CE - Sentencia 11001031500020230401700

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020230401700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341) ACTOR: MARÍA RUTH SOTO BOTELLO DEMANDADO: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALDPSREFERENCIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión son taxativas y restrictivas / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN –CPACAExistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación / NULIDAD DE LA SENTENCIA - FALTA DE CONGRUENCIA - La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la congruencia externa se relaciona con la coherencia entre la parte resolutiva y la demanda, su contestación o el recurso interpuesto.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Ruth Soto Botello contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2022, por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimi ento del derecho con radicado 41001-23-33-000-2015-00841-01(2173-2019), a través de la cual

Subsección A, del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimi ento del derecho con radicado 41001-23-33-000-2015-00841-01(2173-2019), a través de la cual se modificó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte recurrente asegura que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación reformó declaraciones contenidas en la sentencia de primera instancia que no fueron objeto del recurso de apelación. Además, argumenta que no se tomó en cuenta lo establecido en los contratos y el otrosí aportados al proceso.

II. ANTECEDENTES

El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1

1. El 28 de septiembre de 2015, la señora María Ruth Soto Botello, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento para la Prosperidad SocialDPS, con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:

1 Los antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentran en formato digital, en el índice 25 de SAMAI.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

2 - «Declarar la nulidad del oficio de fecha 09 de marzo de 2015, suscrito por la Subdirectora de Contratación del DPS, que negó el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente reconocimiento y pago por concepto de prestaciones sociales, y reconocer que existió contrato realidad por haber prestado sus servicios

Subdirectora de Contratación del DPS, que negó el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente reconocimiento y pago por concepto de prestaciones sociales, y reconocer que existió contrato realidad por haber prestado sus servicios en forma personal y subordinada a órdenes de dicha Entidad, desde el 24 de junio de 2002 hasta el 31 de marzo de 2012».

  • Declarar la nulidad del oficio de 28 de abril de 2015, mediante el cual la subdirectora de contratación del DPS estimó improcedente el recurso de apelación, interpuesto el 6 de abril de 2015, contra la decisión que negó la relación laboral.
  • Declarar que, entre la señora María Ruth Soto Botello y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (antes Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, y Red de Solidaridad Social), existió una relación de carácter laboral, y no contractual.
  • Declarar que la señora María Ruth Soto Botello, en virtud de su relación laboral con el DPS, tiene derecho a que se le reconozcan, liquiden y paguen las prestaciones sociales y demás derechos laborales derivados de la relación laboral y que, al momento de la terminación del vínculo -31 de marzo de 2012no fueron cancelados.
  • Pagar la diferencia salarial entre el valor mensual percibido y el que realmente correspondía, conforme a la asignación efectuada por el DPS, para el empleo de profesional especializado que desempeña en la actualidad, y los derechos prestacionales como pri mas, bonificación, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación, cesantías e intereses a las cesantías.
  • Ordenar al DPS reconocer, liquidar y pagar aportes con destino al Sistema Nacional

prestacionales como pri mas, bonificación, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación, cesantías e intereses a las cesantías.

  • Ordenar al DPS reconocer, liquidar y pagar aportes con destino al Sistema Nacional de Seguridad en Pensiones y girarlos a la entidad que corresponda, con la finalidad de que cuando la demandante cumpla con la edad, pueda acceder a su pensión mensual de jubilación o vejez, según el caso.
  • Ordenar al DPS reintegrar los dineros que hubiesen sido descontados del salario devengado por la demandante por concepto de retención en la fuente. - Ordenar al DPS pagar la indexación o corrección monetaria sobre las sumas de dinero dejadas de percibir, hasta el momento en el que se verifique el pago total de dichas obligaciones.

2. Como sustento de las pretensiones indicó que prestó sus servicios para la entidad pública Red de Solidaridad Social, la cual posteriormente se transformó en laRadicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

3 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social-, actualmente Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS-, de manera continua e ininterrumpida, desde el 24 de junio de 2002, hasta el 31 de marzo de 2012, a través de «contratos de prestación de servicios» y «por esos 9 años, 9 meses y 7 días, cumplió las mismas labores y subordinada permanentemente a las instrucciones de dicha Entidad, con una retribución y su forma de pago fue mensual». Agregó que desde el 1º de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2002 continuó

instrucciones de dicha Entidad, con una retribución y su forma de pago fue mensual». Agregó que desde el 1º de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2002 continuó prestando los servicios, sin interrupción y sin contrato de prestación de servicios, y recibió la respectiva remuneración, cada mes.

