CE - Sentencia 11001031500020250009301

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250009301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00093-01

Demandantes: LYDIA KATHERINE MUNEVAR ROA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYAC Á – SALA DE

DECISIÓN CUARTA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido el 7 de marzo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Andrés Arturo Cordero Sáenz, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Shelsy Valentina Cordero , y la señora Lydia Katherine Munevar Roa, a través de apoderado judicial1, iniciaron acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, con el fin de

representación de su hija menor Shelsy Valentina Cordero , y la señora Lydia Katherine Munevar Roa, a través de apoderado judicial1, iniciaron acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la indemnización integral de daños y el principio de legalidad.

Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la providencia emitida el 11 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, q ue modificó a partir del

1 Poder conferido por los accionantes al abogado Alirio Castellanos Mendoza, que fue autenticado en la Notaría Segunda del Círculo de Moniquirá - Boyacá. 2 Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual de recepción de tutelas de la Rama Judicial, el 14 de enero de 2025.

Tema: Tutela contra providencia judicial – supera requisito de subsidiariedad por tratarse de derechos fundamentales de menores de edad – aplicación del principio «pro infans».Demandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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2 numeral tercero , la sentencia de l 2 9 de enero de 2021 proferida en primera instancia por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja dentro

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2 numeral tercero , la sentencia de l 2 9 de enero de 2021 proferida en primera instancia por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja dentro del medio de control de reparación directa con radicado 15001-33-33-013-201900030-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actor a solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el artículo primero y segundo de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá del 11 de diciembre de 2024 (...), y en su remplazo se reconozca al demandante ANDRES ARTURO CORDERO SAENZ y a la menor SHESLY VALENTINA CORDERO, hermana del menor occiso CARLOS ANDR ÉS CORDERO MUNERVAR las s umas de dinero que represente en moneda nacional 100 s.m.l.m.v . por concepto de daño moral subjetivo; además de que se reconozca y ordene el pago de 100 s.m.l.m.v para cada uno de los tres demandantes por concepto de daño a la vida de relación, dada la condición de padres y hermana del occiso respectivamente, según hechos sucedidos en jurisdicción Moniquirá en la noche del día 26 de octubre de 2018; por tratarse de un defecto sustantivo violatorio del artículo 90 de la Constitución Nacional, el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y los reiterados criterios normativos y legales tenidos en cuenta por el H. Consejo de Estado en casos similares.

tratarse de un defecto sustantivo violatorio del artículo 90 de la Constitución Nacional, el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y los reiterados criterios normativos y legales tenidos en cuenta por el H. Consejo de Estado en casos similares.

TERCERO: Ordenar a la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá (...) que el en término que ordene esta decisión, profiera nueva sentencia de segunda instanci a (...) , teniendo en cuenta los lineamientos de la parte considerativa de la decisión de tutela que se emita acord e al artículo 90 de la Constitución Nacional, artículo 16 de la ley 446 de 1998 y los criterios jurídicos tenidos en cuenta por las decisiones del Consejo de Estado sobre el derecho constitucional Fundamental y principio general del resarcimiento integral de daños y perjuicios a favor de todas las víctimas…]3

1.3. Hechos

Dentro de los fundamentos fácticos narrados dentro del proceso ordinario por la parte actora se resaltan los siguientes:

El 26 de octubre de 2018 siendo aproximadamente las 10:35 horas, el señor Andrés Arturo Cordero Sáenz se desplazaba en una motociclet a por la carretera nacional que conecta al municipio de Barbosa con Moniquirá, en compañía de su esposa Lydia Katherine Mun evar Roa, quien llevaba en sus brazos a su hijo de seis meses, Carlos Andrés Cordero Munévar (Q.E.P.D.)

3 Transcripción literal que puede contener errores.Demandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

3 Transcripción literal que puede contener errores.Demandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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3 Durante el recorrido, los ocupantes del referido vehículo se percataron de la existencia de un retén de policía, el cual fue evadido por lo que el agente de policía Edgar Audel Monroy Soler lanzó un cono de señalización contra el vehículo con el propósito de detenerlos, impactando de manera directa en la cabeza del menor.

