CE - Sentencia 11001031500020250015001
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250015001
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: EDUARDO JOSÉ ROZO GÓMEZ Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN B Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma la sentencia impugnada. La acción de tutela no cumple el requisito general de procedencia de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia de 6 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Eduardo José Rozo Gómez y Mauricio Rozo Gómez solicitaron, a través de apoderada judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 31 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 31 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 25000-23-36-000-2017-02020-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicaron que denunciaron por el delito de estafa al señor Mauricio Andrés Mutis Perdomo.
2.2. Relataron que, mediante sentencia de 30 de junio de 2015, el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá condenó al señor Mauricio Andrés Mutis Perdomo.
2.3. Expresaron que, mediante sentencia de 11 de agosto de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia condenatoria.2
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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro
2.4. Informaron que, mediante providencia de 15 de septiembre de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó la extinción de la acción penal por prescripción.
2.5. Señalaron que, con base en lo anterior, promovieron la demanda de reparación directa núm. 25000-23-36-000-2017-02020-00/01 en contra de la Nación - Rama
prescripción.
2.5. Señalaron que, con base en lo anterior, promovieron la demanda de reparación directa núm. 25000-23-36-000-2017-02020-00/01 en contra de la Nación - Rama Judicial - y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se repararan los daños morales y materiales ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
2.6. Precisaron que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2.7. Indicaron que la decisión de primera instancia fue apelada y que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 31 de mayo de 2024, revocó el fallo recurrido y negó las pretensiones de la demanda.
2.8. Manifestaron que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente.
2.9. Sobre el defecto sustantivo señalaron que se incurrió en este debido a “[…] la inaplicación de la ley 791 de 2002, y la aplicación errónea de la ley anterior vigente previamente a la entrada en vigencia de la ley 791 de 2002 […]”.
2.10. En cuando a la causal de desconocimiento del precedente indicaron que hubo “[…] Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional cuando estableció el alcance de un derecho fundamental a hacer uso de la jurisdicción penal contenida en el artículo 46 de Decreto 2700 de 1991 Código de Procedimiento Penal vigente
“[…] Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional cuando estableció el alcance de un derecho fundamental a hacer uso de la jurisdicción penal contenida en el artículo 46 de Decreto 2700 de 1991 Código de Procedimiento Penal vigente para el tiempo de la denuncia penal y hasta la entrada en vigor de la ley 600 de 2000, y que tuvo estudio de constitucionalidad en la sentencia C-163 de 2000 citada en la C-899 de 2003. […]”.
2.11. Como fundamento de los defectos indicados se señaló:
“[…] se estima que para este caso concreto, el Consejo de Estado se equivoca y su decisión presenta defecto material o sustantivo por desconocer la prescripción de diez años determinados por la ley 791 arriba citada, que redujo a 10 años las prescripciones de 20 años establecidas en el Código Civil y que cuando prescribió la acción penal el 24 de agosto de 2015, ya habían prescrito las acción civiles, situación que ocurrió el 27 de diciembre del año 2012, y por lo tanto una vez prescrita la acción penal y civil para el responsable penal, ya no era posible iniciar ninguna acción civil en contra de los terceros civilmente responsables.
De manera reiterada se ha señalado que no es posible iniciar o tramitar dos acciones civiles simultaneas, una ante la jurisdicción penal y otra ante la jurisdicción ordinaria civil. Esto es tan cierto que el artículo 46 del Decreto 2700 de 1991 que era el Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 19913
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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro
de 1991 que era el Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 19913
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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro
hasta el año 2001 cuando entró a regir la Ley 600, exigía manifestar bajo la gravedad de juramento, en la demanda de constitución de parte civil, que no se había presentado demanda buscando la reparación integral. Bajo el imperio de este Código de procedimiento penal se presentó la denuncia penal en contra del ciudadano gestor del contrato Mauricio Andrés Mutis Perdomo, y se presentó la demanda de constitución de parte civil que contiene la expresa manifestación bajo juramento de no haberse promovido proceso ante la jurisdicción civil en procura de la reparación de perjuicios materiales y morales a que se refiere dicho libelo.
La Corte Constitucional se manifestó sobre la constitucionalidad del contenido de dicho artículo 46 del Decreto Ley 2700 de 1991, sentencia desconocida por el Consejo de Estado en el fallo que aquí se impugna, por ello adolece desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional cuando estableció el alcance de un derecho fundamental a hacer uso de la jurisdicción penal contenida en el artículo 46 de Decreto 2700 de 1991, código de procedimiento penal vigente para el tiempo de la denuncia penal y hasta la entrada en vigor de la ley 600 de 2000, y que tuvo estudio de constitucionalidad en la sentencia C-163 de 2000 citada en la C-899 de 2003.
