CE - Sentencia 11001031500020250003101

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250003101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-00031-01

Demandante: MARÍA ROSA ORDOÑEZ GÓMEZ Y OTROS1

Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL

CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL. CUANDO SE PRETENDE USAR ESTE

MECANISMO COMO UNA TERCERA INSTANCIA EL

ASUNTO CARECE DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: los actores cuestionaron la providencia mediante la cual se confirmó la decisión que negó el decreto de unas pruebas solicitadas por ciudadanos que se adhirieron como parte demandante en un proceso de acción de grupo . La Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela , pero por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por los demandantes en contra de la sentencia de 14 de febrero de 202 5 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se resolvió:

“(...) TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela (...)”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 31 del aplicativo SAMAI)

Tercera del Consejo de Estado en la que se resolvió:

“(...) TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela (...)”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 31 del aplicativo SAMAI)

1 María Rosa Ordóñez, Anny Valentina Bravo Sánchez; Elisabeth Catalina Santacruz Cabrera en nombre propio y representación de su hijo; Juan Carlos Maya Guancha; Doris Janeth Guancha Meneses y Jaime Andrés Burbano Pasmino en nombre propio y representación de sus hijos; Yimi Bianey Córdoba Lagos, Claudia Katerine Pasu Chanchi en nombre propio y representación de su hijo; Shirley García Castro y Leider Alexander Caicedo Gómez en nombre propio y representación de su s hijos; Gladis Porfiria Josa Buesaquillo en nombre propio y representación de su hijo; Orfilia Araujo; Pablo Absalón Narváez Muñoz; Oswaldo Alejandro Na rváez Araujo; Elsy Sorayda Narváez Araujo; Manuel de Jesús Mendoza Romero; Libardo Arcesio Caicedo; Luz Dary Arrigui Calderón y Hugo Edilberto Hernández Salazar en nombre propio y representación de sus hijos; Minfres Arroyo Preciado, en nombre propio y representación de sus hijos; Libio Hover Basante Betancourt; Segundo Juvencio Basante Ortega y María Ofelia Betancourt en nombre propio y representación de su hija; Carlos Lauriano Bastidas Cruz y Luis Alfredo Becerra Chanchi. (La Sala omite mencionar los nom bres y apellidos de los menores de edad como medida de protección de su intimidad y en garantía de la protección de los derechos de los niños y niñas).2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-00031-01

edad como medida de protección de su intimidad y en garantía de la protección de los derechos de los niños y niñas).2

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Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 13 de enero de 2025 (índice 2, SAMAI), los actores promovieron proceso de acción de tutela en contra de la sentencia del 25 de junio de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se proteja n sus derechos constitucionales fundamental del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Carta Política.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción los demandantes señalaron, en síntesis, lo siguiente:

  1. El 8 de mayo de 2017, un grupo de ciudadanos presentó una acción de grupo en contra de varias entidades, con el propósito de obtener la declaración de responsabilidad administrativa y solidaria por los daños sufridos con ocasión de la avalancha ocurrida en el municipio de Mocoa (Putumayo) en marzo de 2017.
  1. El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, durante el trámite del proceso, algunos ciudadanos se adhirieron al grupo demandante dentro del término previsto en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, antes de que se decretara la apertura a pruebas.

ciudadanos se adhirieron al grupo demandante dentro del término previsto en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, antes de que se decretara la apertura a pruebas.

  1. El 10 de octubre de 2022, esa autoridad judicial abrió el proceso a pruebas y negó las solicitudes probatorias formuladas por los adhe rentes con el argumento de que estos debían sujetarse a las pruebas pedidas en la demanda inicial por no ostentar la condición de demandantes autónomos, sino que se integraron en el momento en que se encontraba el proceso.
  1. Con auto de 23 de febrero de 2023, el tribunal corrigió un error material en el auto de 10 de octubre de 2022 para precisar que se negó el decreto de pruebas solicitadas por los ciudadanos que se integraron al grupo luego de ser admitida la demanda y antes del auto de pruebas.3

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Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

  1. Los abogados coordinadores del comité del grupo actor apelaron esa decisión2 y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó integralmente la decisión del tribunal por considerar que, de acuerdo con la Ley 472 de 1998, los adherentes ca recían de facultad para pedir pruebas autónomas y diferentes a las formuladas en la demanda.

