CE - Sentencia 11001031500020250010101

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250010101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: ELKIN ALFONSO REYES PLATA Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 11 de febrero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Elkin Alfonso Reyes Plata solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad en conexidad con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del

al acceso a cargos públicos y a la igualdad en conexidad con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado número 68001-23-33-000-2024-00024-02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que fue elegido alcalde del Municipio de Oiba en las elecciones de autoridad territorial llevadas a cabo el 29 de octubre de 2023.

2.2. Indicó que el señor Fredy Andrés Galvis Barrera interpuso la demanda de nulidad electoral núm. 68001-23-33-000-2024-00024-00/02 contra el acto de su elección por presunta trashumancia electoral y haber incurrido supuestamente en prácticas corruptas.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

2.3. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, autoridad judicial que, mediante providencia de 26 de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Refirió que la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó, mediante sentencia

negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Refirió que la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024, el fallo de primera instancia y en su lugar declaró la nulidad de su elección.

2.5. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad en conexidad con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad, al incurrir en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.

2.6. Expuso frente al defecto sustantivo que la Sección Quinta del Consejo de Estado desconoció el “[…] “principio in dubio pro democracia ” y los derechos de participación política del Alcalde Elkin Alfonso Reyes Plata (en particular, el derecho a elegir y ser elegido) […]”.

2.7. Agregó que la Sala replanteó la tesis según “[…] la cual la distribución de los votos trashumantes en elecciones uninominales debe considerar la diferencia de sufragios entre los dos primeros candidatos para determinar si es necesario convocar a nuevas elecciones — y no aplicar la distribución ponderada vigente al momento de las elecciones —, esta nueva pos tura no puede aplicarse retroactivamente a elecciones que se consolidaron bajo la interpretación previa de esta Corporación […]”.

2.8. Añadió que al introducir una nueva regla, sin previo aviso, se alteraba la confianza legítima de candidatos y electores que actuaron bajo el entendimiento vigente en el

[…]”.

2.8. Añadió que al introducir una nueva regla, sin previo aviso, se alteraba la confianza legítima de candidatos y electores que actuaron bajo el entendimiento vigente en el momento de las elecciones, es decir que no se podía analizar la nulidad con base en el nuevo enfoque jurisprudencial.

2.9. Advirtió que hubo un desconocimiento del precedente judicial porque la Sección Quinta del Consejo de Estado modificó la jurisprudencia que venía utilizando, para resolver los casos de trashumancia electoral.

2.10. Por último advirtió que la actual tesis jurisprudencial desconoce “[…] el derecho fundamental del debido proceso, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, y en forma directa se atenta contra el derecho fundamental de elegir y ser elegido, toda vez que se está sorprendiendo a los candidatos que confiaron en que, ese hecho ajeno a los candidatos valga la redundancia, como lo es la trashumancia electoral, tenía una regla jurisprudencial aplicable, distinta a la que ahora se asume por la Sala […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

“[…] 5.1. Declarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), notificada el ocho (8) del mismo mes y año, proferida por la Secretaría respectiva, dentro del proceso de nulidad electoral, bajo el radicado No. 68001-23-33-000-2024el ocho (8) del mismo mes y año, proferida por la Secretaría respectiva, dentro del proceso de nulidad electoral, bajo el radicado No. 68001-23-33-000-202400024-02, la cual declaró la nulidad del acto de elección del Alcalde de Oiba – Santander (2024 -2027) Elkin Alfonso Reyes Plata, por encontrarse demostrada la trashumancia electoral, incurrió en violación de sus derechos fundamentales a ser elegido para dicho cargo, debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, legalidad, entre otros.

5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los derechos fundamentales de Elkin Alfonso Reyes Plata a la participación, en su versión de elegir y ser elegido, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, a la igualdad, al acceso a la administración pública, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, a la confianza legitima y al debido proceso.

5.3. Que se deje sin validez la sentencia del siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), notificada el ocho (8) del mismo mes y año, proferida por la Secretaría respectiva, dentro del proceso de nulidad electoral, bajo el radicado No. 68001-23-33-000-2024-00024-02, la cual declaró la nulidad del acto de elección del Alcalde de Oiba - Santander (2024-2027), y en su lugar se ordene proferir la decisión que en derecho corresponde, conforme a los parámetros constitucionales, legales y precedentes co nstitucionales con fuerza vinculante en los términos que se determine en la sentencia de tutela.

se ordene proferir la decisión que en derecho corresponde, conforme a los parámetros constitucionales, legales y precedentes co nstitucionales con fuerza vinculante en los términos que se determine en la sentencia de tutela.

