CE - Sentencia 05001233300020250018601

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 05001233300020250018601
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO

SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 05001-23-33-000-2025-00186-01

Demandante: CARLOS MARIO GARCÍA RESTREPO

Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO Y

OTROS

Tema: Revoca sentencia – Acto administrativo de carácter particular y subjetivo – falta de legitimación en la causa por activa - Improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia del 27 de marzo de 2025 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la falta de leg itimación por a ctiva del señor Carlos Mario García Restrepo.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Carlos Mario García Restrepo presentó demanda contra la Nación –

señor Carlos Mario García Restrepo.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Carlos Mario García Restrepo presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Secretaría Técnica del Consejo

Superior de la Carrera Notarial, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la señora Paulina Gómez González en calidad de Notaria Primera del Círcu lo de Envigado – Antioquia, el señor Wilmar Emilio David Jaramillo en calidad de Notario Tercero del Círculo de Envigado – Antioquia y se vinculó al presidente de la República, en la que formuló las siguientes pretensiones:

DE MANERA INMEDIATA cumplan y h agan cumplir ef ectivamente los siguientes ACTOS ADMINISTRATIVOS: Decreto 1106 de 4 de julio de 2023 del Ministerio de Justicia y del Derecho Resolución 07426 de 18 de julio de 2023, de la Superintendencia de Notariado y Registro Acta de Posesión de 24 de j ulio de 2023, efectuada en el despacho del Gobernador de Antioquia. Nombramiento, confirmación y posesión de Wilmar Emilio David Jaramillo como Notario Tercero del Círculo Notarial de Envigado.Demandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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Decreto 0202 de 20 de febrero de 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho Resolución 02059 de 29 de febrero de 2024, de la Superintendencia de Notariado y Registro Acta de Posesión de 06 de marzo de 2024, efectuada en el despacho del Gobernador de Antioquia. Nombramiento, confirmación y posesión de Paulina Gómez González como Notaria Primera del Círculo Notarial de Envigado.

Al Doctor WILMAR EMILIO DAVID JARAMILLO , identificado con la cédula de ciudadanía 98.496.545, PARA QUE EJERZA EFECTIVAMENTE el cargo para el que fue nombrado como NOTARI0 TERCERO DE ENVIGADO , mediante Decreto 1106 del 4 de JULIO de 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se hace un nombramiento en propiedad, de acuerdo con las disposiciones del numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, en el Círculo Notarial d e EnvigadoAntioquia; fue debidamente confirmado mediante RESOLUCIÓN 07426 DE 18 DE JULIO DE 2023, DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ACTA DE POSESIÓN DE 24 DE JULIO DE 2023, EFECTUADA EN EL DESPACHO

DEL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA.

A la Doctora PAULINA GÓMEZ G ONZÁLEZ, identificada con la cédula de

ACTA DE POSESIÓN DE 24 DE JULIO DE 2023, EFECTUADA EN EL DESPACHO

DEL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA.

A la Doctora PAULINA GÓMEZ G ONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 43.751.185, PARA QUE EJERZA EFECTIVAMENTE el cargo para la que fue nombrada como NOTARIA PRIMERA DE ENVIGADO , mediante Decreto 0202 del 20 de febrero de 2024, el Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se hace un nombramiento en propiedad, de acuerdo con las disposiciones del numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, en el Círculo Notarial de EnvigadoAntioquia; reconociendo el ejercicio del Derecho de Preferencia, f ue debidamente confirmada mediante NOTARIADO Y REGISTRO ACTA DE POSESIÓN DE 06 DE

MARZO DE 2024, EFECTUADA EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR DE

ANTIOQUIA 1.

2. Hechos

2. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

3. Mediante Decreto 1106 del 4 de ju lio de 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho nombró en propiedad como Notario Tercero de Envigado al señor Wilmar Emilio David Jaramillo, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 178 del Decreto 960 de 1970. Luego, fue confirmado mediante Resolución N .° 07426 del 18 de julio de 2023 de la Superintendencia de Notariado y Registro y posesionado el 24 de julio de 2023, según acta del despacho del gobernador de Antioquia.

