CE - Sentencia 11001031500020250015301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250015301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
Accionante: Carlos Alonso Valencia Bernal
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
Accionante: CARLOS ALONSO VALENCIA BERNAL
Accionados: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CALI Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 13 de febrero de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Carlos Alonso Valencia Bernal , actuando por conducto de apoderada, promovió acción de tutela en contra de la s sentencias
amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Carlos Alonso Valencia Bernal , actuando por conducto de apoderada, promovió acción de tutela en contra de la s sentencias proferidas el 16 de febrero de 2024 y el 2 de diciembre de 2024 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión , respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derechoRadicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
Accionante: Carlos Alonso Valencia Bernal
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identificado con el radicado nro. 76001 33 33 008 2022 00135 00/01 , y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales de mi representado el Sr. CARLOS ALONSO VALENCIA BERNAL, al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2. DECLARAR , que las sentencias del JUZGADO 08
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI y del HONORABLE
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE - M.P.
RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda incurrió en defectos fácticos y sustantivo. Lo anterior por cuanto los accionados concluyeron que no se encontraba acreditada la existencia del requisito de SUBORDINACIÓN, desconociendo con ello los medios de prueba
las pretensiones de la demanda incurrió en defectos fácticos y sustantivo. Lo anterior por cuanto los accionados concluyeron que no se encontraba acreditada la existencia del requisito de SUBORDINACIÓN, desconociendo con ello los medios de prueba que así lo demostraban, tal como lo establece la jurisprudencia del
CONSEJO DE ESTADO.
3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR se DEJE SIN EFECTO la[s] providencias cuestionadas y en su lugar se ordene a las autoridades accionadas proferir nueva decisión en el término de treinta (30) días, en el que se tenga en cuenta la totalidad del material probatorio (en especial lo manifestado por los testigos arrimados por la parte demandante) incorporado en debida forma al proceso, respetando el precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO en asuntos de primacía de la realidad sobre las formas […]”. (Mayúsculas, negrillas y resaltado originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la E.S.E. Hospital la Buena Esperanza de Yumbo , con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio GCH -017-0437 y que, a título de restablecimiento del derecho, se declarara la existencia del vínculo laboral entre las partes y se ordenara a la demandada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales , sanciones moratorias, indemnización por despido injusto e indexación por el servicio prestado como médico desde el 28 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020.
de las prestaciones sociales , sanciones moratorias, indemnización por despido injusto e indexación por el servicio prestado como médico desde el 28 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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Manifestó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali que, en sentencia del 16 de febrero de 2024 negó las pretensiones de la demanda al considerar que: “(…) de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso y la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos, fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio, las pretensiones invocadas en la demanda no tienen vocación de prosperidad, como quiera que, no se acreditó que entre la parte demandante y la demandada existió una relación laboral subyacente o encubierta, pues no se logró demostrar el elemento de la subordinación o dependencia continuada propio de las relaciones laborales (…)”2.
Señaló que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y la Sala Segunda de Decisión d el Tribunal Administrativo del
el elemento de la subordinación o dependencia continuada propio de las relaciones laborales (…)”2.
Señaló que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y la Sala Segunda de Decisión d el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en sentencia proferida el 2 de diciembre de 2024 la confirmó.
Alegó que “(…) tanto el Juzgado como el Tribunal accionado no analizaron sistemáticamente las pruebas testimoniales y documentales recaudadas, a partir de las cuales sí era factible inferir la acreditación de la subordinación como elemento esencial del contrato de realidad entre el demandante y el Hospital demandado entre el 28 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020 (…)”3.
Argumentó que “(…) las órdenes de prestación de servicios y el manual de funciones del Hospital acreditan que se configuró una relación legal y reglamentaria entre el 28 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020, continua e ininterrumpida, en la que la accionante desarrolló funciones de carácter permanente y necesarias para la ejecución del objeto misional de dicha entidad. En el expediente reposan las actividades y demás ordenes que debía cumplir el accionante para el cumplimiento
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00. 3 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00. 3 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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de sus funciones, las cuales eran totalmente iguales a las de los médicos de planta (…)”4.
Expuso que en la audiencia realizada el 7 de septiembre de 2024 se practicaron los testimonios del señor Héctor Junior Perlaza y la señora Lina María Mejía Castañeda, quienes, según anotó, laboraron con él en el hospital demandado.
