CE - Sentencia 11001031500020240506101

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020240506101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

Demandante: Ana Carlina Gil Arce

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2024-05061-01 Demandante ANA CARLINA GIL ARCE Demandada COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Cosa juzgada. Proceso disciplinario contra abogada. Relevancia constitucional. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Ana Carlina Gil Arce contra la sentencia de 26 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que dispuso lo siguiente: «Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Ana Carlina Gil Arce, por las razones señaladas».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 18 de septiembre de 2024 1, la señora Ana Carlina Gil Arce instauró acción de tutela, en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, el secretario de dicha

tutela, en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, el secretario de dicha Comisión Seccional, la Procuraduría Judicial II para asuntos penales Nro. 74 de Cali y el quejoso, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, defensa, debido proceso, trabajo, igualdad, dignidad humana y acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (sic para toda la cita) «Se sirva ordenar la Protección de los derechos fundamentales Constitucionales vulnerados en la unidad Constitucionalidad y el bloque de Constitucionalidad en los siguientes articulados 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 18, 21 ,25, 29, 33, 74 ,83, 92, 94, 228 ,229 y 2 30 por la omisión y acción en que incurrieron todos los accionados por vía de hecho de manera arbitraria contra la accionante frente a lo siguiente: 1.- Se ordene y decrete la nulidad constitucional desde la remisión de primera instancia del proceso a segunda instancia y auto No. 304 de abril 9 del 2024 (sic) y se ordene agregar al mismo el escrito que contiene la adición del recurso de apelación presentado el día 18 de marzo del 2024 dentro el termino (sic) legal para que obre en el mismo y sea tramitado y resuelto su contenido en segunda instancia porque contiene la solicitud que se recaudaran unas pruebas solicitada una con anterioridad y el acta de la inspección ocular (sic) y los reparos citados .Proceso disciplinario No. 76-001-11-02-0002019-01842-02.

solicitada una con anterioridad y el acta de la inspección ocular (sic) y los reparos citados .Proceso disciplinario No. 76-001-11-02-0002019-01842-02. 2º.- Se ordene la medida provisional y cautelar pedida en el presente para proteger a la accionante de un daño irreparable, irremediable e insuperable por causa de la omisión cometida por vías de hecho por los accionados. Art. 7 (sic) se ordena la suspensión de los términos de ejecutoria y traslado del fallo proferido en segunda instancia de fecha septiembre 4 del 2024 acta No. 051 en el Proceso disciplinario No. 76-001-1102-000-2019-01842-02».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

Demandante: Ana Carlina Gil Arce

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. La contraparte de la abogada Ana Carlina Gil Arce presentó queja contra esta última indicando que omitió relacionar en la demanda de sucesión intestada a uno de los hijos de la causante Aida Andrade Zúñiga, dentro del proceso de radicado Nro. 76001 -40-03-002-2017-00914-00, tramitado ante el Juzgado Segundo Municipal de Cali. En la demanda, la abogada solo mencionó a las señoras Janeth Mendoza y Maritza Mendoza sin referirse al señor Fredy Martínez Andrade.

Segundo Municipal de Cali. En la demanda, la abogada solo mencionó a las señoras Janeth Mendoza y Maritza Mendoza sin referirse al señor Fredy Martínez Andrade. 2.2. Del asunto conoció en primera instancia la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, bajo el radicado Nro. 76001 -11-02-000-201901842-00, que mediante providencia de 29 de febrero de 2024, negó la solicitud de nulidad deprecada por la disciplinable y declaró disciplinariamente responsable a la tutelante. En consecuencia, la sancionó con la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres meses y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incurrir de manera dolosa en la falta contemplada en el artículo 33 2 numeral 9° de la Ley 1123 de 2007 y en desconocimiento de los deberes consagrados en los numerales 1° 3 y 6°4 del artículo 28 de esa misma ley. La autoridad de primera instancia fundamentó su decisión en el artículo 488 numeral 3 del Código General del Proceso, que indica que la demanda de sucesión debe contener el nombre y dirección de todos los herederos conocidos. De las pruebas aportadas se ve rificó que la abogada Ana Carlina Gil Arce actuó como apoderada de la señora Janeth Mendoza Andrade para tramitar la sucesión de la señora Aida Andrade Zúñiga y que en la demanda indicó «2. La señora AIDA ANDRADE ZUÑIGA era progenitora de Janeth Mendoza y Maritza Mendoza Andrade quienes están vivas». De las declaraciones rendidas en sede disciplinaria, se constató que la

