CE - Sentencia 11001031500020240662101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240662101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
Accionante: Ricardo Tribín Ferro Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA / Improcedencia – carga argumentativa – instancia adicional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025, por el Consejo de Estado – Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 2 de diciembre de 2024, el señor Ricardo Tribín Ferro presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre y buena fe. Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la expedición del fallo de 22 de mayo de 2024 1, dictado al interior del proceso de controversias contractuales2 que promovió contra la Empresa Territorial para la Salud liquidada
(Etesa)3; cuyo propósito era que se declarara responsable a la demandada por
de 22 de mayo de 2024 1, dictado al interior del proceso de controversias contractuales2 que promovió contra la Empresa Territorial para la Salud liquidada (Etesa)3; cuyo propósito era que se declarara responsable a la demandada por revocar un poder que le otorgó al señor Tribín Ferro para iniciar un proceso ejecutivo, y que este último tenía derecho a reclamar la ganancia que esperaba recibir y los demás perjuicios causados.
2. A través de la referida providencia, e l Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C modificó la decisión de primera instancia 4 de negar las pretensiones y, en su lugar , declaró que Etesa incumplió el contrato 015 -96 pero, denegó el reconocimiento de perjuicios . Consideró que estaba acreditado que la entidad decidió terminar unilateralmente el contrato 015-96 mediante la revocatoria tácita del poder otorgado a Ricardo Tribín Ferro, al otorgar la representación judicial a otro
1 Notificada el 27 de junio de 2024. 2 Radicado 25000-23-26-000-2010-00092-01. 3 Quien sucedió a la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. (Ecosalud S.A) y a su vez esta fue sucedida por el hoy Ministerio de Salud y Protección Social. 4 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de 14 de septiembre de 2011 negó las pretensiones de la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
Accionante: Ricardo Tribín Ferro Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
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Accionante: Ricardo Tribín Ferro Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
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abogado, por tanto, no existió una causa que justificara tal determinación y, en el contrato no se pactó nada en relación con las consecuencias de esa terminación ni se acordó que el mandatario debía asumir los riesgos o consecuencias de esa decisión. Negó el reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales , por cuanto no fue posible concluir que el demandante los hubiera demostrado.
3. El actor indicó que la autoridad judicial accionada violó el principio de la buena fe, y los derechos al debido proceso y trabajo por incurrir en los siguientes defectos:
4. Defecto fáctico: al omitir apreciar las sentencias favorables obtenid as por el abogado Tribín Ferro en las dos instancias del proceso ejecutivo; e ignoró que el mandatario cumplió de manera exitosa su obligación contractual, y que el recaudo ejecutivo estaba garantizado , pues las aseguradoras contaban con la suficiente solvencia para realizar el pago. Agregó que la accionada no tuvo en cuenta que en el proceso estaba demostrada la mala fe en la que incurrió Etesa al revocar el poder a él conferido.
5. Defecto sustantivo: afirmó que las sentencias favorables del proceso ejecutivo garantizaban el recaudo de la obligación, por lo que al revocarse abusivamente su mandato Etesa quedó obligada a pagarle la remuneración estipulada e indemnizarle las pérdidas sufridas por causa de su mandato . En razón a ello, e l juez ordinario al
mandato Etesa quedó obligada a pagarle la remuneración estipulada e indemnizarle las pérdidas sufridas por causa de su mandato . En razón a ello, e l juez ordinario al negar las peticiones de condena dejó de aplicar los artículos 1546 y 2184 (numerales 3 y 5) del Código Civil, que le otorgaban derecho a la remuneración estipulada y a la indemnización de perjuicios.
6. “Violación del principio de buena fe”: el juez ordinario incurrió en dos violaciones de ese principio, la primera, al permitir que la demandada alegara los vicios de su acto contra el apoderado a quien encomendó hacerlo efectivo, y quien actuó de buena fe y cumplió exitosamente su mandato. La segunda, por omitir el hecho de que al conferirle mandato para exigir ejecutivamente el crédito determinado en un acto administrativo suyo, la demandada afirmó que el mismo era válido, pero después para negar la remuneración sostuvo que era nulo; conducta que la autoridad judicial refrendó, violando el principio de respeto de los actos propios.
