CE - Sentencia 11001031500020240704401

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020240704401
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-07044-01

Demandantes: ERVIN SINISTERRA ARBOLEDA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia del 21 de febrero de 2025, por la cual la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 19 de diciembre de 2024, los señores Cruz Emilia Arboleda López, Lorenzo Sinisterra Castro , Ervin, Jennifer, Weimar, Yoyner, Luz Mary y Lina Dayana Sinisterra Arboleda interpusieron acción de tutela contra la Sala Segunda de

El 19 de diciembre de 2024, los señores Cruz Emilia Arboleda López, Lorenzo Sinisterra Castro , Ervin, Jennifer, Weimar, Yoyner, Luz Mary y Lina Dayana Sinisterra Arboleda interpusieron acción de tutela contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de mayo de 2024, en el marco del medio de control de reparación directa con radicado 76001-33-33-006-2017-00292-01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

1.Solicito a los Honorables Consejeros de Estado proteger los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en sentido material, de los tutelantes, el cual fue vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 31 de mayo de 2024 al haber estudiado la privación injusta de la li bertad del señor ERVIN SINISTERRA ARBOLEDA sin tener por acreditados los 2 indicios graves deDemandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

responsabilidad que exige el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, y sin que se tuvieran probados los hechos indicadores de los mismos, y al

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responsabilidad que exige el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, y sin que se tuvieran probados los hechos indicadores de los mismos, y al descontextualizar el testimonio del señor Willington Franco Trespalacios quien nunca señaló que mi representado estuviera armado y que hubiera accionado un arma contra el occiso.

Como consecuencia de la declaración anterior solicito lo siguiente:

2. Se ordene dejar sin efectos la sentencia del 31 de mayo proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferida dentro del expediente 76001-33-33-006-2017-00292-01, toda vez que fue expedida con defecto fáctico al concluir que del testimonio del señor Willington Franc o Trespalacios se tenía acreditado que el señor Ervin Sinisterra se encontraba armado, a pesar de que el testigo declaró que: “el zarco y pedro tenían cada uno una escopeta” Adicional a lo anterior, se profirió la sentencia sin haber estudiado la privación injusta de la libertad del señor ERVIN SINISTERRA ARBOLEDA sin tener por acreditados los 2 indicios graves de responsabilidad que exige el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.

3. Se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a proferir una nueva sentencia a través de la cual se valore el testimonio del señor Willington Franco Trespalacios, en su real sentir, esto es, que en su declaración señaló que mi poderdante estaba presente al momento de los hechos y supuestamente se apoderó de la motosierr a del occiso, pero en cuanto a la autoría de los disparos no lo responsabilizó toda vez que afirmó

declaración señaló que mi poderdante estaba presente al momento de los hechos y supuestamente se apoderó de la motosierr a del occiso, pero en cuanto a la autoría de los disparos no lo responsabilizó toda vez que afirmó que habían sido dos personas distintas. Lo anterior resulta irrazonable que esas afirmaciones puedan ser prueba de una concertación y menos de una coautoría impropia como lo concluyó la Sala Penal del Tribunal Superior.

1.3. Hechos

La parte actora indicó que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Álvaro Agudelo Rincón (víctima directa); Andrés Felipe, Sebastián y Mateo Agudelo Torres; Natalia Sánchez Calvo, Valeria Agudelo Sánchez, Luz Patricia Rincón Buitrago, Jorge Agudelo Bedoya y Maritza Agudelo Rincón demandaron a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios que se les causaron con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el primero de los demandantes.

Mencionó que, como fundamento fáctico de la demanda de reparación directa, la parte actora indicó que, el 7 de diciembre de 2010, el señor Ervin Sinisterra Arboleda fue capturado por el delito de homicidio. El 14 de diciembre siguiente, la Fiscalía 41 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Buenaventura impuso me dida de aseguramiento de detención preventiva por ser el autor del homicidio del señor Antonio José Franco Giraldo.Demandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros

Buenaventura impuso me dida de aseguramiento de detención preventiva por ser el autor del homicidio del señor Antonio José Franco Giraldo.Demandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Expuso que, el 12 de enero de 2016, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura condenó al señor Sinisterra Arboleda a 300 mese s de prisión por el delito de homicidio agravado y que, el 14 de marzo de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga lo absolvió, toda vez que no existía prueba alguna que relacionara al procesado con el delito por el cual fue acusado.