indicó «2. La señora AIDA ANDRADE ZUÑIGA era progenitora de Janeth Mendoza y Maritza Mendoza Andrade quienes están vivas». De las declaraciones rendidas en sede disciplinaria, se constató que la abogada conocía que el señor Freddy Martínez era heredero de la señora Aida Andrade Zúñiga, aun así la abogada Ana Carlina Gil guardó silencio existiendo un heredero que debió haber anunciado, por lo que incurrió en un acto fraudulento en detrimento de los intereses del señor Freddy Martínez. Es decir, que se encontraba incursa en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 33 de la Ley 1123 de 2007. Asimismo, la autoridad judicial manifestó que la abogada faltó a los deberes consagrados en el artículo 28 numerales 1° y 6° de la Ley 1123 de 2007. Explicó que vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, puesto que el debido proces o es de estricto cumplimiento y que al no haber vinculado al señor Freddy Martínez desconoció el trámite establecido. Manifestó que la abogada no fue leal con la administración de justicia, pues a sabiendas de que existe la norma guardó silencio ante el juez de la causa. 2.3. La señora Ana Carlina Gil Arce interpuso recurso de apelación contra la providencia de primera instancia. Allí cuestionó una indebida valoración probatoria, propuso la nulidad absoluta porque la Comisión Seccional no le indicó que no esta ba obligada a auto incriminarse y consideró que operó la prescripción extintiva de la acción disciplinaria. También indicó que el juez natural no tuvo en cuenta principios como la presunción de inocencia, la

indicó que no esta ba obligada a auto incriminarse y consideró que operó la prescripción extintiva de la acción disciplinaria. También indicó que el juez natural no tuvo en cuenta principios como la presunción de inocencia, la imparcialidad y prevalencia del derecho sustancial.

2 Ley 1123 de 2007. Artículo 33. Numeral 9°: «Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: (…) 9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad». 3 Ley 1123 de 2007. Artículo 28. Numeral 1°: «Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 1. Observar la Constitución Política y la Ley». 4 Ley 1123 de 2007. Artículo 28. Numeral 6°: «Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado».Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

Demandante: Ana Carlina Gil Arce

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. El 18 y 19 de marzo de 2024, la tutelante presentó escrito de adición al recurso de apelación impetrado manifestando que la Comisión Seccional no aplicó el beneficio de la duda razonable y que habían operado las causales de exclusión de responsabilidad de los numerales 2, 3, 4 y 6 del artículo 225 de la Ley 1123

beneficio de la duda razonable y que habían operado las causales de exclusión de responsabilidad de los numerales 2, 3, 4 y 6 del artículo 225 de la Ley 1123 de 2007. Solicitó que se remitieran copias a autoridades penales y disciplinarias respecto del quejoso, del Juzgado Segundo Civil Municipal de Cali, de la señora Maritza Mendoza Andrade, del señor Jhon Freddy Martínez por situaciones que consideró que constituían fraude procesal en la sucesión de la señora Aida Andrade Zúñiga. 2.5. Mediante providencia de 4 de septiembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la providencia apelada. 2.6. El 17 de septiembre de 2024, la abogada Ana Carlina Gil solicitó el control de legalidad y/o incidente de nulidad y/o la reconstrucción parcial del expediente, con base en la presunta omisión de la Comisión Seccional para remitir el memorial de adición al recurso de apelación presentado el 18 y 19 de marzo de 2024. 2.7. Mediante auto del 3 de octubre de 2024 (posterior a la presentación de la tutela), la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió las solicitudes de la accionante. Negó la petición de nulidad, puesto que se resolvió el recurso de apelación de conformidad con el ordenamiento constitucional y legal; y rechazó la solicitud de adición de sentencia, por cuanto en la providencia del 4 de septiembre de 2024 se atendieron todos los argumentos presentados en la apelación de manera integral incluyendo lo expuesto en la adición del recurso, pues independientemente de que las inconformidades se hayan

4 de septiembre de 2024 se atendieron todos los argumentos presentados en la apelación de manera integral incluyendo lo expuesto en la adición del recurso, pues independientemente de que las inconformidades se hayan expuesto en dos escritos diferentes, en últimas, se trata de un solo recurso de apelación.

