CE - Sentencia 11001031500020250013601

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250013601
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00136-01

Accionante: Germán Botero Gallego

Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Temas: Impugnación. Ausencia de los defectos invocados. Confirma o

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual negó el amparo solicitado por Germán Botero Gallego.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 15 de enero de 2025, Germán Botero Gallego, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y reparación integral. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2024 p or la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que, en su lugar, se confirmara de manera íntegra la decisión emitida el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal

la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que, en su lugar, se confirmara de manera íntegra la decisión emitida el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, «con su respectiva indexación».

2. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron

identificados los siguientes:

3. Germán Botero Gallego instauró demanda de reparación directa en contra de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y del municipio de la Virginia (Risaralda), con el fin de que se les declarara responsables por los perjuicios causados con la ejecución de una obra pública y la ocupación permanente de los predios de su propiedad. Adicionalmente, solicitó se condenara a las entidades demandadas por los siguientes conceptos y montos: (i) $443.900.000,

1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00136-01

Accionante: Germán Botero Gallego

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por daño emergente; (ii) $31.500.000, por concepto de lucro cesante y (iii) $50.000.000, por daño moral.

4. Para soportar lo anterior , el demandante afirmó que e s propietario de 2 lotes

por daño emergente; (ii) $31.500.000, por concepto de lucro cesante y (iii) $50.000.000, por daño moral.

4. Para soportar lo anterior , el demandante afirmó que e s propietario de 2 lotes cada uno de un área de 2.217 m 2, ubicados en el terreno denominado «El Finco» en el municipio de La Virginia (Risaralda). Dichos lotes fueron adquiridos por Escritura Pública núm. 1247 de 26 de diciembre de 2006.

5. Adicionalmente, señaló que con ocasión de la emergencia que presentaba el municipio a causa de la ola invernal , la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), mediante la Resolución 3214 de 13 de septiembre de 2011, ordenó la construcción de unas obras. Indicó que sus lotes no eran de uso público y que no formaban parte del cauce del río Risaralda ni de su madre vieja, razón por la que la intervención debió realizarse mediante compra o negociación. Sin embargo, el 14 de enero de 2012, funcionarios de la CARDER ingresaron «de forma violenta y arbitraria» a su propiedad y construyeron un canal de 3 metros de ancho que atravesó el terreno, afectando su integridad y funcionabilidad.

6. El 31 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Risaralda exoneró de responsabilidad al municipio de La Virginia (Risaralda), comoquiera que el daño fue causado por la ocupación arbitraria de los lotes por parte de CARDER y no por los acuerdos emitidos por el municipio para mitigar los efectos de la ola invernal. No obstante, declaró responsable a la CARDER, toda vez que el demandante no tenía

causado por la ocupación arbitraria de los lotes por parte de CARDER y no por los acuerdos emitidos por el municipio para mitigar los efectos de la ola invernal. No obstante, declaró responsable a la CARDER, toda vez que el demandante no tenía el deber de soportar que su predio fuera ocupado por una obra pública sin que mediara indemnización por parte de esa entidad.

7. Consecuencia de la anterior declaración, la autoridad judicial precitada condenó a la CARDER al pago del daño emergente, correspondiente al valor actualizado del inmueble en $478.169.667 y ordenó la transferencia de los dos lotes a la entidad mencionada. Esta suma se determinó con fundamento en la prueba pericial. Además, reconoció el lucro cesante por el monto de $148.539.000 y negó el daño moral porque no se acreditó.

8. Inconforme con la anterior decisión, la CARDER interpuso recurso de apelación para lo cual afirmó (i) que el predio e ra de naturaleza pública por lo que podía intervenirse sin compensación; (ii) la zona en la que están ubicados los lotes ha sido históricamente inundable lo que refuerza su carácter público; (iii) el predio, por sus características, no podía utilizarse para construcción ni para uso paisajístico;

(iv) el tribunal omitió las pruebas que daban cuenta de que la necesidad de la obra se socializó con la comunidad; y (v) el fallo no podía legalizar las ocupaciones de zonas de uso público. Adicionalmente, en caso de que se mantuviera la decisión recurrida, solicitó modificar la tasación de los perjuicios.

