CE - Sentencia 11001031500020250009501
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250009501
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
Demandante: Policía Nacional
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-00095-01 Demandante NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Instancia adicional. Desconocimiento del precedente. Reintegro policía. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional contra la sentencia de 21 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que dispuso lo siguiente: «PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la Policía Nacional, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 10 de enero de 20251, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 10 de enero de 20251, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de junio de 2015 (sic), proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Subsección B - Consejero Ponente: JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA, demandante estudiante Cristian Esteban Barreiro quiñones, Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, violó el derecho a la igualdad, debido proceso, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y al acceso a la administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
SEGUNDA: Que como consecuenci a de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia citada, y se ordene el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Subsección B - Consejero Ponente: JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional, Honorable Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento se invocó y se pronunció de fondo sobre conferir el reintegro del señor
los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional, Honorable Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento se invocó y se pronunció de fondo sobre conferir el reintegro del señor estudiante Cristian Esteban Barreiro Quiñones al cargo de PATRULLERO».
2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
Demandante: Policía Nacional
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. En el año 2014, el señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de declarar la nulidad del acto administrativo a través del cual se le retiró de la institución al ser calificado como no apto y obtener su reintegro al servicio activo. 2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral bajo el radicado Nro. 76001-23-33-0012014-01463-00, que mediante sentencia de 31 de octubre de 2022 accedió a las pretensiones y, consecuentemente, ordenó a la Policía Nacional el reintegro del señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones. El Tribunal fundamentó su decisión en que «la facultad para retirar del servicio activo a los policías cuando presenten disminución en su capacidad psicofísica no opera
reintegro del señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones. El Tribunal fundamentó su decisión en que «la facultad para retirar del servicio activo a los policías cuando presenten disminución en su capacidad psicofísica no opera automáticamente (…) es necesario que se realice una valoración de las condiciones de salud, habilidades, destrezas y capacidades del afectado. para establecer si existen actividades que podría cumplir dentro de la institución que permitan reubicarlo en otro cargo». Por lo tanto, concluyó que, si bien el señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones fue calificado con una pérdida de capacidad laboral equivalente al 12% por sus episodios de convulsiones, lo cierto es que era deber de la autoridad demandada explorar alternativas de reubicación laboral en el área administrativa de mantenimiento, de instrucción u otras. Finalmente, el Tribunal desestimó el argumento de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional , según el cual no procedía la reubicación por tratarse de un «alumno en proceso de formación». La autoridad judicial sostuvo que las pruebas en el expediente, como el acta de grado y el diploma, acreditaban que el señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones culminó su formación como patrullero. En consecuencia, aseguró que «la motivación que fundamentó su no reubicación queda sin piso, al estar demostrado que éste ya no tenía la condición de estudiante». Por lo expuesto, se le ordenó a la demandada el reintegro del señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones y el pago de salarios y prestaciones sociales correspondientes al cargo de patrullero, dejadas de percibir desde su retiro. 2.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el señor Cristian Esteban
Esteban Barreiro Quiñones y el pago de salarios y prestaciones sociales correspondientes al cargo de patrullero, dejadas de percibir desde su retiro. 2.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones interpusieron recurso de apelación contra la providencia de primera instancia. 2.4. Mediante providencia de 1 de agosto de 20242, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B confirmó la providencia apelada, pero modificó la orden impartida en el fallo de primera instancia (radicado 76001-23-33-000-201401463-01). Aseguró que la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía omitió informarle a las autoridades médicas que el señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones había culminado sus estudios. En consecuencia, la autoridad médica lo calificó con una pérdida de capacidad del 12% y no lo reubicó por supuestamente tratarse de un alumno en proceso de formación. Sin embargo, ese aspecto no corresponde a la realidad fáctica, pues a este se le confirió el título de técnico profesional en servicio de policía. Agregó que al haber superado el curso de formación, la entidad demandada debía materializar el nombramiento mediante el acto administrativo proferido por el director general de la policía, con la debida in corporación al escalafón de carrera en condición de patrullero de la institución policial, lo cual no sucedió.