Resolución N .° 07426 del 18 de julio de 2023 de la Superintendencia de Notariado y Registro y posesionado el 24 de julio de 2023, según acta del despacho del gobernador de Antioquia.

4. Por su parte, a través del Decreto 0202 del 20 de febrero d e 2024 el mencionado ministerio nombró en propiedad como Notaria Primera de Envigado a la señora Paulina Gómez González. En la Resolución N .° 02059 del 29 de febrero de 2024 de la Superintendencia de Notariado y Registro, fue confirmada y posesionada el 6 de marzo de 2024.

5. Afirmó que, como consecuencia de la negligencia del presidente de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la

Carrera Notarial no se ha realiz ado la entrega de las Notarías Primera y Tercera del Círculo de Envigado, pues no se ha hecho uso de las figuras legales disponibles para cubrir la vacante de Notario 31 de Medellín, esto es,

1 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.Demandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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las dispuestas en el numeral 2 y 3 del artículo 2 .2.6.1.5.2.3 de l Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, notaría que incluso se encuentra

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las dispuestas en el numeral 2 y 3 del artículo 2 .2.6.1.5.2.3 de l Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, notaría que incluso se encuentra ocupada por Paulina Gómez González.

6. Sostuvo que los actos administrativos antes mencionados , contienen una obligación clara, expresa y exigible en cabeza de los requeridos par a que ejerzan los cargos allí mencionados y no existe ninguna excusa o eximente para que las autoridades mencionadas en el epígrafe precedente les impida materializarlos y cumplir con lo dispuesto en los artículos 122 y 209 d el Constitución Política. Lo an terior, pues se cuenta con las personas idóneas que han superado el concurso de mérito s y en atención al principio de confianza legítima.

7. Adujo que , en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantiza r la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones ; además, que la actividad notarial es un servicio

público y que el encargado de la administración de la carrera notarial es el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

8. Finalmente, indicó que el procedimiento de entrega y recibo de las notarías se encuentra establecido en la Instr ucción Administrativa N.° 03 del 23 de mayo de 2008, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual dispone un procedimiento de empalme.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia2

9. Mediante auto del 28 de febrero de 202 5 el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó la notificación a la Nación – Ministerio

3. Trámite de la solicitud en primera instancia2

9. Mediante auto del 28 de febrero de 202 5 el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó la notificación a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la

Carrera Notarial, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la señora Paulina Gómez González en Calidad de notaria primera del Círculo de Envigado – Antioquia, el señor Wilmar Emilio Da vid Jaramillo en calidad de notario tercero del Círculo de Envigado – Antioquia y como vinculado al presidente de la República.

4. Contestación de la demanda

4.1. Ministerio de Justicia y del Derecho

10. En su contestación, ale gó la inexistencia de un mandato imperativo por cumplir, dado que corresponde la entrega de notarías a la Superintendencia delegada para el Notario de la Superintendencia de Notariado y Registro.

2 El proceso fue repartido al Juzgado Veintisiete Administrativo Oral del Circuit o de Medellín que, en auto del 20 de febrero de 2025, declaró la falta de competencia por ser las entidades demandadas autoridades del nivel nacional, y remitió las diligencias al Tribunal Administrativo de Antioquia.Demandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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11. Indicó que no se ha recibido el acto de la Superintend encia de designación de Notario 31 de Medellín.

4.2. Wilmar Emilio David Jaramillo

12. Solicitó que se decida favorablemente la presente acción, por cuanto ha hecho uso de diferentes mecanismos previstos en la ley, sin que se tenga un resultado positivo.

13. Recientemente elevó derecho de peti ción al presidente de la República para que efectuara nombramiento en la Notaría 31 de Medellín, dado que la Superintendencia de Notariado y Registro está haciendo uso de una figura denominada escalera, la cual carece de consagración legal.