2. Los fundamentos de la vulneración

Los actores alegaron que el auto de 25 de junio de 2024 adolece de un defecto sustantivo y un defecto fáctico.

Respecto de tales defectos afirmaron, en términos generales, que la autoridad judicial

Los actores alegaron que el auto de 25 de junio de 2024 adolece de un defecto sustantivo y un defecto fáctico.

Respecto de tales defectos afirmaron, en términos generales, que la autoridad judicial demandada aplicó de manera indebida el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 porque esa norma no prohíbe que los adherentes de la acción de grupo soliciten pruebas, siempre que se integren antes del auto que ordena la apertura de la etapa procesal en que son decretadas y, en tal medida, se impidió la práctica de medios de convicción relevantes y necesarios para acreditar el daño y el nexo causal en favor de quienes no suscribieron la demanda inicial.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:

“1. Que, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente Acción de Tutela se AMPAREN los Derechos Constitucionales Fundamentales de nuestros poderdantes, entre otros, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, Y A LA PRUEBA, (...) que están siendo amenazados y vulnerados por EL AUTO PROFERIDO POR LA SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO DE FECHA VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), (...)

2. QUE SE REVOQUE EL AUTO PROFERIDO POR LA SUBSECCIÓN “A”

DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO DE FECHA

MIL VEINTICUATRO (2024), (...)

2. QUE SE REVOQUE EL AUTO PROFERIDO POR LA SUBSECCIÓN “A”

DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO DE FECHA VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), DENTRO DEL PROCESO (...) en lo relacionado con la negación de las pruebas ap ortadas y solicitadas por los usuarios de la Administración de

2 Los demandantes afirmaron que el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 permite la integración al grupo hasta antes del auto de apertura de pruebas y alegaron que contaban con plena capacidad para ejercer los derechos de los miembros del grupo , lo cual incluía la posibilidad de solicitar pruebas de manera autónoma.4

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Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

Justicia que se incorporaron al grupo demandante antes de la apertura a pruebas de conformidad con el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.

3. Que se ORDENE al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en su calidad de Juez Natural, que dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la decisión de tutela, profiera un nuevo Auto (...) en el cual se acepte que los usuarios de la Administración de Justicia que se incorporaron al grup o demandante antes de la apertura a pruebas pueden aportar y solicitar pruebas y que, por lo tanto, acepte las pruebas aportadas y acepte y decrete la práctica de las pruebas solicitadas tanto en las solicitudes de adhesión al grupo demandante presentadas antes de la apertura a pruebas como en la demanda presentada con pretensiones de acción de grupo ante

y decrete la práctica de las pruebas solicitadas tanto en las solicitudes de adhesión al grupo demandante presentadas antes de la apertura a pruebas como en la demanda presentada con pretensiones de acción de grupo ante el Tribunal Administrativo de Nariño y que fue integrada al grupo demandante de la acción de grupo que actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.

4. Que se adopten todas las demás medidas necesarias para tutelar y reivindicar los Derechos Constitucionales Fundamentales de los representados (...)”. (mayúsculas del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 2 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación en primer grado

Mediante auto de 15 de enero de 202 5 (índice 4, Samai) , l a Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela , notificó a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó al municipio de Mocoa, al departamento del Putumayo, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonía, al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento Adm inistrativo de la Presidencia de la Repúblic a, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Servicio Geológico Colombiano y al Instituto de Hidrología, Meteorología y

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Servicio Geológico Colombiano y al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAN por asistirles interés en el resultado del proceso , remitiéndoles copia de la demanda y los anexos.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 14 de febrero de 2025 (índice 31, Samai), la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad con fundamento en que el5

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Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

proceso de acción de grupo aún se encuentra en curso y no se había proferido una sentencia que pusiera fin al debate probatorio y sustancial3.