2 El 15 de noviembre de 2024 se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación a las partes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
Demandante: Policía Nacional
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2 El 15 de noviembre de 2024 se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación a las partes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
Demandante: Policía Nacional
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por consiguiente, concluyó que «el retiro por disminución de la capacidad sicofísica para los miembros de la Policía Nacional le fue aplicado al señor Barreiro Quiñonez, pero dándole un trato de alumno, ello sin darle un trato igual que le corresponde a los miembros activos, como el de estudiar previamente la reubicación e incorporación en un cargo en que pueda ser útil para la institución, por ell o, el acto administrativo además de estar afectado por la causal de nulidad de falsa motivación, también le vulneró el derecho a la igualdad por estar en condición de debilidad manifiesta física y mental (…) luego que lo que parecería un trato neutro al se ñor Barreiro Quiñonez, desvincularlo en condición de alumno, resulta improcedente porque no se le dio la oportunidad de reubicarlo laboralmente en atención a su condición de discapacidad como miembro activo de la Policía Nacional». Finalmente, la autoridad judicial llamó la atención frente a que en primera instancia, si bien se dispuso el reintegro, se pasó por alto ordenar el nombramiento e incorporación del actor a la carrera policial. Por lo tanto, dispuso en la parte resolutiva de la sentencia lo siguiente: «PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo del fallo apelado, que para todos los efectos quedará así:
nombramiento e incorporación del actor a la carrera policial. Por lo tanto, dispuso en la parte resolutiva de la sentencia lo siguiente: «PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo del fallo apelado, que para todos los efectos quedará así: “A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL nombrar e incorporar al señor CRISTIAN ESTEBAN BARREIRO QUIÑONES en el cargo de Patrullero, a partir del 18 de junio de 2014 rango que alcanzó, al superar el curso de formación y frente al cual ya se encontraba habilitado para su ejercicio, previa evaluación que determine con exactitud la mejor opción para su reubicación laboral, atendiendo su grado de escolaridad, habilidades, destrezas y capacidades fí sicas. Igualmente, se ordena el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales correspondientes al cargo de Patrullero, que dejó de percibir desde su retiro hasta cuando se haga efectivo el reintegro, previas las deducciones legales a que haya lugar. Las sumas reconocidas deberán ser indexadas, tal como lo establece el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)”.»
3. Fundamentos de la acción Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y decisión s in motivación, por las razones que a continuación se expondrán. 3.1. Defecto fáctico: la parte actora sostuvo que se incurrió en ese defecto, pues
manifiesto, desconocimiento del precedente y decisión s in motivación, por las razones que a continuación se expondrán. 3.1. Defecto fáctico: la parte actora sostuvo que se incurrió en ese defecto, pues se omitió apreciar y evaluar la Resolución 000349 del 18 de junio de 2014, por medio del cual se retiró al estudiante Cristian Esteban Barreiro Quiñones de la Dirección Nacional de Escuelas – Escuela Simón Bolívar. Consideró que esta prueba era trascendental para «demostrar al momento de su reintegro la existencia de los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Ley 1791 de 2000, situación que no ocurrió». Indicó que el hecho de que al señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones se le haya otorgado el título de técnico profesional en servicio de policía no significaba que este último hubiese ostentado el cargo de patrullero. Tal circunstancia solo denota que aquel cumplió con uno de los requisitos del artículo 13 de la Ley 1791 d e 2000, según la cual «Haber superado el proceso de formación profesional policial» es solo una de las condiciones para el nombramiento e ingreso al escalafón. Sin embargo, aseguró que el mencionado no cumplía con los demás requisitos para esto último. 3.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: la parte actora sostuvo que se configuró tal yerro, puesto que se profirió decisión en contravía del principio de prevalencia del derecho sustancial, ya que se desconocieron los requisitos para ser nombrado e ingresado al escalafón consagrados en el artículo 13 de la Ley 1791 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
requisitos para ser nombrado e ingresado al escalafón consagrados en el artículo 13 de la Ley 1791 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
Demandante: Policía Nacional