14. Informó que la Superintendencia de Notariado y Registro en respuesta a derecho de petición, se excusa en que la designación del Notario 3 1 en mención corresponde al presidente de la República como nominador natural.

15. Concluyó al indicar que no podrá ocupar el ca rgo para el cual fue nombrado, dado que el presidente no remite hoja de vida a la citada Superintendencia para el concepto previo y tampoco permite que el alcalde de Medellín nombre a dicho notario, dada la vacancia existente.

4.3. Presidente de la República

16. El apoderado se op uso a la prosperidad de las pretensiones en relación con el presidente de la República, toda vez que no tiene competencia para atender a las pretensiones formuladas.

17. Sostuvo que la inconformidad del demandant e se refiere a la ausencia

con el presidente de la República, toda vez que no tiene competencia para atender a las pretensiones formuladas.

17. Sostuvo que la inconformidad del demandant e se refiere a la ausencia de nombramiento en propiedad el Notario 31 de Medellín, designación que se encuentra por fuera de la naturaleza de este proceso.

18. Indicó que no hay norma que le imponga al presidente nombrar el notario en comento y, por ello, no se ha vulne rado ningún mandato por los demandados.

19. Finalmente, planteó la imposibilidad de que dos notarios ejerzan el cargo para el cual fueron nombrados, sin que exista el nombramiento del N otario 31 de Medellín.

4.4. Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de Carrera Notarial

20. Sostuvo que la acción resultaba improcedente, dada la falta de legitimación para presentar la constitución en renuencia o la demostración de un perjuicio irremediable y; que los actos señalados en la demanda no contienen un mandato imperativo, inobjetable y expreso.Demandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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21. En cuanto a la falta de legitimación para consti tuir en renuencia, expresó que el demandante no tiene interés particular r especto de los actos administrativos señalados, al tra tarse de actos particulares y que , tampoco

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21. En cuanto a la falta de legitimación para consti tuir en renuencia, expresó que el demandante no tiene interés particular r especto de los actos administrativos señalados, al tra tarse de actos particulares y que , tampoco se demuestra la calidad de apoderado de Paulina Gómez González y Wilmar

Emilio David Jaramillo.

22. Respecto de los actos administrativos cuyo cumplimiento s olicitó, aclaró que las actas de posesión no son actos administrativos y no corresponden a decisiones de la Administración.

23. Los actos administrativos de nombramiento y los de co nfirmación se encuentran ejecutoriados y e incluso dichas personas se encu entran posesionadas; por tanto, no se está incumpliend o por los deman dados ningún deber u obligación y, contrario a esto, los actos administrativos fueron cumplidos.

24. A continuación, se refirió a la competencia del Consejo Superior de

Carrera Notarial para administrar la carrera notarial y alud ió al derecho de preferencia establecido en el artículo 178 de la Ley 960 de 1970, conforme al cual, según la sesión del 19 de octubre de 2022, adelantaba el procedimiento operativo para que este derecho pudiera ejercerse por los notarios en carrera y que las notarí as vacantes fue ran provistas en propiedad.

25. En relación con el caso de la Notaría 31 de Medellín, relat ó que el Gobierno nacional postuló a la señora Rosa del Carmen Lemos Lozano

(Notaria 2 de Quibdó), y en sesiones del 13, 14 y 15 de marzo de 2024, se decidió sugerir al Gobierno Nacional el nombramiento de esta en interinidad en algunas de las notarías vacantes.

(Notaria 2 de Quibdó), y en sesiones del 13, 14 y 15 de marzo de 2024, se decidió sugerir al Gobierno Nacional el nombramiento de esta en interinidad en algunas de las notarías vacantes.

26. Posteriormente, el 6 y 10 de diciembre de 2024 , la Dirección de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro comunicó a la se ñora Lemos Lozano que el presidente la República la postuló para designarla en interinidad en la Notaría 31 del C írculo de Medellín. A continuación, el 20 de diciembre de 2024 la señora Lemos Lozano declinó de la postulación.

