CE - Sentencia 11001031500020240704201

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240704201
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

Demandante: Construcciones AR&S S.A.S.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-07042-01

Demandante: CONSTRUCCIONES AR&S S.A.S.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Tema: Tutela contra providencia judicial - nulidad y restablecimiento de actos precontractuales. Falta de cumplimiento de requisitos generales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Construcciones AR&S S.A.S. contra la providencia de 6 de marzo de 202 5, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Chapinero - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones

de Gobierno – Alcaldía Local de Chapinero - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de diciembre de 202 4, el representante legal de la empresa Construcciones AR&S S .A.S. interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«SEGUNDO: Que se declare la violación al debido proceso por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B en contra del accionante Consorcio Obras chapinero cuyos integrantes son Construcciones AR&S SAS y Rómulo Tobo Uscátegui, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad de la sentencia 11001334306520190007501.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria violación al debido proceso se ordene al Tribunal a proceder en lo que en derecho corresponda.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 1 de junio de 2018, el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero expidió la Resolución 302 «por medio de la cual se ordena la apertura del Proceso de Licitación Publica No. FDLCH-Radicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

Demandante: Construcciones AR&S S.A.S.

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302 «por medio de la cual se ordena la apertura del Proceso de Licitación Publica No. FDLCH-Radicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

Demandante: Construcciones AR&S S.A.S.

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LP-001-201817», que tenía por objeto la conservación de la infraestructura vial urbana y rural de la localidad de Chapinero, bajo la modalidad de precios unitarios fijos.

El Consorcio Obras Chapinero, integrado por Construcciones AR&S SAS y Romulo Tobo Uscátegui, presentó propuesta en dicha convocatoria.

El 14 de agosto de 2018, el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero publicó en la plataforma SECOP I la evaluación técnica definitiva y el informe consolidado de habilitados dentro de la Licitación Pública núm. FDLCH-LP-001-2018, en el cual cinco de los sesenta oferentes fueron declarados no hábiles.

El 16 y 17 de agosto de 2018 se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del proceso licitatorio, que finalizó con la expedición de la Resolución 502 de 2018, mediante la cual se adjudicó el contrato a la firma Construsan Ingenieros Civiles Ltda.

El 30 de agosto de 2018, la administración suscribió Contrato de Obra núm.103 entre el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y Construsan Ingenieros Civiles Ltda.

El Consorcio Obras Chapinero presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y Construsan Ingenieros Civiles Ltda.

El Consorcio Obras Chapinero presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de actos precontractuales en la que solicitó la nulidad de la Resolución 502 del 17 de agosto de 2018 y del Contrato de Obra núm. 103 de 2018 . A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconozcan los perjuicios económicos por la utilidad dejada de percibir.

En síntesis, fundamentó la demanda en que:

(i) La administración transgredió los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018 y los propios pliegos de condiciones del proceso.

Lo anterior, porque en la audiencia de adjudicación no se tuvo en cuenta la petición realizada por la Veeduría Distrital y por el apoderado de la accionante, quienes solicitaron que se otorgara un término suficiente para valorar las 55 propuestas económicas habilitadas, pues la entidad publicó en el SECOP I las propuestas la noche anterior a la audiencia, sin brindar un tiempo razonable para su análisis.

Por ello, señaló que se presentó la evaluación económica sin que se otorgara el traslado suficiente a las partes.

(ii) La propuesta No. 54, perteneciente al Consorcio Vial IJ no fue publicada.

(iii) Se habilitaron indebidamente a los proponentes No. 3 (Consorcio Malla Vial P&P), No. 21 (Electrodiseños S.A.S.) y No. 53 (Estudios e Ingeniería S.A.S.)

(iii) Se habilitaron indebidamente a los proponentes No. 3 (Consorcio Malla Vial P&P), No. 21 (Electrodiseños S.A.S.) y No. 53 (Estudios e Ingeniería S.A.S.) pues no acreditaron experiencia en intervención de estructura de pavimento, como lo exigía expresamente el numeral 7.3.1 del pliego de condiciones.

