CE - Sentencia 11001031500020250002400
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250002400
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-00024-00 Demandante YULIANA MERCADO BARROS Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Temas Acción de tutela. Inundaciones corregimiento Aguas Blancas. Sentencia T -078 de 2025. Carencia de objeto. Cosa juzgada constitucional. Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por la señora Yuliana Mercado Barros, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 23 de diciembre de 20241, la señora Yuliana Mercado Barros interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, el Banco Agrario, la Fiduprevisora
tutela contra la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, el Banco Agrario, la Fiduprevisora S.A., el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías, la Defen soría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Personería Municipal de Valledupar, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P., la Constructora Ariguaní S.A. y la sociedad Yuma Concesionaria S.A. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda, al agua, a la salud, al saneamiento ambiental y a la dignidad humana. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “• ORDENAR: De la manera más atenta solicito enviar evidencia que nos encontramos inscrito en el Registro Único Nacional de Damnificados – RUNDA de cada una las personas. • ORDENAR al Ministerio de Vivienda, el acatamiento del fallo al encontrarnos en un estado de vulnerabilidad para que se den las órdenes impartidas por parte del magistrado y a su vez delegar por parte del ministerio de vivienda la visita e inspección ocul ar a las viviendas que se vieron afectadas por la ola invernal hace dos años. Somos personas sujetos de este derecho constitucional para una vivienda
parte del ministerio de vivienda la visita e inspección ocul ar a las viviendas que se vieron afectadas por la ola invernal hace dos años. Somos personas sujetos de este derecho constitucional para una vivienda digna, sin mayores trámites al encontrarnos en un estado de vulnerabilidad y en varias sentencias de la corte, independiente de esta sentencia obligan a las entidades diligenciar, gestionar y tramitar a nuestro beneficio los subsidios de vivienda correspondientes. En este caso el subsidio del Programa CAMBIA MI CASA, que es un programa del gobierno nacional dirigido a personas vulnerables que habitan en áreas urbanas y rurales en condiciones habitacionales inadecuadas como es nuestro caso. • ORDENAR al Ministerio de Vivienda firmar los convenios con la Gobernación del Cesar y la alcaldía municipal de Valledupar para el mejoramiento de vivienda y el acatamiento de la orden impartida por la Corte Constitucional en el plan de mejoramientos de viviendas.
1 El 13 de enero de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar remitió el expediente por reglas de reparto al Consejo de Estado. Se advierte que la accionante radicó la tutela en línea el 23 de diciembre de 2024; sin embargo, dicha fecha corresponde a la vacancia judicial. El expediente pasó al despacho el 14 de enero de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • ORDENAR la protección del derecho fundamental de naturaleza autónoma y subjetiva por cuanto en
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • ORDENAR la protección del derecho fundamental de naturaleza autónoma y subjetiva por cuanto en diferentes sentencias se reconoce que el agua es fuente de vida y presupuesto ineludible para realizar otros derechos, como la salud, la vivienda y el saneamie nto ambiental fundamentales para la dignidad humana, protección de todos estos derechos fundamentales y es una necesidad personal que permite gozar de condiciones materiales de existencia. • PROTECCIÓN especial a mi núcleo familiar para poder desarrollar nuestras actividades básicas cotidianas y poder acceder al agua potable como uno de los grandes beneficios que se tiene • ORDENAR una respuesta, clara, precisa, concreta y de fondo del porque debiendo de haber diligenciado todo ante el municipio, no me otorgan la cometida si ya tenemos todos los requisitos de ley y cumplimos a cabalidad. • ORDENAR Y REQUERIR a la Alcaldía Municipal y a la Personería Municipal de Valledupar. Adicionalmente, de las respuestas presentadas por la Alcaldía Municipal de Valledupar y la Personería Municipal de la misma ciudad, se observa que, si bien esas autorid ades dieron respuesta al Auto de 6 de mayo de 2024, no contestaron de forma completa los cuestionamientos contenidos en la mencionada providencia. En estos términos, se les requerirá para que den respuesta completa a los literales (e), (g), (h), (i), (j) y (k). En lo que tiene que ver específicamente con el literal (g), el magistrado sustanciador destaca que, a pesar de que el municipio allegó un censo con la identificación de las personas afectadas
(h), (i), (j) y (k). En lo que tiene que ver específicamente con el literal (g), el magistrado sustanciador destaca que, a pesar de que el municipio allegó un censo con la identificación de las personas afectadas por la inundación ocurrida en octubre de 2022, esa información es distinta a la solicitada en el Auto de 6 de mayo de 2024, referida a una caracterización de la población que habita actualmente el corregimiento de Aguas Blancas. Además, la información aportada tampoco refiere si en la población existen niños, adultos mayores, mujeres, mujeres en estado de embarazo, personas en situación de discapacidad, personas que hagan parte de comunidades étnicas y otras personas en condición de vulnerabilidad”.