Al efecto , citó apartes de dichos testimonios y sostuvo que “(…) las declaraciones de los testigos fueron espontáneas, claras, contundentes, coherentes y elocuentes, por lo que evidencian que CARLOS ALONSO VALENCIA BERNAL recibía órdenes de funcionarios del Hospital, cumplía el horario impuesto por la entidad a pesar de que la “cuota de pacientes” se terminaba antes, realizaba su trabajo en las instalaciones de la entidad y ejecutaba actividades propias de su objeto misional. No obstante, el tribunal y juzgado accionado les restaron todo crédito sin hacer mención específica de las razones por las cuales no tenían peso probatorio (…)”5.
En el acápite denominado “ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA DEL PROCESO”, indicó que, durante su vinculación con el hospital, firmó varios contratos de prestación de servicios “como fachada de la real
En el acápite denominado “ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA DEL PROCESO”, indicó que, durante su vinculación con el hospital, firmó varios contratos de prestación de servicios “como fachada de la real relación laboral”6. En ese sentido, explicó que “el fin de estos contratos, no era otro que el de escamotearle sus derechos salariales y prestacionales, camuflando una falta de subordinación por parte de aquél”7.
Agregó que “(…) siempre estuvo bajo la subordinación directa de sus altos funcionarios, como por ejemplo los COORDINADORES MEDICOS. De ello[s] recibía las órdenes e instrucciones, la programación de turnos a cumplir, el sitio de prestación el servicio, e incluso en casos en los que el demandante no podía asistir por motivos personales, debía avisarle y
4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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pedirle permiso al coordinador médico, tal como lo argumentaron casi que al unísono los testigos citados por el suscrito abogado (…)”8.
Resaltó que “(…) de las pruebas documentales aportadas y los testimonios rendidos por los Sres. HECTOR JUNIOR PERLAZA GAITÁN Y LINA MARÍA MEJÍA se puede entonces que mi representado era un verdadero servidor público del Hospital. La real relación típicamente laboral que se desarrolló
rendidos por los Sres. HECTOR JUNIOR PERLAZA GAITÁN Y LINA MARÍA MEJÍA se puede entonces que mi representado era un verdadero servidor público del Hospital. La real relación típicamente laboral que se desarrolló entre el Hospital y mi mandante, enmascarada en contratos de prestación de servicios, implica que a mi mandante se le considere como un verdadero servidor público del Hospital para todos los efectos legales: (Parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 y Decreto 1876 de 1994). Al configurarse claramente los elementos de una verdadera relación de trabajo, es dable al juzgador aplicar el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. (Artículo 53 de la Constitución Política), puesto que la remuneración está más que comprobado con los contratos y comprobantes de pago; la prestación personal del servicio igualmente se encuentra acreditada porque al ser intuitu personae, era el mismo quie n debía prestar los servicios médicos asistenciales en razón de su experiencia y estudios técnicos; la subordinación, que fue básicamente lo que se buscaba camuflar, se demostró dentro del plenario, en razón no solo al cumplimiento de un horario y los turnos que se le asignaban, sino al recibimiento de ordenes que debían ser estrictamente cumplidas, el hecho de tener que pedir permisos para ausentarse, le hecho de dotarle la bata con los logos del Hospital, incluso en ocasiones cuando el demandante terminab a con los pacientes asignados antes del horario establecido, aquél se quedaba esperando hasta el momento en que se llegara la hora de salida, situación que fue afirmada por la testigo LINA
la bata con los logos del Hospital, incluso en ocasiones cuando el demandante terminab a con los pacientes asignados antes del horario establecido, aquél se quedaba esperando hasta el momento en que se llegara la hora de salida, situación que fue afirmada por la testigo LINA MARIA, quien era la auxiliar de enfermería que le brindaba el apoyo (…)”9.
8 Ibidem. 9 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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Por último, aseguró que el asunto sub examine cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Frente a la relevancia constitucional, precisó que “(…) la actual discusión sí es de preeminencia constitucional pues está claro que el Juzgado y Tribunal entutelados actuaron al margen de la ley quebrantando derechos fundamentales de mi poderdante. A este tenor, se configura la violación al artículo 29 de la Norma Normarum, al quebrantar la normativa sustancial y procedimental en lo que atañe al proceso aqu í, objeto de la decisión del despacho tutelado (…) ”; y, en cuanto a la subsidiariedad, adujo que ya se han agotado todos los medios, ordinarios y extraordinarios, de defensa judicial que tenía a su alcance, comoquiera que en el proceso ordinario se presentaron todos los recursos procedentes.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
que en el proceso ordinario se presentaron todos los recursos procedentes.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 15 de enero de 202510 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que por auto del 17 de enero de 202511 la admitió y dispuso notificar12 al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali y a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , como parte accionada; así como vincular13 a la E.S.E. Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, como tercero interesado en el resultado del proceso.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00. 11 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00. 12 Esta orden se cumplió el 20 de enero de 202 5. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00. 13 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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De igual forma, requirió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali para que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 76001 33 33 008 2022 00135 00/01, el cual fue remitido14.
