CE - Sentencia 11001031500020250016301

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250016301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00163-01

Accionante: Gerardo Arley Zapata López Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA / Improcedencia – carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la sentencia proferida el 13 de febrero de 2025 , por el Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 15 de enero de 2025, el señor Gerardo Arley Zapata López instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso. Consideró que dicha prerrogativa fue vulnerada con la expedición del fallo de 15 de mayo de 20241, dictado al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Contraloría Municipal de Dosquebradas, con el propósito de lograr la nulidad de las resoluciones por las cuales se declaró insubsistente su

dictado al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Contraloría Municipal de Dosquebradas, con el propósito de lograr la nulidad de las resoluciones por las cuales se declaró insubsistente su nombramiento como empleado de carrera administrativa.

2. En la sentencia cuestionada, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B confirmó la decisión de primera instancia3, que negó las pretensiones.

Consideró que en los actos acusados no se echaron de menos ninguno de los requisitos formales y sustanciales previstos en la Ley 909 de 2004 y el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, puesto que el organismo fiscalizador analizó las pruebas, sustentó su calificación, relacionó las normas legales y reglamentarias pertinentes y, expuso claramente las razones por las cuales evaluación del actor resultó deficiente. A su vez, verificó que se habían respetado los elementos del debido proceso para llegar a dicha conclusión. Concluyó que el demandante no probó que se hubiera

1 Notificada el 16 de julio de 2024. 2 Radicado 66001-23-33-000-2018-00181-02. 3 El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de 15 de octubre de 2021 negó las súplicas de la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00163-01

Accionante: Gerardo Arley Zapata López Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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actuado con desviación o abuso de poder en la insubsistencia de su nombramiento

Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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actuado con desviación o abuso de poder en la insubsistencia de su nombramiento por calificación deficiente o que el acto estuviese falsamente motivado.

3. El actor indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes

defectos al dictar la sentencia acusada:

4. Defecto fáctico , por carencia de apoyo probatori o al no haber apreciado el formato de evaluación extraordinaria. Explicó que en su caso la evaluadora modificó el valor porcentual de los compromisos laborales, lo que condujo a que el resultado fuera considerablemente más bajo de lo que debería.

5. Expuso que el seguimiento del primer semestre de 2017 se dividió en dos evaluaciones, siendo la primera del 1 de febrero hasta el 31 de mayo, y la segunda, desde 1 de junio hasta el 31 de julio d e 2017, a las cuales se le aplicaron los pesos conceptuales acordados en los compromisos. Indicó que la “evaluación Parcial Primer Semestre ” consistió en la suma de las 2 anteriores, arrojando un total de calificación de 49.90 para los compromisos laborales de 100 posibles y, de 7.67, de 15 puntos posibles para lo relacionado con competencias comportamentales.

6. Afirmó que la evaluación extraordinaria se diligenció de manera indebida, toda vez que en el formato evaluación extraordinaria, específicamente en la columna “ Peso Porcentual Evaluaciones Previas” los porcentajes fueron alterados, pues sin ninguna explicación, ni justificación, fueron reducidos a la mitad, esto en contravía de lo

que en el formato evaluación extraordinaria, específicamente en la columna “ Peso Porcentual Evaluaciones Previas” los porcentajes fueron alterados, pues sin ninguna explicación, ni justificación, fueron reducidos a la mitad, esto en contravía de lo señalado por el numeral d, artículo 21 del Acuerdo 565 de 2016. Situación que condujo a obtener una calificación en un n ivel de desempeño insatisfactorio, y con ello se justificó l a declaratoria de insubsistencia del cargo. De haberse aplicado correctamente los valores de los pesos porcentuales por compromiso, el resultado obtenido hubiera sido sustancialmente diferente, ya que era del 82.21%, lo que lo hubiera ubicado en el nivel de cumplimiento satisfactorio que garantizaba la permanencia en el cargo.

7. Concretamente, explicó que cuando se diligenció el formato de evaluación extraordinaria, los porcentajes modificados lo condujeron a obtener un total en sus compromisos laborales de 42.23 puntos, es decir, un valor menor que el logrado en la calificación parcial (49.9 0), resultado que consideró aritméticamente improbable, puesto que, si la valoración total debía computarse con la suma de los seguimientos parciales, no era posible que el resultado final fuera menor. En consecuencia, estimó que no se valoró el formato de evaluación extraordinaria, por cuanto allí se evidenció la alteración de los porcentajes, con lo que se demostraba el error en el que se incurrió al momento de motivar la declaratoria de insubsistencia.