3. Fundamentos de la acción La accionante reprochó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tuvo en cuenta el escrito en que adicionó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia presentado los días 18 y 19 de marzo de 2024. Sostuvo que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca concedió el recurso de apelación sin referirse a la adición presentada. Indicó que requirió en varias ocasiones acceso al expediente disciplinario para verifica r si se había enviado a la autoridad de segunda instancia el escrito de adición a la apelación y confirmó que este no había sido remitido con la apelación; y reprochó que las autoridades disciplinarias no le remitan acuse de recibido de los memoriales que interponía.

Adicionalmente, mencionó que debió haberse decretado la prescripción de la acción disciplinaria, pues el no haber mencionado en la demanda a uno de los hijos de la causante, era una conducta de carácter instantáneo, porque se consumó al presentarse la demanda. Finalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente: «• Se ordene suspender el término de traslado y ejecutoria del fallo proferido en septiembre 4 del 2024 acta No. 051 en el Proceso disciplinario en segunda instancia en la acción d isciplinaria No. 76 -001-11-02-000-2019término de traslado y ejecutoria del fallo proferido en septiembre 4 del 2024 acta No. 051 en el Proceso disciplinario en segunda instancia en la acción d isciplinaria No. 76 -001-11-02-000-201901842-02. Hasta que se resuelva esta acción constitucional en primera, segunda instancia y en consulta para su Revisión ,porque se está produciendo un daño grave ,irremediable e irreparable frente a las vulneraciones planteadas en esta acción constitucional que amenazan el derecho de defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia que no fue pronta, oportuna, sin dilación ni transparente ni leal ,que no se dio por la primera ni la segunda instancia en concordancia

5 Ley 1123 de 2007. Artículo 22: «Causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a la responsabilidad disciplinaria cuando: 2. Se obre en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. // 3. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita. // 4. Se obre para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. // 6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.».Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

Demandante: Ana Carlina Gil Arce

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la otras normas que cite vulneradas y pido también que se me de protección constitucional. • El

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la otras normas que cite vulneradas y pido también que se me de protección constitucional. • El fallo queda ejecutoriado el día 19 de septiembre de 2024 a las 5 pm. Y se debe suspender como medida preventiva y cautelar su ejecutoria e int errumpirla hasta que se resuelva la situación constitucional».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. La accionante aportó memoriales 6 adicionando pruebas al escrito de tutela e indicó que buscaba demostrar que en el proceso de sucesión de la señora Aida Andrade Zúñiga (radicado Nro. 2017-00914-00) se ocultaron memoriales en los que solicitó el reconocimiento de heredero al señor Fredy M artínez

Andrade. En memorial de adición al escrito de tutela aseguró que en el proceso de sucesión intestada obra memorial de 3 de septiembre de 2019 mediante el cual se aportaron los documentos de notificación personal al señor Freddy Martínez y se le comunicó a este último la apertura del proceso sucesorio; así como memorial de 4 de octubre de 2019 en el cual se le solicitó a la autoridad judicial el reconocimiento de tal heredero. Aseguró que estos documentos son de suma relevancia porque (i) demuestran que ella sí «solicito (sic) el reconocimiento del heredero en el proceso de sucesión» ; y (ii) acredita «la fecha real que opera el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria porque e s una conducta instantánea y no Permanente».

