CE - Sentencia 08001233300020140071902
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 08001233300020140071902
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
Actor: Empresa Comercializadora Internacional SOLOGANADO
S.A.S.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Responsabilidad del Estado por daños causados por orden de incautación irregular, pérdida y deterioro de bienes incautados - ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN – la apelante solo cuestiona la declaratoria de caducidad, sin controvertir la decisión del a quo en cuanto negó las pretensiones frente a los reproches por la anotación de la medida de abstención de trámite por hurto - CADUCIDAD DE LA ACCIÓN POR LOS DAÑOS CAUSADOS CON UNA MEDIDA DE INCAUTACIÓN IRREGULAR QUE DA LUGAR A LA INMOVILIZACIÓN, PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES – el término de caducidad inicia a partir del momento en que se cumple la orden definitiva de devolución de bienes, oportunidad en la cual se entiende conocido el daño , siendo el momento en que el afectado puede percatarse de las afectaciones que aquéllos presentan y las irregularidades que supuso la actuación que se reprocha.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que declaró la caducidad y negó las pre tensiones de la
presentan y las irregularidades que supuso la actuación que se reprocha.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que declaró la caducidad y negó las pre tensiones de la demanda.
Se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por la incautación de unos bienes, así como por no cancelar la anotación de “abstención de trámite por hurto” que pesaba sobre algunos de ellos.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 20 de febrero de 2024, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la caducidad y negó las pretensiones de la demanda presentada el 29 de julio de 2014, por la Comercializadora Internacional SOLOGANADO SAS 1, en contra d e la Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección Administrativa de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. En el trámite de primera instancia fueron vinculados el departamento de Cun dinamarca2 y la
1 Quien actuó por conducto de su representante legal, según el respectivo certificado de existe ncia y representación legal anexo a la demanda (índice 4 del expediente digitalizado) 2 El a quo la vinculó en representación de la Dirección de Tránsito y Transporte de Cundinamarca (auto del 20 de agosto de 2019, índice 55 del expediente digitalizado).Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
Actor: SOLOGANADO SAS.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
2
Actor: SOLOGANADO SAS.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
2 Unión Temporal Servicios Integrados Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca SIETT Cundinamarca3.
2. Las pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal fueron, los siguientes.
Pretensiones
3. Reclamó la demandante la declaración de responsabilidad patrimonial y la consecuente indemnización de perjuicios estimados en $2.000’000.000 por daños inmateriales y $6.000’000.000 por daños materiales4.
Hechos
4. Se narró que el 10 de octubre de 2010, la Policía Nacional, Unidad SIJIN, Grupo Patrimonio Económico, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Primera de Zipaquirá (Cundinamarca), practicó una diligencia de allanamiento y
registro en el inmueble ubicado en la calle 113 # 36 B -14 de Barranquilla, por suponer que en su interior se localizaban bienes hurtados . En la diligencia se incautaron bienes de propiedad de la sociedad actora (maquinaria, vehículos y equipos).
5. El 11 de octubre siguiente, por solicitud de la Fiscalía 23 URI de Barranquilla, el Juzgado 13 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla5 impartió control de legalidad a la diligencia de allanamiento y registro.
6. El 2 de diciembre de 2010, el J uzgado 12 Penal con Función de Control de Garantías de Barranquilla declaró la ilegalidad del procedimiento; como
impartió control de legalidad a la diligencia de allanamiento y registro.
6. El 2 de diciembre de 2010, el J uzgado 12 Penal con Función de Control de Garantías de Barranquilla declaró la ilegalidad del procedimiento; como consecuencia, dejó sin valor la actuación y tras hallar demostrado que los elementos materiales incautados eran lícitos, a través de oficio 0023 de 13 de enero de 2011, ordenó a la Policía Nacional su búsqueda y devolución, asimismo, dispuso la cancelación de las anotaciones registradas sobre los vehículos. La decisión fue recurrida por la Fiscalía y confirmada el 20 de enero de 2011 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla con Función de Conocimiento.
7. El 13 de enero de 2011 se llevó a cabo la diligencia de entrega de bienes incautados, a la cual concurrieron el apoderado de la sociedad actora y funcionarios del grupo de automotores de la Policía Metropolitana de Barranquilla; sin embargo, los bienes no fueron devueltos en su totalidad, pues solo se entregaron tres (3) de las seis (6) retroexcavadoras incautadas, al paso que los bienes devueltos se encontraban deteriorados.