Señaló que presentó una demanda de reparación directa a la cual se le asignó el radicado 76001 -33-33-006-2017-00292-00 y le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali, el que, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con el siguiente argumento:

La imposición de la medida de aseguramiento decretada por la Fiscalía resultó, a juicio de este juzgado, desproporcionada e irrazonable (sic), porque, fue privado de la libertad atendiendo al dicho de un único testigo, que en ningún momento vio al procesado disparar contra la humanidad de quien

resultó, a juicio de este juzgado, desproporcionada e irrazonable (sic), porque, fue privado de la libertad atendiendo al dicho de un único testigo, que en ningún momento vio al procesado disparar contra la humanidad de quien posteriormente fallece, y además señaló a otros de portar las armas de fuego con las que se cegó la vida del ciudadano.

Resultó equivocada la inferencia que realizó la Fiscalía al momento de proferir la medida de aseguramiento, al igual que la realizada por el juzgado penal de primera instancia, autoridades que dedujeron el compromiso del procesado con el homicidio, porque esta ba en el lugar donde sucedió y en compañía de otras personas que portaban armas de fuego; pues tal como ya se indicó, del testimonio del entonces menor de edad Franco Trespalacios no podía arribarse a tal conclusión; en ese sentido, no pasó de ser una mera conjetura alimentada por un escenario especulativo insuficiente a la hora de obtener una inferencia razonable, que les hizo deducir a partir del dicho del testigo, que el señor Sinisterra Arboleda probablemente concertó con los demás el homicidio del señor Franco, y que efectivamente este ocurrió como resultado de esa planeación y además con su participación.

Manifestó que, inconformes con la decisión, la Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la parte demandante interpusieron recurso de apelación, el cual , resolvió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , Sala Segunda de Decisión mediante sentencia del 31 de mayo de 2024, con la cual revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Segunda de Decisión mediante sentencia del 31 de mayo de 2024, con la cual revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Agregó que, en dicha providencia se consideró que si bien el señor Sinisterra Arboleda fue absuelto, lo cierto es que dicha decisión no obedeció a la existencia de una irregularidad o arbitrariedad de las autoridades judiciales que conocieron del proceso en l a etapa preliminar, sino que se dio porque en una etapa posterior, en aplicación de los principios de autonomía e independencia que gobiernan la actividad judicial, el juzgador de instancia dio una valoración diferente a los elementos de juicio que soporta ron la acusación inicial, paraDemandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

concluir luego que procedía aplicar el principio de in dubio pro reo, ante la existencia de una duda insalvable que no se pudo despejar.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la decisión de segunda instancia se incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria porque no tuvo en cuenta que la medida de aseguramiento que terminó con la privación de la libertad del señor Ervin Sinisterra Arboleda fue proferida en contravía del ordenamiento jurídico, pues tomó como “indicios graves (sic)” el testimonio de Willington

que la medida de aseguramiento que terminó con la privación de la libertad del señor Ervin Sinisterra Arboleda fue proferida en contravía del ordenamiento jurídico, pues tomó como “indicios graves (sic)” el testimonio de Willington Franco Trespalacios quien no observó al accionante con armas de fuego ni disparar, y el de la señora Luz Marina Franco quien era testigo de referencia y replicó lo mismo que su sobrino Willington.

Refirió que tampoco era claro que existieran indicios en su contra, ni mucho menos se contaba con pruebas que condujeran a la certeza de la responsabilidad, de ahí que, en su criterio, la decisión del juez penal de primera instancia se torne en ilegal y arbitraria.

Adujo que, la autoridad judicial de segunda instancia pasó por alto que no se contaban con los indicios señalados en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, y además, descontextualizó el testimonio del señor Franco Trespalacio s, a pesar de que el testigo declaró que el accionante no portó en ningún momento armas de fuego, pues fue “categórico en señalar que el señor Ervin a quien describió bajo el apodo de ‘don beli’ no portaba el arma en el momento en que lo vio pasar por el lugar de los hechos’”.