9. El 18 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, para

recurrida, solicitó modificar la tasación de los perjuicios.

9. El 18 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, para condenar a la CARDER al pago de $ 39.070.729, por concepto de daño emergente,Radicado: 11001-03-15-000-2025-00136-01

Accionante: Germán Botero Gallego

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y negó la condena por lucro cesante, comoquiera que no era procedente el pago de réditos, debido a que la suma por daño emergente había sido debidamente actualizada a la fecha de la sentencia.

10. Como fundamentos de derecho , la parte accionante afirmó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia de 18 de noviembre de 2024, vulneró su derecho fundamental a la igualdad comoquiera que sus lotes pertenecen a un grupo de 12 lotes originados por la subdivisión del predio denominado «El Finco», donde todos comparten ubicación y han sido utilizados para actividades comerciales y turísticas, tales como el Balneario Los Farallones, la casa hotel El Finco y el comercio de pesca deportiva, los cuales dan cuenta de que la zona permitía el desarrollo económico y turístico.

11. Al respecto, señaló que la CARDER, en pronunciamientos previos, indicó que el hecho de declarar una zona como de p rotección ambiental y reserva forestal no impedía su uso comercial, siempre que se desarrollaran actividades sostenibles. Sin

11. Al respecto, señaló que la CARDER, en pronunciamientos previos, indicó que el hecho de declarar una zona como de p rotección ambiental y reserva forestal no impedía su uso comercial, siempre que se desarrollaran actividades sostenibles. Sin embargo, adujo que la autoridad judicial precitada, al momento de establecer la condena, advirtió que si bien era cierto que el dictamen pericial efectuado en primera instancia cuantificó los perjuicios sobre la base que los lotes era n explotables económicamente, ello no era así porque esta ba probado que dichos terrenos no eran aptos para construcción o desarrollo de ningún tipo de actividad comercial. En ese sentido, manifestó que debe darse un trato igualitario pues los predios con las mismas condiciones geográficas sí recibieron autorizaciones para actividades económicas, para lo cual citó jurisprudencia constitucional que establece que a situaciones semejantes debe darse un mismo tratamiento.

12. Igualmente, consideró que la autoridad accionada transgredió el derecho mencionado al analizar el Plan de Ordenamiento Territorial, pues la Ley 388 de 1997 establece que las normas urbanísticas deben aplicarse con neutralidad, garantizando el mismo tratamiento si las características urbanísticas de una misma zona son iguales.

13. De otra parte, aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, al valorar de manera arbitraria el dictamen pericial, lo que distorsionó la tasación del daño emergente y lucro cesante. Señaló que e l Consejo de Estado desestimó la pericia argumentando que carecía de soporte para cuantificar los perjuicios, pero no especificó cuáles eran los supuestos vacíos en la prueba lo que

tasación del daño emergente y lucro cesante. Señaló que e l Consejo de Estado desestimó la pericia argumentando que carecía de soporte para cuantificar los perjuicios, pero no especificó cuáles eran los supuestos vacíos en la prueba lo que impidió su análisis y contradicción.

14. Al respecto, precisó que el dictamen pericial de la empresa ALIAR SA cumplió con los requisitos técnicos y metodológicos exigidos por la ley procesal. Explicó que el perito tenía más de 40 años de experiencia y que realizó una descripción detallada del predio y de los valores comerciales de la zona. Además, aplicó los métodos valorativos pertinentes, visitó la Oficina de Planeación de La Virginia y comparó los precios del metro cuadrado con los predios vecinos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00136-01