27. Seguidamente, el 25 de f ebrero de 2025 la Dirección de Administración Notario remitió correo informando al señor Iván Darío Agudelo Zapata que el nominador natural lo postuló e n interinidad en la Notarí a 31 del Círculo Notarial de Medellín y en la actualidad se enc uentra en etapa de envío del proyecto de decreto de nombramiento en interinidad para la revisión y aprobación del Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República. Por lo anterior, concluye que se están realizando las actuaciones necesarias para suplir la vacante de la Notaría 31 de Medellín.

28. Adicionalmente, cuestion ó que en la demanda no se indican actos administrativos que impliquen un deber de cumplimien to, al contrario, elDemandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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artículo 150 del Decreto 960 de 1970 establece la obligación de permanencia del notario hasta que llegue quien lo reemplaza

5. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 27 de marzo de 2025, declaró la falta de legitimación en la causa por activa.

16. El tribunal consideró:

En ese orden de ideas, solo hay una conclusión plausible a la cual arribar por parte de esta Sala y es que en el presente asunto al fungir en calidad de demandante Carlos Mario Garcí a Restrepo, quien no corresponde a las personas nombradas y pos esionadas, no e staba habilitado para agotar el requisito de procedibilidad a efectos de demandar en acción de cumplimiento el cual corresponde a la constitución en renuencia y, en todo, caso qu e carece a todas luces de legitimación en la causa por activa p ara interponer la acción de cumplimiento.

Sumado a lo indicado, si bien quien actúa como demandante en este proceso es abogado, lo cierto es que no obra en representa ción de las personas que fueron nombradas en los mencionados actos administrativos, pues de una parte no lo manifestó y, de otra, tampoco aportó poder que lo facultara para incoar la presente acción en representación de las mencionadas personas.

Los anteriores planteamientos permi ten colegir sin atisbo de duda que nos

no lo manifestó y, de otra, tampoco aportó poder que lo facultara para incoar la presente acción en representación de las mencionadas personas.

Los anteriores planteamientos permi ten colegir sin atisbo de duda que nos encontramos ante un even to de falta de legitimación en la causa por activa, dado que las personas involucradas no fueron quienes formularon la demanda y quien presenta la acción de cumplimien to no obra facultado media nte poder en representación de estas, aspecto en el que se iter a al tratarse d e intereses individuales como se dilucidó previamente, no es aplicable la regla atinente a que cualquier persona se encuentra legitimada para demandar.

Visto lo anterior, estim a oportuno la Sala señalar que el hecho de que el señor Wilmar Emilio David Ja ramillo, quien fue uno de los nombrados en los actos administrativos cuyo cumplimiento se peticiona, presentó escrito de contestación de la demanda y se ñala que el presente medio de control debe prosperar, en nada desvirtúa que no confirió p oder para prese ntar la actual demanda y no agotó el requisito de constitución en renuencia. Aunado a las anteriores afirmaciones, ha de advertirse que la contestación efectuada por la mencionada persona, atiende al hecho de que actúa en este proceso en calidad de demandado y no al ejercicio del derecho de acción.

17. Sin embargo, y con la finalidad de privilegiar el derecho de acceso a la administración de justicia analizó la existencia o no de un mandato imperativo e inobjetable de los actos señalados com o incumplidos y concluyó

que:

Al punto, es imperioso señalar que los actos administrativos aducidos como incumplidos no contiene un mandado imperativo, claro y expreso dirigido a las

imperativo e inobjetable de los actos señalados com o incumplidos y concluyó que:

Al punto, es imperioso señalar que los actos administrativos aducidos como incumplidos no contiene un mandado imperativo, claro y expreso dirigido a las autoridades involucradas en el presente proceso que les imponga la reali zación de alguna conducta como lo quiere hacer notar la parte activa.