3. Señaló que el 20 de febrero de 2015 presentó una petición ante el DPS -radicada con el n.º 20151280026572-, en la que le solicitó reconocer la existencia de un contrato realidad, en virtud de la relación laboral que sostuvo con esa entidad. Además, pidió reconocer, liquidar y pagar las prestaciones sociales, indemnizaciones, sanciones y demás acreencias derivadas de la relación laboral.

4. La autoridad demandada, en respuesta otorgada el 9 de marzo de 2015, argumentó que en el caso de la accionante resultaban aplicables las normas de la relación contractual en la modalidad de prestación de servicios, la cual no genera vinculación laboral y como, consecuencia, no da derecho al reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

5. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación; sin embargo, el DPS, mediante oficio de 28 de abril de 2015, manifestó que de acuerdo con el concepto 2014190023281, proferido por la oficina jurídica, no era procedente el recurso de apelación, en atención a lo estipulado en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política y al artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

6. El 21 de septiembre de 2015, ante la Procuraduría 153 Judicial II para asuntos administrativos, se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial entre las partes,

Constitución Política y al artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

6. El 21 de septiembre de 2015, ante la Procuraduría 153 Judicial II para asuntos administrativos, se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial entre las partes, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada.

7. El 13 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró la nulidad de los oficios 20156100228961 del 9 de marzo de 2015 y 20156100410871 del 28 de abril de la misma anualidad, y estableció que entre la accionante y el DPS existió una relación de naturaleza laboral, entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012.

8. A título de restablecimiento del derecho, ordenó al DPS reconocer y pagar a la señora María Ruth Soto Botello las prestaciones sociales causadas durante la relaciónRadicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

4 laboral, con base en el salario que percibía una asesora jurídica de la entidad, siempre que tal remuneración no fuera inferior a los honorarios percibidos. Dispuso que las sumas tenían que ser debidamente reajustadas e indexadas. Declaró que, para efectos pensionales, el DPS debía cancelar los aportes patronales correspondientes al fondo de pensiones de la accionante, por el período comprendido entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012. Por lo demás, negó las pretensiones adicionales de la demanda y condenó en costas al DPS.

de pensiones de la accionante, por el período comprendido entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012. Por lo demás, negó las pretensiones adicionales de la demanda y condenó en costas al DPS.

9. Como sustento de la decisión, señaló que el denominado contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueba la presencia de los tres elementos constitutivos de una relación laboral; esto es , la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, tal como lo dispone el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Al abordar el caso concreto evidenció que:

Las diferentes piezas documentales dan cuenta que la señora María Ruth Soto Botello suscribió 15 contratos de prestación de servicios, discriminados así: 7 con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 1 con la Organización Internacional para las Migraciones; 6 con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social -, y 1 con el Departamento para la Prosperidad Social “DPS”.

En desarrollo de las labores de asesora jurídica, la demandante cumplía un horario de trabajo (por órdenes impartidas desde Bogotá y difundidas mediante circulares); como lo indica la circular denominada “Control preventivo Acción Social No. 11-08 cumplimiento horario de trabajo y atenci ón al público”. De igual manera, recibía y acataba las órdenes que le impartían la coordinadora de la Unidad Territorial de Acción Social (Matilde Bonilla) y el jefe de la oficina asesora jurídica en Bogotá de esa misma institución (Lucy Edrey Acevedo Meneses).

Unidad Territorial de Acción Social (Matilde Bonilla) y el jefe de la oficina asesora jurídica en Bogotá de esa misma institución (Lucy Edrey Acevedo Meneses).

Finalmente, está acreditado que coadyuvó a desarrollar su componente misional durante un prolongado lapso, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la entidad y las funciones que tenía la demandante en la ejecución de los contratos.

10. En ese sentido, como se lograron demostrar los tres elementos de la relación laboral, concluyó que la accionante tenía derecho a obtener el pago de prestaciones sociales y a que se consignaran en su favor los respectivos aportes pensionales, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales.