(iv) La adjudicación a Construsan Ingenieros Civiles Ltda. se fundamentó en supuestos no probados, pues no demostraba el cumplimiento de los requisitos del numeral 7.3.1 de los pliegos.

(v) Si se hubiese aplicado correctamente la norma y los pliegos, la propuesta de la sociedad accionante habría resultado adjudicada, porque cumplía todos los requisitos y le otorgaba una mejor calificación.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

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El 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá, negó las pretensiones formuladas en la demanda, porque:

(i) No hubo vulneración al debido proceso ni al principio de transparencia, pues, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en los procesos de licitación de obra pública, la propuesta económica (sobre 2) debe mantenerse cerrada hasta la audiencia de adjudicación, en la cual se abre y se evalúa directamente en esa misma diligencia.

licitación de obra pública, la propuesta económica (sobre 2) debe mantenerse cerrada hasta la audiencia de adjudicación, en la cual se abre y se evalúa directamente en esa misma diligencia.

Está probado que, durante la audiencia del 16 de agosto de 2018, se abrió el sobre económico, se escanearon las propuestas y se cargaron a SECOP

I. Además, que el 17 de agosto, se dio traslado del informe de evaluación económica, se resolvieron observaciones y se adjudicó el contrato.

(ii) En cuanto a la propuesta del Consorcio Vial IJ , expresó que no se aportó prueba respecto a la omisión de falta de publicación de propuesta de ese consorcio. Además, que, en el informe definitivo, ocupó el puesto 12 con un puntaje de 978,70, y que el demandante no manifestó alguna inconformidad o realizó observación sobre esta propuesta en las oportunidades procesales disponibles.

(iii) En cuanto a la falta de requisitos de Construsan Ltda, encontró que la empresa adjudicataria aportó la documentación requerida para acreditar su experiencia y se constató que cumplía con lo exigido en el pliego de condiciones. Asimismo, que el Consorcio Obras Chapinero no cuestionó formalmente la documentación técnica ni económica de Construsan Ltda durante el proceso licitatorio.

Esa decisión fue apelada por el Consorcio Obras Chapinero con fundamento en los siguientes argumentos:

(i) Alegó que a entidad contratante incumplió con lo previsto en la Ley 1882 de 2018 al no realizar la publicación oportuna y accesible de las propuestas económicas mediante el sistema SECOP I.

siguientes argumentos:

(i) Alegó que a entidad contratante incumplió con lo previsto en la Ley 1882 de 2018 al no realizar la publicación oportuna y accesible de las propuestas económicas mediante el sistema SECOP I.

Afirmó que, en lugar de ello, las propuestas fueron escaneadas y subidas a la plataforma con poco tiempo de antelación, sin otorgar a los proponentes un término razonable para analizarlas.

Resaltó que, a pesar de la solicitud de la Veeduría Distrital para que se diera un plazo adecuado, la entidad adjudicó la licitación sin garantizar el traslado efectivo y completo de las propuestas, configurándose una afectación al debido proceso y al principio de transparencia.

(ii) Manifestó que de un análisis detallado de los documentos aportados por el proponente Construsan se concluía que no cumplía con el requisito de experiencia.

Al respecto, anotó que e l único contrato aportado tenía por objeto el «mejoramiento integral » de vías, pero no acreditaba la intervención específica en la estructura del pavimento como lo exigía expresamente el numeral 7.3.1 del pliego.

De igual forma, que la única prueba presentada fue el acta de liquidación del contrato, que no contenía detalle alguno de las actividades ejecutadas , deRadicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

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modo que el proponente debió ser declarado no hábil desde la evaluación

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

modo que el proponente debió ser declarado no hábil desde la evaluación técnica.

(iii) Dijo que la propuesta económica del Consorcio Vial IJ no fue publicada en SECOP I, hecho que fue ignorado por el juzgado y que esa omisión desconoció el principio de transparencia y selección objetiva del proceso.