5.4. En caso de haberse ejecutado el fallo que se impugna, y el Alcalde Elkin Alfonso Reyes Plata, haya sido removido del cargo, por quien le corresponda el cumplimiento de los fallos aquí impugnados, oficiar informándole la decisión adoptada y los efectos automáticos de incorporación al cargo del accionante, una vez se adopte la decisión de primera instancia, en caso de ser favorable, aún en caso de haberse realizado una nueva elección atípica, teniendo en cuenta el principio que establece que el que es pr imero en el tiempo es primero en el derecho y por cuanto de realizarse una elección nueva, sería con fundamento en la existencia de vacante definitiva, y en caso de prosperar la presente tutela, habrán desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho ten idos en cuenta para la segunda elección, produciéndose el decaimiento del acto administrativo de la elección posterior […]”. [Subrayado original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 17 de enero de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Tribunal Administrativo de Santander, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los

señores Fredy Andrés Galvis Barrera, Edilberto Andrés Sierra Gutiérrez, Joselín

interés directo en el resultado del proceso al Tribunal Administrativo de Santander, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los señores Fredy Andrés Galvis Barrera, Edilberto Andrés Sierra Gutiérrez, Joselín Díaz Aguillón, Juan Camilo Sánchez Carvajal y Yojan Leonardo Peñaranda Quintero.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se allegaron los siguientes informes:4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

5.1. El Tribunal Administrativo de Santander realizó un recuento de las actuaciones surtidas en la segunda instancia dentro del proceso de nulidad electoral núm. 68001 -2333-000-2024-00024-02 y señaló que “[…] no le está dado pronunciarse frente a la presunta configuración de dichos defectos sobre providencias judiciales que no ha proferido, máxime, cuando se trata de una decisión expedida por el H. Consejo de Estado, órgano de cierre de esta jurisdicción […]”.

5.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del jefe de la oficina jurídica de la entidad, manifestó que no tiene injerencia en la decisión que adoptó la Sección Quinta del Consejo de Estado y solicitó su desvinculación del presente proceso.

5.3. El Consejo Nacional Electoral , mediante apoderada adscrita a la oficina de asesoría jurídica y de defensa judicial de la entidad, indicó que carece de

proceso.

5.3. El Consejo Nacional Electoral , mediante apoderada adscrita a la oficina de asesoría jurídica y de defensa judicial de la entidad, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no ha vulnerado los derechos aludidos por la parte actora y solicitó su desvinculación.

5.4. El señor Joselín Díaz Aguillón manifestó que coadyuvaba las pretensiones de la acción de tutela y solicitó revocar la sentencia de proferida el 7 de noviembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 11 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de

tutela, con base en lo siguiente:

“[…] De lo expuesto, la Sala encuentra que, en la providencia del 7 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente; si bien el ad quem decidió aplicar una nueva regla jurisprudencial, esto no afecta el principio de confianza legítima tal y como lo estableció la jurisprudencia que tuvo en cuenta el juez electoral para definir la controversia.

En este punto, es importante resaltar que, la sentencia del 10 de octubre de 2024, del proceso con radicado núm. 15001 -23-33-000-2023-00483-01, que fijó la nueva pauta frente a la trashumancia electoral, estudió también los efectos inmediatos del cambio de jurisprudencia y estableció que, después de

fijó la nueva pauta frente a la trashumancia electoral, estudió también los efectos inmediatos del cambio de jurisprudencia y estableció que, después de un análisis fáctico, el juez de conocimiento, de acuerdo con su criterio, puede decidir si aplica la nueva regla jurisprudencial en un caso anterior a ella, cuando se vean afectados derechos fundamentales. Destacó que aplicar una nueva regla de jurisprudencia no viola el principio de confianza legítima, por las razones que a continuación se citan:

[…]

Citado lo anterior, es claro entonces que el ad quem aplicó una regla jurisprudencial vigente al momento de expedir la sentencia de segunda5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

instancia y que se encontraba facultado para hacerlo, pues así lo estableció la sentencia que creó la nueva regla con respecto a la trashumancia.

Citado lo anterior, es claro entonces que el ad quem aplicó una regla jurisprudencial vigente al momento de expedir la sentencia de segunda instancia y que se encontraba facultado para hacerlo, pues así lo estableció la sentencia que creó la nueva regla con respecto a la trashumancia.