3 En auto del 28 de octubre 2015 (índice 21 del expediente digitalizado), el a quo la vinculó como litisconsorte necesario, dada la celebración del contrato de concesión suscrito con el Departamento de Cundinamarca. 4 A título de indemnización solicitó el pago de $3.000’000.000 por el daño emergente derivado de la pérdida y deterioro de la maquinaria de su propiedad; misma cantidad, por concepto de lucro cesante consistente en las
4 A título de indemnización solicitó el pago de $3.000’000.000 por el daño emergente derivado de la pérdida y deterioro de la maquinaria de su propiedad; misma cantidad, por concepto de lucro cesante consistente en las sumas que dejó de percibir por la falta de explotación económica de las máquinas y vehículos. A la par, solicitó el pago de $2.000’000.000 por “los daños morales por los perjuicios a la vida de relación”. En este acápite solicitó que se ordene la búsqueda y entrega de las tres (3) retroexcavadoras extraviadas y se cumpla la orden desanotar la abstención de trámite por hurto que permanecía aun registrada de los automotores de placas SOP 322, SOP 319 y SOP 317. 5 Proceso seguido bajo la radicación 2010-05787-00 por el delito de receptación.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
Actor: SOLOGANADO SAS.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
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8. El 12 de marzo de 2014, la demandante solicitó al Juzgado 12 penal de Barranquilla oficiar al Registro Nacional de Automotores para que realizara la “desanotación de abstención de trámite por hurto” que pesaba sobre el vehículo de placas SOP 322 ; igual solicitud que radicó el 19 de marzo siguiente ante el Departamento Administrativo de Tránsito de Cundinamarca. El 8 de abril de 2014, solicitó al mismo juzgado la desanotación que aún pesaba sobre tres (3) retroexcavadoras y (4) camiones de su propiedad.
Departamento Administrativo de Tránsito de Cundinamarca. El 8 de abril de 2014, solicitó al mismo juzgado la desanotación que aún pesaba sobre tres (3) retroexcavadoras y (4) camiones de su propiedad.
9. El 4 de junio de 2014, la actora solicitó a la Policía información sobre las gestiones tendientes a ubicar los bienes no entregados; en respuesta, la entidad indicó que desconocía el paradero de la maquinaria extraviada.
Fundamentos de derecho
10. La sociedad demandante le atribuyó responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y Policía Nacional por cuenta de los daños causados como consecuencia de la pérdida y deterioro de bienes que fueron aprehendidos durante la diligencia de allanamiento y registro les reprochó una falla del servicio , por: (i) emitir una orden de allanamiento e inmovilización sin fundamento y sin competencia por parte del funcionario que la dictó; (ii) impartir control de legalidad sobre un procedimiento abiertamente ilegal, como lo declaró el Juzgado 12 Penal de Barranquilla; (iii) la pérdida de los bienes; (iv) el deterioro de los devueltos. Al paso que le reprochó a la autoridad de tránsito la anotación de “abstención de trámite por hurto” que pesaba sobre algunos vehículos6.
La defensa
11. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones. Dijo que actuó en cumplimiento de sus funciones mediando orden de allanamiento y registro. Propuso la excepción de caducidad, pues la orden de devolución de elementos incautados
11. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones. Dijo que actuó en cumplimiento de sus funciones mediando orden de allanamiento y registro. Propuso la excepción de caducidad, pues la orden de devolución de elementos incautados quedó ejecutoriada el 20 de enero de 2011, al paso que la diligencia de entrega ya se había realizado el 13 de enero de ese mismo año; sin embargo, como la solicitud de conciliación y la demanda se presentaron el 14 de abril y el 29 de junio de 2014, respectivamente, para esos momentos había fenecido el término para el ejercicio oportuno de la acción7.
12. La Rama Judicial alegó que el daño por la pérdida o deterioro de bienes incautados no le resultaba imputable, en tanto que no era la autoridad encarga da de custodiarlos o devolverlos. Agregó que el daño no devino del control de legalidad que se impartió al procedimiento de allanamiento y registro , sino de la pérdida y deterioro de los bienes incautados.
13. La Policía Nacional dijo que la inmovilización se dio en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad competente y que procedió a la entrega de los bienes
6 Índice 3 del expediente digitalizado. 7 Índice 14 del expediente digitalizado.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
Actor: SOLOGANADO SAS.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
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4 como lo ordenó el Juzgado 12 Penal en oficio del 13 de enero de 2011. Propuso la excepción de caducidad, puesto que la maquinaria inmovilizada fue dev uelta en
Referencia: Reparación directa
4 como lo ordenó el Juzgado 12 Penal en oficio del 13 de enero de 2011. Propuso la excepción de caducidad, puesto que la maquinaria inmovilizada fue dev uelta en diligencia del 13 de enero de 2011 y la demanda se presentó el 29 de octubre de 20148.