reconocimiento del heredero en el proceso de sucesión» ; y (ii) acredita «la fecha real que opera el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria porque e s una conducta instantánea y no Permanente». Aseguró que tales pruebas no fueron trasladadas al proceso disciplinario, pese a que en varias oportunidades se solicitó su traslado, como lo fue en el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia y en el escrito de adición a ese recurso. Por ende, aseguró que los fallos emitidos en el proceso disciplinario están sesgados y que de no haberse ocultado esa prueba la decisión habría sido a su favor. 4.2. Mediante auto del 24 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Ana Carlina Gil Arce contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y su secretario, la procuradora Judicial II para asuntos penales Nro. 74 de Cali y el quejoso; se vinculó como tercero con interés al Juzgado Segundo Municipal de Cali; se dispuso no decretar las medidas provisionales solicitadas por la accionante; y se ordenó efectuar las notificaciones pertinentes. 4.3. La Comisión Secciona l de Disciplina Judicial del Valle del Cauca manifestó que no se vulneró ningún derecho fundamental de la accionante, pues la adición al recurso de apelación radicada por la accionante el 18 de marzo de 2024 fue tenida en cuenta por dicha autoridad como parte del escrito de apelación original. Por lo anterior, no había lugar a emitir pronunciamiento específico respecto de la adición en el auto que concedió la apelación, ya que

marzo de 2024 fue tenida en cuenta por dicha autoridad como parte del escrito de apelación original. Por lo anterior, no había lugar a emitir pronunciamiento específico respecto de la adición en el auto que concedió la apelación, ya que «se trataba de un solo recurso de apelación, ya que el recurso y la adición fueron presentados en el término de ley». Aseguró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la sentencia de 4 de septiembre de 2024 se pronunció sobre todos los aspectos planteados por la abogada Gil Arce en el recurso de apelación (escrito original y adición) y el proceso disciplinario Nro. 76001-11-02-000-2019-01842-00 cumplió con todas las garantías procesales. Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.

6 Samai, índices 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

Demandante: Ana Carlina Gil Arce

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En memorial posterior, indicó que existe otro medio procesal ordinario para lo que pretende la accionante, esto es la solicitud de aclaración de la sentencia establecida en el artículo 285 del Código General del Proceso y la solicitud de adición de la sentencia establecida en el artículo 287 del mismo Código. 4.4. El Juzgado Segundo Civil Municipal del Valle del Cauca remitió el expediente del proceso de sucesión intestada Nro. 76001-40-03-002-201700914-00.

4.4. El Juzgado Segundo Civil Municipal del Valle del Cauca remitió el expediente del proceso de sucesión intestada Nro. 76001-40-03-002-201700914-00. 4.5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial aseguró que la acción interpuesta no cumple con ninguno de los requisitos generales de procedencia, por lo que debe ser declarada la improcedencia. Seguido sostuvo que en caso de no declarar la improcedencia, se deben negar las pretensiones porque la actora no cumplió con la suficiente carga argumentativa para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales alegados. Lo anterior obedece a que en la decisión proferida en segunda instancia se tuvo en cuenta el recurso de apelación en su totalidad, pues al haberse radicado en tiempo la apelación y el escrito que lo adicionaba, se entiende que estos constituyen un solo recurso. Carece de veracidad la afirmación referente a la falta de pronunciamiento sobre el escrito de adición a la apelación del 18 de marzo de 2024, pues en la providencia atacada se resolvió sobre cada uno de los puntos señalados en dicho memorial, es decir, lo referente a las causales de exoneración de responsabilidad, a la duda razonable y a la solicitud de compulsar copias a terceros. Sostuvo que la accionante no explicó cómo sus derechos fundame ntales estaban siendo conculcados. Indicó que, frente a la solicitud de verificación del trámite de sucesión intestada, la señora Ana Carlina Gil pretende que el Consejo de Estado, en su rol de juez constitucional realice un análisis que es de competencia de la jurisdicción disciplinaria e incluso civil, y reemplace la

trámite de sucesión intestada, la señora Ana Carlina Gil pretende que el Consejo de Estado, en su rol de juez constitucional realice un análisis que es de competencia de la jurisdicción disciplinaria e incluso civil, y reemplace la decisión adoptada el 4 de septiembre de 2024, lo cual no es procedente. Así las cosas, consideró que lo verdaderamente pretendido por la actora es revivir el debate surtido en el proceso disciplinario. Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción y la negativa del amparo solicitado. 4.6. La actora allegó diversas piezas procesales del expediente disciplinario Nro. 76001-11-02-000-2019-01842-00, posteriores a la interposición de la acción de tutela, a saber: ▪ Escrito de interposición de solicitud de aclaración y adición al auto del 3 de octubre de 2024 (proferido en el proceso disciplinario) y subsidiariamente recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. ▪ Auto del 15 de octubre de 2024 resolviendo las solicitudes anteriores. ▪ Escrito mediante el cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación respecto del auto del 15 de octubre de 2024. ▪ Escrito solicitando dar trámite a un incidente de nulidad indicando que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tenía «competencia al día 3 de septiembre de 2024 al operar el fenómeno de prescripción de la acción disciplinaria». 4.7. La actora presentó memorial7 en el que afirmó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tuvo en cuenta documentos que hacían parte de las