Señalaron que el señor Cordero Sáenz , detuvo el vehículo por completo y, en el mismo momento el agente policial desenfundó su arma de dotación, situación que lo hizo huir. Por su parte, debido a la gravedad del golpe y al hematoma cerebral que sufrió el menor , fue remitido a la E.S.E Hospital de Tunja , sin embargo, y durante el traslado falleció.

Por lo anterior, el 4 de marzo de 2019, la señora Lydia Katherine Munera Roa y, el señor Andrés Arturo Cordero Sáenz, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor Shelsy Valentina Cordero, iniciaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios que le s fueron ocasionados , como consecuencia de la muerte del menor Carlos Andrés Cordero Munevar.

Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios que le s fueron ocasionados , como consecuencia de la muerte del menor Carlos Andrés Cordero Munevar.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja4, que, mediante sentencia del 29 de enero de 2021 , accedió de manera parcial a las pretensiones, y como consecuencia, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima que invocó la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, conforme a los argumentos expuestos en la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios causados a los accionantes como consecuencia de la muerte del menor Carlos Andrés Cordero Munévar (Q.E.P.D.), de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar el daño moral ocasionado a los accionantes como consecuencia de la muerte de Carlos Andrés Cordero Munévar, en las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos: • Para Lydia Katherine Munévar Roa (madre) la suma de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV). • Para Andrés Arturo Cordero Sáenz (padre) la suma de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100

SMMLV).

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda […]

Lo anterior al considerar que, los elementos probatorios arrimados al proceso

Sáenz (padre) la suma de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100

SMMLV).

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda […]

Lo anterior al considerar que, los elementos probatorios arrimados al proceso demostraron que el daño antijurídico causado, se generó como consecuencia de la acción desplegada por parte del agente policial, configurándose así una falla en

4 Con el radicado 15001-33-33-013-2019-00030-00.Demandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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4 el servicio, y con concurrencia de culpas, atendiendo a la imprudencia de los padres en el transporte del menor ; por lo que la responsabilidad extracontractual del Estado debía determinarse considerando la concausa entre las actuaciones de los padres y las irregularidades en el control policial.

Para la tasación de los perjuicios reclamados refirió que, la jurisprudencia del Consejo de Estado presume la existencia de los perjuicios morales en los familiares cercanos de las víctimas directas , utilizando criterios de cercanía afectiva para determinar los montos de indemnización.

En el caso de los padres, se logró acreditar el parentesco con el menor, a quienes se les reconoció una indemnización de 100 salarios mínimos legales vigentes para cada uno.

afectiva para determinar los montos de indemnización.

En el caso de los padres, se logró acreditar el parentesco con el menor, a quienes se les reconoció una indemnización de 100 salarios mínimos legales vigentes para cada uno.

Sin embargo, respecto de la menor Shelsy Valentina Cordero, hija del señor Andrés Arturo, manifestó que no se logró acreditar el vínculo de consanguinidad , ni una cercanía afectiva suficiente con la víctima directa , pues conforme a la prueba testimonial aportada, la relación de esta con el menor fallecido era esporádica y limitada, sin conviven cia constante , por lo que se abstuvo de reconocer los perjuicios morales reclamados a su favor.

La anterior decisión fu e apelada por los extremos procesales y modificada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2024, en la que consideró que al señor Andrés Arturo Cordero Sáenz no se le debía reconocer perjuicios morales ; incluyendo a su vez, una serie de medidas de reparación integral no pecuniarias como la publicación y socialización de la condena, y la capacitación obligatoria a los miembros de la Policía Nacional.

Para arribar a l a anterior decisión, el ad quem consideró que, conforme a las pruebas aportadas y los testimonios practicados en el transcurso del proceso, se logró demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado con relación al daño antijurídico causado en virtud de la muerte del menor Carlos Andrés Cordero Munévar, el cual le era imputable a la Policía Nacional , lo que dio lugar al

logró demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado con relación al daño antijurídico causado en virtud de la muerte del menor Carlos Andrés Cordero Munévar, el cual le era imputable a la Policía Nacional , lo que dio lugar al reconocimiento de los perjuicios morales reclamados en favor de la señora Lydia Katherine Munévar Roa.