Mencionó que no existían indicios en su contra, ni mucho menos se contaba con pruebas que condujeran a la certeza de la responsabilidad del procesado.

Esto, en atención a que como el señor Franco Trespalacios indicó que “los que iban armados con escopeta eran ‘el zarco y pedro’ no el señor Sinisterra Arboleda a quien se le apodaba ‘don beli’, que no observó quien disparó el

iban armados con escopeta eran ‘el zarco y pedro’ no el señor Sinisterra Arboleda a quien se le apodaba ‘don beli’, que no observó quien disparó el arma de fuego y que se encontraba a una distancia aproximada de 100 metros del lugar de los disparos”, da cuenta de la descontextualización en la valoración de esa prueba por parte del tribunal, pues “dicho testimonio no es posible considerarlo como indicio grave y mucho menos establecer que se está ante dos para justificar la imposición de la medida”.

1.5. Trámite en primera instancia

El magistrado ponente de la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 20 de enero de 2025, admitió la solicitud de amparo y, en consecuencia, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte demandada, y a la directora ejecutiva de Administración Judicial y a la fiscal general de la Nación, comoDemandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

terceras con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Esta entidad solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela, porque lo pretendido es controvertir una providencia judicial y para tal efecto se requiere la demostración de algún tipo de vulneración, lo cual no se logró acreditar.

Esta entidad solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela, porque lo pretendido es controvertir una providencia judicial y para tal efecto se requiere la demostración de algún tipo de vulneración, lo cual no se logró acreditar.

Sostuvo que, la decisión adoptada no es caprichosa ni arbitraria, y lo pretendido por la parte actora es revivir un debate clausurado por los jueces de instancia.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación

Esta autoridad pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no existe relación de causalidad entre sus actuaciones y la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante.

Agregó que, la part e actora no sustentó de manera adecuada las causales específicas de procedibilidad para que la tutela resulte procedente, por lo que solicitó que se declarara el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Mencionó que lo pretendido por el tutelante es reabrir el debate probatorio, aunado al hecho de que no señaló la razón por la cual se tergiversó la prueba testimonial, que dio origen a la prueba indiciaria, sino que s olo “afirmó que hubo un indicio sin argumentar razonadamente dicho aspecto. Lo cierto, es que el tribunal analizó la providencia que privó la libertad y alude a la prueba indiciaria”.

Destacó que, en la providencia cuestionada se realizó el análisis bajo el régimen aplicable.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, la Subsección A de Sección

Destacó que, en la providencia cuestionada se realizó el análisis bajo el régimen aplicable.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

Estableció que se cumplían los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, particula rmente el de la relevancia constitucional, por los siguientes motivos:Demandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

…La Sala estima que se cumple el requisito de relevancia constitucional, puesto que los reparos versan sobre cuestiones relacionadas con la garantía de los derechos constitucionales y plantean un debate de naturaleza iusfundamental, en la medida en que no se proponen aspectos de simple discrepancia legal, sino que se atribuye a la autoridad judicial accionada el deber de valorar en debida forma lo relacionado con la prueba que tuvo en cuenta el juez de control de garantías al momento de imponer la medida de aseguramiento, circunstancia que podrían derivar en la configuración de un defecto fáctico.

… La parte actora no pretende reabrir una discusión de instancia, sino sobre la garantía de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, relacionada con el deber que tienen las autoridades judiciales de

defecto fáctico.

… La parte actora no pretende reabrir una discusión de instancia, sino sobre la garantía de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, relacionada con el deber que tienen las autoridades judiciales de fundar su decisión a partir de un examen integral de las pruebas aportadas y recaudadas. Este deber impone la n ecesidad de que el juez de tutela emita un pronunciamiento de fondo para constatar si, en efecto, la decisión enjuiciada fue dictada sin tener en cuenta las pruebas que obraban en el expediente.

Hizo referencia al contenido de la providencia demandada, pa ra destacar que, la decisión de negar las pretensiones de la demanda estuvo fundada en un estudio razonable de la providencia por la cual la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento, pues se encargó de determinar si en el caso del señor Sinisterra Arboleda se cumplían o no los requisitos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.