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3. Sustantivo por desconocimiento del precedente: sostuvo que se pasaron por alto las Sentencias C -288 de 2014 y C -588 de 2009. Al respecto, refiriéndose a la primera de estas, la parte actora sostuvo: «En esa oportunidad, la Corte explicó que “ esta conclusión ha sido construida a lo largo de la jurisprudencia de la Corte; no obstante, su síntesis más reciente y comprehensiva se encuentra en la sentencia C -588 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta decisión fue declarado inexequible el Acto Legislativo 1º de 2008, que había adicionado el artículo 125 C.P. con una regla que permitía el ingreso automático en la carrera administrativa de servidores públicos que ejercían el cargo en provisionalidad y cumplían con determinadas condicion es. Esta Corporación consideró que una norma de este carácter excedía el poder de reforma constitucional del Congreso, puesto que suspendía el principio constitucional de la carrera administrativa” decisión que va en contra de los criterios jurisprudenciales ya definidos sobre el asunto sometido a estudio, siendo entonces que al ser desconocidos por el AD QUEM y A -QUO implica la afectación ostensible de la finanzas del estado colombiano teniendo en cuenta las repercusiones que en materia económica genera
jurisprudenciales ya definidos sobre el asunto sometido a estudio, siendo entonces que al ser desconocidos por el AD QUEM y A -QUO implica la afectación ostensible de la finanzas del estado colombiano teniendo en cuenta las repercusiones que en materia económica genera el reintegro y el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir por el demandante en el cargo de patrullero sin el lleno de los requisitos del estatuto de carrera ley 1791 de 2000 ». 3.4. Decisión sin motivación: consideró que se incurrió en tal defecto, porque se ordenó el reintegro en el cargo de patrullero al señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones sin el previo cumplimiento de los requisitos para ser nombrado y para ingresar al escalafón al grado de patrullero. A su juicio, es inviable jurídicamente reintegrar un funcionario al servicio activo que no cumple con los requisitos de nombramiento consagrados en el artículo 13 de la Ley 1791 de 2000, dado que esta situación riñe totalmente con el ordenamiento jurídico.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 20 de enero de 2025 , se admitió la acción de tutela interpuesta por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; se ordenó notificar como terceros con interés al Ministerio de Defensa Nacional y al señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones (actor del medio de control); se reconoció personería al abogado de la parte demandante ; y se ordenó efectuar las demás notificaciones pertinentes. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub sección B manifestó que la
al abogado de la parte demandante ; y se ordenó efectuar las demás notificaciones pertinentes. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub sección B manifestó que la acción de tutela propuesta es improcedente dada la evidente carencia de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la discusión planteada se limita a un desacuerdo con la decisión proferida. De manera que la acción se está empleando como una instancia adicional. A su vez, indicó que la parte actora no identificó de qué forma se vulneraron sus derechos fundamentales, solo se limitó a manifestar que no se debió reintegrar al demandante al cargo de patrullero por incumplir los requisitos del artículo 13 del Decreto 1791 del 2000. A su juicio, esta circunstancia denota el incumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. No obstante, sostuvo que si en gracia de discusión se considera que la acción de tutela es procedente, lo cierto es que no se avizora vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por la parte actora, puesto que en la providencia atacada se siguieron los lineamientos desarrollad os por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1214 de 2001, respecto de la finalización de los cursos de formación realizados por los estudiantes de las escuelas de la policía y de su relación intrínseca con el nombramiento. Adicionalmente, resaltó que en el fallo atacado se consignaron las razones legales y jurisprudenciales que justificaron la decisión tomada, que en últimas consistieron en que el acto administrativo demandado fue expedido con falsa motivación.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
legales y jurisprudenciales que justificaron la decisión tomada, que en últimas consistieron en que el acto administrativo demandado fue expedido con falsa motivación.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
Demandante: Policía Nacional
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, solicitó la declaratori a de improcedencia de la acción o, en su defecto, la negativa del amparo. 4.3. El señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones (actor del medio de control) sostuvo que desde el día 23 de noviembre del 2012 ya ostentaba la calidad de patrullero de la Policía Nacion al, de acuerdo al acta de grado; y que en las varias juntas médicas, en las cuales fue declarado como no apto realizadas por el tribunal médico y la dirección de la escuela desde el 5 de diciembre del 2012, se desconoció que «ya no ostentaba la calidad de ALUMNO, todo vez que ya la POLICIA NACIONAL lo había graduado como PATRULLERO». Por lo tanto, solicitó negar las pretensiones formuladas por la parte actora.