No obstante, decidió confirmar la negativa de los perjuicios reclamados por los demandantes por concepto de daño a la vida de relación al considerar que, de acuerdo con la jurisprudencia , dicho daño se encuentra vinculado a la integridad personal y a las afectaciones sicofísicas que sufre la víctima d irecta, por lo que concluyó que, si bien los padres del menor fallecido y su hermana consideraron que tenían derecho a recibir compensación por el sufrimiento emocional y elDemandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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5 impacto psicológico que les ha causado la pérdida de su ser querido , dicha pretensión no encuentra sustento en el marco normativo y jurisprudencial aplicable, ya que el daño aludido se presume en la víctima directa que ha sufrido lesiones, situación que no se presenta en el sub lite.

Así mismo, estimó que no existían fundamentos suficientes para reconocer el lucro cesante solicitado, pues para el momento en que ocurrieron los hechos que dieron

lesiones, situación que no se presenta en el sub lite.

Así mismo, estimó que no existían fundamentos suficientes para reconocer el lucro cesante solicitado, pues para el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar al proceso ordinario, el menor Carlos Andrés Cordero contaba con 6 meses de edad, lo que significa que, jurídicamente no resultaba viable presumir que el menor hubiese alcanzado una vida productiva que le permitiera generar ingresos dado su carácter incierto e hipotético.

Respecto a los perjuicios morales que le fueron reconocidos al señor Andrés Arturo Cordero Saénz, refirió que, teniendo en cuenta la actitud asumida por este de manera posterior al accidente, específicamente el abandono del menor en una situación de urgencia y riesgo, demuestra una falta de humanidad y de cumplimiento del deber de socorro y auxilio , sin que se denote en el demandante signos de sufrimiento o condolencia, por lo que consideró que por tal concepto, no debía efectuase ningún tipo de reconocimiento, y revocó la indemnización reconocida a su favor.

El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 19 d e diciembre de 20245.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos respecto de la sentencia cuestionada:

(i) Sustantivo y procedimental : Al considerar que se realizó una indebida interpretación y aplicación del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Ello, al estimar que el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión

interpretación y aplicación del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Ello, al estimar que el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión Cuarta, no debió revocar los perjuicios morales que le fueron reconocidos al señor Andrés Arturo C ordero Sáenz, por cuanto su huida del lugar de los hechos no obedeció a la supuesta conducta censurable de inhumanidad e incumplimiento del deber de socorro y auxilio, sino que se derivó de la confusión, «de su atribulado momento, para preservar su vida e integridad personal, evitar su retención o la de su motocicleta por transgresión de las norma s de tránsito, pero en ningún momento por la deliberada intención de abandonar a su esposa e hijo; máxime

5 Índice 025 de Samai - Proceso radicado 15001-3333-013-2019-00030-01Demandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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6 cuando se infiere que la autoridad policiva estaba en la obligación de prestar los primeros auxilios y transportar en mejores condiciones a los herido s para que se les prestara asistencia médica».

En segundo lugar, cuestionó que el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja hubiera negado el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados a

les prestara asistencia médica».

En segundo lugar, cuestionó que el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja hubiera negado el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados a favor de la menor Shelsy Valentina Cordero, sin tener en cuenta que era hermana paterna del menor fallecido.

Aunado a lo anterior, indicó que el Tribunal accionado, a pesar de reconocer la presunción del daño moral y a la vida de relación entre los familiares cercanos a la víctima, los cuales además impactan de manera directa la dignidad humana, no «le mereció modificación a la sentencia de primera instancia, para lo cual incurrió en error por vía de hecho mediante defecto procedimental», ante la existencia de la prueba de consanguinidad entre los dos menores.

Señaló que el factor de consanguinidad es prevalente f rente al de la cercanía afectiva y la aflicción moral, al considerar que cuando se trata de menores de edad, tales factores se presume n, máxime si se parte del hecho que, aun con su temprana edad , la menor Shelsy Valentina podía comprender la ocurrencia del hecho y el daño sufrido.

  1. Desconocimiento del precedente, al no habérsele otorgado al registro civil de nacimiento de la referida menor, y a la prueba testimonial decretada , el valor probatorio implícito en cada una de ellas . Además, que negarle los derechos procesales a la menor bajo los argumentos expuestos en la sentencia de segunda instancia es imponerle de manera irregular una carga probatoria que la parte actora no se encuentra en la obligación de asumir , evidenciándose un actuar caprichoso por parte de l fallador y alejado de lo contemplado en nuestro

instancia es imponerle de manera irregular una carga probatoria que la parte actora no se encuentra en la obligación de asumir , evidenciándose un actuar caprichoso por parte de l fallador y alejado de lo contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que los niños y las niñas son considerados sujetos de especial protección constitucional.

