CE - Sentencia 11001031500020250017201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250017201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: JAMES PEREA PEÑA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN A Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONALINMEDIATEZ –No se cumple porque la demanda de tutela se presentó́ después de cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La parte actora acudió a la acción de tutela con el propósito de que se estudie nuevamente si la Presidencia de la República dio cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación / TERCERA INSTANCIA – Se pretende reabrir la discusión definida en la acción de cumplimiento. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor James Perea Peña en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 16 de enero de 2025, el señor James Perea Peña, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 16 de enero de 2025, el señor James Perea Peña, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y “de la nulidad” los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A. Hechos relevantes 2. Con ocasión de la expedición de la Ley 373 de 1997, se estableció el uso eficiente y de ahorro de agua en todo el territorio nacional. Por lo anterior, a través del Decreto
1 Que ingresó para fallo el 27 de marzo de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia) 2
3102 de 19972 se reglamentó el artículo 15 de la mencionada ley en relación con la instalación de equipos y sistemas de bajo consumo de agua. 3. De acuerdo con lo anterior, la Presidencia de la República al sancionar la Ley, también debía dar cumplimiento a la misma en la casa de Nariño dado que la administración está a su cargo, específicamente el DAPRE. Motivo por el cual, el señor James Perea Peña demandó en ejercicio del medio de control jurisdiccional de cumplimiento de normas con fuerza material o de actos administrativos a la mencionada entidad. 4. El asunto fue conocido, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A, quien mediante sentencia del 4 de marzo de 2016 ordenó al DAPRE que en el término de 2 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, adelantara las gestiones, trámites y decisiones administrativas necesarias para que diera cumplimiento al reemplazo de los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo en razón al artículo 6 del Decreto 3102 de 1997. 5. Inconforme con la decisión, la entidad demandada presentó impugnación, la cual fue conocida por la Sección Quinta del Consejo de Estado quien a través de sentencia del 12 de mayo de 2016 resolvió confirmar la decisión de primera instancia. 6. Una vez el expediente ingresó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A, mediante auto del 16 de junio de 2016 se dispuso obedecer lo resuelto por el superior y se ordenó el archivo del expediente.
7. El 25 de mayo de 2018, el accionante presentó una solicitud de incidente de desacato por el incumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia de primera instancia la cual fue confirmada por el Consejo de Estado. Por lo anterior, mediante auto del 8 de junio de 2018 el Tribunal requirió al Director del DAPRE para que rindiera un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de primera y segunda instancia y una vez fue enviado tal informe, también se requirió al señor James Perea Peña para que se pronunciara sobre el mismo. 8. Una vez se pronunció el señor Perea Peña, mediante auto del 10 de julio y 21 de agosto de 2018 el Tribunal nuevamente requirió al DAPRE para que informara cuáles habían sido las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a la sentencia judicial y cuáles habían sido los resultados de la misma. 9. Luego de que el DAPRE indicara lo solicitado, el 13 de febrero de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A se abstuvo de
2 Artículo 6º. Todos los usuarios pertenecientes al sector oficial, están obligados a reemplazar, antes del 1º de julio de 1999, los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia) 3
abrir incidente de desacato al concluir que la entidad sí atendió las disposiciones indicadas en las sentencias de primera y segunda instancia. 10. El 25 de abril de 2019, el señor James Perea Peña presentó otra solicitud de incidente de desacato en el expediente de la referencia, y a través de auto del 10 de junio de 2019, el Tribunal accionado requirió a la parte demandante para que aportara las pruebas necesarias que identificaran el incumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, por lo que una vez rendido, a través de auto del 21 de junio de 2019, se requirió al Director del DAPRE para que indicara el cumplimiento de la sentencia. 11. De otra parte, mediante auto del 16 de julio de 2019 se requirió al gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que informara si se había disminuido el consumo de agua en la Casa de Nariño. 12. Con base en todo lo anterior, a través de auto del 29 de agosto de 2019, decidió estarse a lo resuelto en la providencia del 13 de febrero de 2018 y se ordenó el archivo del expediente. Pretensiones 13. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal): “PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de lo actuado dentro de este proceso de acción de cumplimiento incoado contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA desde el acto por medio del cual se archivo el proceso sin el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, SEGUNDO: Una vez declarada la NULIDAD ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera Subsección A, enviar de manera inmediata el proceso de la referencia al Superior del DAPRE para que sea este quien conmine a la Casa de Nariño a cumplir con lo ordenado en la sentencia, abra la correspondiente investigación y sancione al incumplido de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 25 de la ley 393 de 1.997 dentro del término definido en la ley para tal fin.” Fundamentos de la demanda de tutela 14. La parte accionante alegó que la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar a las autoridades y particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de Ley y de los actos administrativos. Motivo por el cual la Presidencia de la República al sancionar la Ley 373 de 1997 y el Decreto 3102 de 1997 era quien más debía dar cumplimiento de la misma en la Casa de Nariño. 15. Expuso que, ante la negativa del DAPRE como entidad que administra y se encuentra legitimada para actuar en relación con la Presidencia de la República, presentó una acción de cumplimiento en contra de esta, la cual fue conocida por elRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A que mediante sentencia del 4 de marzo de 2016 ordenó que dicha entidad debía adelantar las gestiones, trámites y decisiones administrativas necesarias para dar cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 3102 de 1997. 