11. Contra esa decisión, el DPS interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 9 de junio de 2022. Se modificó el fallo de primera instancia, en el siguiente sentido:

Primero: Modificar el ordinal primero de la sentencia del 13 de diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedi ó́ parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso la señora María Ruth Soto Botello, así:

«PRIMERO.- Declarar la nulidad de los oficios 20156100228961 del 9 de marzo de 2015 y 20156100410871 del 28 de abril de la misma anualidad (suscritos por laRadicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

2015 y 20156100410871 del 28 de abril de la misma anualidad (suscritos por laRadicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

5 subdirectora de contratación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social); a través de los cuales, le negaron a la demandante la existencia de la relación laboral que se gestó entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012, y se resolvió un recurso de apelación respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, declarar que entre María Ruth Soto Botello y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social existió una relación de naturaleza laboral entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012».

Segundo: Modificar el ordinal segundo de la providencia apelada, en los siguientes

términos:

«SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ordenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, reconocer y pagar a la señora María Ruth Soto Botello las prestaciones sociales causadas entre el 16 de febrero de 2011 y el 31 de marzo de 2012 , para lo cual se tomará como base de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de prestación de servicios.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los que entre estos, hubo interrupciones. Las sumas resultantes, se reajustarán e indexarán aplicando la fórmula indicada en la parte motiva de esta sentencia».

estos, hubo interrupciones. Las sumas resultantes, se reajustarán e indexarán aplicando la fórmula indicada en la parte motiva de esta sentencia».

Tercero: Modificar el ordinal tercero del referido pronunciamiento al siguiente tenor:

«TERCERO. - Declarar que para efectos pensionales, se debe computar el período comprendido entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012, para lo cual deberá observar el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Para tales efectos, deberán tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de los períodos laborados por prestación de servicios, excepto sobre los períodos sobre los cuales no se acredit ó la relación laboral, incluidos aquellos sobre los cuales se declaró́ la prescripción, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la señora Soto Botello como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que les correspondía como emplea dores. Para efectos de la respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realiz ó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá́ la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá́ la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

Cuarto: Adicionar un ordinal a la sentencia de primera instancia como a

continuación se sigue:

«NOVENO. - Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva del derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de la señora María Ruth Soto Botello, por el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010».

Quinto: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

Sexto: No condenar en costas de segunda de conformidad con lo expuesto en precedencia.

12. Para arribar a esa decisión, el Tribunal tuvo en cuenta las certificaciones expedidas por la Organización de Estados Iberoamericanos -OEIy la OrganizaciónRadicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

6 Internacional para las Migraciones -OIM-; así como los documentos aportados para acreditar las condiciones contractuales de la vinculación de la demandante, de lo cual concluyó que la señora María Ruth Soto Botello prestó sus servicios de manera directa a tales entidades, y no a la Red de Solidaridad Social, RSS.

13. Sostuvo que entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012, la señora María Ruth Soto Botello prestó sus servicios profesionales de manera directa a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción

13. Sostuvo que entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012, la señora María Ruth Soto Botello prestó sus servicios profesionales de manera directa a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social -, Fondo de Inversión para la Paz, y al Departamento para la Prosperidad Social, mediante contratos de prestación de servicios, con apenas algunas interrupciones en términos de días.

14. Agregó que el elemento de la remuneración se podía inferir razonablemente de los pagos periódicos, mes a mes, que recibía la señora María Ruth Soto Botello, a título de honorarios, por los diferentes contratos de prestación de servicios que suscribió, en los que se estipuló: (i) el valor de los contratos, y (ii) la forma de pago en montos mensuales.

15. Dedujo que las pruebas aportadas al proceso daban cuenta de un contrato de trabajo encubierto o subyacente.

16. Manifestó que en los diferentes contratos de prestación de servicios se verificaron interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, por lo que en esos lapsos existió solución de continuidad, en atención a lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Claro lo anterior, sostuvo que la accionante mantuvo una vinculación contractual directa con Acción Social y, posteriormente, con el Departamento para la Prosperidad Social, en los siguientes períodos:

1er. período Del 14/09/06 al 31/12/10 2do. período Del 16/02/11 al 31/03/12

Departamento para la Prosperidad Social, en los siguientes períodos:

1er. período Del 14/09/06 al 31/12/10 2do. período Del 16/02/11 al 31/03/12

17. Señaló que, por tratarse de una vinculación interrumpida en el servicio público, el término de la prescripción extintiva debía contarse a partir de la finalización de cada uno de los períodos laborados, sin que ese entendimiento pudiera extenderse a los aportes pensionales, de acuerdo con la sentencia de unificación del 26 de agosto de

2016.