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15. Adicionalmente, alegó que se valoró indebidamente la declaración que sobre el uso del suelo en el predio «El Finco» hizo el apoderado de la CARDER otorgándole valor de verdad, aunque su dicho no estaba respaldado en el Acuerdo que invocó. En ese sentido, reprochó que se hubiese declarado que el predio tiene riesgo de inundación por lo que su uso del suelo no e ra apto para el desarrollo urbanístico, solo con fundamento en la afirmación del apoderado de la CARDER de que así lo disponía el PBOT contenido en el Acuerdo 041 de 2008, expresada en el interrogatorio al perito; sin embargo, resaltó que en el texto del acuerdo no se

urbanístico, solo con fundamento en la afirmación del apoderado de la CARDER de que así lo disponía el PBOT contenido en el Acuerdo 041 de 2008, expresada en el interrogatorio al perito; sin embargo, resaltó que en el texto del acuerdo no se mencionan las reglas sobre el manejo del uso del suelo en el predio «El Finco», por lo que no hay soporte real de la conclusión sobre el uso del suelo. En consecuencia, estima que la tasación se disminuyó de manera caprichosa.

16. Aunado a ello, sostuvo que el manejo del PBOT de La Virginia ha sido irregular y variable, lo que generó incertidumbre respecto de su aplicación. Agregó que el perito consultó a los funcionarios municipales quienes indicaron que no existía plan para el predio en litigio, información que se corroboró en el documento oficial del Concejo Municipal de la Virginia, en el que se certificó que no se encontró ningún acuerdo que adoptará el PBOT.

17. Finalmente, aseguró que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, al desconocer la distinción que realiza el artículo 1614 del Código Civil del daño emergente y el lucro cesante, pues erradamente confunde estos elementos al excluir el lucro cesante de la cuantificación, cuando señala que no es procedente el reconocimiento de réditos por cuanto la suma por concepto de daño emergente ya estaba debidamente actualizada.

Intervenciones2

18. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través del magistrado ponente de la decisión censurada, expresó que no participar ía en la acción de tutela como parte ni como tercero y que acatará estrictamente las disposiciones que se adopten en esta.

magistrado ponente de la decisión censurada, expresó que no participar ía en la acción de tutela como parte ni como tercero y que acatará estrictamente las disposiciones que se adopten en esta.

19. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) afirmó que la presente acción de tutela no e ra procedente, puesto que el accionante no logró acreditar, mediante las pruebas allegadas, la existencia de alguna irregularidad procesal y mucho menos la vulneración de derechos fundamentales. Añadió que la solicitud de amparo no cumpl ió con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para su viabilidad, máxime cuando los despachos judiciales han garantizado el respeto al debido proceso, agotando en debida forma todas las instancias y brindando a las partes las herramientas legales para la defensa y protección de sus derechos. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, negar las pretensiones formuladas.

2 El 28 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y vinculó, en calidad de terceros interesados, a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y al municipio de La Virginia (Risaralda).Radicado: 11001-03-15-000-2025-00136-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

20. El Tribunal Administrativo de Risaralda informó la imposibilidad de remitir

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20. El Tribunal Administrativo de Risaralda informó la imposibilidad de remitir el expediente de reparación directa, debido a que este aún lo tiene en su poder la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por lo que es esta última quien tiene la posibilidad de digitalizarlo.

Sentencia impugnada

21. El 6 de marzo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la acción de tutela instaurada por el señor Germán Botero Gallego, para lo cual explicó que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico puesto que la decisión de restarle valor probatorio al dictamen pericial para cuantificar el precio del bien no derivó del capricho o arbitrariedad de esta, sino del hecho, debidamente motivado en la sentencia, de que los peritos determinaron el precio del bien con fundamento en informaci ón que no corresponde con sus características y que dejaron de lado información relevante para tal fin.