Acorde con lo anterior, solicitó que s e tengan en cuenta las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la s sentencias SU-114 de 2023 y T-186 de 2021, así como lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política y que se aplique el principio «pro infans».

  1. «Error de hecho por defecto procedimental, desconocimiento del precedente judicial y violación constitucional respecto de las víctimas », al haberse negado tanto en primera como en segunda instancia, la indemnización por daño a la vida de relación, y considerar de manera errada que dicho concepto solamente se encuentra asociado con la integridad pers onal y las afecciones sicofísicas que sufre la víctima directa, lo que permite inferir que se confundió el daño fisiológicoDemandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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7 o daño a la salud de la víctima directa, con el primero de ellos mencionados, que posee identidad jurídica propia.

Explicó que esa tipología de daños corresponde a los efectos de las víctimas

7 o daño a la salud de la víctima directa, con el primero de ellos mencionados, que posee identidad jurídica propia.

Explicó que esa tipología de daños corresponde a los efectos de las víctimas producto de la privación del derecho a compartir y disfrutar de la compañía de su ser querido, no sólo en el presente sino a través de toda la vida futura.

  1. Violación al derecho fundamental a la igualdad, al estimar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 superior, toda persona tiene derecho a recibir la misma protección, trato, garantías, libertades y oportunidades de parte de las autoridades si n ninguna discriminación; normativa que además impone la obligación para que el Estado promueva las condiciones necesarias para que dicha garantía sea real y efectiva.
  1. Violación al debido proceso, por cuanto el mismo debe entenderse como una manifestación garantista de l Estado, que esencialmente busca proteger al individuo frente a las intervenciones y de cisiones de las autoridades públicas, procurando en todo el momento el respeto a las formas propias de cada actuación.
  1. Violación al principio de legalidad, ya que el mismo regula que todas las actuaciones judiciales y administrativas deben estar sometidas al imperio de la ley, y no a la voluntad del administrador de justicia, como de manera reiterada lo ha sostenido el Consejo de Estado, en especial en la sentencia emitida con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren dentro del proceso radicado 1100103-15-000-2007-01218.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 20 de enero de 2025 6, la magistrada ponente de primera

03-15-000-2007-01218.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 20 de enero de 2025 6, la magistrada ponente de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante 7 y, como parte demandada, al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta8.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso, al ministro de Defensa Nacional 9, al director general de la Policía Nacional10 [demandados en el trámite ordinario], y a la Agencia Nacional

6 Índice 5 de Samai 7 Notificación realizada al correo electrónico alicas0656@hotmail.com – Índice 8 de Samai. 8 Notificación realizada al correo electrónico: sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co - Índice 8 de Samai. 9 Notificación realizada al correo electrónico: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co - Índice 8 de Samai. 10 Notificación realizada al correo electrónico: segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co - Índice 8 de Samai.Demandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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8 de Defensa Jurídica del Estado11, de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso.

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8 de Defensa Jurídica del Estado11, de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta12

En documento radicado el 27 de enero de 2025 la magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe en el que manifestó que, teniendo en cuenta que el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia f ue presentado tanto por la parte demandante como por la entidad demandada, ello faculta al juez de segunda instancia para realizar una revisión integral de la providencia recurrida, conforme lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, actuar que está plenamente justificad o en el marco normativo y constituye una herramienta esencial para garantizar la protección de los derechos de las partes y la correcta aplicación de la justicia.

En cuanto al argumento tendiente a que el fallo de segunda instancia incurrió en un grave error de hecho al denegar el reconocimiento de los perjuicios morales a favor del señor Andrés Arturo Cordero Sáenz, manifestó que , dicha aseveración carece de sustento jurídico, toda vez que la decisión adoptada se fundamentó en un análisis detallado de los hechos y las pruebas allegadas, aduciendo que los perjuicios morales; entendidos como el valor del sufrimiento o dolor experimentado por una persona debido a un daño no fueron acreditados en el caso del demandante, debido a la conducta asumida por éste de manera posterior al accidente, que reveló una omisión de socorro y que resulta incompatible con la

por una persona debido a un daño no fueron acreditados en el caso del demandante, debido a la conducta asumida por éste de manera posterior al accidente, que reveló una omisión de socorro y que resulta incompatible con la demostración de un sufrimiento genuino.