(iv) Advirtió que el juez de primera instancia no se pronunció sobre la experiencia técnica de los proponentes Consorcio Malla Vial P&P, No. 21 Electrodiseños S.A.S. y 53 Estudios e Ingeniería S.A.S.

Sobre el particular, señaló que esas propuestas debieron ser declaradas no hábiles, por no cumplir los requisitos.

(v) Presentó un cuadro comparativo en el que, aplicando las fórmulas del pliego para evaluar el precio y el AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), se demuestra que el Consorcio Obras Chapinero debía ocupar el primer lugar con un puntaje total de 988.53, por encima del adjudicatario Construsan.

El 8 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , confirmó la decisión de primera instancia, del siguiente modo:

(i) Concluyó que no se configuró vulneración al principio de transparencia ni a las reglas del proceso licitatorio, toda vez que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, en los procesos de

(i) Concluyó que no se configuró vulneración al principio de transparencia ni a las reglas del proceso licitatorio, toda vez que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, en los procesos de licitación pública de obra se deben presentar dos sobres, manteniéndose cerrado el segundo (propuesta económica) hasta la audiencia de adjudicación.

Y que, en el presente asunto, se acreditó que en la audiencia de adjudicación se dio apertura a los sobres económicos de los proponentes habilitados , se escanearon y publicaron en SECOP I, dando traslado en la misma audiencia y, ante la solicitud de la Veeduría Distrital, se suspendió la audiencia para permitir el análisis de las ofertas económicas y se reanudó el 17 de agosto, cuando se resolvieron observaciones.

Destacó que el apoderado del consorcio demandante no realizó observaciones en su momento sobre el traslado de propuestas y reiteró que no existe norma que imponga un plazo específico para dicho traslado, siendo este de discrecionalidad administrativa.

(ii) Sobre la presunta falsa motivación por habilitación indebida de Construsan, señaló que dicho proponente aportó los documentos exigidos en el pliego para acreditar su experiencia técnica.

(iii) Respecto a los supuestos incumplimientos de experiencia de los proponentes núm. 3 (Consorcio Malla Vial P&P), núm. 21 (Electrodiseños S.A.S.) y núm. 53 (Estudios e Ingeniería S.A.S.) , encontró que fueron evaluadas y resultaron hábiles en los componentes técnico, financiero y jurídico.

S.A.S.) y núm. 53 (Estudios e Ingeniería S.A.S.) , encontró que fueron evaluadas y resultaron hábiles en los componentes técnico, financiero y jurídico.

Además, que dichas propuestas obtuvieron puntajes inferiores al del Consorcio Obras Chapinero, por lo cual su descalificación no habría alterado el orden de elegibilidad.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

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(iv) En cuanto a la afirmación del apelante de que su propuesta debió obtener 988.53 puntos, el Tribunal indicó que no se demostró cómo se habría alcanzado ese puntaje ni por qué pasaría del puesto 14 al 1.

(v) En lo atinente a la omisión de la publicación de la propuesta núm. 54 (Consorcio Vial IJ) , concluyó que esa afirmación no fue probada , pues se constató que la propuesta núm. 54 fue abierta en audiencia, se dio lectura a su contenido y fue debidamente cargada en SECOP I.

Además, que ese proponente ocupó el puesto 12 en el orden de elegibilidad con un puntaje de 978.65.

3. Argumentos de la acción de tutela

Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo porque:

(i) no se estudiaron las pruebas que demostraban la falta de publicación de la propuesta económica del oferente No. 54 (Consorcio Vial IJ) en la plataforma

sustantivo porque:

(i) no se estudiaron las pruebas que demostraban la falta de publicación de la propuesta económica del oferente No. 54 (Consorcio Vial IJ) en la plataforma SECOP I, pues esta no fue publicada oportunamente ni con posterioridad a la audiencia de adjudicación y solo fue obtenida 45 días después mediante derecho de petición.