Por consiguiente, no es de recibo la afirmación que hace la parte accionante, esto es, que la trashumancia se cometió porque la jurisprudencia anterior no la calificaba como causal de nulidad electoral; independientemente de la consecuencia jurídica que es ta tuviera, es una conducta reprochable dentro de los procesos electorales.

Por otra parte, en lo que refiere al defecto sustantivo por inaplicación

consecuencia jurídica que es ta tuviera, es una conducta reprochable dentro de los procesos electorales.

Por otra parte, en lo que refiere al defecto sustantivo por inaplicación normativa, no es cierto que la Sección Quinta del Consejo de Estado no estudiara lo dispuesto en el artículo 281 del CPACA, ya que, como bien lo resaltó dentro del fallo, en el acápit e de «cuestión previa», la indebida acumulación de pretensiones no se encuentra dispuesta dentro del artículo 133 del CGP como causal de nulidad.

[…]

En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en el defecto sustantivo por inaplicación normativa y de desconocimiento del precedente judicial alegado en el escrito de tutela, toda vez que la sentencia del 7 de noviembre de 2024 aplicó la jurisprudencia vigente para su caso en concreto y, así mismo, respetó las garantías procesales […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia con base en

lo siguiente:

“[…] De la lectura del fallo, se desprende que, solo se abordó el desconocimiento del precedente por el cambio jurisprudencial y el defecto sustantivo por inaplicación normativa, en cuanto a la prohibición de fallar causales objetivas y subjetivas en el mismo caso. Pero se olvidó de todo el problema jurídico planteado, lo que hace que el suscrito, antes de presenta r los reparos en contra del fallo impugnado, plantee una discusión académica que no solo ha sido desarrollada por este defensor, sino que ante la

problema jurídico planteado, lo que hace que el suscrito, antes de presenta r los reparos en contra del fallo impugnado, plantee una discusión académica que no solo ha sido desarrollada por este defensor, sino que ante la displicencia con la que se fallan las acciones de tutela contra providencia judicial, se torne en una problemática de acceso a la administración de justicia y que esta herramienta tan necesaria en nuestro Estado Social de Derecho, se torne nugatorio e inservible.

[…]

En efecto, lo primero que hay que advertir es que, con el debido respeto del Consejo de Estado – Sección Quinta, se violó el precedente, la seguridad jurídica, la confianza legítima, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso del Sr. Rey es Plata, tal violación amparada bajo “la hermenéutica constitucional de órgano de cierre que permite cambiar el precedente” y que al tratarse de una causal de nulidad netamente objetiva, y ante su comprobación, el juez electoral podía determinar su incide ncia, en6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

frases de la Sección Quinta; cosa que raya abruptamente con la inseguridad jurídica que elección tras elección, la Sección Quinta ha creado.

Hacer un cambio de jurisprudencia, de manera inapropiada, aplicándose desde la publicación de un fallo, que no es de Sala Plena del Consejo de Estado, viola los derechos fundamentales de los candidatos a este tipo de cargos, toda vez que plantearon toda su estrategia de defensa durante el

desde la publicación de un fallo, que no es de Sala Plena del Consejo de Estado, viola los derechos fundamentales de los candidatos a este tipo de cargos, toda vez que plantearon toda su estrategia de defensa durante el proceso de nulidad electoral, amparados en una regla pacífica y reiterada que venía de vieja data, más exactamente desde el 2008, por lo que en consideración del suscrito, no se puede permitir que el fallador, bajo criterios propios, cree caos e inseguridad jurídica en materia electoral, labor en la que se vienen presentándose los yerros que habré de plantear, para buscar, en lo posible, que sean corregidos y se pacifique, con reglas uniformes y con interpretaciones ajustadas a derecho, las reglas para entender el concepto de aplicación de los efectos de cambio de jurisprudencia.

[…]

De otra parte, preocupa a la defensa que con base en argumentos en decisiones de una Sala del Consejo de Estado, que fueron desarrollados y traídos al mundo jurídico hasta el diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se viole todo el precedente de esa misma Sala, de las decisiones de las otras Salas del Consejo de Estado y las decisiones que había revisado, en sede de revisión, la Corte Constitucional, como defraudar la confianza legítima de los candidatos, los electores y todo el aparato electoral y de gobierno que se pone en marcha en una elección de estas. Por lo que no se puede ser tan sesgado, que a partir de una regla creada de manera abrupta, donde se viola la seguridad jurídica, arribando a tal conclusión con dificultad interpretativa y aplicativa de las disposiciones nuevas hilando de manera muy