[…]
En conclusión y sin más disquisiciones, es claro el yerro del Consejo de Estado en la sentencia que quebranta el derecho fundamental al debido proceso a los
C-163 de 2000 citada en la C-899 de 2003.
[…]
En conclusión y sin más disquisiciones, es claro el yerro del Consejo de Estado en la sentencia que quebranta el derecho fundamental al debido proceso a los señores EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ, quienes eligieron la acción correcta para el amparo de sus derechos denunciando al infractor del derecho penal que ocasionó todos sus daños y perjuicios y que presentaron consecuente demanda de constitución de parte civil. Por ello, no podían presentar nuevas demandas civiles en procura de la misma pretensión indemnizatoria, ni de manera simultanea ni posterior. […]”. [Sic en toda la cita y mayúscula original del texto].
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1° Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y los inherentes a este como la tutela judicial efectiva, la pérdida de la oportunidad en acceso a la administración de justicia para obtener la reparación integral, a establecer la verdad sobre lo sucedido y a aplicar una justicia pronta y cumplida al presunto autor del reato, así como el derecho a la propiedad y al patrimonio, conculcados a los ciudadanos EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ. por la sentencia del Consejo de Estado en la Secció n Tercera Subsección B, en segunda instancia proferido el 31 de mayo de 2024, en el proceso promovido con el radicado 25000233600020170202001 en contra de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL, mediante la cual revocó la sentencia de pr imera instancia dictada por el
proceso promovido con el radicado 25000233600020170202001 en contra de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL, mediante la cual revocó la sentencia de pr imera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y en su lugar negó las pretensiones de la demanda del medio de control de reparación directa.
2° Como consecuencia del amparo a los derechos fundamentales de los ciudadanos EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ , declarar la nulidad o ineficacia del fallo del Consejo de Estado en la Sección Tercera Subsección B, en segunda instancia proferido el 31 de mayo de 2024, en el proceso promovido con el radicado 25000233600020170202001 en contra de la NACIÓN – FISCALÍA G ENERAL DE LA NACIÓN y RAMA4
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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro
JUDICIAL, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y en su lugar negó las pretensiones de la demanda del medio de control de reparación directa,
3° En consecuencia, devolver el proceso a la Sección Tercera del Consejo de Estado para que profiera sentencia de reemplazo dentro del término de treinta días o en el plazo que la Corporación considere razonable. […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
Estado para que profiera sentencia de reemplazo dentro del término de treinta días o en el plazo que la Corporación considere razonable. […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 17 de enero de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela . Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso “[…] la Nación, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Subsección B […]”.
5. El 17 de marzo de 2025 el Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López manifestó impedimento en el proceso de la referencia y mediante auto de 27 de marzo de 2025, la Sección lo declaró infundado.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
6.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, rindió el siguiente informe: “[…] Se considera que la providencia y el expediente de la respectiva acción de reparación directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto de esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción constitucional. […]”.
el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto de esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción constitucional. […]”.
6.2. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, a través del director, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que lo solicitado en la acción de tutela no era competencia de dicha entidad.
6.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , a través de apoderado judicial, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
6.4. La Fiscalía General de la Nación indicó, a través de la profesional especializada de asuntos judiciales, que “[…] no tiene legitimación en la causa por5
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pasiva en caso sub examine, , [sic] pues no existe una relación de causalidad de acción u omisión por parte de la Entidad, esto en razón a que la providencia cuestionada no fue emitida por el ente instructor y la actuación pretendida en procura del amparo de derechos reclamados, supera su competencia. […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante fallo de tutela de 6 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de inmediatez.
8. Como fundamento de la decisión se señaló:
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de inmediatez.
8. Como fundamento de la decisión se señaló:
“[…] En el caso concreto la sentencia del 31 de mayo de 2024 fue notificada el 28 de junio de esa anualidad, motivo por el cual quedó ejecutoriada el 8 de julio de 2024, mientras que la acción de tutela se radicó el 15 de enero de 2025, cuando había transcurrido un lapso superior a los seis meses que se ha establecido como prudencial para la presentación de las acciones de tutela.
A pesar de que en la acción de tutela se afirmó que el plazo de seis meses que se estima como prudencial se cumplió durante la vacancia judicial, lo cierto es que la acción de tutela no se radicó el primer día hábil siguiente por lo que los argumentos presentados no evidencian la existencia de una urgencia real en la protección de los derechos fundamentales invocados, en especial por la excepcionalidad de la tutela contra providencia judicial.
Al respecto, con base en la jurisprudencia constitucional, se advierte que la carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la sentencia1.