7. Por otra parte, continuó diciendo que se vulneraron sus derechos al buen nombre y a la reparación integral del daño moral, por incurrir en los siguientes yerros:
8. Defecto fáctico: por no advertir que la revocación arbitraria del mandato afectó el buen nombre del señor Tribín, porque trascendió en el medio profesional y cre ó suspicacias sobre los motivos que le asistieron a una entidad para proceder en ese sentido. También le causó un daño moral porque luego de 10 años de trabajo en los que cumplió su labor , se le privó de los honorarios de éxito , tema que es sensible
suspicacias sobre los motivos que le asistieron a una entidad para proceder en ese sentido. También le causó un daño moral porque luego de 10 años de trabajo en los que cumplió su labor , se le privó de los honorarios de éxito , tema que es sensible para un apoderado que ha obtenido un resultado favorable después de años de sufragar unos costos que no alcanzaban a solventarse con los honorarios fijos.
9. Desconocimiento del precedente judicial : al requerirle al demandante que probara su abatimiento por la frustración de sus derechos a causa de la revocación arbitraria de su mandato; pues en la práctica tales pruebas serían superfluas, debidoRadicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
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a que ya obraba en el proceso material suficiente para acreditar el daño moral y solo faltaba era la estimación prudente del sentenciador. Por lo que exigir otras pruebas no es solo un defecto fáctico sino un desconocimiento de su propio precedente, puntualmente, de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, dentro del proceso con radicación 66001 -23-31-0001996-03160-01, que se refirió a la independencia del juez contencioso-administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.
B. Sentencia de primera instancia
10. En fallo de 20 de febrero de 2025 , la Sección Primera del Consejo de Estado
juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.
B. Sentencia de primera instancia
10. En fallo de 20 de febrero de 2025 , la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo, al no encontrar superado el requisito de relevancia constitucional.
11. Manifestó que los argumentos expuestos por el demandante, particularmente la valoración de las pruebas allegadas al plenario y la supuesta falta de aplicación de las normas que, según alega, le otorgaban el derecho reclamado, constituían simplemente la reiteración del debate que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja ba en claro que sólo busca ba ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado. Es decir, a su juicio, la parte actora simplemente pretendía que el juez constitucional analizara nuevamente la controversia y emit iera una nueva resolución sobre el particular, evidenciándose una instancia adicional.
12. Por otro lado, en lo relativo al desconocimiento del precedente, indicó que la parte demandante se limitó a invocar una providencia de esta Corporación, pero sin identificar los problemas jurídicos que allí se resolvieron y sin efectuar una comparación entre los hechos estudiados en esos asuntos y el sub lite , para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso particular ; por tanto, no cumplió con la carga argumentativa mínima.
C. La impugnación
13. La parte accionante reiteró lo dicho en el escrito de tutela, pero de forma sumaria, e indicó que el juez constitucional de primera instancia desconoció el precedente de
mínima.
C. La impugnación
13. La parte accionante reiteró lo dicho en el escrito de tutela, pero de forma sumaria, e indicó que el juez constitucional de primera instancia desconoció el precedente de la Corte Constitucional sobre la noción de relevancia constitucional. Citó la sentencia C-590 de 2005 y expresó que para el juez de primera instancia solo puede acudirse a este mecanismo de amparo contra las decisiones cimentadas en hechos que no fueron objeto del proceso, error interpretativo que condujo a la errónea conclusión dada en el fallo de primera instancia, pues ese no es el entendimiento que la Corte Constitucional le ha dado al presupuesto de relevancia constitucional.
14. Por otra parte, indicó que el juez de primera instancia al no pronunciarse sobre las causales específicas de procedibilidad invocadas le vulneró su derecho de acceder a la justicia. Finalmente expresó que la Sección Primera de esta Corporación incurrió en un exceso ritual manif iesto por cuanto impuso a las acusaciones deRadicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
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desconocimiento del precedente judicial un formalismo incompatible con la libertad de formas que es propia de la acción de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
15. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
15. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.
E. Análisis del caso concreto
16. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, en tanto coincide con la Sección Primera de esta Corporación en que los argumentos esgrimidos carecen de relevancia constitucional . La mayoría de ellos no se acompaña de una carga argumentativa suficiente para evidenciar el reproche constitucional alegado; y, otros, están encaminados a convertir esta solicitud de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario de controversias contractuales.
17. Los yerros que no tienen carga argumentativa son los relacionados con el defecto fáctico (el primero alegado), el defecto sustantivo, la violación del principio de buena fe y el desconocimiento del precedente judicial.
