CE - Sentencia 11001031500020240704001

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240704001
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07040-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: LUZ MERY DEL SOCORRO PATIÑO ARENAS

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE

TUTELA POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD. LA

ACTORA CUENTA CON EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL ACTO

QUE LA DESVINCULÓ DEL CARGO. NO SE ENCUENTRA PROBADA LA

CONDICIÓN DE PRE PENSIONADA NI UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

POR RAZONES DE SALUD.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO , SEGURIDAD

SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y AL TRABAJO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 6 de marzo de 2025 , mediante la cual la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo solicitado.

1 En adelante la Sección Cuarta2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-07040-01

CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo solicitado.

1 En adelante la Sección Cuarta2

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ACTORA: LUZ MERY DEL SOCORRO PATIÑO ARENAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LUZ MERY DEL SOCORRO PATIÑO ARENAS, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2, el TRIBUNAL

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO 3 y el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SINCELEJO 4 al desvincularla y conceder el traslado de la señora MARINA DEL ROSARIO PORTACIO SIERRA al cargo de juez séptimo penal Municipal con Control de Garantías de Sincelejo, el cual se encontraba ocupando en provisionalidad.

I.2.- Hechos

2 En adelante el CONSEJO SUPERIOR. 3 En adelante el TRIBUNAL. 4 En adelante el CONSEJO SECCIONAL.3

encontraba ocupando en provisionalidad.

I.2.- Hechos

2 En adelante el CONSEJO SUPERIOR. 3 En adelante el TRIBUNAL. 4 En adelante el CONSEJO SECCIONAL.3

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Afirmó que actualmente tiene 54 años, por lo que ostenta la calidad de pre pensionada.

Alegó que desde enero de 2016 fue nombrada en provisionalidad en el cargo de jueza segunda promiscuo Municipal de Sucre y, posteriormente, fue trasladada al Juz gado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Sincelejo, conservando el cargo de jueza.

Refirió que mediante Oficio núm. 0325 de 19 de septiembre de 2024, el TRIBUNAL le comunicó que, mediante sesión ordinaria de 24 de julio de 2024, se accedió a la solicitud de traslado presentada por la señora MARINA DEL ROSARIO PORTACIO SIERRA, jueza tercera promiscuo Municipal de Corozal, por lo que le informó que la misma tomaría posesión en propiedad como jueza séptima penal Municipal de Sincelejo, a partir del 2 de octubre de 2024.

Sostuvo que, por lo anterior, presentó petición ante el TRIBUNAL, solicitando que se replanteara dicha decisión, bajo el argumento de

de Sincelejo, a partir del 2 de octubre de 2024.

Sostuvo que, por lo anterior, presentó petición ante el TRIBUNAL, solicitando que se replanteara dicha decisión, bajo el argumento de que es madre cabeza de familia, pues su hijo y esposo tiene n4

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padecimientos de salud; además, de tener la condición de pre pensionada en razón a su edad.

Relató que a través de Oficio núm. 0350 de 27 de septiembre de 2024, el TRIBUNAL denegó la petición aduciendo que no aportó prueba alguna que sustentara tales afirmaci ones, además, que desconocían sus circunstancias por falta de información de su parte.

Advirtió que reiteró su petición argumentando que su hoja de vida era de pleno conocimiento de esa Corporación, en la cual se podía corroborar su calidad de pre pensionada, sumado a ello, anexó copias de la historia clínica suya, certificado de historia laboral y declaración juramentaba respecto de la enfermedad de su hijo, sin que a la fecha de la presentación de la tutela haya recibido respuesta alguna.

I.3. Fundamentos de derecho

Advirtió que representa la única fuente de ingresos para su hogar , pues es el único sustento económico para brindarle una calidad de

de la presentación de la tutela haya recibido respuesta alguna.

I.3. Fundamentos de derecho

Advirtió que representa la única fuente de ingresos para su hogar , pues es el único sustento económico para brindarle una calidad de vida digna a su hijo con discapacidad y a su esposo, además de que5

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posee la calidad de pre pensionada , por lo que goza de estabilidad laboral reforzada.