2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En octubre del año 2022 ocurrieron fuertes inundaciones en el corregimiento de Aguas Blancas, en el municipio de Valledupar. La señora Yuliana Mercado Barros manifestó que hace parte de dicha comunidad. 2.2. Una de las habitantes del corregimiento de Aguas Blancas presentó acción de tutela por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, al acceso al agua potable, a la integridad física y de petición, con ocasión a tres circunstancias ocurridas en tal corregimiento: (i) la carencia de agua potable, (ii) las deficiencias en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico y (iii) el riesgo de inundación de su vivienda.
Tras proferirse sentencias de primera y segunda instancia, la Corte Constitucional seleccionó el asunto para revisión, el cual se tramitó bajo radicado T-10.023.657.
inundación de su vivienda. Tras proferirse sentencias de primera y segunda instancia, la Corte Constitucional seleccionó el asunto para revisión, el cual se tramitó bajo radicado T-10.023.657. Mediante autos de 6 de mayo y 20 de junio de 2024, se decretaron pruebas de oficio y se solicitaron informes adicionales. En la primera de estas providencias se les ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Municipio de Valledupar, al Departamento del Cesar, a la Personería de Valledupar, a la Cor poración Autónoma Regional del Cesar, al Instituto Nacional de Vías y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lo siguiente: “g. Presenten una caracterización de la población que habita el corregimiento de Aguas Blancas del municipio de Valledupar. Informen si dentro de dicha población se encuentran niños, adultos mayores, mujeres, mujeres en estado de embarazo, personas en situación de discapacidad, personas q ue hagan parte de comunidades étnicas y otras personas en condición de vulnerabilidad”. A su vez, en la segunda de estas providencias se requirió a la Alcaldía Municipal y a la Personería Municipal de Valledupar en los siguientes términos: “a. Remita la documentación (informes, imágenes o archivos de video) relacionada con la inspección ocular realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo del municipio, en relación con la problemática ambiental del corregimiento de Aguas Blancas. Deberá
ocular realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo del municipio, en relación con la problemática ambiental del corregimiento de Aguas Blancas. Deberá informar la fecha en que se realizó la inspección ocular y el procedimiento administrativo adelantado con posterioridad a esa actuación.”Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
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3. Fundamentos de la acción La accionante manifestó es parte de la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas en Valledupar y que producto de las inundaciones ocurridas en octubre del año 2022 resultaron afectadas 380 personas, incluyéndola.
