo anterior, en sesión del 5 de abril de 2024 se decidió llamar a dos magistrados más de la sección para reconformar la Sala aduciendo no haber arribado a ninguna decisión en razón a los criterios divergent es al interior de la subsección y con fundamento en el artículo 115 del CPACA. Afirmó que lo ocurrido en la deliberación fue una derrota de ponencia y no alguno de los escenarios previstos en el precitado artículo 115 para la reconformación de la Sala, de manera que lo que correspondía era reasignar el proceso al siguiente magistrado en turno para que presentara una nueva ponencia.3
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024)
Demandante: Harold Eduardo Súa Montaña
8. Mediante auto del 24 de mayo de 2024, el tribunal rechazó de plano la solicitud de nulidad presentada por el MRE . Adujo que las nulidades originadas en la sentencia proferida en el marco del medio de control de nulidad electoral están taxativamente señaladas en el artículo 294 del CPACA y que la misma norma impone rechazar de plano por improcedentes las solicitudes que invoquen causales distintas a las allí establecidas.
Indicó que, en el presente caso, lo que alude el demandante es la falta de notificación
por improcedentes las solicitudes que invoquen causales distintas a las allí establecidas. Indicó que, en el presente caso, lo que alude el demandante es la falta de notificación del auto admisorio y esa no es una causal de nulidad expresamente prevista por la ley para este tipo de procesos.
9. Mediante auto de la misma fecha, esta misma autoridad negó la solicitud de nulidad presentada por el DAPRE. Explicó que la votación inicial de la Sala del proyecto de fallo fue de un triple empate porque los tres magistrados que la conformaban tenían posturas diferentes frente al caso, con lo cual sí tuvo lugar uno de los escenarios previstos en el artículo 11 5 del CPACA. Adicionalmente, indicó que esa misma circunstancia habría derivado en que, aun de reasignar el proceso al siguiente magistrado en turno, continuaría presentándose la misma falta de consenso y ello hacía necesaria la reconformación de la Sala.
10. A través de memorial radicado el 29 de mayo de 2024 , el DAPR E interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra los dos autos proferidos el 24 de mayo de 2024. A modo de cuestión previa indicó que el despacho sustanciador no era competente para pronunciarse frente a las solicitudes de nulidad. Respecto a la solicitud de nulidad del MRE adujo que al ser esta entidad quien tramito y firmó el acto administrativo demandado, estaba llamada a participar en el proceso. Frente a la solicitud de nulidad de DAPRE insistió en los argumentos ya esbozados en el escrito de nulidad.
11. El 6 de junio de 2024 la parte demandante descorrió el traslado del recurso
de nulidad de DAPRE insistió en los argumentos ya esbozados en el escrito de nulidad.
11. El 6 de junio de 2024 la parte demandante descorrió el traslado del recurso indicando que i) esta no es la vía idónea para cuestionar la decisión adoptada respecto a las solicitudes de nulidad presentadas; ii) los artículo 243ª.14 y 284 del CPACA establecen la improcedencia de recursos contra el auto que rechaza de plano la solicitud de nulidad en el marco de la nulidad electoral; y iii) los argumentos del recurso son en realidad una reiteración de los de las solicitudes de nulidad, de manera que es un asunto ya decidido.
12. El 19 de junio de 2024 el tribunal profirió dos autos cuyo objeto fue resolver el recurso de reposición en comento. En uno resolvió rechazar por improcedente el recurso interpuesto contra el auto que rechazó la solicitud de nulidad presentada por el MRE. En el otro resolvió no reponer el auto que negó la solicitud de nulidad presentada por el DAPR, conceder el recurso de apelación presentado de manera subsidiaria y ordenar remitir el expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado.
13. El 30 de julio de 2024 se registró el arribo del expediente a la referida sección bajo el radicado número 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024) 1.
1 El radicado inicial data del 2 de julio de 2024, sin embargo, el expediente fue devuelto al tribunal de origen porque el auto que ordenó remitir al Consejo de Estado todavía no se encontraba ejecutoriado. El 30 de
1 El radicado inicial data del 2 de julio de 2024, sin embargo, el expediente fue devuelto al tribunal de origen porque el auto que ordenó remitir al Consejo de Estado todavía no se encontraba ejecutoriado. El 30 de julio de 2024 fue remitido nuevamente a esta corporación habiéndose ejecutoriado la referida decisión.4
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024)
Demandante: Harold Eduardo Súa Montaña
Trámite de remisión por competencia de la Sección Quinta a la Sección Segunda
14. Mediante auto proferido el 31 de octubre de 2024 en el marco del expediente , la Sección Quinta ordenó remitir el expediente por competencia a la Sección Segunda, para lo cual sostuvo que el objeto del acto administrativo demandado fue comisionar a la primera dama, circunstancia que constituye una situación administrativa en los términos del Decreto Ley 274 de 2000 y el Decreto 1083 de 2015. Concluyó que no se trata de un acto de naturaleza electoral, sino laboral administrativa y, en esa medida, no es competencia de la Sección Quinta, sino de la Sección Segunda de esta corporación.