Expuso que la conclusión de la autoridad judicial accionada no era caprichosa, ni irracional.

Aclaró que, i ncluso, si esa Subsección estuviese en desacuerdo con el sentido de la providencia respecto al valor probatorio que se le debió otorgar a los elementos de prueba con los que contaba la Fiscalía al momento de imponer la medida, ello no sería una razón suficiente para afirmar que contiene un defecto fáctico, puesto que el juez constitucional no está dotado de competencia para determinar el mejor entendimiento que deba hacerse sobre una prueba o una conclusión única respecto del análisis de determinadas pruebas.

fáctico, puesto que el juez constitucional no está dotado de competencia para determinar el mejor entendimiento que deba hacerse sobre una prueba o una conclusión única respecto del análisis de determinadas pruebas.

Recordó que, tal labor le corr esponde al juez de la causa, quien goza de plena libertad y autonomía para discernir sobre el examen de los elementos de confirmación procesal.

Precisó que, la parte demandante no revela ni acredita que las conclusiones de la autoridad judicial accionada sean abiertamente antagónicas, contrastadas objetivamente con las pruebas judiciales, sino que hace una interpretación propia para considerar una teoría y una conclusión diferentes a la del fallo atacado, pero sin demostrar que la decisión se adoptó con to tal desconocimiento de los elementos de prueba arrimados. Adujo que, las pruebasDemandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

fueron valoradas, pero no en la forma en que se pretende en la solicitud de amparo.

Mencionó que, no observaba capricho, arbitrariedad o irracionalidad en el análisis del Tri bunal, porque la providencia sí contenía una valoración de las pruebas que resulta razonable y que no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional. Resaltó que, cuestión distinta es que la parte actora esté inconforme con ese juicio, circu nstancia insuficiente para desmerecer la

pruebas que resulta razonable y que no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional. Resaltó que, cuestión distinta es que la parte actora esté inconforme con ese juicio, circu nstancia insuficiente para desmerecer la razonabilidad de esa decisión y provocar un nuevo examen del juez de tutela.

Concluyó que la providencia censurada no incurrió en defecto fáctico, porque la autoridad judicial valoró las pruebas que echó de menos la parte demandante, y a partir de un análisis conjunto, determinó que para la etapa preliminar en la cual se impuso la medida de aseguramiento, era razonable inferir que el señor Ervin Sinisterra Arboleda era autor o partícipe del delito por el cual fue imputado y, además, que se cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 600 de 2000 para el decreto de dicha medida cautelar.

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado electrónicamente el 5 de marzo de 2025 , la parte actora impugnó la sentencia de pri mera instancia, que fue notificada el 28 de febrero del mismo año.

Hizo referencia a las circunstancias fácticas y jurídicas del asunto, para destacar que, el tribunal demandado descontextualizó dicha declaración para justificar la existencia de los dos indicios graves que exigía el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para decretar la medida de aseguramiento.

Reiteró los argumentos expuestos en la demanda inicial, a partir de lo cual insistió en el defecto fáctico pues la autoridad judicial acusada concluy ó que del testimonio del señor Willintong Franco Tr espalacios se tenía acreditado que el

Reiteró los argumentos expuestos en la demanda inicial, a partir de lo cual insistió en el defecto fáctico pues la autoridad judicial acusada concluy ó que del testimonio del señor Willintong Franco Tr espalacios se tenía acreditado que el señor Ervin Sinisterra se encontraba armado, a pesar de que el testigo declaró que: “el zarco y pedro tenían cada uno una escopeta”. Agregó que, se profirió la sentencia sin haber verificado que no se contaban con los dos indicios exigidos en el artículo 356 de la Ley 600 del 2000.

Pidió que, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir una nueva sentencia a través de la cual se valore el testimoni o del señor Willintong Franco Trespalacios, “en su real sentir, esto es, que en su declaración ‘lo único que declaró en su contra es que estaba presente al momento de los hechos y se apoderó de la motosierra del occiso, pero en cuanto a la autoría de los disparos lo dejó fuera para afirmar que habían sido dos personas distintas. Resulta irrazonable que esas afirmaciones puedan ser prueba de una concertación u menos de una coautoría impropia como lo concluyó la Sala Penal del Tribunal Superior’”.Demandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 24 de abril de 2025 se declaró infundado el impedimento que

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1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 24 de abril de 2025 se declaró infundado el impedimento que manifestó el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.