Por una parte, reprochó que no se ha acatado “el fallo” de la Corte Constitucional (refiriéndose a los autos de pruebas proferidos en el curso del trámite de revisión T10.023.657). Al respecto, aseguró que las autoridades no han vuelto a efectuar visitas en el corregimiento, a pesar de que la Corte Constitucional dispuso la realización de inspecciones oculares y la caracterización de la población. Por otra parte, sostuvo que el presidente de la República se comprometió a otorgar un subsidio a través del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) a los damnificados por las inundaciones de 2022. No obstante, aseveró que los funcionarios que aquel nombró en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no han cumplido dicho compromiso, en su criterio estos han incurrido en “falta de atención y descuido”.
funcionarios que aquel nombró en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no han cumplido dicho compromiso, en su criterio estos han incurrido en “falta de atención y descuido”. Agregó que se continúa atravesando una fuerte ola invernal y aun así no se le ha otorgado el mencionado subsidio, pese a que este último se encuentra vigente; e indicó que ha presentado diferentes peticiones para lograr la entrega del subsidio mencionado, pero que aún no se le ha pagado tal ayuda económica. Puso en conocimiento que ciudadanos del corregimiento de Aguas Blancas han interpuesto acciones de tutela para el pago de la ayuda económica relacionada con el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), las cuales han ascendido a más de 100, pero afirmó que solo a 110 personas de las 380 personas damnificadas les ha pagado tal auxilio.
4. Trámite impartido 4.1. Mediante auto del 13 de enero de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar remitió el expediente al Consejo de Estado para su conocimiento, con base en las reglas de reparto. 4.2. En autos del 16 y 28 de enero de 2025, el despacho ponente manifestó que el escrito de tutela presentado tenía peticiones dirigidas a diversas autoridades; sin embargo, la accionante no indicaba con claridad cuáles eran las acciones u omisiones cometidas por dichas autoridades que generaban la presunta vulneración2. Tampoco era claro si era la única accionante o si actuaban en dicha calidad las personas enlistadas en uno de los anexos.
Por lo que se requirió a la accionante para que aclarara si el escrito presentado
vulneración2. Tampoco era claro si era la única accionante o si actuaban en dicha calidad las personas enlistadas en uno de los anexos. Por lo que se requirió a la accionante para que aclarara si el escrito presentado se trataba de un derecho de petición o de una acción de tutela y allegara los soportes de los derechos de petición que mencionaba que había presentado, junto con las constanc ias de radicación y las respuestas recibidas. También se le solicitó que aclarara, respecto de cada autoridad accionada, cuáles eran las acciones u omisiones que generaron la vulneración y qué derechos fundamentales consideraba vulnerados por dichos hechos. Además, se solicitó que aclarara cuáles eran sus pretensiones respecto de cada demandado. Adicionalmente, se le pidió que aclarara quiénes actuaban como accionantes, allegando soportes válidos de expresión de la voluntad o acreditara los requisitos de la agencia oficiosa. Por último, se le requirió para que precisara si cuestionaba alguna provi dencia judicial proferida dentro del proceso de
2 Se advirtió que el acápite de pretensiones solo señala peticiones directas a 5 autoridades (Ministerio de Vivienda, Unidad Para la Gestión del Riesgo, Gobernación de Cesar, Alcaldía de Valledupar y Personería de Valledupar), de las 26 mencionadas en el encabezado como accionadas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co revisión eventual del expediente T-10.023.657 o alguna acción u omisión de la Corte Constitucional en el trámite de dicho expediente. 4.3. La señora Yuliana Mercado Barros allegó memorial en el que afirmó que la comunidad de Aguas Blancas en Valledupar fue afectada por la construcción de la doble calzada entre los municipios de Bosconia y Valledupar, realizada por la Constructora Ariguaní S.A.S. y Yuma Concesionaria S.A. Aseguró que, previo a la construcción de la vía, cuando ocurrían fuertes lluvias las aguas fluían por el antiguo puente; sin embargo, afirmó que tras la realización de la obra y la instalación de la estructura de canalización de agua (denominada box culvert), las aguas se represan y no siguen su curso. A su juicio, esto genera las actuales inundaciones. Así lo expresó la accionante: (sic para toda la cita) “esta demostrado (…) todas las omisiones en la construcción, diseño y puesta en marcha de la doble calzada Bosconia Valledupar las mediciones que hicieron para el cálculo de los boxcoulvert (…) la vía todavía se continua inundando la distancia que hay entre el Boxcoulvert y las diferentes alcantarillas son 700 metros ahí no hay flujo mantiene anegada (…) si el ajustador de seguros hubieran visitado los predios, hubiera verificado los daños causados la distancia entre la vía y la alta dimensión y el volumen del agua, pero les queda a ellos muy