Alegó que, sumado a lo anterior, padece de discapacidad visual, pues fue diagnosticada con “ […] glaucoma primario de ángulo cerrado […]”, para lo cual aportó su historia clínica.

A su juicio, sus circunstancias no fueron tenidas en cuenta por el TRIBUNAL a la hora de ofertar su cargo en la solicitud de traslado de la señora MARINA DEL ROSARIO PORTACIO SIERRA, además de que no se le permitió presentar recursos contra los autos que ordenaron el nombramiento en propiedad de la mencionada.

Alegó que la Corte Constitucional en las sentencias SU-917 de 2010 y T-326 de 2014, se pronunció respecto de la estabilidad laboral de los empleados vinculados con carácter provisional.

Destacó que la acción de tutela resulta procedente contra actos administrativos de carácter particular cuando se pretende el

y T-326 de 2014, se pronunció respecto de la estabilidad laboral de los empleados vinculados con carácter provisional.

Destacó que la acción de tutela resulta procedente contra actos administrativos de carácter particular cuando se pretende el reintegro a cargos públicos, como resulta ser en el caso concreto,6

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con el fin de evitar un perjuicio irremediable, dadas las circunstancias particulares del caso, pues su avanzada edad y limitación física le impiden obtener opciones reales de un empleo que le permita subsistir.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] Se ordene al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO el reintegro de la señora LUZ MERY DEL SOCORRO PATIÑO ARENAS al cargo de JUEZA SÉPTIMA PENAL MUNICIPAL CON CONTROL DE GARANTÍAS DE SINCEJELO, con los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social que se hayan causado desde su retiro hasta la fecha en que se verifique su reintegro […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR – UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL solicitó que se le

fecha en que se verifique su reintegro […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR – UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional, dado que la vulneración de los derechos alegada se deriva de la decisión del7

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TRIBUNAL de aceptar el traslado de la servidora MARINA DEL ROSARIO PORTACIO SIERRA , nombrándola en propiedad en el cargo de juez séptimo penal Municipal con Control de Garantías de Sincelejo, sin tener en cuenta la condición de estabilidad laboral reforzada como pre pensionada de la actora , actuaciones administrativas en las cuales esa Corporación no intervino.

En esa medida, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la decisión sobre los nombramientos de los jueces de los despachos judiciales y las situaciones administrativas que de ellas se deriven, corresponde resolverlas al tribunal respectivo.

I.5.2.- El TRIBUNAL, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el asunto, indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, ya que tanto la concesión del traslado como la posterior salida del cargo que ocupaba provisionalmente se realizaron en cumplimiento de la ley y no

surtidas en el asunto, indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, ya que tanto la concesión del traslado como la posterior salida del cargo que ocupaba provisionalmente se realizaron en cumplimiento de la ley y no respondieron a decisiones o actuaciones arbitrarias.8

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Sumado a lo anterior, advirtió que durante el proceso de la solicitud del traslado no se presentó ninguna información que indicara que la actora se encontraba bajo un presunto r égimen especial de protección que requiera ser atendido antes de autorizar su traslado.

I.5.3.- El CONSEJO SECCIONAL refirió que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que no ha generado ninguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales reclamados.

Así las cosas, adujo que carece de competenci a para conocer de los asuntos planteados en la solicitud de la actora, pues ello corresponde al TRIBUNAL, quien es el competente para conocer y decidir sobre las peticiones de traslado realizadas, así como de las solicitudes presentadas por la actora.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- COLPENSIONES indicó que no puede atender lo solicitado por la accionante, teniendo en cuenta que la acción de tutela no va9

presentadas por la actora.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- COLPENSIONES indicó que no puede atender lo solicitado por la accionante, teniendo en cuenta que la acción de tutela no va9

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dirigida contra esa entidad y, además, no tiene competencia para entrar a responder por lo requerido, de tal forma que carece de legitimación en la causa por pasiv a y solicita su desvinculación del presente trámite.

En ese mismo sentido, destacó que no se puede considerar que ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues no tiene responsabilidad en la transgresión de los derechos fundamentales , por lo que solicitó declarar improcedente la acción de tutela en su contra.