operar el fenómeno de prescripción de la acción disciplinaria». 4.7. La actora presentó memorial7 en el que afirmó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no tuvo en cuenta documentos que hacían parte de las pruebas y que habían sido ocultados por el Juzgado Segundo Civil Municipal del Valle del Cauca en la sentencia de segunda instancia. Se r efirió nuevamente a los memoriales de 3 de septiembre y 4 de octubre de 2019 que acreditan que en el proceso sucesorio sí se solicitó el reconocimiento del

7 Samai índices 30, 32, 42, 44 expediente 11001-03-15-000-2024-05061-00Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

Demandante: Ana Carlina Gil Arce

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co heredero Fredy Martínez Andrade y sostuvo que en varias oportunidades pidió el traslado de tales pru ebas al proceso disciplinario, como en el recurso de apelación y en las solicitudes de adición de la apelación de 17 y 18 de marzo de 2025. Insistió que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se pronunció sobre la existencia de tales pruebas en el fallo del 4 de septiembre de 2024. Indicó que dicha omisión demostraba la grave vulneración a sus derechos fundamentales, y reiteró lo ya dicho respecto de la prescripción de la acción disciplinaria. 4.8. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial allegó memorial informando que profirió auto de 15 de octubre de 2024, en el cual se resuelve el recurso

fundamentales, y reiteró lo ya dicho respecto de la prescripción de la acción disciplinaria. 4.8. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial allegó memorial informando que profirió auto de 15 de octubre de 2024, en el cual se resuelve el recurso de reposición propuesto por la accionante contra el auto del 3 de octubre de

2024. Precisó que mediante el citado auto del 3 de octubre de 2024 se negó la nulidad propuesta por improcedente, al estimar que no se acreditó ninguna causal para decretarla. Igualmente, fue rechazada la solicitud de aclaración y adición solicitada.

Asimismo, informó que en el auto de 15 de octubre de 2024 se le indicó a la señora Ana Carl ina Gil Arce que el control de legalidad del proceso fue adelantado de manera previa, tal como se indicó en la decisión de segunda instancia. De manera que resultaba improcedente decretar la nulidad deprecada, porque no había lugar a adelantar un proceso d e reconstrucción del expediente, en tanto el recurso de apelación que radicó contra la decisión de primera instancia, el 15 de marzo de 2024, junto con la adición al mismo del 19 de marzo siguiente, se encuentran al plenario. 4.9. La actora presentó múltiples memoriales de impulso procesal y solicitudes de acceso al expediente judicial en primera instancia.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 26 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente la acción de tutela radicada por la

señora Ana Carlina Gil Arce. Indicó que el caso propuesto no cumple con el requisito de relevancia constitucional

Tercera, Subsección B declaró improcedente la acción de tutela radicada por la señora Ana Carlina Gil Arce. Indicó que el caso propuesto no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque (i) la accionante no encuadró sus reparos en las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) pretendió reabrir un debate propio del juez natural sobre una situación consolidada. Con relación a este último, el juez de tutela sostuvo que la tutelante pretendía que se estudiaran nuevamente aspectos que fueron objeto de análisis por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el fallo del 4 de septiembre de 2023. En concreto: (i) el reparo sobre la prescripción de la acción disciplinaria para que no se declarara la responsabilidad de la actora y (i) una aparente omisión en el estudio de inconformidades presentadas en el recurso de apelación. Señaló que en el fallo disciplinario controvertido se concluyó que la señora Gil Arce cometió una conducta fraudulenta que se mantuvo en el tiempo y que las pruebas que obraban en el expediente acreditaron que el último acto constitutivo de falta disciplinaria se presentó el 26 de noviembre de 201 9, momento en el que la disciplinada presentó prueba de notificación personal a Fredy Martínez Andrade sobre la existencia del proceso. Por lo que la autoridad judicial disciplinaria concluyó que desde esa fecha (26 de noviembre de 2019) hasta la expedición del fallo no habían transcurrido 5 años y, consecuentemente, no se configuró la prescripción de la acción disciplinaria.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