14. El Departamento de Cundinamarca, vinculado en virtud de la representación que ostentaba respecto de la Dirección Administrativa de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, se opuso a las pretensiones, pues ninguna actuación suya determinó el daño y solicitó vincular como litisconsorte necesario a la Unión Temporal Servicios Integrados y Especializados de Trán sito y Transporte de Cundinamarca SIETT Cundinamarca , dado el vínculo contractual respecto de los trámites de tránsito que esa entidad desarrollaba en razón del contrato suscrito entre ambas9.
15. La Unión Temporal Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca SIETT Cundinamarca sostuvo que ninguna actuación suya determinó el daño reclamado por la incautación e inmovilización de bienes.
Etapa probatoria y alegaciones
16. Al concluir la etapa probatoria10 y de alegaciones, la demandante insistió en las acusaciones de la demandada y las demandadas en sus argumentos de defensa.
El Ministerio Público guardó silencio.
La decisión del Tribunal
17. En sentencia del 20 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la caducidad de algunas de las pretensiones y negó las demás.
El Ministerio Público guardó silencio.
La decisión del Tribunal
17. En sentencia del 20 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la caducidad de algunas de las pretensiones y negó las demás.
18. Analizó la demanda para diferenciar las imputaciones dirigidas en contra de: (i) la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, por la inmovilización e incautación de vehículos, maquinaria y equipos de la demandante, así como la pérdida y deterioro de bienes incautados; y, (ii) las autoridades de tránsito por la omisión de cancelar la medida de “abstención de trámite por hurto” que pesaba sobre los vehículos. Y partir de ell o hizo un conteo distinto de la caducidad.
19. Frente a los reproches por la orden de allanamiento y registro estimó que el análisis de caducidad debía emprenderse desde la óptica del error judicial,
8 Índice 15 del expediente digitalizado. 9 En auto del 28 de octubre 2015 (índice 21 del expediente digitalizado), el a quo la vinculó como litisconsorte necesario, dada la celebración del contrato de concesión suscrito con el Departamento de Cundinamarca. 10 En audiencia del 24 de septiembre de 2019, el a quo se pronunció sobre las pruebas solicitadas por las partes; así: DEMANDANTE: 1. Incorporó los documentos aportados con la demanda (copias de las diligencias que se adelantaron en virtud de la diligencia de a llanamiento y registro practicado el 10 de octubre de 2010 y de las
así: DEMANDANTE: 1. Incorporó los documentos aportados con la demanda (copias de las diligencias que se adelantaron en virtud de la diligencia de a llanamiento y registro practicado el 10 de octubre de 2010 y de las decisiones proferidas en el marco de la actuación penal adelantada bajo la radicación 2010-05787 por el delito de receptación. 2. Decretó la práctica del testimonio del señor Juan Mario Pava Gómez. 3. Decretó dictamen pericial a fin de establecer perjuicios. DEMANDADA: Policía Nacional. Decretó la práctica de los testimonios de los señores Jhon Jairo Parra y Luis Peña. Unión Temporal Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca SIETT Cundinamarca . Decretó el interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad demandante. Rama Judicial. Ofició al SIETT Regional Soacha para que informara trámites relacionados con los vehículos de la demandante.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
Actor: SOLOGANADO SAS.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
5 escenario en el que operó ese fenómeno, pues la diligencia de allanamiento se llevó a cabo el 10 de octubre de 2010, al paso que la decisión de la Fiscalía que la ordenó, así como la decisión que le impartió control de legalidad fueron del 9 y 11 de octubre del mismo año; de manera que entre esas fechas y la presentación de la solicitud de conciliación y la demanda -11 de abril y 29 de julio de 2014-, trascurrieron más de los dos (2) años previstos en el artículo 164 del CPACA .
de octubre del mismo año; de manera que entre esas fechas y la presentación de la solicitud de conciliación y la demanda -11 de abril y 29 de julio de 2014-, trascurrieron más de los dos (2) años previstos en el artículo 164 del CPACA . Respecto al extravío y deterioro de bienes incautados, concluyó que la acción también caducó, por cuanto la diligencia de entrega de bienes incautados como resultado de la declaratoria de ilegalidad del procedimiento de allanamiento se llevó a cabo el 13 de enero de 2011, esto es cuando se había superado el término bienal para el ejercicio oportuno del medio de control.