3.2. El asesor jurídico de la E.S.E. Hospital la Buena Esperanza de Yumbo allegó escrito15 en el que se opuso a las pretensiones del accionante.
Manifestó que, “(…) frente al Debido Proceso, recordemos que cada una de las etapas procesales dentro de las instancias sea en el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca se llevaron a cabo sin que se presentaran solicitudes de nulidad, saneamientos o cualquier otra posible situación que permitiera inferir que se violó el debido proceso a la parte inconforme o cualquier otra; las diferentes audiencias dan fe de lo expuesto y como se puede evidenciar, el accionante NUNCA puso de presente que se le estaba violando el debido proceso. Llama la atención que invoca este derecho una vez se encuentra vencido sin oportunidad procesal adicional lo que permite inferir que se encuentra en la búsqueda de revivir vía de tutela una tercera instancia que favorezca sus intereses (…)”.
Agregó que, “ (…) frente al acceso de justicia, está más que decantado que nunca se le ha negado este derecho. El demandante en este caso
de revivir vía de tutela una tercera instancia que favorezca sus intereses (…)”.
Agregó que, “ (…) frente al acceso de justicia, está más que decantado que nunca se le ha negado este derecho. El demandante en este caso accionante para el presente trámite de tutela gozó de las garantías jurisdiccionales para poder poner a consideración de un juez de la república sus argumentos, los cuales fueron vencidos en franca lid dentro de un proceso judicial que le permite contar con doble instancia y que, por lo tanto, fue revisado por un Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien avaló todo lo actuado (…)”.
14 Visto en los índices 8, 10, 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00. 15 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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3.3. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada rindió informe16 en el que solicitó que se nieguen las súplicas de la acción de tutela.
Señaló que la parte accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de
rindió informe16 en el que solicitó que se nieguen las súplicas de la acción de tutela.
Señaló que la parte accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, pues, a su juicio, considera que no hubo un debido apoyo probatorio para sustentar las providencias que negaron las pretensiones de la demanda ordinaria , insistiendo que, en su opinión , la sola acreditación de un horario prueba la subordinación.
En ese sentido, indicó que “(…) en la sentencia No. 297 del 2 de diciembre de 2024, se acataron de manera completa los postulados normativos y jurisprudenciales para resolver éste tipo de eventos y así mismo se dio aplicación a los criterios hermenéuticos y de la sana crítica, y se tuvieron en cuenta todos los elementos de juicio allegados por las partes y aquellos recaudados en el transcurso del proceso al momento de resolver el fondo del asunto, conforme se desprende de la providencia atacada (…)”.
Aseveró que, al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , se analizaron los supuestos de hecho que motivaron la demanda, así como los elementos de juicio que fueron aportados por las partes.
Advirtió que, “(…) aunque en el proceso ordinario se acreditó -según la prueba testimonialque el actor cumplía relativamente un horario a través de turnos, en la sentencia de segunda instancia se explicó ampliamente por qué razón el simple hecho de un horario no es raz ón suficiente para demostrar el elemento de subordinación, apoyándonos en la jurisprudencia del Consejo de Estado (…)”.
de turnos, en la sentencia de segunda instancia se explicó ampliamente por qué razón el simple hecho de un horario no es raz ón suficiente para demostrar el elemento de subordinación, apoyándonos en la jurisprudencia del Consejo de Estado (…)”.
Finalmente arguyó que “(…) no pueden ser de recibos los cuestionamientos realizados por la parte actora, dado que la decisión
16 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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emitida por la Sala Segunda de Decisión de este Tribunal se desarrolló de forma objetiva y fue fundamentada jurídicamente (…)”.
3.4. La titular del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali rindió informe17 en el que hizo un breve recuento del trámite impartido al proceso ordinario objeto de debate y sostuvo que “(…) la providencia que emitió el Despacho en primera instancia se sujetó al estricto respeto por el precedente judicial vigente al momento de proferir la sentencia y a los medios de prueba válidamente incorporados al proceso (…)”.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero de 202518, declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito general de relevancia constitucional , al considerar que el
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero de 202518, declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito general de relevancia constitucional , al considerar que el accionante reiteró, en sede constitucional, los argumentos presentados en el recurso de apelación promovido en el proceso ordinario.
Para ello, citó apartes del precitado recurso, así como apartes de la sentencia de segunda instancia acusada y explicó que “(…) el tribunal accionado resolvió de fondo el asunto, fundamentado en los criterios que orientan la posible estructuración del elemento subordinación sin que en este caso se evidenciara de las pruebas tanto testimoniales como documentales que el actor estuviera en una condición tal que permitiera admitir una relación laboral en la suscripción de órdenes de prestación de servicios, más aún en la profesión de medicina y en las condiciones en las que el accionante prestó sus servicios a la entidad de salud (…)”.