Demandante: Ana Carlina Gil Arce

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transcurrido 5 años y, consecuentemente, no se configuró la prescripción de la acción disciplinaria.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

Demandante: Ana Carlina Gil Arce

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, el juez de tutela sostuvo que la Comisión Nacional sí se pronunció sobre los cargos contenidos en el escrito con el q ue se buscaba adicionar la apelación, que versó sobre eximentes de responsabilidad, solicitud de compulsa de copias y duda razonable. Por consiguiente, sostuvo que «la intención de la señora Gil Arce era obtener un pronunciamiento del juez de tutela sobre aspectos que fueron objeto de análisis y decisión por la autoridad disciplinaria». Por todo lo anterior, no se advirtió la necesidad de intervención del juez de tutela en el asunto. Aclaró que las diferencias interpretativas que existen entre las partes y el juez natural de la causa no constituyen la justificación para que el juez de tut ela revise las decisiones judiciales del juez ordinario. Más aun tratándose de una tutela contra providencia judicial que constituye un mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional.

6. Actuaciones posteriores e impugnación 6.1. La Procuraduría 74 Judicial Penal de Cali allegó memorial en el que indicó la existencia del expediente de tutela Nro. 11001-02-30-000-2024-01495-00, en el que la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de tutelas Nro. 3 de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia de primera instancia del 28 de

el que la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de tutelas Nro. 3 de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia de primera instancia del 28 de noviembre de 2024. Sostuvo que los hechos propuestos por la señora Ana Carlina Gil en dicho proce so guardan relación con los del proceso de la referencia. 6.2. La señora Ana Carlina Gil Arce allegó memoriales solicitando acceso al expediente de tutela e impugnando el fallo de primera instancia 8. Asimismo, indicó que la sustentación de la impugnación la haría ante el juez de segunda instancia. 6.3. Mediante auto del 22 de enero de 2025 fue concedida la impugnación interpuesta por la parte accionante9. 6.4. El 29 de enero de 2025 la señora Ana Carlina Gil Arce radicó memorial, dirigido a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, solicitando que se ordenara la acumulación de los expedientes de tutela con radicados Nro. 11001-02-30-000-2024-01495-00 y Nro. 11001-03-15-000-2024-05061-00, para que se resolviera en un solo fallo las impugnaciones interpuestas respecto de los fallos proferidos en primera instancia en cada uno de los procesos. 6.5. La Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia remitió el auto proferido el 28 de enero de 2025 dentro del expediente de tutela Nro. 11001-02-30-000-2024-01495-0010, por el magistrado Francisco Ternera Barrios. En dicha providencia se puso de presente que la señora Ana Carlina Gil Arce presentó dos acciones de tutela que comparten similares

Nro. 11001-02-30-000-2024-01495-0010, por el magistrado Francisco Ternera Barrios. En dicha providencia se puso de presente que la señora Ana Carlina Gil Arce presentó dos acciones de tutela que comparten similares características, una ante el Consejo de Estado y la otra ante la Corte Suprema de Justicia. Resaltó que la acción tramitada ante el Consejo de Estado se admitió primero que la otra tutela y que en ambas ya se profirió fallo de primera instancia. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 2.2.3.1.3 .1. del Decreto 1069 de 2015 que regula el reparto de acciones de tutela masivas, el magistrado ponente ordenó remitir al Consejo de Estado tal expediente de tutela «a efectos de que se resuelva, según corresponda, la solicitud de acumulación formulada por la tutelante». 6.6. La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Rural y Agraria remitió memorial aportado a dicha Corporación por la accionante en el que sustentó

8 Samai, índices 67, 69, 70, 75, 77, 81, 82 y 85 del expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05061-00. 9 Samai, índice 87. 10 Samai, índice 92.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05061-01

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