Adicionalmente, el a quo realizó un control de legitimación por activa y pasiva y a partir del análisis de los poderes y documentos del expediente, excluyó a numerosos demandantes4 que no demostraron su relación con el proceso de acción de grupo en el cual se profirió la providencia cuestionada.

También se excluyó del extremo pasivo a ciertas autoridades públicas, con fundamento en que no tuvieron participación procesal determinan te en los hechos de que trató la acción de tutela5.

7. Impugnación

Los demandantes presentaron impugnación y les fue concedida en auto de 4 de abril de 2025 (índice 38, Samai).

Como planteamiento en contra de la decisión del a quo señalaron que la acción de

7. Impugnación

Los demandantes presentaron impugnación y les fue concedida en auto de 4 de abril de 2025 (índice 38, Samai).

Como planteamiento en contra de la decisión del a quo señalaron que la acción de tutela sí cumplía con el requisito de subsidiariedad, dado que el auto que negó el

3 Las consideraciones del a quo para proferir su decisión fueron las siguientes: “(...) la Sala procedió a revisar el expediente del proceso ordinario y constató que este se encuentra actualmente en curso, lo que le permite concluir que la parte actora incumplió el requisito de subsidiariedad. Es claro que no se ha resuelto el fondo del asunto, por lo que sería inapropiado que la Subsección se apartara de la jurisprudencia constitucional, la cual establece que, antes de pretender la defensa por vía de tutela, el interesado debe buscar la protección a través de otros medios judiciales que resulten eficaces y que estén disponibles, por cuanto la acción de tutela no tiene la virtud de desplazar los mecanismos previstos en la normatividad vigente; de lo contrario, se estaría haciendo un uso indebido de este mecanismo, lo que conllevaría desgaste innecesario de la justicia constitucional y una paulatina desarticulación de las competencias asignadas a autoridades jurisdiccionales.”. (índice 31, Samai),

4 El a quo declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los señores María Rosa Ordóñez, Anny Valentina Bravo Sánchez, Elisabeth Catalina Santacruz Cabrera, Juan Manuel Barrera Santacruz, Juan Carlos Maya Guancha, Doris Janeth Guancha Meneses, Jaime Andrés Burbano Pasmino , Yimi

Anny Valentina Bravo Sánchez, Elisabeth Catalina Santacruz Cabrera, Juan Manuel Barrera Santacruz, Juan Carlos Maya Guancha, Doris Janeth Guancha Meneses, Jaime Andrés Burbano Pasmino , Yimi Bianey Córdoba Lagos , Claudia Katerine Pasu Chanchi , Shirley García Castro , Leider Alexander Caicedo Gómez, Gladis Porfiria Josa Buesaquill o, Orfilia Araujo , Pablo Absalón Narváez Muñoz , Oswaldo Alejandro Narváez Araujo, Elsy Sorayda Narváez Araujo, Manuel de Jesús Mendoza Romero, Libardo Arcesio Caicedo, Luz Dary Arrigui Calderón, Hugo Edilberto Hernández Salazar, Minfres Arroyo Preciado, Libio Hover Basante Betancourt, Segundo Juvencio Basante Ortega, María Ofelia Betancourt, Carlos Lauriano Bastidas Cruz y Luis Alfredo Becerra Chanchi, algunos de los cuales obraron en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad.

5 La sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Mocoa, el departamento del Putumayo, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-00031-01

Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros

Meteorología y Estudios Ambientales.6

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Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

decreto de pruebas fue confirmado en apelación y no es susceptible de ningún otro recurso dentro del proceso ordinario.