Refirió que la sentencia cuestionada, se profirió en el marco de los derechos fundamentales de los niños (art 44), deberes de respeto de los derechos (art 95), la aplicación integral del bloque de constitucionalidad (arts. 93 y 94), la interpretación de los principios constitucionales y la apreciación del derecho como una unidad en el marco de la dignidad humana.

Refirió que en la sentencia cuestionada se aplicó de manera razonada los principios de protección prevalente de los menores, sin que ello implique la

11 Notificación realizada al correo electrónico: agencia@defensajuridica.gov.co; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co Índice 8 de Samai. 12 Índice 9 de SamaiDemandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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9 obligatoriedad de reconocer un daño moral en todos los casos de vínculo consanguíneo.

Respecto al daño a la vida de relación, manifestó que en la decisión adoptada por dicha corporación se diferenció correctamente este perjuicio del daño moral y del

consanguíneo.

Respecto al daño a la vida de relación, manifestó que en la decisión adoptada por dicha corporación se diferenció correctamente este perjuicio del daño moral y del daño fisiológico, tal como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, la valoración probatoria no demostró que la afectación alegada por los demandantes, más allá del dolor moral derivado de la pérdida del menor, haya implicado una alteración significativa y permanente en sus condiciones de existencia que justifique el reconocimiento de este daño.

En cuanto a la supuesta transgresión al derecho al resarcimiento integral consagrado en el artículo 90 de la Constitución y desarrollado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, indicó que la sentenci a de segunda instancia no desconoció el principio de reparación integral, sino que evaluó las pretensiones indemnizatorias a la luz de los principios de equidad y proporcionalidad, determinando que, aunque se logró demostrar la responsabilidad administrati va de la entidad demandada, no todas las reclamaciones se encontraban suficientemente acreditadas.

Por tanto, solicitó desestimar la acción de tutela por carecer de fundamento jurídico suficiente para su prosperidad, además de no e videnciarse vulneración alguna a los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, resarcimiento integral o al principio de legalidad.

1.6.2. Policía Nacional13

Allegó escrito en el que manifestó que, la carga de la prueba se encuentra en cabeza de la parte accionante, toda vez que este es quien debe acreditar la veracidad de los hechos relatados en el medio de control de reparación directa en cuestión, pues era quien pretendía ser acreedor de la indemnización por los

cabeza de la parte accionante, toda vez que este es quien debe acreditar la veracidad de los hechos relatados en el medio de control de reparación directa en cuestión, pues era quien pretendía ser acreedor de la indemnización por los perjuicios morales que le fueron generado s con ocasión a la muerte del menor Carlos Andrés Cordero Munévar (Q.E. P.D.), en los hechos objeto de debate.

Refirió que, al no haberse acreditado el perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada con ocasión a la decisión adoptada por e l Tribunal Administrativo accionado, la acción de tutela promovida se torna improcedente, máxime cuando lo pretendido se debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional siendo las idóneas para resolver la litis propuesta en la presente acción.

13 Índice 10 de SamaiDemandantes: Lydia Katherine Munevar y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-00093-01

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10 Por lo anterior solicitó, se nieguen las súplicas de la parte actora ante la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se vislumbra la existencia de vulneración alguna a sus derechos fundamentales.

1.6.3. Juzgado Trece Administrativo Del Circuito Judicial de Tunja14

Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del proceso de reparación directa con

de vulneración alguna a sus derechos fundamentales.

1.6.3. Juzgado Trece Administrativo Del Circuito Judicial de Tunja14

Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del proceso de reparación directa con radicado 15001-33-33-013-2019-00030-00, sin pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto de los cuáles se predica la vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes.

1.7. Sentencia de primera instancia15

El Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A, mediante fallo del 7 de marzo de 2025, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la menor Shelsy Valentina Cordero Otero y como consecuencia, dejó sin efectos de manera parcial la sentencia del 11 de diciembre de 2 024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta dentro del proceso de reparación directa con radicado 15001-33-33-013-2019-00030-01.

En virtu

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