22. Adicionalmente, precisó que el juez no está sometido a las conclusiones de la pericia, ya que, por el contrario, corresponde a la autoridad judicial valorar las pruebas del proceso bajo las reglas de la sana crítica y establecer razonablemente el mérito que les asigna, por lo que el juez puede apartarse de las consideraciones de la pericia cuando considere, como ocurrió en el caso, que estas no están suficientemente fundamentadas, de manera que la valoración del dictamen fue razonada y no se concretó un defecto, sino un ejercicio legítimo de la función judicial.

de la pericia cuando considere, como ocurrió en el caso, que estas no están suficientemente fundamentadas, de manera que la valoración del dictamen fue razonada y no se concretó un defecto, sino un ejercicio legítimo de la función judicial.

23. En igual sentido, manifestó que tampoco se vulneró el derecho a la igualdad en la liquidación del perjuicio material, ya que el valor del predio se fundamentó en las características y uso del suelo 2 y 3 del predio «El Finco», conforme a las pruebas debidamente aportadas y valoradas por el juez natural del caso. Indicó que la tasación del perjuicio se fundamentó en las pruebas que fueron legal y oportunamente aportadas, sin que la consideración general de que otros predios de la zona fueron evaluados en un valor más alto o que los propietarios se les hubiese concedido permiso para explotar económicamente sus predios se erija como argumento suficiente para descartar o refutar ese juicio probatorio.

24. Ahora bien, con respecto a la reducción de la liquidación del daño material en más de un 90 % de lo que se había reconocido en primera instancia, advirtió que esa sola situación no da cuenta de un yerro en la sentencia, sino que por el contrario pone en ev idencia que, en virtud del principio de necesidad de la prueba, la autoridad accionada acudió a los demás medios de convicción que contenían información relevante para cuantificar el perjuicio y procedió con su valoración debidamente motivada.

25. Asimismo, en relación con el reparo del accionante sobre lo afirmado en la sentencia censurada, consistente en que, según lo indicado por el apoderado de la

debidamente motivada.

25. Asimismo, en relación con el reparo del accionante sobre lo afirmado en la sentencia censurada, consistente en que, según lo indicado por el apoderado de la CARDER, el predio no era apto para el desarrollo urbanístico, ya que así loRadicado: 11001-03-15-000-2025-00136-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecía el Acuerdo 041 de 2008, esclareció que si bien era cierto que la anterior conclusión se fundamentó en dicho acto, también lo fue que la s conclusiones expuestas por el juez de la causa en relación con las características del predio, el uso del suelo y su aptitud urbanística, no aparecen fundamentadas únicamente en la intervención del apoderado mencionado en audiencia de contradicción de la prueba pericial, sino que también se acreditan con otras pruebas del proceso que fueron analizadas motivada y razonadamente en la sentencia.

26. Por último, desestimó la configuración del defecto sustantivo invocado, al considerar que no se incurrió en la confusión de las modalidades de liquidación del perjuicio material alegada por el accionante, toda vez que se precisó que lo que el Tribunal había reconocido como réditos propios de lucro cesante, en realidad se subsume en la liquidación del daño emergente donde la suma a reconocer se actualizó hasta la fecha de la sentencia.

Impugnación

27. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que

subsume en la liquidación del daño emergente donde la suma a reconocer se actualizó hasta la fecha de la sentencia.

Impugnación

27. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que los lotes del predio «El Finco» fueron tratados de forma diferente a otros de la misma zona, los cuales cuentan con matrículas mercantiles para desarrollar actividades comerciales y turísticas ; sin embargo, el Consejo de Estado , a pesar de que compartían condiciones similares , negó la posibilidad de explotación económica y la indemnización correspondiente , al considerar erróneamente que los lotes no podían ser utilizados para actividades comerciales.

28. De otra parte, afirmó que se valoró de manera inadecuada el concepto pericial, al modificar la tasación de los perjuicios establecida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, bajo el argumento de que los lotes no estaban habilitados para cualquier desarrollo urbanístico o comercial, a pe sar de que dicha prueba le otorga alta vocación económica al igualar el trato de sus predios con los terrenos vecinos que desarrollas actividades turísticas y comerciales, lo que evidencia una valoración judicial arbitraria.