En consecuencia, la acción de tutela es el único mecanismo judicial disponible para controvertir la afectación actual de derechos fundamentales y el juez constitucional está facultado para analizar de fondo si la negativa a decretar pruebas en favor de los adherentes de la acción de grupo, quienes se integraron antes del auto de apertura probatoria, configuraba un defecto que desbordaba los límites del principio de autonomía judicial y lesionaba sus garantías constitucionales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o

acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.7

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Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia que los demandantes consideraron vulnerados con ocasión del auto proferido por esa autoridad el 25 de junio de 2024 por medio del cual confirmó el auto del 10 de octubre de 2022 -aclarado y adicionado el 23 de febrero de 2023 - de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó el decreto de pruebas que fueron solicitadas por ciudadanos que se adhirieron como parte demandante de una acción de grupo antes del auto que ordenó la apertura de la etapa probatoria

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia

que se adhirieron como parte demandante de una acción de grupo antes del auto que ordenó la apertura de la etapa probatoria

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, aunque por razones distintas, pues si bien no se configuró el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, se acreditó el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional por las razones que procederán a exponerse:

2.1 De la procedencia de la acción de tutela

  1. Lo primero es señalar que la Sala no comparte la decisión del a quo, quien declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad porque, si bien el proceso de acción de grupo dentro del cual se dictó la providencia judicial cuestionada aún se encuentra en trámite, lo cierto es que dicho auto fue aquel que resolvió la apelación presentada por los demandantes en contra de aquel que negó el decreto de pruebas y, en consecuencia, no era susceptible de ulterior recurso, revisión o modificación a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
  1. En tal medida la acción de tutela resulta procedente para controvertir actuaciones judiciales que, como en este caso, tienen efectos definitivos sobre el desarrollo procesal y podrían generar una afectación actual y directa sobre derechos fundamentales, sin que exista otra vía judicial disponible para corregir tales afectaciones.8

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Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

  1. No obstante lo anterior, la Sala considera que respecto de los cargos según los

Expediente: 11001-03-15-000-2025-00031-01

Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

  1. No obstante lo anterior, la Sala considera que respecto de los cargos según los cuales la providencia judicial cuestionada adolece de los defectos sustantivo y fáctico por una indebida interpretación del artículo 55 de la Ley 472 de 1998 6, la acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, pues, es claro el interés de la parte actora de revivir una discusión que ya fue analizada y resuelta en la providencia cuestionada.
  1. En efecto, los planteamientos que fundamentaron la acción de tutela ya fueron expuestos por los demandantes en el recurso de apelación que presentaron en contra del auto de 10 de octubre de 2022 -aclarado y adicionado el 23 de febr ero de 2023proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, en los siguientes términos:

“Este recurso se interpone desde tres aspectos como se indica a continuación:

En primer lugar, y en el entendido que el Auto objeto del presente recurso ha negado las pruebas peticionadas en las solicitudes de integración al grupo, dentro de las cuales se encuentran las aportadas y solicitadas por los suscritos, y por otros apoderados que representan a las víctimas en la acción de grupo, frente esas decisiones que niega las pruebas interponemos recurso de apelación para que se revoque parcialmente en los puntos en que fueron negadas pruebas y a cambio ellas sean decretadas, toda vez que el artículo 55 de la Ley 472 de 1.998 consagra: (...)

recurso de apelación para que se revoque parcialmente en los puntos en que fueron negadas pruebas y a cambio ellas sean decretadas, toda vez que el artículo 55 de la Ley 472 de 1.998 consagra: (...)

De la norma transcrita se infiere que los sujetos que se hagan parte, y que a su vez integren un grupo como es el caso que nos ocupa, podrán solicitar pruebas al igual que el demandante inicial, antes de la apertura de pruebas, pues no otra interpretación a lo expresado en el artículo 55 de la Ley 472 de 1.998 referido, ha de entenderse, si la intervención se hace antes del decreto de las pruebas, más aún si dicha vinculación al proceso se hace como parte, lo que le legitima a pedir y a portar pruebas. Situación diferente será si la intervención se hace con posterioridad a la apertura probatoria, pues en tal evento recibe el proceso en el estado en que lo encuentre. (...)”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 11 del aplicativo SAMAI)

6 “Artículo 55.- Integración al Grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad

al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas // La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella // Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo.”.9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-00031-01

Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

  1. La autoridad judicial demandada abordó de manera expresa tales planteamientos

en la providencia judicial cuestionada, así:

“La Ley 472 de 1998 regula el trámite que se le debe imprimir a dicho medio de control; por su parte el artículo 55, expone dos oportunidades para que las personas afectadas por la misma causa que originó la demanda se unan al proceso (...)

