CE - Sentencia 11001031500020250011201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250011201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00112-01
Demandante: ÓSCAR ALBEIRO GALLEGO GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma – falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual, se declaró la improcedencia del amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Óscar Albeiro Gallego Gómez, actuando por medio de apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la autoridad judicial accionada por dictar la sentencia de 8 de julio de 2024. Esta providencia confirmó la decisión de primera instancia proferida el 19 de diciembre de 2018 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que negó las pretensiones de la demanda. Ello, dentro del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-003-2016-00115-00/01/02.
1.2. Pretensión constitucional
3. El accionante solicitó lo siguiente:Demandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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Solicito se AMPARE el derecho al debido proceso del señor Oscar Albeiro Gallego
Gómez. En consecuencia:
- DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del ocho (8) de julio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con ponencia del Magistrado CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA (E), dentro del proceso de reparación directa No. 76001333300320160011500.
- ORDENAR a aquella autoridad judicial que, dentro de los 20 días siguientes a la
con ponencia del Magistrado CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA (E), dentro del proceso de reparación directa No. 76001333300320160011500.
- ORDENAR a aquella autoridad judicial que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte la providencia que en derecho corresponda de conformidad con la parte motiva de esta Sentencia.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. Los señores Óscar Albeiro Gallego Gómez, en calidad de representante legal de la Fundación Social Emprender , y Dupler Wilmer Chávez Tovar, actuando como representante legal de la Corporación Talentum, desde mayo de 2007, celebraron varios contratos de prestación de servicios con la Alcaldía de
Santiago de Cali , para la capacitación de sus funcionarios de carrera administrativa.
6. El 27 de junio de 2007, la Procuraduría General de la Nación soli citó la suspensión de los contratos referidos, con el fin de determinar si se habían desconocido los principios constitucionales que rigen la función pública . Debido a ello , el 24 de agosto de 2007, la s partes de mutuo acuerdo, terminaron y liquidaron los contratos.
7. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra los señores Óscar Albeiro Gallego Gómez y Dupler Wilmer Chávez Tovar, por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. El 27 de agosto de 2007, el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali ordenó medida de aseguramiento en
Chávez Tovar, por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. El 27 de agosto de 2007, el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los acusados. No obstante, el Juzgado 13 Penal del Circuito con Funci ón de Conocimiento de Cali, el 27 de noviembre de la misma anualidad, declaró la nulidad de la medida ordenada.
8. Posteriormente, el 4 de abril de 2014, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali profirió sentencia de carácter absolutorio.
Ello, en razón a que la Fiscalía General de la Nación solicitó abstenerse de dictar fallo condenatorio por duda probatoria , con ocasión del hurto del maletín que contenía las pruebas.
9. El señor Óscar Albeiro Gallego Gómez y otros1, el 19 de mayo de 2016,
1 Lo señores: Lázaro Luís Gallego Gómez, Orlando Antonio Gallego Gómez, Wilson Fabián Gallego Gómez, Eider Miguel Gallego Gómez, Dupler Wilmer Chávez Tovar, Alejandro Chávez Sánchez y Brander Jhon Chávez Tovar; y, las señoras: Lucía Rubiela Rojas, Sonia Lucia GallegoDemandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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radicaron demanda de reparación directa contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial —Rama Judicial— y la Fiscalía General de la Nación 2. Pretendieron que se declarara la responsabilidad de las entidades demandadas, al considerar que las autoridades judiciales del proceso penal incurrieron en error jurisdiccional y en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Además, manifestaron que en la imputación no hubo un manejo razonable de la información del proceso penal por parte de la fiscalía, porque esta fue divulgada indiscriminadamente a todos los medios de comunicación . A su juicio, esta situación afectó su honra, buen nombre y, en consecuencia, el ejercicio de sus actividades comerciales.
10. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, m ediante sentencia del 19 de diciembre de 20 18, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que, ninguna de las providencias dictadas en el trámite penal incurrió en error judicial, pues, no se advirtió alguna connotación ilegal o contraria a derecho. Igualmente, determinó que no había lugar para colegir la responsabilidad de las entidades demanda das, porque la parte actora no demostró defecto alguno que le haya generado un daño antijurídico.
11. Inconforme con la decisión, los demandantes interpusieron el recurso de apelación. Sostuvieron que: (i) el hecho de que se haya declarado la nulidad de
antijurídico.
11. Inconforme con la decisión, los demandantes interpusieron el recurso de apelación. Sostuvieron que: (i) el hecho de que se haya declarado la nulidad de la medida de aseguramiento interpuesta por el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Gara ntías de Cali constituye prueba suficiente de la ilegalidad del trámite penal; (ii) las declaraciones realizadas por el Fiscal General de la Nación, las cuales fueron allegadas al proceso , daban cuenta de las afectaciones a la honra, buen nombre y a l ejercicio de sus actividades comerciales, y (iii) no se valoraron las pruebas documentales y testimoniales que demostraban las afectaciones a su vida, tanto en la dimensión laboral como familiar.
12. Por medio de la providencia de 8 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , confirmó la decisión de primera instancia.
Señaló que la vinculación de los demandantes al proceso aludido y el sufrimiento que supuestamente padecieron con ocasión de la investigación penal, no constituyen, por sí mismos, un daño antijurídico. En ese sentido, concluyó que no se demostró que las actuaciones surtidas en el proceso penal hayan excedido las cargas que las personas están obligadas a soportar por el simple hecho de vivir en sociedad.
13. Asimismo, puso de presente que la decisión proferida el 24 de agosto de 2007, por el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, no se enmarca en los requisitos que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado para que se configure un error jurisdiccional por imponer
2007, por el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, no se enmarca en los requisitos que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado para que se configure un error jurisdiccional por imponer
Gómez, Isabela Chaves Sánchez, Eularia Tovar Escarria, Alba Liliana Sánchez García y Ana Sofia Herman Cadena. 2 Al medio de control se le asignó el número de radicado 76001-33-33-003-2016-00115-00/01/02.Demandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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una medida de aseguramiento.
14. Respecto de los señalamientos del Fiscal General de la Nación en los
medios de comunicación, afirmó que:
[…] la información allí consignada no puede ser admitida como prueba testimonial porque carece de los requisitos esenciales para ese fin, y por tanto no constituye prueba idónea para atribuir responsabilidad a las accionadas en este caso, pues: “los recortes de prensa solo constituyen evidencia de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido. Ello en tanto se limita a dar cuenta de la existencia de la afirmación de un tercero o solo constituyen la versión de quien escribe”.
15. Por último, el tribunal estimó que no le correspondía analizar el caso bajo el título de imputación privación injusta de la libertad, pues no se comprobó que,
de quien escribe”.
15. Por último, el tribunal estimó que no le correspondía analizar el caso bajo el título de imputación privación injusta de la libertad, pues no se comprobó que, durante la vigencia la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado, el accionante haya estado privado de su libertad.
1.4. Sustento de la vulneración
16. La parte actora aseguró que la autoridad judicial accionada, al proferir la providencia controvertida, vulneró su derecho fundamental al debido proceso por incurrir en defecto fáctico. Esto, por la omisión e indebida valoración de las pruebas documentales y testimoniales que obraban en el expediente de reparación directa.
17. Adujo que el tribunal erró por no establecer que las declaraciones del Fiscal General de la Nación derivaron en el título de imputación de falla en el servicio, pues el mal manejo de la información del funcionario público derivó en la vulneración de su honra y buen nombre. Adicionalmente, aseguró que la entidad accionada no tuvo en cuenta los testimonios practicados en el proceso ordinario y que no valoró las cargas psicológicas que padeció , por la demora injustificada que tuvo el proceso penal que cursó.