puede ser tan sesgado, que a partir de una regla creada de manera abrupta, donde se viola la seguridad jurídica, arribando a tal conclusión con dificultad interpretativa y aplicativa de las disposiciones nuevas hilando de manera muy delgada en el ejercicio de la modulación de los efectos, se obligue a la repetición de una elección, en este evento municipal, cuyos costos ascienden a una suma asombrosa de aproximadamente dos mil millones de pesos M/CTE ($2.000.000.000), cuando nos encontramos f rente a uno de los municipios que su economía se basa en la piscicultura, la apicultura y sus habitantes no asciende la suma de doce mil (12.000), lo cual resulta infame y estructura un verdadero detrimento patrimonial para el país, o por lo menos genera una situación con un grave impacto fiscal, no permitido al expedirse la ley, conforme lo dispone el artículo 7 de la ley 819 de 2003.1

[…]

Así las cosas, del caso en concreto se desprende que, aplicar esta nueva tesis en nuestro caso específico, sin haberla anunciado previamente, afecta gravemente la confianza legítima del Alcalde Reyes Plata, quien basó su candidatura, campaña y estrategia de defensa en el proceso electoral en la interpretación vigente en ese momento, respaldada por la jurisprudencia anterior de esta Corporación. Al momento de las elecciones, la distribución ponderada de los votos trashumantes se interpretaba de manera distinta, y el Alcalde, así como los electores y su entonces defensa, actuaron confiando en esa interpretación establecida, la cual daba una seguridad jurídica que debía ser respetada.

Alcalde, así como los electores y su entonces defensa, actuaron confiando en esa interpretación establecida, la cual daba una seguridad jurídica que debía ser respetada.

1 ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciat iva y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

Adicionalmente, resulta ilógico y apenas reprochable que la duda generada por la presunta trashumancia se traslade únicamente a quien resultó ganador de las elecciones, mientras que nada se menciona sobre la certeza y convicción del demandante, en torno a la conducta prohibitiva que alega y en la cual el Alcalde Reyes Plata no tuvo ninguna participación. El Consejo de Estado aplicó toda la duda y responsabilidad al Alcalde, anulando su elección sin considerar el interés directo del demandante, quien, al haber quedado en segundo lugar, tienen un claro beneficio en la anulación del acto electoral, sin que se comparta la responsabilidad o se tenga certeza que todos los votos trashumantes fueron depositados al candidato ganador; no se puede hacer una lectura sesgada y atribuirle toda la responsabilidad a un candidato.

[…]

que se comparta la responsabilidad o se tenga certeza que todos los votos trashumantes fueron depositados al candidato ganador; no se puede hacer una lectura sesgada y atribuirle toda la responsabilidad a un candidato.

[…]

Con base en los hechos, fundamentos y causales específicas de la acción de tutela, solicito a los Honorables Consejeros y Consejera de Estado, revocar el fallo de primera instancia y acceder a las pretensiones del escrito inicial, para proteger la segurida d jurídica, la confianza legítima, la jurisprudencia constitucional y, sobre todo, los derechos fundamentales del Sr. Elkin Alfonso Reyes Plata […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestiones previas

VIII.2.1. Solicitud de desvinculación

9. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la s solicitudes de desvinculación procesal presentada s por la Registraduría Nacional del Estado

9. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la s solicitudes de desvinculación procesal presentada s por la Registraduría Nacional del Estado

Civil y el Consejo Nacional Electoral.

10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

11. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral fueron parte dentro del medio de nulidad electoral en el que se profirió la sentencia que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.

VIII.2.2. De la solicitud de coadyuvancia

de amparo, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.

VIII.2.2. De la solicitud de coadyuvancia

12. El señor Joselín Díaz Aguillón manifestó que coadyuvaba las pretensiones de la acción de tutela.

13. Al respecto, el inciso 2º del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

14. La Corte Constitucional ha señalado que: “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”8.

15. El solicitante intervino en el proceso de nulidad electoral objeto de esta acción y fue vinculado en el auto admisorio de la tutela en condición de tercero , por lo que la Sala considera tiene un interés legítimo.

8 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Exp. T2.491.025. Sentencia T-1062, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 16 de diciembre de 2010.9

8 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Exp. T2.491.025. Sentencia T-1062, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 16 de diciembre de 2010.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01

Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

16. En virtud de lo anterior, se encuentran acreditados los presupuestos para reconocer a al señor Joselín Díaz Aguillón como coadyuvante de la parte accionante.

VIII.3. Problemas jurídicos

17. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.

18. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

20. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se

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