Más allá de que no se consagró un mandato con las condiciones antes referidas, es el hecho de qu e no consagró una orden y/ o un deber a cargo de dichas autoridades, contrario a como lo entiende la parte accionante.Demandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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(…)

La posesión en los términos plasmados por la jurisprudencia, corresponde a una solemnidad y consiste en aquella diligencia en la cual el nombrado presta el juramento ante la autoridad competente. Adicionalmente, no es un a cto administrativo, por cuanto no implica y no contiene una decisión de la entidad de la Administración o, dicho de otro modo, no es la manifestación de voluntad de la Administración.

En lo t érminos previamente referenciados, es diáfano que los actos administrativos cuy o cumplimiento se reclama no contienen un mandato imperativo y expreso y, de otro lado, que las actas de posesión no ostentan la naturaleza jurídica de actos administrativos, po r lo que ni siquiera pueden ser

administrativos cuy o cumplimiento se reclama no contienen un mandato imperativo y expreso y, de otro lado, que las actas de posesión no ostentan la naturaleza jurídica de actos administrativos, po r lo que ni siquiera pueden ser objeto de la presente acción de cumplimiento.

18. Sin embargo, en la parte resolutiva de la sentencia, únicamente se refirió a la falta de legitimación en la causa por activa.

6. La impugnación3

19. La parte actora inconforme con la sentencia de primea instancia, impugnó la decisión . Sostuvo que, el Tribunal está asimilando un acto administrativo de carácter particular con los actos administrativos condición, que están sujetos a la verificación de unos presupuestos legale s que conducen a formalizar el nombramiento y a completar la inve stidura del servidor, para que cumpla una función y ejecute sus competencias.

20. Afirmó que, el acto administrativo condición es aquel que atribuye al individuo una situación general o impe rsonal, y es por ello, que también se denominan actos regla.

21. Como consecuencia, sostuvo que la confusión que crea la sentencia de primera instancia conlleva la decisión no ajustada al ordenamiento jurídico, toda vez que el acto regla es general, i mpersonal y abstracto y tiene como beneficiarios y destinatarios la a dministración pública, que , para este caso, es la prestación del servicio público notarial, sino también los usuarios de los servicios notariales.

22. Finalmente, afirmó tener legitimaci ón en la causa por activa, en atención a la respuesta que otorgó el s eñor Wilmar Emi lio David Jaramillo , lo cual

servicios notariales.

22. Finalmente, afirmó tener legitimaci ón en la causa por activa, en atención a la respuesta que otorgó el s eñor Wilmar Emi lio David Jaramillo , lo cual constituye un otorgamiento tácito de poder en su favor.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

23. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la sentencia del 27 de marzo de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de

3 La sentencia del 27 de marzo de 2025 fue notificada por medios electrónicos el 28 de marzo de 2025 y el actor radicó el escrito de impugnación el 2 de abril de 2025, término que se encuentra oportuno.Demandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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Antioquia, según lo dispuesto en los artículos 150 4 y 152 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el ar tículo trece del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado6.

2. Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoc a o modifica la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 27 de marzo de 2025, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa,

24. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoc a o modifica la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 27 de marzo de 2025, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con los argumentos expuesto por la parte actora en el escrito de impugnación.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

25. La acción de cumplimiento bus ca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las n ormas de rango legal y en los actos administrativos.

26. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se debe n cumplir varios req uisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y prec isado que son l os

siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimien to. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» c aso en el cual corre sponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditació n de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,

4 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medi o de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 5 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 6 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las provid encias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.Demandantes: Carlos Mario García Restrepo Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro Rad: 05001-23-33-000-2025-00186-01

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circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no

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circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a l a Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o i v], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

27. Finalmente, si los anteriores p resupuestos se encue ntran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo de l asunto corres ponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposici ón/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

28. En el artícu lo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir la r enuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en s u incumplimiento o no

constituir la r enuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en s u incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a l a presentación de la solicitud […]».

29. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal senti do no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7.

30. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado el requisito d e procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la sol icitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia»8.

31. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la negativa de l accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del ciudadano9.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 8 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019. 9 Sobre el particular pueden cons ultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de dic iembre de 2015,

9 Sobre el particular pueden cons ultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de dic iembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette

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