29. Adicionalmente, indicó que fue errónea la interpretación realizada en la providencia censurada y el fallo impugnado, al señalar que el lucro cesante pueda ser subsumido dentro del daño emergente a través de la indexación. Señaló que conforme al artículo 1614 del Código Civil, ambas categorías tiene n naturaleza distinta y no debe n confundirse. Precisó que la indexación solo aplica al daño emergente y no puede extenderse al lucro cesante.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

distinta y no debe n confundirse. Precisó que la indexación solo aplica al daño emergente y no puede extenderse al lucro cesante.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

30. Previo a plantear el problema jurídico , la Sala aclara que la parte motiva se ocupará de examinar los defectos f áctico, sustantivo y violación directa de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-00136-01

Accionante: Germán Botero Gallego

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Constitución Política por ser los que mejor se adecuan a los argumentos de inconformidad del accionante.

Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia de 18 de noviembre de 2024 incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución Política y, por ende, vulneró los derechos fundamentales del accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de procedencia, comoquiera que (1) goza de relevancia constitucional, comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales por un indebido ejercicio probatorio y normativo , y los reparos no constituyen una reiteración de los discutido durante el trámite ordinario ; (2) se tiene acreditada la

el debate gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales por un indebido ejercicio probatorio y normativo , y los reparos no constituyen una reiteración de los discutido durante el trámite ordinario ; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, porque Germán Botero Gallego es el titular de las garantías constitucionales que se invocan como violadas, y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 15 de enero de 2025, es decir , dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 18 de noviembre de 20243; (5) propiamente, no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse el estudio sin un adecuado análisis normativo y probatorio; (6) s e identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos

33. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado por el accionante, al no haberse estructurado ninguno de los defectos invocados, por las razones que a continuación pasan a explicarse:

34. Germán Botero Gallego , en el escrito de impugnación, afirmó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia

invocados, por las razones que a continuación pasan a explicarse:

34. Germán Botero Gallego , en el escrito de impugnación, afirmó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia de 18 de noviembre de 2024, incurrió en defecto fáctico, debido a que valoró de manera inadecuada el concepto pericial, al modificar la tasación de los perjuicios establecida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, bajo el argumento de que los lotes no estaban habilitados para cualquier desarrollo urbanístico o comercial, a

3 La providencia fue notificada por mensaje de datos el 11 de diciembre de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00136-01

Accionante: Germán Botero Gallego

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pesar de que dicha prueba le otorga alta vocación económica al igualar el trato de sus predios con los terrenos vecinos que desarrollas actividades turísticas y comerciales, lo que evidencia una valoración judicial arbitraria.

35. Pues bien, para resolver el anterior desacuerdo y los relativos al defecto sustantivo y a la igualdad, la Sala considera necesario analizar los argumentos en que se apoyó la Subsección accionada para modificar la tasación de los perjuicios.

Así, se observa que la autoridad judicial accionada, en la providencia censurada, con respecto a la condena impuesta sostuvo lo siguiente:

«i) Daño emergente

35.- El demandante solicitó por este concepto: (i) el pago de $443.400.000 por el valor

con respecto a la condena impuesta sostuvo lo siguiente:

«i) Daño emergente

35.- El demandante solicitó por este concepto: (i) el pago de $443.400.000 por el valor de la porción de terreno que fue ocupada por la CARDER y (ii) los gastos de transporte en que incurrió por la acción de tutela que el demandante presentó contra la demandada por estos hechos. Estos últimos fueron negados por el tribunal y el demandante no apeló como se indicó en la introducción de la decisión.

36.- Para acreditar el valor de la propiedad del demandante Germán Botero Gallego, el tribunal ordenó la práctica de un dictamen pericial por parte de un ingeniero civil y economista. Dicha prueba, fue practicada por los peritos Mario Corrales Giraldo y Óscar Tamayo Rivera, quienes calcularon este perjuicio material con base en precios de venta de bienes del Municipio La Virginia que tienen uso comercial y que pueden ser explotados en proyectos urbanísticos.