15. El demandante interpuso recurso de reposición contra la referida providencia , afirmando que el trámite procesal que corresponde sí es el de nulidad electoral.
16. Mediante auto proferido el 26 de noviembre de 2024 , la Sección Quinta resolvió no reponer la decisión impugnada al considerar que el recurrente no presentó argumentos concretos de reproche en su contra y que, en todo caso, el auto del 31 de octubre se encuentra ajustado a derecho.
no reponer la decisión impugnada al considerar que el recurrente no presentó argumentos concretos de reproche en su contra y que, en todo caso, el auto del 31 de octubre se encuentra ajustado a derecho.
17. El 6 de diciembre de 2024 se efectuó el cambio de ponente y el 10 de diciembre posterior ingresó el expediente por reparto al Despacho del suscrito consejero.
II. CONSIDERACIONES
18. El tenor literal del artículo 1° del Decreto No. 0035 de 2023 determinó
Artículo 1°. Comisión. Comisiónase (sic) a la doctora VERÓNICA DEL SOCORRO ALCOCER GARCÍA, como Embajador en Misión Especial, entre el 13 y el 14 de enero de 2023 (2 días), a la ciudad de Roma. (sic) Italia, con el fin de asistir a la Audiencia que le ha sido otorgada por su Santidad el Papa Francisco.
19. Como ya fue anticipado, p ara l a Sección Quinta , el objeto de este acto administrativo no fue efectuar un nombramiento sino una comisión , de allí que se otorgaran viáticos y se ordenara rendir informe de las actuaciones ejecutadas, por lo que no se trata en estricto sentido de un nombramiento habida consideración que de su expedición no se deriva la calidad de servidora pública de la señora Alcocer. Siendo así, en tanto la comisión se encuentra categorizada en el ordenamiento jurídico como una situación administrativa que se enmarca en el ámbito laboral administrativo , su conocimiento corresponde a la Sección Segunda de esta corporación.
20. A pesar de lo anterior, el análisis del caso efectuado por este Despacho pone en
situación administrativa que se enmarca en el ámbito laboral administrativo , su conocimiento corresponde a la Sección Segunda de esta corporación.
20. A pesar de lo anterior, el análisis del caso efectuado por este Despacho pone en evidencia que el acto administrativo demandado sí corresponde a un acto administrativo de nombramiento y que las pretensiones de la demanda se enmarcan con claridad en el medio de control de nulidad electoral. Siendo así, el conocimiento del proceso es competencia de la Sección Quinta en los términos del reglamento interno del Consejo de Estado, como se pasa a explicar.5
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024)
Demandante: Harold Eduardo Súa Montaña
21. Es lo primero referirse a las normas que regulan las denominadas «misiones especiales» en el ordenamiento jurídico colombiano. Por una parte, el artículo 1° de la Ley 824 de 2003 2 define la misión especial como una «misión temporal, que tenga carácter representativo del Estado, enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar con él asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado». Por otra parte, el artículo 8 ejusdem aclara que, previo inicio de la misión especial, el Estado remisor deberá informar al Estado receptor la información acerca de las personas que conformarán la misión especial y, posteriormente, efectuar el respectivo nombramiento de estos sujetos.
22. Una lectura conjunta de ambas normas permite colegir que las misiones especiales se traducen en la remisión de un Estado a otro de una o más personas a efectos de que se trate un asunto determinado o se cumpla una labor específica de
22. Una lectura conjunta de ambas normas permite colegir que las misiones especiales se traducen en la remisión de un Estado a otro de una o más personas a efectos de que se trate un asunto determinado o se cumpla una labor específica de manera temporal, circunstancia que acarrea de suyo el nombramiento de los sujetos que serán designados para estas labores previa aprobación por parte del Estado receptor.
Siendo así, la actuación del representante del Estado que pretenda ordenar una misión especial implica i) nombrar a las personas que estarán a cargo de su cumplimiento y ii) especificar el asunto a tratar o la labor a cumplir.