La primera oportunidad que le otorga la norma a los integrantes del grupo para unirse al proceso es hasta antes de que se abra a pruebas el proceso y la segunda dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia.

La misma norma dispone que en la primera oportunidad se deberá concurrir

para unirse al proceso es hasta antes de que se abra a pruebas el proceso y la segunda dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia.

La misma norma dispone que en la primera oportunidad se deberá concurrir mediante la presentación de un escrito en el cual indique el nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo.

Es claro entonces que en dicha oportunidad no se faculta a estos integrantes del grupo a presentar o solicitar pruebas, pues tal como quedó explicado, se dispuso cuáles eran los datos que debía proporcionar para incorporarse al proceso.

Ahora, la oportunidad para solicitar pruebas en el proceso la establece la ley. En relación con el medio de control de la referencia, el artículo 52 de la Ley 472 de 1998 dispone que será la demanda la oportunidad para que se presenten y soliciten las pruebas que se pretendan hacer valer en el proceso.

En la misma línea el artículo 75 ibídem dispone que en ejercicio del deber de colaboración que les asiste a los sujetos procesales, “las partes de común acuerdo pueden, antes de que se dicte sentencia de primera instancia” realizar los actos probatorios allí enunciados; así mismo, cualquiera de las partes, “en las oportunidades procesa les para solicitar pruebas” puede presentar experticios rendidos por instituciones o profesionales especializados, tal como lo autoriza el artículo 76.1 de la Ley 472 de 1998.

En los anteriores términos no puede acompañarse la conclusión a la que arribó el impugnante, consistente en que el artículo 55 de la Ley 472 de 1998

En los anteriores términos no puede acompañarse la conclusión a la que arribó el impugnante, consistente en que el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 deber ser complementado por el inciso segundo del artículo 62 del CGP, porque solo habrá lugar a acudir al CGP cuando el tema no se encuentre regulado en la ley especial, tal como lo dispone el artículo 68 ibídem

Como se dejó demostrado las oportunidades para solicitar pruebas en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo se encuentran suficientemente reguladas en los artículos 53, 75 y 76.1 de la Ley 472 de 1998, por su parte el artículo 55 ibídem se ocupa de reglamentar las oportunidades en que pueden hacerse parte del proceso los integrantes del grupo, asunto ajeno a las oportunidades para solicitar pruebas. (...)”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 11 del aplicativo SAMAI)

  1. Ahora, para sustentar la vulneración de sus derechos fundamentales los demandantes expusieron similares planteamientos a los analizados en la providencia cuestionada dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión r elacionada con la oportunidad procesal para decretar pruebas solicitadas por quienes se adhirieron al grupo antes del auto de apertura probatoria.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-00031-01

Demandantes: María Rosa Ordoñez Gómez y otros Acción de tutela

  1. El tribunal concluyó, en un claro ejercicio de autonomía judicial, que el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 no habilita a los adherentes para formular solicitudes probatorias y que dicho proceso se encuentra regulado de manera suficiente en la ley especial,
  1. El tribunal concluyó, en un claro ejercicio de autonomía judicial, que el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 no habilita a los adherentes para formular solicitudes probatorias y que dicho proceso se encuentra regulado de manera suficiente en la ley especial, por lo cual no procedía acudir supletoriamente al Código General del Proceso.
  1. En particular, fue el análisis sistemático de los artículos 52, 53, 55, 75 y 76 de la Ley 472 de 1998 el que llevó a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a considerar que los adherentes no tienen facultades autónomas para solicitar pruebas y que su integración al proceso no reabre etapas procesales ya surtidas.
  1. Así pues, si bien los demandantes pretenden darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el auto del 25 de junio de 2024.
  1. Lo anterior permite concluir que los actores pretendieron emplear a la acci ón de tutela como una instancia adicional y buscaron obtener una decisión favorable a sus intereses en el proceso en que se profirió la providencia atacada.
  1. Ante ese panorama, la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la causa para decidir sobre las controversias sometidas a su consideración.
  1. Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada

jurídico

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