18. En su orden, respecto del primer defecto, el actor únicamente indicó que la autoridad judicial accionada omitió apreciar las sentencias favorables obtenidas por el abogado Tribín Ferro en las dos instancias del proceso ejecutivo y que no tuvo en cuenta que en el proceso estaba demostrada la mala fe en la que incurrió Etesa al revocar el poder a él conferido. Sin embargo, no indicó cuál era la importancia, relevancia y potencialidad que tenían los mencionados fallos para cambiar la decisión objeto de debate; así como tampoco señaló, siquiera de forma sumaria, con cuál material probatorio estaba probada la mala fe de la demandada del proceso
relevancia y potencialidad que tenían los mencionados fallos para cambiar la decisión objeto de debate; así como tampoco señaló, siquiera de forma sumaria, con cuál material probatorio estaba probada la mala fe de la demandada del proceso ordinario. Tampoco considera en su argumentación que en la providencia cuestionada se declaró el incumplimiento contractual, cosa diferente es que no se acreditaran los perjuicios, frente a lo cual no se indica en qué medida los documentos señalados aportan elemento s de juicio relevantes para arribar a otra conclusión respecto a ese tópico.
19. En el segundo defecto, el señor Tribín Ferro expresó que la entidad accionada al negar las peticiones de condena dejó de aplicar los artículos 1546 y 2184 (numerales 3 y 5) del Código Civil, que le otorgaban derecho a la remuneración estipulada y a la indemnización de perjuicios. Pese a ello, no argumentó el motivo por el cual las normas aplicadas por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C en la decisión acusada no estaban acordes al debate plantead o y/o eran inaplicables al caso concreto , ya sea porque perdieron vigencia, eran inconstitucionales o, el contenido de la disposición no tenía conexidad material con los presupuestos de la
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
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discusión; ni explicó por qué las traídas a colación por él eran pertinentes para solución del problema jurídico planteado.
20. En lo concerniente con el tercer yerro relativo a la violación del principio de buena fe; al realizar una revisión de las pruebas allegadas al plenario, se visualiza que la entidad demandada en el proceso ordinario no alegó vicios contra sus propios actos para negarle la remuneración al actor, pues aquella invocó la caducidad de la acción y la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser parte del contrato suscrito con el señor Tribín Ferro. Por ende, es claro que esos reproches son contrarios a la realidad por no corresponder con lo verdaderamente indicado por la parte pasiva dentro del proceso ordinario de controversias contractuales.
21. Sumado a lo anterior, se observa que fue el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C quien indicó, al momento de analizar la indemnización genérica, que no era posible reconocerle al demandante el 7% s olicitado sobre la liquidación del crédito que realizó el Tribunal, ya que estaba acreditado que en la providencia del 4 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ejecutivo 1996-2052, se indicó que el mismo no podía continuar con la etapa de ejecución porque el Consejo de Estado había declarado la nulidad de los actos administrativos que fueron aducidos por la ejecutante como parte del título ejecutivo complejo, dándose una terminación “anormal” del proceso.
etapa de ejecución porque el Consejo de Estado había declarado la nulidad de los actos administrativos que fueron aducidos por la ejecutante como parte del título ejecutivo complejo, dándose una terminación “anormal” del proceso.
22. Por lo que concluyó que las gestiones del abogado no hubieran garantizado el recaudo de recursos en favor de la entidad, ya que el trámite terminó porque en un proceso judicial distinto, en el que el demandante no era el apoderado, se anuló el título que servía de fundamento a las pretensiones de la demanda ejecutiva. En tal sentido, aun cuando se hubiera permitido al apoderado terminar su l abor -culminar el proceso -, lo cierto era que la anulación del título hubiera impedido cualquier posibilidad de pago en favor de la entidad demandada, por lo que ningún daño sufrió el apoderado con ocasión de la terminación del contrato de mandato , puntualmente respecto al porcentaje que se pactó como honorarios.
23. Por lo anterior, para esta Sala es visible que los argumentos esgrimidos por el señor Tribín Ferro relativos a la presunta violación del principio de buene fe carecen de cualquier tipo de sustento y justificación; debido a que simplemente no corresponden con la realidad de lo aducido por la autoridad demandada en el proceso ordinario y; aunque medianamente se entiende que su censura está relacionada con los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado en el fallo acusado, el actor no brindó ninguna explicación para demostrar el motivo por el cual la tesis de la autoridad judicial accionada es errada, contraria a derecho o a la verdad, o arbitraria.