18. De conformidad con los razonamientos precedentes, consideró que a la señora María Ruth Soto Botello se le extinguió el derecho -por prescripcióna los emolumentosRadicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

7 prestacionales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otros, que se hubieran causado entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, excepto en lo relacionado con los aportes a pensión.

19. Aclaró que el parámetro económico para la liquidación de la indemnización por concepto de prestaciones sociales era el estipulado en los contratos de prestación de servicios, lo que implicaba una modificación en el fallo impugnado, toda vez que no se demostró que en el período comprendido entre septiembre de 2006 y diciembre de 2011 (fecha de publicación del Decreto 4966), hubiera existido en la planta de personal de Acción Social, actualmente DPS, el cargo de Asesora Jurídica.

El recurso extraordinario de revisión

2011 (fecha de publicación del Decreto 4966), hubiera existido en la planta de personal de Acción Social, actualmente DPS, el cargo de Asesora Jurídica.

El recurso extraordinario de revisión

20. El 25 de julio de 2023, la señora María Ruth Soto Botello, en su calidad de abogada, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 9 de junio de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 41001 -23-33-0002015-00841-01(2173-2019). Formuló las siguientes pretensiones:

Admitir y dar trámite al presente recurso extraordinario de revisión.

Declarar que la sentencia de segunda instancia proferida el 09 de junio de 2022, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con Radicación No.41001-23-33000-2015-00841-01 (2173-2019), desconoció los artículos 320 y 328 del C.G.P. y con esto, los principios procesales de congruencia de las sentencias (contradicción y defensa), non reformatio in pejus, seguridad jurídica y doble instancia.

Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 09 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente doctor William Hernández Gómez, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente doctor William Hernández Gómez, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación No. 41001 -23-33-000-2015-00841-01 (2173 -2019), siendo demandante María Ruth Soto Botello y demandado el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.

En consecuencia, ordenar a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que:

3.1 Rehaga la sentencia de segunda instancia dentro del medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho con radiación No. 41001-23-33-000-2015-00841-01 (2173-2019), teniendo en cuenta las pretensiones y hechos de la demanda, el alcance y valor pr obatorio de las evidencias que obran en el proceso y los precedentes jurisprudenciales.

3.2 Respetar el contenido de los artículos 320 y 328 del CGP y en consecuencia no reformar la sentencia de primera instancia en ninguno de los puntos que no fueron objeto de apelación, en especial, el tiempo que laboré con las ONGS Internacionales OEI y OIM, si tenemos en cuenta que fui contratada por ellas, para trabajar a la Red de Solidaridad Social -RSS, luego ACCION SOCIAL, hoy Departamento para la Prosperidad SocialDPS, previos Convenios suscritos entre dichas entidades y no conmigo; y no reformar l a sentencia de primera instancia enRadicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

8

dichas entidades y no conmigo; y no reformar l a sentencia de primera instancia enRadicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

8 lo concerniente al tiempo realmente laborado con el DPS (Contrato Realidad), es decir, del 24 de junio de 2002 al 31 de marzo de 2012, máxime que nada de esto fue solicitado, alegado o desvirtuado en el escrito de apelación, ni en la contestación de la demanda.

3.3 No dar aplicación a la prescripción extintiva del derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de la demandante, por el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, pues tal decisión se basó en un error existente en la certificación expedida por el mismo DPS.

3.4 Que se declare que entre María Ruth Soto Botello y el Departamento para la Prosperidad Social -DPS, existió una relación de naturaleza laboral entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012.

3.5 En consecuencia se ordene al Departamento para la Prosperidad Social - DPS, a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar a MARIA RUTH SOTO BOTELLO las prestaciones sociales causadas entre el 24 de junio de 2002 y el 16 de febrero de 2011, teniendo en cuenta que ya se reconoció y pagó el período del 16 de febrero de 2011 al 31 de marzo de 2012. Que se me amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, el principio de primacía de la realidad sobre la formalidad, de acceso a la administración de justicia, al salario y, en general, a una vida digna.

Que se me amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, el principio de primacía de la realidad sobre la formalidad, de acceso a la administración de justicia, al salario y, en general, a una vida digna.