5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 21 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues dicho mecanismo se está empleando como una instancia adicional por encontrarse en desacuerdo con la determinación de los jueces naturales sobre el escalafonamiento del señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones en el cargo de patrullero.
dicho mecanismo se está empleando como una instancia adicional por encontrarse en desacuerdo con la determinación de los jueces naturales sobre el escalafonamiento del señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones en el cargo de patrullero. Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle no desconoció que el señor Barreiro Quiñones aún no contaba con el escalafonamiento como patrullero de la institución. Sin embargo, a título de restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro a ese grado, porque encontró que aquel superó el curso de formación. Seguido, indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B resolvió los argumentos expuestos en la apelación, similares a los expuestos en la acción de tutela. Sostuvo que tal autoridad judicial se refirió a la situación particular en la que se encontraba el señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones, quien no tenía la calidad de estudiante, por haber culminado sus estudios en la Dirección Nacional de Escuela de Policía Simón Bolívar, pero tampoco la de patrullero por no haber sido designado como tal. El juez de tutela resaltó que esa circunstancia fue reprochada por la autoridad judicial de segunda instancia pues, por una parte la institución policial otorgó al señor Barreiro Quiñones trato como miembro activo de la Policía Nacional, dado que le aplicó una causal de retiro prevista en el artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000; «pero, para el análisis de su posible reubicación, apeló a la calidad de estudiante la cual, a la luz de la normativa aplicable, había perdido, precisamente por haber superado periodo académico». Finalmente, el juez de tutela ag regó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
la luz de la normativa aplicable, había perdido, precisamente por haber superado periodo académico». Finalmente, el juez de tutela ag regó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B modificó la decisión de primera instancia, tras advertir que el señor Barreiro Quiñones no ostentaba la calidad de patrullero de la Policía Nacional, porque al momento de su desvinculación no había sido nombrado en ese grado. Por lo tanto, a título de restablecimiento del derecho, se ordenó que la institución policial nombrara e incorporara al señor Cristian Esteban Barreiro Quiñones en el cargo de patrullero, a partir del 18 de junio de 2014, pre via evaluación que determine con exactitud la mejor opción para su reubicación laboral. Por consiguiente, consideró que la autoridad judicial accionada sí tuvo en consideración que el señor Barreiro Quiñones no ostentaba la calidad de patrullero de la Poli cía Nacional y, justamente, por eso modificó la decisión de primera instancia. Explicado lo anterior, sostuvo que los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación,Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
Demandante: Policía Nacional
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en que su puestamente incurrió la parte demandada, invocados en el escrito de tutela, fueron decididos en el medio de control. Sostuvo que los argumentos que sustentan la providencia objeto de cuestionamiento son razonables y no merecen reproche alguno desde el punt o de vista constitucional. Y agregó que el hecho de
tutela, fueron decididos en el medio de control. Sostuvo que los argumentos que sustentan la providencia objeto de cuestionamiento son razonables y no merecen reproche alguno desde el punt o de vista constitucional. Y agregó que el hecho de que la parte actora no los comparta no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el juez natural de la causa.
6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia por las mismas razones expuestas en el escrito de tutela.
Insistió en que «la inconformidad en que recae es al ordenar los administradores de justicia el reintegro al cargo de PATRULLERO, pues al momento de su retiro tenía la calidad de ESTUDIANTE (…) Siendo esto un error al reintegrarlo al grado de PATRULLERO sin el previo estudio de los requisitos contemplados en el artículo 13 ley 1791 de 2000 modificado por el artículo 105 de la ley 2179 de 2021». A su vez, reiteró que se desconoció el precedente contenido en la Sentencia C-288 de 2014, mediante la cual se declaró inexequible el Acto Legislativo 1º de 2008 que adicionó el artículo 125 de la Constitución Política con una regla que permitía el ingreso automático e n la carrera administrativa de servidores públicos en provisionalidad. A su juicio, el desconocimiento del precedente se produce por ordenarse un ascenso automático prohibido por la Corte Constitucional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fun damentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error induci do, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00095-01
Demandante: Policía Nacional
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
www.consejodeestado.gov.co desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifie sto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico Con base en los antecedentes expuestos, la Sala determinará si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la acción de tutela a falta del requisito de relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos generales de procedibilidad, la Sala determinará si al proferir la sentencia de 1 de agosto de 2024, en el marco del medio de control bajo el radicado Nro. 76001-23-33000-2014-01463-01 el Consejo de Estado, Sección Segun da, Subsección B incurrió en los defectos propuestos por la parte actora.
4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra providencia judicial y su análisis del caso 4.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra provid encias judiciales, y así l
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