CE - Sentencia 11001031500020250000601

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250000601
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: MARÍA EMMA LOMBANA GONZÁLEZ Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E”. Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA - Improcedencia/ REQUISITO DE INMEDIATEZ– Incumplimiento / excede el tiempo establecido como razonable para su interposición. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve, en sede de impugnación, la acción de tutela promovida por María Emma Lombana González, actuando en defensa de sus propios derechos fundamentales, contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección “E”, al proferir la sentencia del 2 de febrero de 2024, la cual revocó la decisión de primera instancia. ANTECEDENTES 1. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia judicial, motivo por el cual, para mayor claridad se expondrán: (i) los hechos que dieron origen al proceso ordinario; y (ii) los argumentos que fundamentaron la interposición de la acción de amparo constitucional, así como las pretensiones formuladas por la demandante. Antecedentes del proceso ordinario 2. La peticionaria es profesional en Psicología y prestó sus servicios en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, durante un periodo de 13 años, comprendido entre el 17 de octubre de

las pretensiones formuladas por la demandante. Antecedentes del proceso ordinario 2. La peticionaria es profesional en Psicología y prestó sus servicios en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, durante un periodo de 13 años, comprendido entre el 17 de octubre de 2007 y el 12 de marzo de 2020.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: María Emma Lombana González Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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3. Durante dicho periodo, suscribió 20 contratos de prestación de servicios, ejecutando funciones equivalentes a los instructores de planta, bajo condiciones de subordinación, cumplimiento de horarios y programación académica fijada por el coordinador del SENA, lo cual evidenció la existencia de una relación laboral. 4. María Emma Lombana González solicitó a su empleador el reconocimiento de las prestaciones sociales, cotizaciones al sistema de Seguridad Social y demás derechos derivados de dicha relación. No obstante, mediante oficio número 11-2-2020-024279 del 16 de julio de 2020, el SENA negó dicha petición. En consecuencia, la tutelante elevó una solicitud de conciliación ante la Procuraduría 135 Judicial II, cuya audiencia tuvo lugar el 10 de noviembre de 2020, sin que se lograra un acuerdo. 5. Ante la negativa institucional y el fracaso de la conciliación, interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El proceso fue radicado bajo en número 11001333502820200029300 y asignado al Juzgado 28 Administrativo, Sección Segunda Oral del Distrito Judicial de Bogotá, el cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 6. El SENA interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, el cual fue resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección “E”. Mediante sentencia del 2 de febrero de 2024, dicha autoridad judicial revocó el fallo apelado. El Tribunal sostuvo que, no se lograron acreditar los elementos característicos de la existencia de una relación laboral. Fundamentos de la acción de tutela 7. La accionante afirma que la presente acción cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Respecto a los requisitos especiales manifiesta que la

característicos de la existencia de una relación laboral. Fundamentos de la acción de tutela 7. La accionante afirma que la presente acción cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Respecto a los requisitos especiales manifiesta que la sentencia atacada incurrió en cuatro defectos a saber: (i) defecto sustantivo (ii) violación directa de la Constitución; (iii) desconocimiento del precedente judicial; y (iv) defecto fáctico.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: María Emma Lombana González Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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Pretensiones de la acción 8. La parte peticionaria refirió las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Se TUTELEN a mi favor los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD, en conexidad con LA CONFIANZA LEGÍTIMA, LA SEGURIDAD JURÍDICA y LA BUENA FE. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E”, proferir una nueva sentencia que este acorde a los postulados constitucionales, y comprenda un análisis de todos los medios probatorios que comprendieron el litigio. TERCERO: Las que a bien tenga ordenar dentro de las facultades otorgadas por la ley”. Trámite en primera instancia 9. Mediante auto del 16 de enero de 2025, la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, admitió la presente acción, en consecuencia, ordenó notificar a la parte demandada, al Servicio Nacional de Aprendizaje, al Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como terceros interesados y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Respuesta por parte de la autoridad judicial accionada e intervenciones 10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E” solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no satisface los requisitos generales de procedencia. En su criterio la acción busca reabrir un debate ya resuelto en las dos instancias del proceso contencioso administrativo. Adicionalmente, señaló que la

solicitante no agotó los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, puntualmente, el recurso extraordinario de revisión. Finalmente, advirtió que no se satisface la inmediatez, toda vez que la acción se interpuso habiendo trascurrido más de 6 meses, desde la notificación de la providencia atacada. 11. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá -Sección Segunda pidió declarar la improcedencia de la acción de amparo constitucional, dado que no vulneró los derechos fundamentales de la solicitante.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: María Emma Lombana González Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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Sentencia de primera instancia de tutela 12. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025, la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por María Emma Lombana González y, en consecuencia, negó la solicitud de coadyuvancia presentada por Paola Andrea Pianda Jaramillo. 13. La corporación fundamentó su decisión en el incumplimiento del requisito general de inmediatez, en tanto que la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, fue notificada el 8 de febrero de 2024 y la acción de amparo constitucional fue radicada el 13 de enero de 2025. En ese sentido, al haber transcurrido 11 meses entre la notificación y la radicación de la demanda de amparo, se configuró una dilación injustificada que afectó la procedencia de la tutela. Recurso de Impugnación 14. La accionante solicita que se revoque la decisión adoptada el 6 de febrero de 2025 por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado y, en consecuencia, se amparen sus derechos fundamentales. Motivó el recurso afirmando que, contrario a lo dispuesto en la sentencia impugnada, la tutela se radicó en diciembre de 2024 y no en enero de 2025. Adicionalmente, manifestó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el requisito general de inmediatez no constituye una regla de aplicación estricta o absoluta, sino que debe ser evaluado de manera flexible y contextual, atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto. CONSIDERACIONES Competencia 15. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en acuerdo 080