Por ello, dijo que no se tiene certeza de que la propuesta económica leída en audiencia sea la misma que fue publicada posteriormente, abriendo la posibilidad de «manipulación».

(ii) La entidad contratante y los jueces naturales omitieron valorar la experiencia acreditada por CONSTRUSAN, pues el único contrato presentado no acreditaba intervención en estructura del pavimento, como exigía el numeral 7.3.1 del pliego de condiciones.

Además, el acta de liquidación del contrato no contenía detalle alguno sobre las actividades de obra ejecutadas ni documentos adicionales que permitieran verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Por lo anterior, dijo que esa propuesta debió haber sido declarada no hábil.

(iii) El Tribunal demandado desconoció los incumplimientos en la experiencia de los proponentes Consorcio Malla Vial P&P (Propuesta núm. 3), Electrodiseños S.A.S. (Propuesta núm. 21) y Estudios e Ingeniería S.A.S. (Propuesta núm. 53).

En consecuencia, consideró que estas propuestas debieron haber sido rechazadas por la entidad.

(iv) Como resultado de las omisiones descritas, afirmó que el Consorcio Obras Chapinero debió ocupar el primer lugar en el orden de elegibilidad, con un

En consecuencia, consideró que estas propuestas debieron haber sido rechazadas por la entidad.

(iv) Como resultado de las omisiones descritas, afirmó que el Consorcio Obras Chapinero debió ocupar el primer lugar en el orden de elegibilidad, con un puntaje total de 988.53, según las fórmulas establecidas en el pliego, si se hubieran descalificado correctamente las propuestas núm. 13, 21 y 53, y si se hubiese realizado una evaluación transparente de las propuestas económicas.

4. Trámite previoRadicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

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El 3 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera admitió la acción de tutela y ordenó notificar a l accionante y a la autoridad judicial demandada . Además, vinculó al señor Rómulo Tobo Uscátegui, al Consorcio Obras Chapinero, a Construsan Ingenieros Civiles L tda., al Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital de Gobierno, al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y al Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá como terceros con interés.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B solicitó que se declare improceden te la acción de tutela porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues pretende reabrir un debate que ya se surtió

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B solicitó que se declare improceden te la acción de tutela porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues pretende reabrir un debate que ya se surtió en el proceso ordinario.

Señaló que en la sentencia cuestionada realizó un estudio de los hechos, del material probatorio y de todos los cargos de nulidad planteados en la demanda y reiterados en el recurso de apelación.

Indicó que la Alcaldía Local de Chapinero cumplió con el procedimiento licitatorio previsto en la Ley 80 de 1993, inclu ida la apertura de los sobres económicos, su escaneo, publicación en SECOP I, y el traslado respectivo en audiencia.

Afirmó que el proponente adjudicatario Construsan L tda., acreditó debidamente su experiencia técnica con base en el contrato núm. COP-086-2011, el RUP y el acta de liquidación, y que los proponentes núm. 3, 21 y 53 también fueron correctamente habilitados.

Agregó que la propuesta núm. 54 fue leída en audiencia y no se probó que su contenido hubiese sido manipulado.

6. Terceros con interés

La Alcaldía Local de Chapinero solicitó declarar la improcedencia del amparo constitucional y, en subsidio, su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que no tiene competencia para pronunciarse sobre lo resuelto en sede jurisdiccional.

Indicó, además, que no se acreditó causal específica de procedencia de la acción de

la causa por pasiva. Señaló que no tiene competencia para pronunciarse sobre lo resuelto en sede jurisdiccional.

Indicó, además, que no se acreditó causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , ni se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

El señor Rómulo Tobo Uscátegui , el Consorcio Obras Chapinero , la empresa Construsan Ingenieros Civiles L tda. y el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá no se pronunciaron.