3. Finalmente, llegado el caso que no se reforme a mi favor la sentencia de segunda instancia, con muchísimo respeto les ruego a los Honorables Magistrados, no condenarme en costas, ya que desde que salí de trabajar del DPS, no logré vincularme laboralmente y actualmente a mis 60 años de edad, estoy dedicada a las labores del hogar. Considero importante informar, que si bien es cierto, desde enero del 2022, estoy recibiendo una pensión ínfima de $1.278.000,oo, después de los descuentos, también lo es que, es p ara una subsistencia mínima, máxime que tengo una niña de 17 años ad portas de querer empezar estudios superiores; y desafortunadamente el dinero que consignó el DPS en COLPENSIONES en cumplimiento al fallo de segunda instancia del H. Consejo de Estado, de ntro del presente proceso, no ha sido tenido en cuenta, pues desde octubre del 2022 solicité la reliquidación de mi pensión y me fue negada con Resolución No.SUB 54985 del 28 de febrero de 2023, ya que no se realizó la consignación en debida forma, es decir, solicitando primero el DPS a COLPENSIONES el cálculo actuarial y es la hora que no se me ha definido nada.

21. Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación. En concreto,

que no se me ha definido nada.

21. Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación. En concreto, adujo que (i) el ad-quem extralimitó su competencia funcional al decidir sobre aspectos que no fueron materia de apelación, y (ii) no existe congruencia entre la apelación y la sentencia de segunda instancia.

22. Explicó que el DPS, como apelante único, no manifestó inconformidad frente a la vinculación contractual durante los años 2002, 2003, 2005 y 2006, sino únicamente respecto a los años 2001 y 2004. En su criterio, ese yerro llevó a excluir la pretensión de reconocimiento de la relación laboral existente con el DPS, entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de agosto de 2006, por cuenta de las órdenes de prestación de servicios

Nos. 0413-02, Adición OPS No. 0413-02, OPS No. 0183-03, CPS No. 0375-03, C-103603, PS-483-05, Prórroga No. 1 PS -483 (1 de septiembre de 2005 al 28 de febrero de 2006) y Otro sí PS-483 (del 1 de marzo al 31 de agosto de 2006).Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04017-00 (6341)

Actor: María Ruth Soto Botello

9

23. Consideró que la decisión que es objeto de revisión «vulneró los derechos al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, el principio de primacía de la realidad sobre la formalidad, de acceso a la administración de justicia, al salario y en general a

9

23. Consideró que la decisión que es objeto de revisión «vulneró los derechos al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, el principio de primacía de la realidad sobre la formalidad, de acceso a la administración de justicia, al salario y en general a una vida digna». Cuestionó los razonamientos efectuados en torno a la falta de prueba de una relación laboral con la Red de Solidaridad Social, pues en su concepto, la lectura de los contratos que celebró con la Organización de Estados Iberoamericanos -OEIy la Organizac ión Internacional para las Migraciones y Acción Social -OIM-, permitían conocer que fue contratada «para trabajarle a la Red de Solidaridad Social -RSS, luego Acción Social, hoy DPS», entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de agosto de 2006. Criticó, al respecto, que se hubiera aducido la imposibilidad de valorar un vínculo laboral con esas organizaciones por cuanto no fueron parte en el proceso.

24. Explicó que el ad-quem se pronunció sobre la contratación con las ONGS Internacionales (OEI y OIM), pero desconoció los años que la demandante trabajó para la extinta Red de Solidaridad Social - RSS-, hoy DPS; por lo tanto, ignoró la literalidad de los contratos y órdenes de prestación de servicios, adiciones y los Otrosí, firmados con esos organismos, lo que no fue objetado por la entidad demandada durante el curso del proceso.

25. Controvirtió, también, el análisis que se hizo para determinar la existencia de solución de continuidad entre los contratos y, a partir de ello, establecer la prescripción aplicada al contrato realidad. Estimó que a partir de la prueba testimonial y demás

25. Controvirtió, también, el análisis que se hizo para determinar la existencia de solución de continuidad entre los contratos y, a partir de ello, establecer la prescripción aplicada al contrato realidad. Estimó que a partir de la prueba testimonial y demás documentos aportados al plenario, se podía establecer que no hubo solución de continuidad superior a 30 días hábiles entre los contratos de prestación de servicios, en el lapso del 24 de junio de 2002 al 31 de marzo de 20

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...