20. Frente a la segunda imputación, consideró que la demanda se presentó en tiempo. Explicó que la parte actora tuvo conocimiento del daño causado por la omisión de desanotar la medida de “abstención de trámite por hurto” , el 1º de noviembre de 2013 cuando, se gún lo probado, la Dirección de Tránsito de Cundinamarca le informó que el vehículo de placas SOP 322 registraba esa anotación; así, como desde esa fecha y hasta la solicitud de conciliación y presentación de la demanda no había trascurrido el término bienal, la demanda fue oportuna; sin embargo, al analizar de fondo la pretensión, sostuvo que el daño se tornaba incierto.
21. Argumentó que en la demanda el actor no alegó un daño particular y concreto por cuenta de la anotación que pesaba sobre sus bienes y pe se a que la prueba evidenció que el SIETT, en oficio del 1° de noviembre de 2013, rechazó la solicitud
por cuenta de la anotación que pesaba sobre sus bienes y pe se a que la prueba evidenció que el SIETT, en oficio del 1° de noviembre de 2013, rechazó la solicitud de traspaso del vehículo SOP 322 por abstención de trámite por hurto, la actora no identificó ese hecho como fuente de un daño indemnizable; más allá, se pudo establecer que respecto de ese automotor la parte demandante pudo realizar el traspaso el 15 de abril de 2014 a la señora Ligia Patricia Rodríguez, quien para esa fecha registraba como propietaria. Sobre esta línea, negó las pretensiones formuladas11.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
22. La parte actora recurrió la decisión del a quo exclusivamente en cuanto a la declaratoria de caducidad , la cual se dispuso respecto de las imputaciones formuladas contra la Fiscalía, Rama Judicial y Policía Nacional y, en consecuencia, solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda. Alegó que ese aspecto solo fue definido al momento de dictar sentencia, por lo que se debió analizar la totalidad del material probatorio para establecer cuándo se tuvo conoci miento cierto del daño.
23. Sostuvo que el 10 de octubre de 2010 se llevó a cabo la diligencia de allanamiento, oportunidad en la que fueron incautados ilegalmente bienes de propiedad de la demandante, que el 2 de diciembre siguiente el Juzgado 12 Penal Municipal declaró la ilegalidad del procedimiento y que el 13 de enero de 2011 se materializó la diligencia de entrega de bienes incautados, pero solo hasta el 12 de
Municipal declaró la ilegalidad del procedimiento y que el 13 de enero de 2011 se materializó la diligencia de entrega de bienes incautados, pero solo hasta el 12 de
11 Índice 97 del expediente digitalizado.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
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6 marzo de 2014 conoció los daños causados con el procedimiento irregular y la consecuente inmovilización cuando le solicitó a ese Juzgado que le comunicara a la autoridad de tránsito el levantamiento de las anotaciones que afectaban los bienes.
24. Señaló que la demandante creyó que con el acta de entrega de bienes de 13 de enero de 2011 se había resuelto cualquier daño causado por e l procedimiento irregular, pero solo hasta el 12 de marzo de 2014 culminó todo el proceso judicial y se percató de las afectaciones sobre sus bienes; por tanto, desde ese momento inició el cómputo de la caducidad, siendo claro que no feneció la oportunidad para demandar.
25. Finalmente, sin ahondar en mayores explicaciones, sostuvo que hasta el 12 de marzo de 2014 los vehículos no se podían movilizar , por cuanto sobre ellos aún pesaban anotaciones12.
26. En esta instancia no hubo intervenciones de las partes.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
27. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso propuesto.
28. Como las razones del recurso de apelación se centraron en cuestionar la
27. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso propuesto.
28. Como las razones del recurso de apelación se centraron en cuestionar la declaratoria de caducidad del a quo frente a los daños causados por el procedimiento irregular de incautación, la inmovilización, pérdida y deterioro de los bienes incautados, el marco de competencia de esta instancia se limitará a definir solo ese específico aspecto.
29. Así, no será objeto de análisis la decisión que negó las pretensiones por los daños derivados de la anotación por “abstención de trámite por hurto” y que se le reprochó a la autoridad de tránsito , pues no fue cuestionada en el recurso de apelación.