8. Por otra parte, adujo que la calificación extraordinaria comprendió el período del 1 de febrero al 12 de octubre de 2017, cobrando relevancia el debido proceso, pues nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, y a que evidentemente había sido

8. Por otra parte, adujo que la calificación extraordinaria comprendió el período del 1 de febrero al 12 de octubre de 2017, cobrando relevancia el debido proceso, pues nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, y a que evidentemente había sido evaluado del 1 de febrero al 31 de mayo de 2017 por Jaime Grajales Serna y, del 1 de junio al 31 de julio de 2017 por María Del Pilar Loaiza.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00163-01

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9. Defecto sustantivo, por no haber dado aplicación directa al numeral d, artículo 21 del Acuerdo 565 de 2016 y 27 ibidem, argumento que se plasmó en el recurso de apelación, donde se hizo saber que no hubo cumplimiento de la norma, sin embargo, el Consejo de Estado guardó silencio al respecto y no dijo nada en lo relativo a l

régimen a aplicar. Adujo que era un error emplear el régimen de carrera especial de la Contraloría General de la República, cuando lo procedente era el régimen general.

10. Violación directa de la Constitución Política , por cuanto se demostró en el proceso la alteración y manipulación del formato de evaluación extraordinario; así como la aplicación de un sistema de evaluación de desempeño diferente del régimen al que pertenecía.

11. Informó que en ejercicio del cargo en la Contraloría de Dosquebradas padeció una situación de acoso laboral, lo que derivó en una patología de origen laboral llamada

al que pertenecía.

11. Informó que en ejercicio del cargo en la Contraloría de Dosquebradas padeció una situación de acoso laboral, lo que derivó en una patología de origen laboral llamada “Trastorno Mixto de Depresión y Ansiedad ”, con un porcentaje de pérdida de capacidad del 17,2%. Además, que su mínimo vital se vio afectado en la medida en que en los meses en que no pudo aportar adecuadamente a sus prestaciones sociales debido a la declaración de insubsistencia, se le generó un detrimento económico considerable en su mesada pensional.

B. Sentencia de primera instancia

12. En fallo de 13 de febrero de 2025 , la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo.

13. Respecto del defecto fáctico, adujo que la inconformidad traída a colación en este escrito tutelar no coincidía con lo plasmado en el recurso de apelación del proceso ordinario pues allí el actor acusó a la entidad demandada de incluir un resultado menor respecto de la calificación de los compromisos laborales de su primer seguimiento, mientras que en esta acción pretende que se estudie la presunta modificación del total de los porcentaje s de evaluación incluidos en el formato discutido. Tal variación hacía imposible superar el requisito del agotamiento de los medios d e defensa con los que contaba el accionante, puesto que en sede constitucional est aba modificando el cargo con el fin de que el juez de tutela estudiara un argumento que no fue puesto a consideración de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

14. Frente al defecto sustantivo, adujo que el actor pretendía convertir este

estudiara un argumento que no fue puesto a consideración de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

14. Frente al defecto sustantivo, adujo que el actor pretendía convertir este mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario; pues la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió el caso con base en las normas que el actor afirmó fueron ignoradas, cosa distinta es que aquel esté en desacuerdo con las conclusiones de la autoridad judicial.

15. Además, que la entidad accionada se enfocó en verificar si la demandada había motivado adecuadamente su decisión de declarar insubsistente el nombramiento del señor Gerardo Arley Zapata López, y para ello verificó los testimonios, las metas, informes y demás sustentos probatorios con los que se justificó que el desempeño del actor fuera valorado como insatisfactorio. A su vez, verificó si se habíanRadicación: 11001-03-15-000-2025-00163-01

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respetado los elementos del debido proceso para llegar a dicha conclusión , por lo que el argumento relativo a que en el fallo cuestionado no se tuvo en cuenta el Acuerdo 565 de 2016 e ra insuficiente para generar cuestionamientos respecto de las consideraciones que llevaron a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a negar las pretensiones.

