CE - Sentencia 11001031500020240701201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020240701201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07012-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LO PRETENDIDO POR L A ACTORA ES QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL A LAS PRUEBAS QUE FUERON ALLEGADAS AL PROCESO ORDINARIO, ASÍ COMO DE CADA UNO DE LOS ARGUMENTOS QUE PROPUSO EN ESTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE
HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 12 de febrero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1
1 En adelante la Sección Segunda2
sentencia de 12 de febrero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1
1 En adelante la Sección Segunda2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07012-01
Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
denegó la solicitud de amparo de la referencia.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA , actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, los cuales estima vulnerado s por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ D”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2 al haber proferido la sentencia de 26 de septiembre de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-35-016-2019-00359-00/03.
I.2.- Hechos
Comentó que fue compañera permanente d el señor JULIO
2 En adelante el Tribunal3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07012-01
Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
2 En adelante el Tribunal3
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Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
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OTÁLORA MERCHÁN desde el mes de junio de 1977 hasta la fecha de su fallecimiento, esto es, el 17 de enero de 2016, fruto de cuya relación nació su hijo, JUAN DAVID OTÁLORA GÓMEZ , el 2 de noviembre de 1994.
Manifestó que conoció al causante en el año 1976, cuando aquel ejercía como director general del Club de la FUERZA AÉREA, lugar en el que laboraba como secretaria.
Explicó que, durante el tiempo de convivencia, residieron en diversos inmuebles ubicados tanto en Bogotá como en los municipios de Tabio y Cajicá y que , durante dicho per íodo, tanto ella como su hijo dependieron económicamente del causante.
Indicó que mediante Resolución núm. 2891 de 22 de abril de 2016, la asignación de retiro del causante fue sustituida en un 50% a favor de la señora JUDITH CECILIA CANO DE OTÁLORA en calidad de cónyuge supérstite y el porcentaje restante fue reconocido a su hijo
JUAN DAVID OTÁLORA GÓMEZ.
Aseguró que, a raíz del fallecimiento del causante, en su calidad de compañera permanente del señor OTÁLORA MERCHÁN, el 14 de4
JUAN DAVID OTÁLORA GÓMEZ.
Aseguró que, a raíz del fallecimiento del causante, en su calidad de compañera permanente del señor OTÁLORA MERCHÁN, el 14 de4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07012-01
Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
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noviembre de 2018 presentó solicitud de reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro y de los haberes dejados de cobrar por el causante, petición que fue denegada mediante resoluciones núms. 21350 de 3 de enero y 521 de 12 de febrero de 2019.
Manifestó que, inconforme con lo anterior, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES3 con la finalidad de discutir la legalidad de la decisión en la que le fue negada la prestación y obtener el reconocimiento de esta.
Adujo que la demanda fue identificad a con el número único de radicación 11001-33-35-016-2019-00359-00 y atribuida para su trámite en primera instancia al JUZGADO DIECISÉIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ4 que, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2023 , n egó las pretensiones de la demanda.
3 En adelante CREMIL
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ4 que, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2023 , n egó las pretensiones de la demanda.
3 En adelante CREMIL 4 En adelante el JUZGADO.5
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Sostuvo que, en la medida que sus pretensiones fueron denegadas, interpuso el recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 26 de septiembre de 202 4, confirmó la decisión del a quo , al estimar que no había demostrado haber convivido efectivamente con el causante durante los últimos 5 años anteriores a su muerte.
Argumentó que, en su sentir, no existía claridad si se tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas testimoniales a las que hizo alusión en el recurso de apelación, por lo cual presentó solicitud de aclaración que fue denegada por el TRIBUNAL mediante providencia de 31 de octubre de 2024.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, pues incurrió en defecto fáctico , toda vez que omitió valorar las declaraciones extra juicio y el registro fotográfico aportado, los cuales acreditaban la convivencia permanente con el señor OTÁLORA MERCHÁN desde el año 1976, incluyendo los
omitió valorar las declaraciones extra juicio y el registro fotográfico aportado, los cuales acreditaban la convivencia permanente con el señor OTÁLORA MERCHÁN desde el año 1976, incluyendo los últimos cinco años de su vida, con la correspondiente cronología de las distintas residencias en las que compartieron y que dichos6
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elementos probatorios demostraban la coexistencia real y simultánea de ambos hogares.
Adujo que la autoridad judicial, además, estableció límites temporales para el ejercicio del medio de control que no tienen sustento en la ley ni en la jurisprudencia, al reprocharle el hecho de haber reclamado la sustitución pensional tres años después del fallecimiento del causante.
Indicó que la valoración probatoria desconoció las pruebas testimoniales rendidas por ella y por su hijo, quienes explicaron que la tardanza en la interposición del medio de control obedeció a un cuadro de profunda depresión que atravesó tras la muerte de su compañero permanente.