30. En el recurso la parte actora fijó el inicio del cómputo de la caducidad para el momento en que solicitó la cancelación de la anotación de abstención de trámite por hurto, pero tal argumento no habilita el análisis de las imputaciones formuladas a la autoridad de tránsito por cuenta de la omisión en esa cancelación, en tanto que las razones del a quo para negar de fondo esas pretensiones se centraron en considerar la inexistencia de un daño antijurídico cierto indemnizable, lo cual no fue objeto de reproche.
31. Definido lo anterior, se parte por considerar que cuando se dis cute la responsabilidad del Estado por cuenta de una medida de incautación irregular, la pérdida o deterioro de bienes incautados, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que el término de caducidad inicia a partir del momento en que se
responsabilidad del Estado por cuenta de una medida de incautación irregular, la pérdida o deterioro de bienes incautados, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que el término de caducidad inicia a partir del momento en que se cumple la orden definitiva de devolución de bienes, oportunidad en la cual se
12 Índice 99 del expediente digitalizado.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
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7 entiende conocido el daño, siendo el momento en que el afectado puede percatarse de las afectaciones que aquéllos pr esentan y las irregularidades que supuso la actuación que se reprocha13.
32. También ha razonado que, si en el marco de una actuación penal se dispuso la entrega provisional de bienes incautados , pero el proceso sigue su curso, el cómputo de la caducidad solo inicia a partir de la materialización de la orden de entrega definitiva del bien, pues se entiende que desde allí el afectado tuvo conocimiento pleno y cierto del daño antijurídico que reclama indemnizable por cuenta de la pérdida o deterioro de dichos bienes14.
33. Al descender al caso concreto, se encuentra acreditado que en audiencia del 11 de octubre de 2010, por solicitud de la Fiscalía 23 Local URI, el Juzgado 13 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla impartió control de legalidad a la orden de allanamiento y registro emitida el 9 de octubre de 2010, la cual había sido materializada el 10 de octubre siguiente por miembros de la Policía
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla impartió control de legalidad a la orden de allanamiento y registro emitida el 9 de octubre de 2010, la cual había sido materializada el 10 de octubre siguiente por miembros de la Policía Judicial, Grupo de Automotores SIJIN MEBAR, en el inmueble ubicado en la calle 113 # 36B14 del Barrio La Pradera de Barranquilla, por la posible comisión del delito de receptación, diligencia en la cual se hallaron varios automotores que fueron inmovilizados.
34. Posteriormente, en audiencia del 2 de diciembre de 2010, en la cual participó el apoderado de la hoy demandante en calidad de víctima, el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla resolvió la solicitud de ilegalidad de la diligencia de allanamiento y registro y devolución de maquinaria incautada a terceros de buena fe.
35. El referido Juzgado consideró que la orden de allanamiento y su aval judicial se enmarcaron en vicios que afectaron el debido proceso y que , además, estaba demostrado el o rigen lícito de los elementos incautados. Por lo anterior dejó sin valor la actuación y ordenó a la Policía Nacional 15 que procediera a la búsqueda de los bienes incautados y que en el evento de que se hubiera cometido el delito de hurto sobre los mismos , compulsara las copias para las investigaciones correspondientes. Asimismo, dejó sin efecto cualquier decisión en torno a los bienes incautados, dada su procedencia lícita o legal.
36. La decisión fue recurrida por la Fiscalía, por lo que se concedió el recurso en el
correspondientes. Asimismo, dejó sin efecto cualquier decisión en torno a los bienes incautados, dada su procedencia lícita o legal.
36. La decisión fue recurrida por la Fiscalía, por lo que se concedió el recurso en el efecto devolutivo. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento dispuso su confirmación el 20 de enero de 2011.
37. Dado el efecto devolutivo del recurso interpuesto, en oficio del 13 de enero de 2011, el Juzgado 12 Penal Munic ipal con Función de Control de Garantías de
13 En esta línea: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 27 de febrero y 11 de noviembre de 2012, 21 de enero y 28 de mayo de 2015, 14 de noviembre de 2016, 23 de mayo de 2023 y 5 de febrero de 2024 (expedientes 22.205, 24.203, 51.643, 30.607, 37.354, 53.267 y 65.216). Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2023 (expediente: 47.159). 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024 (expediente: 65.216) 15 Para esos efectos, en oficio del 3 de diciembre de 2010, le ordenó la búsqueda y captura de los siguientes bienes: Retroexcavadoras con números de chasis: YCOSU 1975, YCOSU 1997, YCOSU 2160, YC8U 1998 y
YCO8U2018 y los vehículos tipo camión de placas SOP 327, SOP 330, SOP 318, SOP 319, SOP 317 y SOP 322.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
Actor: SOLOGANADO SAS.