I.6.2.- La señora MARINA DEL RO SARIO PORTACIO SIERRA advirtió que no considera que con su actuar se menoscabaran los derechos fundamentales de la actora, comoqu iera que agotó todas las etapas establecidas para poder optar por un traslado.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA mediante sentencia de 6 de marzo de 2025, denegó el amparo solicitado al considerar que la actora no era10

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denegó el amparo solicitado al considerar que la actora no era10

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beneficiaria de la protección de estabilidad laboral reforzada que depreca.

Para lo anterior, resaltó que a la actora en efecto le faltan menos de 3 años para cumplir los 57 años que se exige como requisito de pensión para las mujeres afiliadas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin embargo, le faltan más de 3 años de cotización para acceder a la prestación, pues acredita un total de 780,86 semanas cuando requiere un total de 1.300 semanas para pensionarse.

Destacó que, de conformidad con las directrices establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-691, en el caso bajo estudio no era posible acceder a las pretensiones de amparo, toda vez que no quedó acreditada la condición de pre pensionada, pues no le faltan menos de 3 años para reunir las semanas requeridas, de tal forma que la actora no es beneficiaria de la condición que alega.

Resaltó que, en todo caso, el retiro de la actora se dio con ocasión de la aceptación del traslado de la señora MARINA DEL ROSARIO11

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de la aceptación del traslado de la señora MARINA DEL ROSARIO11

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PORTACIO SIERRA, quien es juez de carrera y, en esa medida, la demandante al ocupar un cargo en provisionalidad contaba con una estabilidad laboral relativa, la cual tuvo que ceder frente al mejor derecho que tiene la persona que se encuentra en carrera.

Indicó que la patología que padece la accionante no se encuentra dentro de las descritas por la Corte Constitucional como enfermedades catastróficas o ruinosas para considerarla por su sola un sujeto de especial protección, además, que lo manifestado respecto de las malas condiciones de salud no tiene como consecuencia directa su desvinculación, sino la existencia de una persona con mejor derecho de acceder a dicha plaza, por lo que no se está en presencia de un despido discriminatorio que dé lugar a la estabilidad laboral reforzada que reclama.

En cuanto a las circunstancias que alega respecto de la discapacidad de su hijo y el mal estado de salud de su esposo, destacó que el TRIBUNAL no tuvo conocimiento de la situación de la actora previo a aceptar el traslado de la solicitante, pues fue con ocasión a la notificación de la aceptación de traslado que la actora presentó12

TRIBUNAL no tuvo conocimiento de la situación de la actora previo a aceptar el traslado de la solicitante, pues fue con ocasión a la notificación de la aceptación de traslado que la actora presentó12

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escrito de reconsideración de la decisión, el cual fue denegado por falta de pruebas que acreditaran las condiciones personales y familiares invocadas.

Destacó que dentro del trámite de la presente acción de tutela tampoco se aportó copia de la historia clínica del hijo de la tutelante, ni otros documentos que pudieran dar cuenta de las condiciones especiales que padece ni de su condición de madre cabeza de familia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN CUARTA, en los siguientes términos:

Adujo que el a quo incurrió en una indebida valoración de los puntos argumentativos expuestos en la solicitud de amparo y se apartó del criterio de la Corte Constitucional en relación con el tema planteado.

Sostuvo que, precisamente, en el escrito de la acción de tutela aportó los documentos respecto de los tiempos laborados y aportados al13

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los documentos respecto de los tiempos laborados y aportados al13

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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala

Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).17

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Comoquiera que la vulneración de los derechos fundamentales invocados está siendo endilgados al CONSEJO SUPERIOR , entre otras entidades, su vinculación al presente proceso se dio en calidad de accionada.

Ahora, en cuanto a COLPENSIONES, se advierte que fue vinculada como tercero con interés directo en las resultas del proceso, toda vez que es el fondo pensional al cual pertenece la actora.

de accionada.