Posteriormente, con providencia del 2 de mayo de 2025 se dispuso la vinculación del juez Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

Surtidas las notificaciones respectivas, la Secretaría del tribunal demandado indicó que en “atención a su [requerimiento] y una vez revisado el aplicativo, se observa que el expediente radicado No. 7600133330062 0170029201, fue devuelto al Juzgado Sexto Administrativo de conocimiento el 25 de julio de 2024, una vez en firme la sentencia de segunda instancia, por lo anterior, no es posible atender su solicitud de forma positiva.”

El mencionado juzgado, a su vez, remitió copia digital del expediente ordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 , de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Fiscalía General de la Nación solicitó q ue se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Esta petición se denegará porque dicha entidad se vinculó en calidad de tercera

2.2. Cuestión previa

La Fiscalía General de la Nación solicitó q ue se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Esta petición se denegará porque dicha entidad se vinculó en calidad de tercera con interés en el resultado del proceso, pues fungió como demandada en el proceso ordinario objeto de la acción de tutela de la referencia.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia conforme a lo planteado por la parte impugnante.

1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

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Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia, se analizará si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora con la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de mayo de 2024 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de reparación directa con radicado 76001 -33-33-006-201700292-01, por configurarse un defecto fáctico.

2.4. Caso concreto

Los señores Cruz Emilia Arboleda López, Lorenzo Sinisterra C astro; Ervin,

00292-01, por configurarse un defecto fáctico.

2.4. Caso concreto

Los señores Cruz Emilia Arboleda López, Lorenzo Sinisterra C astro; Ervin, Jennifer, Weimar, Yoyner, Luz Mary y Lina Dayana Sinisterra Arboleda interpusieron acción de tutela contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al de bido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de mayo de 2024, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001 -33-33006-2017-00292-01, al considerar que con dicha decisión se configuró un defecto fáctico.

El a quo negó el amparo solicitado al considerar que, la autoridad judicial valoró las pruebas que echó de menos la parte demandante, y a partir de un análisis conjunto, determinó que para la etapa preliminar en la cual se impuso la medida de aseguramiento, era razonable inferir que el señor Ervin Sinisterra Arboleda era autor o partícipe del delito por el cual fue imputado y, además, que se cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 600 de 2000 para el de creto de dicha medida cautelar.

La parte actora impugnó la decisión anterior mediante escrito en el que incluyó los mismos argumentos que planteó en el escrito inicial de tutela.

Para resolver, se considera:

Una vez revisado el contenido de la impugnación presentada, se encuentra que, si bien el a quo sostuvo que se cumplía el presupuesto de la relevancia

los mismos argumentos que planteó en el escrito inicial de tutela.

Para resolver, se considera:

Una vez revisado el contenido de la impugnación presentada, se encuentra que, si bien el a quo sostuvo que se cumplía el presupuesto de la relevancia constitucional para todos los defectos en cita, lo cierto es que el asunto no cumple con el mencionado requisito, por lo siguientes motivos:

Para establecer si un asunto cuenta con relevancia constitucional no basta con hacer la simple indicación de su cumplimiento como lo señaló el a quo , pues como presupuesto general de la acción de tutela “ …supone justificar razonablemente la existencia de una restri cción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación conDemandantes: Ervin Sinisterra Arboleda y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2024-07044-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

aquel…”2. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres finalidades, a saber:

… (i) preservar la competencia y la independencia de lo s jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 3 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 4; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional q ue afecten los derechos fundamentales 5 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de

de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional q ue afecten los derechos fundamentales 5 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces6.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la solicitud de amparo.

Así, se observa que, e n relación con el defecto fáctico invocado por la parte actora por la indebida valoración probatoria respecto de las pruebas testimoniales e indiciarias, argumento que fue reiterado con su impugnación , la sala considera que corresponde a un asunto que no cuenta con la relevancia constitucional requerida.

Esto, pues se observa que, la controversia propuesta no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 20227, toda vez que, su fin alidad es la

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