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Referencia: Reparación directa
8 Barranquilla ordenó la entrega definitiva y desafectación de la maquinaria pesada que había sido incautada, es decir, de 6 retroexcavadoras marca Kovelco modelo 200816 y de 5 vehículos tipo camión, marca Chevrolet17.
38. Consta en el acta de entrega de vehículos, que el mismo 13 de enero de 2011, la Policía Metropolitana de Barranquilla, Seccional de Investigación Criminal, Grupo de Automotores, en cumplimiento de la orden anterior, entregó al apoderado de la sociedad demandante tres retroexcavadoras identificadas con los números de chasis YCO8U1986, YCO8U1998, YCO8U2018 y cinco vehículos identificados con las placas SOP -330, SOP-331, SOP-327, SOP-319 y SOP -318, sin que se hiciera alguna manifestación o relación de los vehículos faltantes18.
39. En oficios del 14 y 23 de febrero y 16 de marzo de 2011, el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Barranquilla informó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cundinamarca y a la Policía Nacional19, sobre la decisión del 2 de diciembre de 2010, en la cual se ordenó la “desanotación” de cualquier medida que afectara los bienes de la acá actora.
sobre la decisión del 2 de diciembre de 2010, en la cual se ordenó la “desanotación” de cualquier medida que afectara los bienes de la acá actora.
40. En escrito radicado el 12 de marzo de 2014, ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el apoderado de la sociedad actora solicitó comunicar al Registro Nacional de Automotores su decisión del 2 de diciembre de 2010 que declaró la ilegalidad de la diligencia de allanamiento y registro y que dejó sin efecto cualquier decisión que afectara el vehículo tipo camión de placas SOP322; en respuesta, el Juzgado informó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cundinamarca que el 13 de enero de 2011 se había ordenado la devolución de las máquinas y vehículos de la hoy demandante por ilegalidad del procedimiento, por lo cual instó para que levantara la medida de abstención de trámite por hurto que recaía sobre el vehículo de placas SOP-322.
41. En solicitudes del 3 de abril y 18 de mayo de 2014, la parte actora le solicitó al mismo juzgado , comunicar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Barranquilla comunicar la decisión del 2 de diciembre de 2010 que dejó sin efecto cualquier anotación respecto de los vehículos de placas SOP-330, SOP-319, SOP-318, SOP-317, SOP-321, SOP-327 y SOP -322 y la s retroexcavadoras con chasis YCO8U1997, YCO8U199 9, YCO8U1986,
YCO8U2018, YCO8U1998, YCO8U1975.
42. Vista esta realidad probatoria, la Sala encuentra acertada la decisión del a quo
YCO8U2018, YCO8U1998, YCO8U1975.
42. Vista esta realidad probatoria, la Sala encuentra acertada la decisión del a quo en cuanto declaró la caducidad de la pretensión por los daños imputados a la Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y Policía Nacional con base en la orden de incautación, inmovilización, pérdida y deterioro de los bienes incautados.
43. La sociedad actora estaba habilita da para demandar y solicitar el reconocimiento de los perjuicios materiales -derivados del extravío de la maquinaria,
16 Identificadas con los números de chasis, así: 1. YCO8U1975. 2. YCO8U1986. 3. YCO8U1997. 4. YCO8U1999. 5. YCO8U2018. 6. YCO8U1998. 17 Identificados con los números de placas así: 1. SOP-330. 2. SOP-331. 3. SOP-327. 4. SOP-319. 5. SOP-318. 18 Folio 153 anexos de la demanda expediente digitalizado. 19 Policía Metropolitana de Barraquilla y Cuerpo Técnico de investigación CTI.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00719-02 (71.251)
Actor: SOLOGANADO SAS.
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
9 del deterioro de los bienes devueltos y la pérdida de ingresos po r la falta de explotación económica - a partir del 13 de enero de 2011 cuando, según lo consignado en el acta de entrega de bienes, le fueron devueltos la maquinaria y
explotación económica - a partir del 13 de enero de 2011 cuando, según lo consignado en el acta de entrega de bienes, le fueron devueltos la maquinaria y vehículos incautados , con los faltantes ya identificados . La materialidad de este daño no cambia porque el proceso hubiera continuado, pues en ese trámite no se discutía la titularidad de los bienes , tampoco se encuentra demostrado que esa entrega fuera provisional y no definitiva o que estuviera supeditada a la finalización del proceso penal, c
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