Sostuvo que, en el análisis probatorio, se configuró un trato desigual entre las partes procesales, pues mientras a los testigos presentados por la cónyuge supérstite se les otorgó plena credibilidad pese a la ausencia de soporte probatorio de sus afirmaciones, en su caso y en el de su hijo, las declaraciones fueron desestimadas sin justificación
por la cónyuge supérstite se les otorgó plena credibilidad pese a la ausencia de soporte probatorio de sus afirmaciones, en su caso y en el de su hijo, las declaraciones fueron desestimadas sin justificación razonable, afectando así los principios de igualdad y debido proceso.7
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Agregó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, en relación con la posibilidad de reconocer la coexistencia de simultaneidad de dos vínculos de convivencia, -el de la cónyuge y el de la compañera permanente-, así como el derecho de esta última a acceder a la sustitución pensional en proporción al tiempo efectivo de convivencia acreditado con el causante. Asimismo, señaló que la jurisprudencia también permitió excluir legalmente de l tiempo de convivencia que se debe acreditar, los días que el causante estuvo hospitalizado.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO por INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA, AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y EQUIDAD, A LA SEGURIDAD JURÍDICA y SEGURIDAD SOCIAL de mi representada, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos.
PRINCIPIO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y EQUIDAD, A LA SEGURIDAD JURÍDICA y SEGURIDAD SOCIAL de mi representada, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos.
2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “D” revoque la sentencia de segunda instancia del 26 de septiembre de 2024, notificada por estado el 2 de octubre de 2024, con ponencia del Magistrado Dr. ISRAEL SOLER PEDROZA, y el fallo que resolvió la aclaración de fecha 31 de octubre de 2024, notificada por estado el 6 de noviembre de8
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2024.
3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “D”, despacho del Magistrado Dr. ISRAEL SOLER PEDROZA que profiera sentencia de Segunda Instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablec imiento del Derecho, con radicado No. 11001333501620190035901, acatando los derechos fundamentales de la accionante Mireya Gómez Neira, al Debido Proceso por indebida valoración probatoria, al principio de Igualdad, Justicia y Equidad, a la Seguridad Juríd ica y
Seguridad Social.
derechos fundamentales de la accionante Mireya Gómez Neira, al Debido Proceso por indebida valoración probatoria, al principio de Igualdad, Justicia y Equidad, a la Seguridad Juríd ica y Seguridad Social.
4. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “D”, despacho del Magistrado Dr. ISRAEL SOLER PEDROZA que profiera sentencia de Segunda Instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicado No. 11001333501620190035901, revocando la proferida en primera instancia, por el JUZGADO DIECISEIS (16) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.CSECCIÓN SEGUNDA, el 21 de noviemb re de 2023, notificada el 22 d e noviembre de 2023, en el proceso radicado No. 11001333501620190035900.
5. En el auto admisorio de la Acción de Tutela, DECRETE la medida provisional solicitada, mientras dura el trámite de la presente acción constitucional en todas sus instancias, conforme con lo expuesto […]”.
I.5.- Defensa
I.5.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo constitucional pretendido, al considerar que no se configuró vulneración de derecho fundamental alguno, toda vez que las pruebas aportadas al proceso -entre ellas los testimonios, las declaraciones extra juicio y los registros fotográficos - sí fueron objeto de valoración y, precisamente, a partir de su análisis, se concluyó que el causante y9
-entre ellas los testimonios, las declaraciones extra juicio y los registros fotográficos - sí fueron objeto de valoración y, precisamente, a partir de su análisis, se concluyó que el causante y9
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la demandante mantuvieron una relación desde el año 1976 hasta los primeros años de vida de su hijo común, nacido en 1994.
Expuso que, en relación con las fotografías allegadas, no se obtuvo plena certeza sobre las fechas en que fueron tomadas, puesto que únicamente en tres de ellas fue posible establecer su correspondencia temporal con el año 2011 y en otras se evidenció su relación con eventos ocurridos en 2014 y 2015, particularmente , la graduación de bachillerato de su hijo ; sin embargo, de estas piezas probatorias, así como de las declaraciones rendidas, no se desprendió la permanencia ininterrumpida de la convivencia hasta el fallecimiento del señor Otálora Merchán.
Indicó que, si bien durante el interrogatorio formulado a la actora se le advirtió sobre lo inusual que resultaba que la solicitud de sustitución pensional se hubiera presentado tres años después del deceso del causante, también se destacó que en sus manifestaciones no aportó detalles precisos acerca de la relación que sostuvo con él en los últimos años de su vida, lo cual afectó la credibilidad de sus afirmaciones.
deceso del causante, también se destacó que en sus manifestaciones no aportó detalles precisos acerca de la relación que sostuvo con él en los últimos años de su vida, lo cual afectó la credibilidad de sus afirmaciones.
I.5.2.- El JUZGADO realizó un recuento de la situación j urídico-10
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procesal desarrollada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, detallando las actuaciones surtidas en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.
Solicitó, en consecuencia, declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, denegar el amparo solicitado, al considerar que no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte demandante, dado que el trámite judicial se llevó a cabo con estricta sujeción a las normas jurídicas aplicables.
I.5.3.- CREMIL solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, en la medida en que no corresponde al juez de tutela revisar ni cuestionar las actuaciones procesales adelantadas dentro de un proceso ordinario.