Anotó que “(…) más allá de advertirse la concreción de un defecto en la providencia que afectara el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, lo que busca es reabrir el
17 Visto en los índices 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00. 18 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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debate en relación con el elemento subordinación suficientemente estudiado en las dos instancias judiciales (…)”.
Adujo que “(…) la autoridad judicial resolvió el asunto con argumentos suficientes, razón por la que no puede pretenderse un análisis del tema ahora en sede de tutela, pues conviene recordar que, conforme lo ha establecido la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitu cional, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Ello es así porque el análisis de las sentencias y de los autos por vía de tutela, involucra los principios de independencia y autonomía judicial, la preclusión de los procesos y la cosa juzgada que se predica de las providencias judiciales con miras a definir los litigios puestos en conocimiento de los jueces de la República (…)”.
Finalmente arguyó que la procedencia del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que , aseguró, no ocurre en este caso.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo
aseguró, no ocurre en este caso.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó19 aseverando que “(…) la actual discusión si es de preeminencia constitucional pues está claro que el Juzgado y Tribunal entutelados actuaron al margen de la ley quebrantando derechos fundamentales de mi poderdante. A este tenor, se configura la violación al artículo 29 de la Norma Normarum, al quebrantar la normativa sustancial y procedimental en lo que atañe al proceso aqu í́, objeto de la decisión del despacho tutelado (…)”.
Manifestó que “(…) la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se afecta el derecho al trabajo y la seguridad social en escenarios
19 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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de contrato realidad, el asunto adquiere relevancia constitucional. Así lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia SU -556 de 2019, en la cual se reafirmó que el reconocimiento del vínculo laboral subordinado tiene una dimensión constitucional c uando su desconocimiento afecta el acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y la estabilidad
la cual se reafirmó que el reconocimiento del vínculo laboral subordinado tiene una dimensión constitucional c uando su desconocimiento afecta el acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y la estabilidad laboral. Del mismo modo, en la Sentencia T -400 de 2019, se indicó que las decisiones judiciales que omitan analizar la realidad de una relación laboral pueden vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, en la Sentencia C -614 de 2009, la Corte resaltó que el principio de primacía de la realidad sobre las formas debe prevalecer en la interpretación de controversias laborales, constituyendo un eje fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores (…)”.
Indicó que en el escrito de tutela expuso que las providencias acusadas incurrieron en un defecto fáctico, consistente en la omisión y valoración arbitraria de pruebas que acreditaban la existencia de una relación laboral subordinada, sin embargo, el a quo rechazó la solicitud de amparo sin analizar de fondo dichos aspectos.
Advirtió que las pruebas que no fueron valoradas adecuadamente consisten en (i) el testimonio del señor Héctor Junior Perlaza y la señora Lina María Mejía Castañeda; (ii) el manual de funciones de la entidad, que según afirmó, demostraba la existencia de una estructura organizativa bajo la cual desarrolló funciones de manera subordinada; y (iii) las instrucciones y la supervisión impartidas por coordinadores médicos, lo que evidenciaba, bajo su consideración, un control sobre sus actividades.
Resaltó que la omisión en el análisis de las precitadas pruebas generó una decisión que desconoce la realidad laboral en la que prestó sus servicios.
que evidenciaba, bajo su consideración, un control sobre sus actividades.
Resaltó que la omisión en el análisis de las precitadas pruebas generó una decisión que desconoce la realidad laboral en la que prestó sus servicios.
Insistió en que su solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, comoquiera que “ (…) 1. Se alega una vulneración directa de derechos fundamentales, específicamente el debido proceso y la seguridad social.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
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2. Se configura un defecto fáctico, al no haberse valorado pruebas esenciales. 3. El caso afecta derechos de especial protección constitucional, como el acceso a la seguridad social y la estabilidad laboral
(…)”.
Finalmente, señaló que no pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia, sino como un mecanismo idóneo para corregir la vulneración de derechos fundamentales derivada de un error judicial grave, por lo que solicitó que se revoque la sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida por el a quo y, en su lugar, se declare procedente la tutela y se acceda al amparo deprecado.
5.2. Por auto proferido el 7 de marzo de 202 5 se concedió la impugnación20 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 18 de marzo de 202521.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
impugnación20 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 18 de marzo de 202521.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 22, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201523, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 24, así como con
20 Visto en el índice 2 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00. 21 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 01. 22 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotej ándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 23 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 24 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario de
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