18. Igualmente, afirmó que en la solicitud de amparo:
[…] se realizó un recuento de los hechos que generaron la vulneración al debido proceso, se especifica claramente la razón que generó dicha vulneración de derechos y es evidente que el desconocimiento del precedente jurisprudencial y la normativa, lo cual es claramente una vulneración inequívoca del derecho fundamental al debido proceso.
19. En síntesis, estimó que, en el medio de control de reparación directa, se
la normativa, lo cual es claramente una vulneración inequívoca del derecho fundamental al debido proceso.
19. En síntesis, estimó que, en el medio de control de reparación directa, se demostró la responsabilidad del Estado al acreditarse debidamente los perjuicios que le causaron la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
1.5. Trámite de la acción de tutela
20. Por auto del 17 de enero de 2025, el magistrado ponente de la decisión de primera instancia admitió la acción constitucional. En consecuencia, ordenóDemandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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notificar como accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
21. Igualmente, vinculó como terceros con interés al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, y a los señores: Lázaro Luís Gallego Gómez, Orlando Antonio Gallego Gómez, Wilson Fabián Gallego Gómez, Eider Miguel Gallego Gómez, Dupler Wilmer Chávez Tovar, Alejandro Chávez Sánchez y Brander Jhon Chávez Tovar; y, a las señoras: Lucía Rubiela Rojas, Sonia Lucia Gallego
Gómez, Isabela Chaves Sánchez, Eularia Tovar Escarria, Alba Liliana Sánchez García y Ana Sofia Herman Cadena.
Chávez Tovar; y, a las señoras: Lucía Rubiela Rojas, Sonia Lucia Gallego Gómez, Isabela Chaves Sánchez, Eularia Tovar Escarria, Alba Liliana Sánchez García y Ana Sofia Herman Cadena.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali
22. Realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el medio de control de reparación directa identificado con el número 76001 -33-33-003-2016-0011500/01/02 y s olicitó su desvinculación del presente trámite pues, a su juicio, no existe ninguna vulneración de los derechos fundamentales del actor que pueda imputársele.
1.6.2. Fiscalía General de la Nación
23. Pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela y su falta de legitimación en la causa por pasiva. Estimó que el accionante pretende reabrir el debate legal ya zanjado por los jueces naturales del asunto, por ende, no se evidenció vulneración alguna de los derechos fundamentales que invocó.
1.6.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y lo terceros con interés, a pesar de haber sido debidamente notificados, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo del 7 de febrero de 2025, declaró la improcedencia de esta acción de tutela al no encontrar superado el requisito de relevancia constitucional.
25. Consideró que la providencia judicial cuestionada se fundó en el análisis
fallo del 7 de febrero de 2025, declaró la improcedencia de esta acción de tutela al no encontrar superado el requisito de relevancia constitucional.
25. Consideró que la providencia judicial cuestionada se fundó en el análisis de las pruebas obrantes en el expediente, con las cuales no se demostró el daño antijurídico por error judicial, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o privación injusta de la libertad. Por ende, aclaró que no se acreditó el defecto fáctico por la supuesta omisión de valorar las pruebas.
26. Puso de presente que, en línea con la postura del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, esa sala de decisión , en eventos similares, ha considerado que la sola vinculación a un proceso penal no configura necesariamente un daño
antijurídico.Demandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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27. Por lo expuesto, estimó que la controversia planteada por el accionante pretende continuar con el debate propuesto en el pro ceso ordinario para que se surtiese un nuevo análisis de responsabilidad sobre las entidades demandadas.
1.8. Impugnación
28. La parte actora solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se ampare su derecho fundamental al debido proceso.
29. Adujo que el juez de tutela de primera instancia y el Tribunal Administrativo
1.8. Impugnación
28. La parte actora solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se ampare su derecho fundamental al debido proceso.
29. Adujo que el juez de tutela de primera instancia y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca enfocaron erróneamente el problema jurídico, ya que nunca pretendió el reconocimiento de un daño como consecuencia de una privación injusta de la libertad.