37.- Respecto al daño emergente, los peritos estimaron en $221.700.000 el valor a reconocer por cada lote, lo que da un total por los lotes No. 2 y No. 3 del predio <<El Finco>> de cuatrocientos cuarenta y tres millones cuatrocientos mil pesos ($443.400.000). La CARDER objetó por error grave la estimación del daño emergente realizada en el dictamen en cuestión porque: (i) los cálculos estimados no fueron probados por el demandante y tampoco allegó los soportes de los cuáles los estimó; y (ii) la suma de $443.400.000 que considera debe reconocerse al demandante no tiene soporte probatorio alguno, sino que es una apreciación subjetiva de los peritos en

(ii) la suma de $443.400.000 que considera debe reconocerse al demandante no tiene soporte probatorio alguno, sino que es una apreciación subjetiva de los peritos en relación al valor de venta de unos predios del Municipio La Virginia (sic) que no tienen las mismas particularidades del bien objeto de controversia.

38.- El tribunal tuvo en cuenta la suma estimada por los peritos y actualizó la misma desde la fecha de realización del dictamen hasta la fecha en que se dictó la providencia.

39.- La sala considera que el dictamen y su aclaración rendida por los auxiliares de la justicia en cuanto a la cuantificación de los perjuicios carece de soporte que respalden sus cálculos y se realizó bajo el supuesto de que el bien era explotable económicamente. Los peritos se limitaron a estimarlos con base en las afirmaciones realizadas en la demanda y en lo que supuestamente investigaron sobre las últimas ventas realizadas en el Municipio de La Virginia para calcular el valor del área de los lotes No. 2 y No. 3 del demandante. Además, sus conclusiones en cuanto a la cuantificación de este perjuicio no tuvo en cuenta lo dispuesto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Virginia (Acuerdo 041 de 2008) que establece que la zona urbana donde está ubicada el predio tiene riesgo de inundación y, por ello, su uso del suelo no es apto para desarrollo urbanístico y está limitado a las condiciones que estableciera la Secretaría de Planeación Municipal, de conformidad con los requisitos am bientales determinados por la CARDER. En la audiencia de contradicción del dictamen, el apoderado de la CARDER le preguntó al perito Mario Corrales Giraldo, de profesión ingeniero civil, lo siguiente:

con los requisitos am bientales determinados por la CARDER. En la audiencia de contradicción del dictamen, el apoderado de la CARDER le preguntó al perito Mario Corrales Giraldo, de profesión ingeniero civil, lo siguiente:

<<Pregunta del apoderado de la CARDER: ¿Sr. Perito para la elaboración del dictamen tuvo en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Virginia vigente para la época en la que se realizaron las obras y cuál es ese uso que determinó ese plan para ese predio?Radicado: 11001-03-15-000-2025-00136-01

Accionante: Germán Botero Gallego

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contesta el perito del perito: <<Yo estuve en las Oficinas de Planeación de La Virginia un buen rato y dijeron en La Virginia no hay Plan Básico de Ordenamiento Territorial (…). En la Virginia hay un Plan del 2009 que el Concejo lo va a cambiar, pero no ha n podido ponerse de acuerdo y no me quisieron dar copia porque eso no está vigente. Entonces a mí no me dieron ninguna indicación porque nada está vigente>>.

Pregunta del apoderado de la CARDER: Indica que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente para la época en la que se ejecutaron las obras es el Acuerdo 041 de 2008, el cual contempla como usos del suelo en el barrio Alfonso López, específicamente en el sector <<El Finco>> actividades de reforestación y proyectos eco-turísticos de recuperación paisajíst ica, ese era el uso del suelo. ¿Revisado su

específicamente en el sector <<El Finco>> actividades de reforestación y proyectos eco-turísticos de recuperación paisajíst ica, ese era el uso del suelo. ¿Revisado su dictamen pericial señala que el uso del suelo es

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