24. Finalmente, frente al último defecto relativo a que en el proceso hay suficiente material que prueba el daño moral y que exigir otra prueba va contra el propio
la tesis de la autoridad judicial accionada es errada, contraria a derecho o a la verdad, o arbitraria.
24. Finalmente, frente al último defecto relativo a que en el proceso hay suficiente material que prueba el daño moral y que exigir otra prueba va contra el propio precedente la Corporación, puntualmente, de la sentencia del 6 de septiembre de
2001. Se observa que el señor Tribín no indicó cuáles son las pruebas que demuestran el perjuicio solicitado, ni la importancia que tiene cada una de ellas paraRadicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
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cambiar la decisión objeto de litigio. Así como tampoco expresó el motivo por el cual la decisión judicial referenciada constituye precedente aplicable al asunto, es decir, si guarda similitud fáctica y de problemas jurídicos con el suyo, ni tampoco cuál fue la ratio decidendi desconocida.
25. En este punto, se le aclara al actor que, contrario a lo expresado en su escrito de impugnación, el juez constitucional de primera instancia y ahora este, no están exigiendo formalismos incompatibles a la acción de tutela. Pues ha sido pacífica dentro de esta Corporación la postura relativa a que , en este tipo de acciones, cuando se cuestiona una providencia judicial, no basta con que la parte accionante enuncie los derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que a su sentir incurrió la autoridad accionada, sino que tal vulneración debe es tar justificada, es decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia
enuncie los derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que a su sentir incurrió la autoridad accionada, sino que tal vulneración debe es tar justificada, es decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y, se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración; de no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede a las pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos fundamentales de la parte vencida.
26. Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar, especificar, construir, ni adecuar los cargos alegados contra la providencia judicial acusada, el juez de tutela no puede proceder a ello de forma supletiva.
27. Por otra parte, respecto de los argumentos relativos a que la revocación arbitraria del mandato afecta el buen nombre del señor Tribín; presentado como uno de los defectos fácticos alegados en el escrito de tutela. Esta Subsección advierte que el actor pretende continuar con el mismo debate de forma indefinida para que su postura prime sobre la del operador judicial , buscando convertir la soli citud de amparo en una instancia adicional del proceso ordinario.
28. Lo anterior es evidente, debido a que el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C estudió lo atinente al daño moral y, sostuvo que no se demostró su ocurrencia, tampoco fueron cuantificados, ni quedaba claro cómo la terminación del
Subsección C estudió lo atinente al daño moral y, sostuvo que no se demostró su ocurrencia, tampoco fueron cuantificados, ni quedaba claro cómo la terminación del mandato pudo causar un deterioro a los sentimientos del apoderado.
29. Por lo que el hecho de que el actor siga insistiendo en que la revocación arbitraria del mandato por parte de la entidad demandada del proceso ordinario le generó un perjuicio moral, pese a que el juez natural expresó -con una argumentación razonableque no estaba demostrada su configuración, s ólo denota un a inconformidad del actor por haber obtenido una decisión adversa a sus intereses, pero no una verdadera lesión de los derechos fundamentales invocados.
30. Por último, se logra entrever que el fin último del accionante con este mecanismo constitucional es meramente económico; pues cada uno de sus reparos t iene una relación intrínseca con la decisión de no reconocerle la indemnización, ya sea la genérica o el daño moral; puntos respecto de los cuales la autoridad judicial fue claraRadicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
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en señalar que no se contaba con elementos probatorios que los acreditaran; y en esta acción de tutela, más allá de brindar razones para evidenciar una postura caprichosa respecto a ese aspecto y señalar las falencias en el análisis de pruebas específicas debidamente aportadas al proceso, el accionante se decantó por exponer censuras sobre aspectos generales e insistir en que debieron reconocerse
caprichosa respecto a ese aspecto y señalar las falencias en el análisis de pruebas específicas debidamente aportadas al proceso, el accionante se decantó por exponer censuras sobre aspectos generales e insistir en que debieron reconocerse los perjuicios y que los mismos se causaron; sin atacar en forma específica las razones que determinaron a la au toridad judicial a decidir sobre ese tópico en el sentido que lo hizo.
31. Así las cosas , la Sala encuentra que el fallo acusado en esta sede encuentra sustento en el principio de libre valoración judicial, independencia y autonomía del juez, y antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso. En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la demanda de tutela no se proyecta de manera dir ecta como una afectación a algún derecho fundamental.
32. Por lo expuesto anteriormente, se confirmará la sentencia de 20 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera.
33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Primera.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Primera.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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