23. Al amparo de lo anterior, es dable afirmar que este es precisamente el objeto del acto administrativo demandado en el marco del presente proceso, esto es: i) nombrar a la señora Verónica del Socorro Alcocer García como embajadora en misión especial y ii) determinar que la misión especial designada consistiría en asistir a la audiencia otorgada por el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano durante los días 13 y 14 de enero de 2023.
24. Dicho esto, se torna menester destacar y precisar el alcance de las pretensiones de la demanda. El accionante manifestó en el escrito de la demanda que «se pretende entonces a través de dicho medio de control la nulidad de la designación de Verónica del Socorro Alcocer García como Embajadora en Misión Especial a la Ciudad del Vaticano dispuesto en el Decreto 0035 de del (sic) 12 de enero de 2023 ». En el mismo sentido, en la subsanación de la demanda reiteró su petición al transcribir el anterior texto y
dispuesto en el Decreto 0035 de del (sic) 12 de enero de 2023 ». En el mismo sentido, en la subsanación de la demanda reiteró su petición al transcribir el anterior texto y aclarar que «lo pretendido siempre ha sido la nulidad de la designación de la referencia».
25. Según se observa, la inconformidad del demandante está dirigida de manera concreta y delimitada contra el nombramiento de la primera dama como embajadora en misión especial; siendo esta una de las dos cuestiones decididas en el acto administrativo debatido. Esta interpretación de la demanda se encuentra respaldada por los fundamentos jurídicos presen tados por el demandante, encaminados a demostrar que el presidente de la República desconoció el artículo 126 de la Constitución Política al efectuar un nombramiento en cabeza de quien es su esposa.
26. A más de lo anterior, no se puede perder de vista que la designación como embajador en misión especial no se enmarca en la institución jurídica de la
2 «Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre las Misiones Especiales , abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969) ».6
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024) Demandante: Harold Eduardo Súa Montaña comisión como situación administrativa . Ello es así, por cuanto las situaciones administrativas únicamente se predican de los empleados públicos en el marco de la relación laboral que sostienen con el Estado y no se extienden al ejercicio de funciones públicas diplomáticas por particulares como ocurre en el presente caso.
27. La jurisprudencia de esta sección ha definido las situaciones administrativas como
relación laboral que sostienen con el Estado y no se extienden al ejercicio de funciones públicas diplomáticas por particulares como ocurre en el presente caso.
27. La jurisprudencia de esta sección ha definido las situaciones administrativas como «las circunstancias en las que se pueden encontrar los empleados públicos frente a la administración durante su relación laboral . De esta manera, los empleados vinculados regularmente a la administración pueden encontrarse en las siguientes situaciones administrativas: (1) en servicio activo, (2) en licencia, (3) en permiso, (4) en comisión , (…)3» (subrayado propio).
28. Esta cuestión ha sido abordada de manera específica tratándose de la comisión de servicios, respecto de la cual también se ha señalado que «siendo la comisión de servicios una de las situaciones administrativas propia de funcionarios y empleados en servicios activo, determinarla es una decisión de índole administrativa»4 (subrayado propio).
29. Lo anterior se reafirma en el contexto de los asuntos diplomáticos . En efecto, el artículo 46 del Decreto Ley 274 de 20005, que regula el servicio exterior de la República
y la carrera diplomática y consular, establece de manera expresa la comisión de servicios en el precitado contexto y limita su procedencia a los funcionarios de carrera diplomática y consultar, quienes se desempeñan como servidores públicos.
30. Descendiendo al caso concreto, huelga aclarar que Verónica del Socorro Alcocer García no se desempeña como empleada pública y, específicamente, no pertenece a la
carrera diplomática y consular ; por el contrario, su nombramiento como embajadora en misión especial se dio en calidad de particular de confianza del presidente de la
García no se desempeña como empleada pública y, específicamente, no pertenece a la carrera diplomática y consular ; por el contrario, su nombramiento como embajadora en misión especial se dio en calidad de particular de confianza del presidente de la República. Siendo así, no es dable afirmar que le es aplicable el régimen de derecho administrativo laboral que regula las situaciones administrativas de manera general, ni mucho menos la regulación particular del servicio exterior consagrada en el Decreto Ley 274 de 2000.