7. Sentencia de primera instancia

El 6 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera profirió sentencia de primera instancia en la que declaró improcedente la acción de tutela porque no cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para demostrar la configuración de un defecto fáctico ni acreditó una afectación grave a sus derechos fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

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Señaló que la tutela se limitaba a manifestar inconformidades subjetivas frente a la s decisiones judiciales cuestionadas y que no identificaba de forma precisa las pruebas supuestamente no valoradas, ni explicaba por qué dicha omisión habría sido determinante en el fallo.

Además, sostuvo que el proceso de adjudicación cuestionado fue estudiado por los jueces naturales del proceso y que la actuación de la administración no vulneró el

determinante en el fallo.

Además, sostuvo que el proceso de adjudicación cuestionado fue estudiado por los jueces naturales del proceso y que la actuación de la administración no vulneró el principio de transparencia, pues las propuestas económicas fueron abiertas en audiencia, escaneadas y cargadas en SECOP I y se dio traslado a los interesados.

Finalmente, indicó que el accionante no probó violación al principio de selección objetiva, por lo cual concluyó que el debate no tenía relevancia constitucional y que la tutela pretendía reabrir un juicio de legalidad ya resuelto.

8. Impugnación

La sociedad Construcciones AR&S S.A.S. impugnó la sentencia de primera instancia y expresó que el caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, porque el asunto comprometía el goce efectivo de derechos fundamentales, específicamente, el debido proceso y que no se trataba de una mera inconformidad legal ni de un asunto estrictamente económico.

Asimismo, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial, los cuales se sintetizan, así:

(i) Cuestionó que en la providencia controvertida se omitió la falta de pronunciamiento sobre la no publicación de la propuesta económica núm. 54 (Consorcio Vial IJ) en la plataforma SECOP I, lo cual, según afirmó, «pudo haber abierto la posibilidad de manipulación de su contenido », ya que esta propuesta solo fue entregada 45 días después de la audiencia de adjudicación, mediante derecho de petición.

(ii) Reprochó que no se valoraron correctamente la experiencia acreditada por el proponente adjudicatario Construsan Ltda, pues el único contrato

propuesta solo fue entregada 45 días después de la audiencia de adjudicación, mediante derecho de petición.

(ii) Reprochó que no se valoraron correctamente la experiencia acreditada por el proponente adjudicatario Construsan Ltda, pues el único contrato aportado, y su respectiva acta de liquidación, no demostraban intervención alguna en estructura de pavimento, como exigía el numeral 7.3.1 del pliego de condiciones.

Según el impugnante, el contrato hacía referencia genérica al «mejoramiento integral», sin describir las actividades ejecutadas, por lo que no cumplía con los requisitos técnicos.

(iii) Consideró que existió una omisión similar frente a la falta de experiencia técnica de los oferentes núm. 3 (Consorcio Malla Vial P&P), núm. 21 (Electrodiseños S.A.S.) y núm. 53 (Estudios e Ingeniería S.A.S.), pese a que se habían aportado pruebas que acreditaban dicho incumplimiento.

De cada uno de estos, explicó detalladamente los contratos presentados y los documentos que, en su criterio, demostraban que no cumplían con los requerimientos de experiencia técnica exigidos por los pliegos de condiciones.

(iv) Alegó que, de haberse descalificado las propuestas, el Consorcio Obras Chapinero habría obtenido el mayor puntaje (988,53), como lo demostrabanRadicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

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los cuadros comparativos y las fórmulas aplicadas, las cuales fueron ignoradas por el Tribunal demandado.

(v) Sostuvo que se presentó falsa motivación en la Resolución 502 del 17 de agosto de 2018, pues la administración indicó que el adjudicatario cumplía con los requisitos habilitantes sin sustentar debidamente este hecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico y solución

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que

resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sid o posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

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y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2024-07042-01

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A la Sala le corresponde determinar si, en los términos de la impugnación presentada por la parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de tutela de primera instancia , porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que el escrito presentado por la parte actora pretende reabrir un debate de legalidad ya resuelto por los jueces naturales del proceso.

Para llegar a esta conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, (ii) el análisis del caso concreto.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii

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