30. En ese orden, recalcó que sí se incurrió en una falla del servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero por el manejo indebido de información reservada, que él estimó incierta, incompleta y parcializada . Por lo tanto, en su opinión, es procedente realizar un nuevo estudio del caso para enfocar la responsabilidad al ente investigador , en concreto, por las afirmaciones realizadas, por el entonces Fiscal General de la Nación, en diferentes medios de comunicación.
1.9. Manifestaciones de impedimento
31. Mediante escritos enviados el 25 y 26 de marzo de 2025, los magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez y Gloría María Gómez Montoya, respectivamente, manifestaron impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo constitucional.
32. El magistrado Barreto indicó que se encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal3. Al respecto, expuso que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación. Aseguró que, al haber sido vinculada la entidad como tercero con interés, se encuentra inmerso en la
Penal3. Al respecto, expuso que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación. Aseguró que, al haber sido vinculada la entidad como tercero con interés, se encuentra inmerso en la causal indicada, incluso pe se a que se le otorgó una licencia no remunerada y actualmente se encuentra ejerciendo un cargo en la Rama Judicial.
33. La magistrada Gómez manifestó su impedimento con fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 56 ibid4. Informó que sostiene una
3 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […]
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal. […] 4 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.Demandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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amistad íntima con el magistrado Eduardo Antonio Lubo Barros, quien suscribió la sentencia objeto del presente litigio constitucional. En tal sentido, argumentó que se configura la causal aludida con antelación.
amistad íntima con el magistrado Eduardo Antonio Lubo Barros, quien suscribió la sentencia objeto del presente litigio constitucional. En tal sentido, argumentó que se configura la causal aludida con antelación.
34. Al respecto, la Sala5 por auto de la misma fecha de la presente providencia declaró infundada la s causales invocadas por los magistrados , pues no se encontraron acreditados los supuestos de hecho establecidos en la norma.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 7 de febrero de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado . Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019.
2.2. Cuestión previa
36. Esta Colegiatura considera pertinente resolver las solicitudes presentadas por Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali y de la Fiscalía General de la Nación. Ello, debido a que el juez de primera instancia no se pronunció al respecto.
37. En concreto, las autoridades solicitaron ser apartadas del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, no vulneraron los derechos fundamentales del actor. La s anteriores peticiones serán negadas, porque su s vinculaciones no fueron en calidad de accionadas, sino como terceros con interés, en atención a que participaron en el proceso de reparación directa dentro del cual se profirió la decisión cuestionada en esta sede.
fueron en calidad de accionadas, sino como terceros con interés, en atención a que participaron en el proceso de reparación directa dentro del cual se profirió la decisión cuestionada en esta sede.
2.3. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
39. La Sala advierte que el señor Óscar Albeiro Gallego Gómez está legitimado en la causa por activa, porque conformó el extremo demandante del
5 Como no se contaba con la mayoría requerida para la aprobación del referido auto, por medio de la providencia del 27 de marzo de 2025, se ordenó a la Secretaría General de esta Corporación la designación de dos conjueces. Por lo anterior, se realizó el correspondiente sorteo, en el cual fueron designados los doctores Germán Alberto Bula Escobar y Juan Carlos Galindo VáchaDemandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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proceso de reparación directa, en el que se dictó la providencia que se cuestiona en la presente acción constitucional.
40. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del
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proceso de reparación directa, en el que se dictó la providencia que se cuestiona en la presente acción constitucional.
40. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se encuentra legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.4. Problema jurídico
41. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida el 7 de febrero de 2025, por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
42. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:
- ¿El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor , con ocasión de la sentencia proferida el 8 de julio de 20246?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 7. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 7. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales9.
45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
6 En dicha providencia, el tribunal referido confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que negó las pretensiones de reparación directa del actor. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Admi nistrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
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esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.
46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
- que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fon do del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
48. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal, sin que se pueda
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional12.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de ag osto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido qu e precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido qu e precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Óscar Albeiro Gallego Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-00112-01
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
49. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó
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