31. Finalmente, no se puede perder de vista que la naturaleza de nombramiento del acto administrativo demandado derivó, precisamente, en que la Sección Quinta de esta corporación ya haya resuelto dos (2) de las cuatro (4) cuestiones que han sido sometidas
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de junio de 2024, rad. núm. 11001-03-24-000-2018-00022-00 (3697 -2018). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Auto del 16 de septiembre de 2010 , rad. núm. 11001-03-06-000-2010-00099-00(C). C.P. Augusto Hernández Becerra. 5 Artículo 46. Definición. La comisión es la designación o la autorización al funcionario perteneciente a la Carrera Diplomática y Consular, para desempeñar transitoriamente cargos o para realizar actividades relacionadas directa o indirectamente con la Misión y las atribuciones de l Ministerio de Relaciones Exteriores o que tengan por finalidad el desempeño de responsabilidades diferentes a las que habitualmente le corresponderían al funcionario en desarrollo de sus funciones o en cumplimiento de las
relacionadas directa o indirectamente con la Misión y las atribuciones de l Ministerio de Relaciones Exteriores o que tengan por finalidad el desempeño de responsabilidades diferentes a las que habitualmente le corresponderían al funcionario en desarrollo de sus funciones o en cumplimiento de las tareas propias de la categoría a la que perteneciere dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular.7
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024) Demandante: Harold Eduardo Súa Montaña a conocimiento del Consejo de Estado en su calidad de autoridad judicial de segunda instancia en el marco de este proceso.
32. Por un lado, mediante auto del 24 de agosto de 2023 (rad. núm. 25000-23-41-0002023-00233-01), decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el tribunal el 2 de marzo de 2023, que había rechazado la demanda. En esta oportunidad, la Sección Quinta , en sala colegiada, resolvió avocar conocimiento del asunto, revocar la providencia y ordenar la admisión de la demanda.
33. Por otro lado, mediante auto del 24 de agosto de 2023 (rad. núm. 25000 -23-41000-2023-00233-02), se pronunció frente al recurso de apelación presentado nuevamente por la parte demandante contra el auto proferido por el tribunal el 13 de julio de 2023, con el cual había declarado terminado el proceso por abandono. Nuevamente la Sección Quinta, en sala colegiada, decidió revocar la providencia y ordenar oficiar a la parte demandada para que aportara determinada información de notificaciones.
la Sección Quinta, en sala colegiada, decidió revocar la providencia y ordenar oficiar a la parte demandada para que aportara determinada información de notificaciones.
34. Así las cosas, s e observa que la autoridad judicial de segunda instancia que ha conocido de los diversos recursos de apelación interpuestos por la parte demandante es la Sección Quinta de esta corporación , que en Sala colegiada se ha pronunciado sobre el presente asunto . En contraste, el auto que remitió el proceso a la Sección Segunda de esta corporación solo fue suscrito por la consejera sustanciadora del asunto en segunda instancia.
35. De lo expuesto, se colige que el Decreto No. 0035 del 12 de enero de 2023 constituye un acto administrativo de nombramiento enjuiciable por la vía jurisdiccional a través del medio de control de nulidad electoral porque, se reitera, materialmente en este acto se realiza el nombramiento de un particular para una misión diplomática especial .
Siendo así, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo No. 080 de 2019 suscrito por la Sala Plena del Consejo de Estado , el conocimiento del recurso de apelación de la referencia corresponde a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
36. Ahora bien, habida cuenta que la postura planteada se opone a lo manifestado en el auto del 31 de octubre de 2024 que remitió por competencia de la Sección Quinta a la Sección Segunda, este despacho se abstendrá de avocar conocimiento del recurso de apelación allegado y, en atención a l parágrafo del artículo 8 del Acuerdo No. 080 de 2019, ordenará remitir el expediente al presidente del Consejo de Estado para que
Sección Segunda, este despacho se abstendrá de avocar conocimiento del recurso de apelación allegado y, en atención a l parágrafo del artículo 8 del Acuerdo No. 080 de 2019, ordenará remitir el expediente al presidente del Consejo de Estado para que resuelva el conflicto de competencia negativo suscitado entre la Sección Quinta y la Sección Segunda de esta corporación.
En virtud de lo expuesto y en ejercicio de sus facultades legales, este Despacho
RESUELVE
PRIMERO. NO AVOCAR CONOCIMIENTO POR FALTA DE COMPETENCIA del recurso de apelación interpuesto por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República contra el auto del 24 de mayo de 2024 proferido por el Tribunal8
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00233-03 (6766-2024) Demandante: Harold Eduardo Súa Montaña Administrativo de Cundinamarca en el marco del expediente de la referencia, mediante el cual negó la solicitud de nulidad presentada por el mismo apelante.
SEGUNDO. Por Secretaría, REMITIR el expediente de la referencia al presidente del Consejo de Estado para que resuelva el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sección Segunda y la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
Consejero de Estado Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.