En la acción de tutela objeto de estudio los argumentos expuestos para la tardanza no denotan la premura real, pues no se instauró la acción de tutela en el momento en que empezó a funcionar la Secretaría General, por lo que es
En la acción de tutela objeto de estudio los argumentos expuestos para la tardanza no denotan la premura real, pues no se instauró la acción de tutela en el momento en que empezó a funcionar la Secretaría General, por lo que es importante reiterar que el juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de derechos fundamentales, que requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal. […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que la acción de tutela sí cumplía con el requisito de inmediatez. Al respecto señaló:
1 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-189 de 2009.6
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“[…] En la demanda de acción de tutela se presentaron tres razones para justificar la inmediatez. Se argumentó que: i) el término de seis meses, contabilizado desde la fecha de notificación de la sentencia se cumplió durante la vacancia judicial -entre el 20 de diciembre de 2024 y el 11 de enero de 2025justificar la inmediatez. Se argumentó que: i) el término de seis meses, contabilizado desde la fecha de notificación de la sentencia se cumplió durante la vacancia judicial -entre el 20 de diciembre de 2024 y el 11 de enero de 2025y que luego de reiniciarse actividades por la Administración de Justicia el día 13 de enero de 2025, se radicó el libelo de tutela; ii) Fue necesario localizar a los actores para explicarles la sentencia de segunda instancia y esperar a que uno de ellos regresara al país y otorgara poder para la acción de tutela y, además, iii) Se requirió el tiempo necesario para estudiar el caso de particular complejidad.
[…]
Al calcular el plazo jurisprudencial de seis meses, desde el 8 de julio de 2024 cuando quedó ejecutoriada la sentencia, se tiene que se cumplió el 8 de enero de 2025 pero las actividades judiciales luego de la vacancia judicial se iniciaron el 13 de enero. Es decir, la tutela se radicó al tercer día de reiniciadas las actividades judiciales, esto es dos días después, sin descontar los días de vacancia judicial.
[…]
Llama la atención que a los accionantes se les exija con rigurosidad y severidad, el cumplimiento de seis meses para accionar en tutela, cuando no existe un término de caducidad legal y constitucional para ello y esos seis meses en realidad constituyen un plazo de creación jurisprudencial más no legal y como tal debe pasar por el tamiz de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que en este caso no se efectuó para determinar si de cara a las circunstancias del caso, ameritaba flexibilizarlo. Un tér mino legal es
legal y como tal debe pasar por el tamiz de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que en este caso no se efectuó para determinar si de cara a las circunstancias del caso, ameritaba flexibilizarlo. Un tér mino legal es perentorio y de obligatorio cumplimiento, no admite flexibilidad, como todos aquellos que en los códigos y normas superiores se le impone a los jueces en general para dictar sentencias, adoptar decisiones y ejecutar actuaciones en los procesos judiciales, término que se ha vuelto costumbre desobedecer en muchos casos. En contraste el plazo de creación jurisprudencial impone aplicarse previo análisis de los criterios citados y por ende, admite flexibilidad ante las circunstancias de cada caso particular.
[…]
La segunda razón para justificar el tiempo de presentación de la acción de tutela, es la circunstancia que relativa a uno de los accionantes -MAURICIO ROZO GOMEZ-, a quien fue necesario esperar que regresara al país explicarle la sentencia de segunda instancia, para que otorgara poder para la acción de tutela. Esta situación, expresada bajo la gravedad del juramento en el libelo de tutela, fue determinante en el cumplimiento del plazo jurisprudencial aludido porque la preparación de la acción de tutela se i nició luego de recibir los poderes, hecho ocurrido en el mes de octubre de 2024. […]
[…]
Finalmente, debe indicarse que la justificación del tiempo de presentación de la demanda de tutela, se expuso en la misma de manera franca y no fue otra que se requirió el tiempo necesario para estudiar el caso de particular complejidad, ya que la misma Corte Constitucional, en varias sentencias entre
la demanda de tutela, se expuso en la misma de manera franca y no fue otra que se requirió el tiempo necesario para estudiar el caso de particular complejidad, ya que la misma Corte Constitucional, en varias sentencias entre ellas la T-341 de 2018, al resolver casos como el aquí considerado, ha dicho que cuando se trata de una tutela en contra de una providencia judicial, el análisis debe ser más estricto. […]”.7
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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Cuestión previa
11. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación procesal presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca.
12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
desvinculación procesal presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca.
12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
13. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca fueron parte dentro del medio de control en el que se profirió la providencia que es objeto del presente mecanismo
13. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca fueron parte dentro del medio de control en el que se profirió la providencia que es objeto del presente mecanismo
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.8
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de amparo, la Sala considera que les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.
14. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
a esta acción constitucional.
14. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
8 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
SU-627 de 2015.
20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
24. Los señores Eduardo José Rozo Gómez y Mauricio Rozo Gómez solicitaron, a través de apoderada judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le
10 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 11 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisió
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