C. La impugnación

16. La parte accionante indicó que el fallo impugnado desconoció que la providencia

las consideraciones que llevaron a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a negar las pretensiones.

C. La impugnación

16. La parte accionante indicó que el fallo impugnado desconoció que la providencia judicial atacada aplicó de manera errónea una normativa que no correspondía al

régimen de carrera administrativa al que pertenecía el actor , p ues empleó disposiciones propias del régimen especial de la Contraloría General de la República, en lugar del régimen general de carrera administrativa que es el aplicable a las Contralorías Territoriales, conforme a la Ley 909 de 2004, desconociendo el Acuerdo 565 de 2016, el cual reglamenta el procedimiento de evaluaciones del desempeño para empleados de carrera administrativa.

17. También existió omisión en la valoración del argumento central de la apelación; ya que el Consejo de Estado jamás abordó directamente la inadecuada aplicación

del régimen de carrera, a pesar de que en el recurso se destacó aquello de manera clara y argumentada.

18. Indicó que a pesar de que el fallo impugnado consideró que el asunto no tiene relevancia constitucional, sino que se trata de un debate legal ordinario , ese argumento desconoció que la aplicación errónea de un régimen normativo afectó de manera directa y grave sus derechos fundamentales, ya que aquello derivó en su insubsistencia.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

19. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

19. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

E. Análisis del caso concreto

20. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, al no encontrar superado el requisito general de relevancia constitucional.

21. En esta instancia el estudio se centrará en el defecto sustantivo alegado, en la medida en que dentro del escrito de impugnación el actor sólo planteó objeciones referidas al estudio que se hizo del mismo en primera instancia.

22. En ese sentido, frente a dicha causal específica de procedibilidad, se entiende que el desconcierto del actor se centra en el hecho que en la providencia judicial atacada

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00163-01

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se aplicó de manera errónea un marco normativo que no correspondía al régimen de carrera administrativa al que pertenecía pues se emplearon disposiciones propias del régimen especial de la Contraloría General de la República, en lugar del régimen general de carrera administrativa que es el aplicable a las Contralorías Territoriales, desconociendo el Acuerdo 565 de 2016. Del mismo modo, que el Consejo de Estado

del régimen especial de la Contraloría General de la República, en lugar del régimen general de carrera administrativa que es el aplicable a las Contralorías Territoriales, desconociendo el Acuerdo 565 de 2016. Del mismo modo, que el Consejo de Estado no abordó directamente la inadecuada aplicación del régimen de carrera, a pesar de que en el recurso de apelación se le indicó.

23. La Sala observa que los argumentos esgrimidos por el señor Zapata López carecen de carga argumentativa ; en la medida en que los mismos son contrarios a la realidad, por no corresponder con lo indicado en el fallo de 15 de mayo de 2024.

24. Lo anterior, por cuanto dentro del proveído acusado, desde la página 9, se puede ver el marco normativo utilizado, en el cual se explicó que el artículo 125 de la Carta Política preceptúa que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de

carrera y q ue la desvinculación de los primero s se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo , por violación del régimen disciplinario , y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

25. Argumentó que en desarrollo de la anterior disposición se profirió la Ley 909 de 2004, la cual reguló el empleo público, en lo relacionado con las calificaciones y el retiro del servicio. Advirtió que la precitada normativa en su artículo 3 -en cuanto al campo de aplicación -, prescribió que las disposiciones allí contenidas serían

aplicables en su integridad a los servidores de carrera que laboren en las entidades territoriales; y, respecto de las contralorías del nivel territorial, en su parágrafo 2°, estableció que mientras se expidieran las normas de carrera para el personal de las

aplicables en su integridad a los servidores de carrera que laboren en las entidades territoriales; y, respecto de las contralorías del nivel territorial, en su parágrafo 2°, estableció que mientras se expidieran las normas de carrera para el personal de las Contralorías Territoriales y para los empleados de carrera del Congreso de la República les serían aplicables las disposiciones contenidas en esa ley.

26. Indicó que la Comisión Nacional del Servicio Civi l, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 760 de 2005, expidió el Acuerdo 565 de 25 de enero de 2016 (vigente a la fecha de la calificación insatisfactoria del actor), “ Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño

Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”, regulando la calificación extraordinaria (citó el artículo 27).