si el ajustador de seguros hubieran visitado los predios, hubiera verificado los daños causados la distancia entre la vía y la alta dimensión y el volumen del agua, pero les queda a ellos muy fácil, desde los escritorios en Bogotá con dibujitos y con graficas decir que esta bien construida esto nunca sucedía en el corregimiento personas que tienen más de 50 -60 años viviendo en el corregimiento cuando se daban esas precipitaciones de tan alto volumen en el antiguo puente que no tenia las 3 celdas los palos todo fluía lo que hicieron en el ot ro fue colocar 3 celdas en los Boxcoulvert y ahí los palos se retiene e hicieron una barrera como lo que hace el castor y por esos nos inundamos no podían fluir y aparte de eso dejaron desechos de obra aparte de eso cerraron los juayes”. Insistió que no se han efectuado las visitas al corregimiento de Aguas Blancas ordenadas por la Corte Constitucional y que no se le ha otorgado el subsidio relacionado con el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) que actualmente se está pagando: (sic para toda la cita) “Cada una de las autoridades fueron demandadas debidamente notificadas por la Corte Constitucional del proceso T10023657 para que rindieran un informe puntual de las acciones encaminadas a la protección de derechos fundamentales de una comunidad que se encuentra en alto riesgo de vulnerabilidad por la ocasión de la inundación del 13 al 14 de octubre del 2022 solicito la corte taxativamente que hicieran un tamizaje a la unidad nacional de riesgos y desastres y a la fecha no han hecho ninguna de las visitas puntuales al corregimiento de Aguas Blancas y el Ministerio de Vivienda siempre responde
nacional de riesgos y desastres y a la fecha no han hecho ninguna de las visitas puntuales al corregimiento de Aguas Blancas y el Ministerio de Vivienda siempre responde en todas y las diferentes las acciones de tutela que no ha sido notificado (…) la Corte inicialmente les había dado un plazo de 10 días y después debido a una petición expresa de la constructora Ariguaní, Yuma Concesionaria le otorgo 3 meses de plazo y les reiteramos la única que hizo la visita y emitió un concepto fue la Personería Municipal de Valledupar de resto todas las otras entidades no han estado violando sistemática y permanentemente nuestros derechos fundamentales (…) no hemos sido beneficiadas con el Subsidio Runda un ofrecimiento del Presidente Gustavo Petro pero la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Valledupar se dio la tarea de ser omisivos en dos oportunidades y conocemos exactamente por que se presentaron 118 acciones de tutela para que al primer grupo poblacional le pagaran hasta que toco que abrieran el link toda una tortura a unas personas que perdieron todo (…) no les pueden exigir que presenten acciones de tutela o que le exijan a los funcionarios que cumplan con sus funciones ellos debieron habernos enlistado y haber solicitado la apertura del link para que nos inscribieran conocemos toda la metodología y a los que les han pagado les ha tocado presentar las diferentes acciones de tutela (…) nosotros que si somos damnificados que perdimos absolutamente todo nuestros pocos bienes no nos han dado el Subsidio Runda y continuaremos así pasen los años el subsidio está vigente y todavía lo siguen entregando” (Negrillas propias). A su vez, indicó que los accionados eran la Presidencia de la República, la
continuaremos así pasen los años el subsidio está vigente y todavía lo siguen entregando” (Negrillas propias). A su vez, indicó que los accionados eran la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y “las entidades involucradas en la construcción del tramo de la doble calzada Valledupar-Bosconia”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que sus pretensiones estaban orientadas a que la Presidencia de la República vigilara las actuaciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, puesto que no se habían entregado los subsidios del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) por las inundaciones; y a que las demás autoridades involucradas en el proceso de tutela T-10.023.657 cumplieran con las órdenes dadas por la Corte Constitucional. Finalmente, indicó que “lo que hacemos es reunirnos en comunidad en un café internet tenemos un único correo y logramos hacer los derechos de petición y las acciones de tutela; Ah y aquí hay profesores que nos están ayudando Un profesor que hizo una investigación clara sobre la situación real pero ningún abogado ni de la defensoría ni de los consultorios ni la Universidad del Cesar, nadie absolutamente nadie y no tengo 50 mil pesos para gastar en el traslado a un consultorio jurídico para que me den una cita quién sabe para cuándo”. 4.4. Por auto del 13 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