Ahora, en cuanto a COLPENSIONES, se advierte que fue vinculada como tercero con interés directo en las resultas del proceso, toda vez que es el fondo pensional al cual pertenece la actora.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala denegará su s solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley18

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2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso la actora considera que el CONSEJO SUPERIOR, el TRIBUNAL y el CONSEJO SECCIONAL vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso la actora considera que el CONSEJO SUPERIOR, el TRIBUNAL y el CONSEJO SECCIONAL vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo, por lo que pretende que se reconozca la condición de pre pensionada y, en consecuencia , se ordene su reintegro al cargo de Jueza Séptima Penal Municipal de Control de Garantías de Sincelejo, con los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social causados desde su retiro hasta la fecha del reintegro.

A juicio de la actora, las accionadas no tuvieron en cuenta su

5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».19

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situación económica ni familiar, así como tampoco su condición de pre pensionada, por lo que se ofertó el cargo que venía desempeñando en provisionalidad y se aceptó una solicitud de traslado, lo que constituye una grave violación de los derechos fundamentales invocados, por lo que solicita que se acceda a sus pretensiones ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto.

La presente acción de tutela fue conocida en primera instancia por la

fundamentales invocados, por lo que solicita que se acceda a sus pretensiones ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto.

La presente acción de tutela fue conocida en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA que denegó el amparo solicitado al considerar que la actora no goza de estabilidad laboral reforzada, pues no cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la condición de pre pensionada; además, la patología que padece no se encuentra dentro de las enfermedades catastróficas que le permitan ser sujeto de especial protección, no puso en conocimiento de su nominador la condición de madre cabeza de familia ni la discapacidad de su hijo, así como tampoco allegó pruebas de ello a la presente solicitud de amparo.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del a20

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quo, para lo cual sostuvo que se realizó una indebida valoración de los puntos argumentativos expuestos en la solicitud de amparo y se apartó del criterio de la Corte Constitucional en relación con el tema planteado.

Resaltó que hay inconsistencias en la historia laboral emitida por Colpensiones, por lo que no se encuentran todos los tiempos efectivamente laborados y que, además, si cuenta con estabilidad

planteado.

Resaltó que hay inconsistencias en la historia laboral emitida por Colpensiones, por lo que no se encuentran todos los tiempos efectivamente laborados y que, además, si cuenta con estabilidad laboral reforzada, por lo que solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, acceder al amparo deprecado.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si a la actora cuenta con estabilidad laboral reforzada y, como consecuencia de ello, si le asiste derecho a ser reintegrada en el cargo que venía desempeñando en provisionalidad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del21

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requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,22

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afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo contrario « deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Así las cosas, comoquiera que, en principio la solicitud de amparo resulta improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, la Sala entrará a analizar las circunstancias especiales expuestas por la actora, con el fin de determinar la

6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.23

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ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto.

En efecto, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, la acción de tutela resulta improcedente “[…] cuando se solicita el reintegro de empleados públicos a sus cargos, toda vez que los actos administrativos por medio de los

en reiteradas oportunidades, la acción de tutela resulta improcedente “[…] cuando se solicita el reintegro de empleados públicos a sus cargos, toda vez que los actos administrativos por medio de los cuales la administración decide separarlos de los mismos pueden controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que se evidencie la ocurrencia de un perjuicio irremediable […]”7

Así las cosas, la Sala analizará si las circunstancias expuestas por la actora se encuentran acreditadas , esto es, si goza de estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de pre pensionada y debilidad manifiesta por padecimientos de salud de la misma y su hijo y, de ser así, si estas permiten la procedencia excepcional de la solicitud de amparo de la referencia:

7 Sentencia T – 500 del 22 de octubre de 2019. M.P.: Alberto Rojas Ríos.24

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-07040-01

ACTORA: LUZ MERY DEL SOCORRO PATIÑO ARENAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De la estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de pre pensionada

En el caso bajo examen, la parte actora alega que ostenta la calidad de pre pensionada, comoquiera que cuenta con 54 años, razón por la que no puede ser desvinculada del cargo de jueza séptima penal

pre pensionada

En el caso bajo examen, la parte actora alega que ostenta la calidad de pre pensionada, comoquiera que cuenta con 54 años, razón por la que no puede ser desvinculada del cargo de jueza séptima penal Municipal de Control de Garantías de Sincelejo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional8 sostuvo lo siguiente:

“[…] 61. Así las cosas, en principio, acreditan la condición de “prepensionables” las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de serviciorequerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahor

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