27. Posteriormente, después de verificar si se habían respetado los elementos del debido proceso al momento de proferirse la decisión de declarar la insubsistencia, la Sala indicó que no echaba de menos en los actos demandados alguno de los requisitos formales y sustanciales previstos en la Ley 909 de 2004 y el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, puesto que, al examinar las decisiones acusadas, se verificaba que el organismo fiscalizador analizó las pruebas, sustentó su calificación, relacionó las normas legales y reglamentarias pertinentes , y expuso claramente las razones por las cuales la evaluación del actor resultó deficiente.

28. Con base en lo anterior, para esta Sala de Subsección es claro que el Consejo de

las normas legales y reglamentarias pertinentes , y expuso claramente las razones por las cuales la evaluación del actor resultó deficiente.

28. Con base en lo anterior, para esta Sala de Subsección es claro que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, no solo aplicó el artículo 27 del Acuerdo 565 de 2016, echado de menos por el actor, sino que también hizo referencia a lasRadicación: 11001-03-15-000-2025-00163-01

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normas que específicamente regulan el tema de los servidores de carrera que laboran en las entidades territoriales, sin siquiera mencionar de forma sumaria las disposiciones del régimen especial de la Contraloría General de la República, como erradamente lo afirma el señor Zapata.

29. En este punto, se resalta que si bien el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B no tituló directamente un capítulo como “régimen aplicable”, como al parecer lo pretende el actor para estimar que se dio ese análisis, de la lectura integral del fallo se logra visualizar con suma claridad que relacionó las normas utilizadas para solucionar el caso según el régimen aplicable, las cuales fueron principalmente el Acuerdo 565 de 2016, la Ley 909 de 2004 y la Constitución Política.

30. Por lo anterior, todos los argumentos esgrimidos por el señor Zapata López en su escrito de impugnación, relativos a la presunta configuración del defecto sustantivo carecen de cualquier tipo de sustento y justificación, debido a que simplemente no

30. Por lo anterior, todos los argumentos esgrimidos por el señor Zapata López en su escrito de impugnación, relativos a la presunta configuración del defecto sustantivo carecen de cualquier tipo de sustento y justificación, debido a que simplemente no corresponden con la realidad de lo expuesto por la autoridad judicial accionada y, por ende, ni siquiera son el motivo de la decisión del 15 de mayo de 2024 dictada por el Consejo de Estado ; por ello, carece de relevancia constitucional el presente asunto.

31. En este punto, se vislumbra que , tal como dijo el juez constitucional de primera instancia, la autoridad judicial accionada basó su postura principalmente en el hecho de que la entidad demandada había motivado adecuadamente su decisión de declarar insubsistente el nombramiento del señor Gerardo Arley Zapata López, verificando los testimonios, las metas, informes y demás sustentos probatorios con los que se justificó que el desempeño del actor fuera valorado como insatisfactorio.

Comprobando al tiempo si se habían respetado los elementos del debido proceso para llegar a dicha conclusión. Por ende, los reparos esgrimidos en esta acción debían ir dirigidos a explicar y demostrar el motivo por el cual la tesis de la accionada esgrimida en su fallo es errada, contraria a derecho o a la verdad; pero no emplear argumentos que no se acompasan con la realidad, y que no fueron la base de la decisión.

32. Aunado a lo anterior, también se observa que el actor está inconforme con la decisión adversa que obtuvo; por lo que pretende con este mecanismo constitucional que su postura sea acogida sobre la del operador judicial.

decisión.

32. Aunado a lo anterior, también se observa que el actor está inconforme con la decisión adversa que obtuvo; por lo que pretende con este mecanismo constitucional que su postura sea acogida sobre la del operador judicial.

33. No obstante , la Sala vislumbra que la autoridad accionada hizo un análisis completo, razonable y coherente del caso; por lo que el fallo acusado en esta sede encuentra sustento en el principio de libre valoración judicial, independencia y autonomía del juez, y antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probato rio aportado al proceso, confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso. Lo que se plantea, en últimas, es una discusión de tipo meramente legal en la que se omite delimitar las falencias concretas en que supuestamente incurrió la autoridad judicial y su incidencia en la definición del asunto, así como en la garantía de los derechos fundamentales.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00163-01

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34. En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún derecho fundamental.

35. Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 13 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

derecho fundamental.

35. Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 13 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder

que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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