de cada caso en concreto. CONSIDERACIONES Competencia 15. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en acuerdo 080 de 20191. Problemas jurídicos y metodología de la decisión 16. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela formulada por la parte actora fue instaurada en forma oportuna, tal como lo sostiene el escrito de 1 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: María Emma Lombana González Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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impugnación o, tal como lo concluyó la decisión de primera instancia, el ejercicio de la acción no cumple con el requisito de inmediatez. 17. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el requisito de la inmediatez y; (iii) el análisis del caso concreto, conforme a los documentos que obran en el expediente. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales 18. En la sentencia C-590 de 20052, la Corte Constitucional “sistematizó” los requisitos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. En dicha decisión, la Corte estableció una distinción entre requisitos de carácter general, y requisitos de carácter específico. 19. Los primeros constituyen condiciones previas que deben cumplirse en su totalidad, para que el juez pueda asumir el conocimiento del caso, y una vez superados proceder al análisis de fondo. Por su parte, los requisitos específicos hacen alusión a los defectos presentes en la providencia cuestionada, los cuales serían la causa directa de la vulneración de los derechos fundamentales. 20. Para que una providencia judicial pueda ser estudiada a través de la acción de tutela, es indispensable que, en primer lugar, se acrediten los requisitos generales de procedencia: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una

clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. 2 M.P: Jaime Córdoba Triviño.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: María Emma Lombana González Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (subrayas por fuera del texto original) 21. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface el requisito de inmediatez. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales 22. Partiendo de lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte Constitucional3 ha entendido que la acción de tutela puede presentarse en cualquier momento, en la medida que no está sujeta a un término de caducidad. 23. Aunque el tribunal constitucional considera que la acción de tutela no está sujeta a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro de un plazo

razonable y proporcional, contando a partir del hecho que origina la presunta vulneración de derecho fundamental. Tratándose de providencias judiciales, dicho término se computa desde el momento que la decisión es notificada y en consecuencia es de conocimiento por las partes. En ese sentido, si bien no existe un límite fijo, para la Corte un plazo de 6 meses4 podría ser razonable para declarar la improcedencia de la acción por falta de inmediatez.

3 Sentencia T-246 de 15. M.P: Martha Victoria Sáchica Méndez. 4 Corte Constitucional, sentencia T-461 de 2019. M.P: Alejandro Linares Cantillo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: María Emma Lombana González Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia) 7

24. En esa línea, en la sentencia SU-108 de 20185, estableció que le corresponde al Juez Constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada caso en concreto, para determinar si la demora en la interposición de la acción se encuentra justificada: “(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras. (ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata. (iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas fuera del texto original) 25. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de tutela, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre que existan razones

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas fuera del texto original) 25. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de tutela, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre que existan razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que haya transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que debe evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que expliquen la falta de acción oportuna. Análisis del caso concreto 26. María Emma Lombana González, promovió una acción de amparo constitucional contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca 5 M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: María Emma Lombana González Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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Sección Segunda - Subsección “E”, al proferir la sentencia del 2 de febrero de 2024, la cual revocó la decisión de primera instancia. En criterio de la solicitante esta decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, en Conexidad con la confianza legítima, la seguridad jurídica y la buena fe. 27. La Sala considera que no se cumple el requisito general de inmediatez, dado que la presente acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia ha considerado como razonable, el cual tratándose de providencias judiciales gira en torno a 6 meses desde el conocimiento de las partes de la sentencia que a su juicio vulneró sus derechos fundamentales. 28. En el caso concreto, el fallo judicial cuestionado fue notificado el 8 de febrero de 20246, mientras que el mecanismo de amparo constitucional fue radicado el 13 de enero de 20257, es decir, 11 meses después, superando el margen temporal aceptado. Adicionalmente, del análisis del escrito de tutela no se evidencia la existencia de ninguna circunstancia excepcional que permita justificar razonablemente dicha tardanza, lo cual resulta indispensable para poder flexibilizar el plazo de 6 meses estipulado por la jurisprudencia como adecuado. 29. La accionante, en el escrito de impugnación, sostuvo que la acción de tutela fue radicada en diciembre de 2024 y no en enero de 2025, como lo afirmó el fallador de primera instancia en sede de tutela. No obstante, aún en el supuesto que dicha

afirmación fuera cierta, el término transcurrido entre la notificación de la providencia judicial cuestionada y la presentación de la tutela seguiría excediendo el plazo razonable establecido en la jurisprudencia constitucional, esto es 10 meses. En suma, tampoco se cumpliría el requisito general de inmediatez. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

6 Índice electrónico 014 de SAMAI. 52_ENVIODENOTIFICACION_NOTIFICACI_1_MERGED(.pdf) NroActua 14. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección “E”. 7 Índice electrónico 01 de SAMAI. “Reparto y radicación del proceso realizadas el lunes, 13 de enero de 2025”Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00006-01 Accionante: María Emma Lombana González Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E” Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia) 9

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

VF

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