el traslado a un consultorio jurídico para que me den una cita quién sabe para cuándo”. 4.4. Por auto del 13 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Yuliana Mercado Barros contra de la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, se dispuso vincular como terceros con interés al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la accionante que promovió el proceso de tutela T-10.023.657, al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, al Tribunal Administrativo del Cesar, a la Constructora Ariguaní, a Yuma Concesionaria S.A., al Instituto Nacional de Vías, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia Financiera, al Ministerio del Inte rior, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Municipio de Valledupar, al Departamento de Cesar, a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, a la Personería de Valledupar, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo Regional Cesar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cesar, a la Secretaría de Salud del Municipio de Valledupar y a los demás demandantes, demandados y terceros con interés que participen en el proceso en sede de revisión de la
Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cesar, a la Secretaría de Salud del Municipio de Valledupar y a los demás demandantes, demandados y terceros con interés que participen en el proceso en sede de revisión de la acción de tutela T-10.023.657 (Exp. 20001-33-33-005-2023-00507-00).
5. Intervenciones 5.1. La Gobernación de Cesar manifestó que ha sido vinculada a sendos trámites de tutela instaurados por habitantes del corregimiento de Aguas Blancas del Municipio de Valledupar. Indicó que las acciones se derivan de afectaciones sufridas por las inundaciones que ocurrieron entre octubre y noviembre de 2022, producto de la ola invernal, que según los ac cionantes fueron provocados por las obras ejecutadas en el marco del proyecto Vial Ruta del Sol III que deviene un Contrato de Concesión vial celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura con el Concesionario YUMA. Sostuvo que el Departamento de Cesar no tiene injerencia en el proyecto vial.
Por otro lado, afirmó que la ayuda económica por la situación de desastre nacional, decretada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 2113 de 2022, debe ser pagada directamente por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, siempre y cuando se encuentre registrada en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA). Indicó que el proceso de registro lo efectúa el municipio de Valledupar, a través de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Adicionalmente, puso de presente que respondió a las inquietudes planteadas en el auto del 6 de mayo de 2024, dentro del trámite que se surte en la Corte
Gestión del Riesgo de Desastres. Adicionalmente, puso de presente que respondió a las inquietudes planteadas en el auto del 6 de mayo de 2024, dentro del trámite que se surte en la Corte Constitucional en sede de revisión del proceso T -10.023.657. Por lo anterior, consideró que no se encu entra legitimada por pasiva para resolver laRadicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co problemática de la accionante, pues la obligación del pago del subsidio del RUNDA recae en cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y respecto del proceso que se surte ante la Corte Constitucional. Por consiguiente, solicitó su desvinculación de la acción de tutela y denegar cualquier pretensión respecto del Departamento del Cesar. 5.2. La Procuraduría General de la Nación manifestó que no tiene registro de algún antecedente de la señora Yuliana Mercado Barros , pendiente de ser resuelto. Por lo que no cuenta con la facultad para intervenir en la salvaguarda de los derechos fundamentales de la accionante. Sostuvo que cuando recibe solicitudes para realizar intervenciones preventivas, sólo puede hacer seguimiento a las peticiones más no intervenir en las decisiones que toma la administración, ya que ello implicaría una labor de coadministración, que está proscrita para dicho ente de control. Concluyó que el asunto del escrito de tutela no es procedente en su contra, ya que no se acreditó un vínculo existente con la accionante, pues los hechos que