Adujo que, además, no se configuró vulneración de derecho fundamental alguno, toda vez que la parte demandante ha contado con los medios judiciales idóneos para la defensa de sus intereses, los cuales ha utilizado efectivamente, en garantía del debido proceso.11
fundamental alguno, toda vez que la parte demandante ha contado con los medios judiciales idóneos para la defensa de sus intereses, los cuales ha utilizado efectivamente, en garantía del debido proceso.11
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 12 de febrero de 2025, luego de determinar que la presente acción de tutela cumplía con los requisitos generales de procedibilidad, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación efectuó el estudio del fondo del asunto, para concluir que no había lugar a conceder el amparo pretendido.
Para tal efecto, indicó que el TRIBUNAL sustentó la decisión en un análisis integral del material probatorio aportado al proceso, del cual estableció que no se cumplían los requisitos para que la demandante tuviera derecho a la sustitución pensional reclamada, pues no acreditó la convivencia efectiva en los últimos cinco años de vida del causante.
Sostuvo que el TRIBUNAL no excluyó de su análisis las declaraciones aludidas por la actora, sino que, por el contrario, analizó detalladamente el contenido de las mismas para concluir que tales testimonios no permitían establecer con claridad la existencia del tiempo de convivencia exigido legalmente para acceder al reconocimiento de la sustitución pensional solicitada.12
analizó detalladamente el contenido de las mismas para concluir que tales testimonios no permitían establecer con claridad la existencia del tiempo de convivencia exigido legalmente para acceder al reconocimiento de la sustitución pensional solicitada.12
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Explicó que el TRIBUNAL efectuó la valoración de las pruebas bajo las reglas de la sana crítica y a la luz de las pautas jurisprudenciales vigentes para el momento en que fue proferida la sentencia cuestionada, lo que le permitía colegir que el reproche que plantea la accionante tiene origen en que “[…] nunca ha estado conforme con la valoración que se le ha dado al material probatorio recaudado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual desvirtúa la vulneración de los derechos fundamentales invocados […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia, manifestando que el a quo no resolvió de manera adecuada los planteamientos constitucionales invocados, ni garantizó la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
Insistió en que el TRIBUNAL efectuó una valoración probatoria indebida, al restar importancia a los testimonios y documentos allegados por la parte demandante, mientras se otorgó credibilidad sin respaldo probatorio a las afirmaciones hechas por los testigos
Insistió en que el TRIBUNAL efectuó una valoración probatoria indebida, al restar importancia a los testimonios y documentos allegados por la parte demandante, mientras se otorgó credibilidad sin respaldo probatorio a las afirmaciones hechas por los testigos promovidos por la cónyuge del causante , generando un evidente13
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trato desigual y una vulneración al principio de imparcialidad judicial.
Indicó que el juez de tutela desestimó de forma errónea la existencia de prueba suficiente, conducente y pertinente que demostraba la convivencia efectiva, la ayuda mutua, el acompañamiento en la enfermedad y la dependencia económica con el causante, por lo que se configura una vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
Aseveró que, contrario a lo señalado en la decisión impugnada, el acervo probatorio demostraba una cronología precisa de convivencia en distintos lugares, confirmada de manera uniforme por varios testigos y soportada en registros fotográficos, lo que evidencia una convivencia simultánea que debió ser reconocida para efectos del reconocimiento del derecho a la sustitución pensional.
Reiteró la indebida prevalencia otorgada a testimonios de la familia Otálora Cano -en particular, de subalternos o personas cercanas a esa familia -, cuyos dichos no fueron corroborados con pruebas
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional.
Reiteró la indebida prevalencia otorgada a testimonios de la familia Otálora Cano -en particular, de subalternos o personas cercanas a esa familia -, cuyos dichos no fueron corroborados con pruebas independientes, vulnerándose así los principios de imparcialidad y de valoración razonada de la prueba.14
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Afirmó que en la sentencia T-278 de 2013 , la Corte Constitucional señaló que tanto el cónyuge como el compañero permanente merecen igual protección constitucional en materia de pensiones de sobrevivientes, prohibiéndose cualquier discriminación entre ellos.
Señaló que, la jurisprudencia ha sostenido que, en casos de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, ambos tienen derecho a la pensión en proporción al tiempo de convivencia, criterio que no fue aplicado correctamente por los despachos accionados, ni por el juez de tutela.
Reiteró que la acción de tutela no busca erigirse en una tercera instancia, sino corregir las violaciones flagrantes a derechos fundamentales derivadas de una indebida valoración probatoria y del desconocimiento de precedentes judiciales obligatorios.
Solicitó finalmente revocar el fallo de tutela de primera instancia y, en su lugar, amparar sus derechos fundamentales de conformidad con el material probatorio aportado.15
desconocimiento de precedentes judiciales obligatorios.
Solicitó finalmente revocar el fallo de tutela de primera instancia y, en su lugar, amparar sus derechos fundamentales de conformidad con el material probatorio aportado.15
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamen tales, debiéndose16
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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.17
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las18
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sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
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