proscrita para dicho ente de control. Concluyó que el asunto del escrito de tutela no es procedente en su contra, ya que no se acreditó un vínculo existente con la accionante, pues los hechos que aquella alega son lejanos al objeto misional de la entidad. Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la acción de tutela va dirigida a la Presidencia de la República y otros y no a dicha entidad; negar cualquier pretensión respecto de la Procuraduría General de la Nación y desvincularla del presente trámite. 5.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que existen múltiples procesos con presupuestos de hecho y pretensiones similares a este, por lo que solicitó al despacho la posibilidad de acumular las tutelas en aras de economía procesal. Sostuvo que la señora Yuliana Mercado Barros no había presentado solicitudes relacionadas con el subsidio RUNDA, con subsidios de vivienda, ni la afectación al servicio de agua potable en su vivienda, por lo que no se puede afirmar que el Ministerio haya vulnerado el derecho fundamental de petición de la accionante o algún otro. Afirmó que la accionante allegó copia del auto del 25 de junio de 2024, por medio del cual la Corte Constitucional suspendió los términos para fallar y que no había recibido notificación de fallo alguno relacionado con el expe diente Nro. T10023657 (20001-33-33-005-2023-0050700). Consideró que sus funciones, establecidas en el Decreto 3571 de 2011 no estaban relacionadas con las pretensiones de la accionante. Asimismo, indicó
00). Consideró que sus funciones, establecidas en el Decreto 3571 de 2011 no estaban relacionadas con las pretensiones de la accionante. Asimismo, indicó que ni el Ministerio de Vivienda ni el Fondo Nacional de Vivienda hacen postulaciones a subsidios familiares de vivienda. Sin embargo, consideró que la accionante podría participar en los programas vigentes Mi Casa Ya y Mejora Tu Casa, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Afirmó que la accionante no acudió a la Superintendencia de Servicios Públicos para reclamar su derecho al servicio público de agua potable, antes de instaurar esta acción de tutela por lo que resulta improcedente. Manifestó que el ministerio no es el ente encargado de otorgar ayuda humanitaria, ni indemnizaciones por desplazamiento forzado. Sostuvo que a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y al Fondo Nacional de Vivienda les corresponde coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social. Finalmente, se opuso a las pretensiones de la tutela, al considerar que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante. Asimismo, solicitó que se le desvinculara del presente trámite.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.4. La Superintendencia Financiera solicitó su desvinculación del proceso, pues afirmó que no ha vulnerado o amenazado ningún derecho fundamental de la
www.consejodeestado.gov.co 5.4. La Superintendencia Financiera solicitó su desvinculación del proceso, pues afirmó que no ha vulnerado o amenazado ningún derecho fundamental de la accionante. Por otro lado, afirmó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva puesto que no fue vinculado a la acción de tutela que dio origen al trámite de revisión eventual del expediente T-10.023.657. 5.5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que no le constan los hechos expuestos, puesto que se refieren a situaciones y actuaciones que son competencia de otras entidades. Afirmó que el auto de 20 de junio de 2024 de la Corte Constitucional aportado en el escrito de tutela se refiere a un decreto oficioso de pruebas y no a una decisión judicial definitiva y que mediante auto del 25 de junio de 2024 la Corte Constitucional ordenó la suspensión de términos judiciales del trámite de revisión con el fin de realizar el recaudo probatorio. Por otro lado, consideró que no tiene legitimación en la causa por pasiva, puesto que no ha tenido injerencia en los hechos ni tiene competencia frente a lo pretendido por la accionante. E indicó que la función de asegurar los servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo es de las empresas de servicios públicos de carácter oficial privado o mixto o directamente de la administración central del respectivo municipio de acuerdo con las leyes citadas. Por lo anterior, afirmó no haber vulnerado ningún d
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