16. Puso de presente que, una vez otorgado el plazo de la sentencia, no solicitó la aplicación del artículo 25 de la Ley 393 de 1997 y por ese motivo el proceso fue archivado, sin que existiera prueba alguna de que se hubiera dado cumplimiento por parte de la Presidencia de la República procediendo de manera arbitraria y caprichosa, pretermitiendo la aplicación de las normas legales. 17. Expuso que al ordenar el archivo del proceso, se puede dar aplicación al inciso 2 del artículo 133 del Código General del Proceso3. Además, indicó que como la nulidad absoluta o insaneable prescribe a los 10 años por tratarse de una acción ordinaria se encuentra dentro del término. Trámite en primera instancia 18. A través de auto del 20 de enero de 2025, la Sección Quinta inadmitió la demanda de tutela bajo el entendido de que no era preciso determinar a cuál autoridad judicial se dirigía, ni tampoco especificaba los motivos por los cuales fueron afectados sus derechos fundamentales. 19. El accionante mediante memorial del 24 de enero de 2025 corrigió la solicitud de amparo e indicó que se presentaba en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A dado que había faltado a sus deberes como operador judicial por no acatar lo establecido en el ordenamiento jurídico al omitir aplicar el artículo 25 de la Ley 393 de 1997. 20. Mediante auto del 5 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A –
jurídico al omitir aplicar el artículo 25 de la Ley 393 de 1997. 20. Mediante auto del 5 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A – Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado; a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) como tercero interesado en las resultas del proceso. Además solicitó copia del expediente físico o digital del proceso 2016-00034-00. Intervenciones 21. La Delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) indicó que no le asistía razón al señor Perea Peña, dado que la acción de tutela no cumplía con los requisitos de procedencia general ni 1. 3 Artículo 133. Causales de nulidad El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (…) 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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específicos. Además de que faltaba a la verdad, dado que en los hechos omitió varios de los antecedentes que conllevaron a las diferentes decisiones judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Expresó que, no se daba cumplimiento al requisito de inmediatez porque el accionante está cuestionando una decisión adoptada hace 5 años y 7 meses por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección A. De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales debe presentarse un análisis más riguroso para cuestionar esas decisiones. Sin embargo, el accionante está desconociendo el carácter de la cosa juzgada que fue adquirida dentro del proceso de acción de cumplimiento hace 7 años mediante auto del 13 de febrero de 2018. Puso de presente que la Presidencia no carece de pruebas puesto que aportó un volumen considerable de documentos y CDS entregados al Tribunal, en el cual se encontraba el cumplimiento de la orden dada en la sentencia, motivo por el cual no se abrió el incidente de desacato y se archivó el expediente. Por tanto, lo que se busca es reabrir un debate judicial cerrado, que hizo tránsito a cosa juzgada además de querer invalidar toda la actuación del proceso. 22. El Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Primera – Subsección A dentro de su informe de tutela, señaló que la acción de tutela es improcedente con ocasión de que no es cierto que el expediente se hubiera archivado sin que se verificara el cumplimiento de las órdenes
impartidas en la sentencia proferida en primer grado por el Tribunal y confirmada por el Consejo de Estado. Por el contrario, se obtuvo prueba suficiente que daba cuenta de que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dio cumplimiento a las disposiciones normativas demandadas, según lo establecido en el Decreto 3102 de 1997. A su vez, indicó que se pretende solicitar la nulidad de lo actuado años después de que se profirió la última decisión por parte del mismo Tribunal, el cual dispuso estar a lo resuelto en la providencia del auto de 13 de febrero de 2018. Sumado a que el accionante promueve una solicitud de amparo sin haber agotado los recursos ordinarios establecidos dentro de la acción de cumplimiento. La sentencia de primera instancia 23. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 27 de febrero de 2025, declaró improcedente la acción de tutela. 24. En primer lugar, analizó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, indicando que la Corte Constitucional se ha referido de manera amplia frente a unos requisitos generales y otros específicos con el fin de conceder o negar el derecho de amparo. A su vez, indicó que cuando no se cumpla con uno de estos presupuestos, se debe declarar improcedente el amparo solicitadoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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y no estudiar de fondo el asunto, pues se requiere de i) una causa, motivo o razón a la que se atribuya la trasgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. 25. De otro lado, indicó que en lo que se refiere al requisito de inmediatez, la tutela exige que se presente tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, por tanto, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo constitucional es de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual se calcula desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la última providencia cuestionada. 26. Con base en lo anterior, constató que la decisión controvertida por el actor se profirió el 29 de agosto de 2019 en donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera – Subsección A se pronunció sobre el trámite incidental, el cual fue notificado a las partes el 9 de septiembre de 2019, quedando ejecutoriado el 12 del mismo mes y año de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 del CGP. 27. Al respecto, expuso que transcurrieron más de 5 años sin que esto sea considerado como un término razonable para acudir al juez constitucional más aun cuando no expuso ningún argumento que justifique la presentación tardía de este mecanismo. La impugnación 28. Contra la decisión precitada, la parte accionante reiteró los argumentos planteados en la solicitud de amparo. Sin embargo agregó que en la acción de cumplimiento
cuestionada, el Tribunal lleva 5 años preguntando si el infractor ha realizado lo pertinente, no obstante, el DAPRE presenta contratos de obras ficticias que el operador judicial no tiene por qué entender y asociar al cumplimiento de la sentencia, cuando lo correcto es que el juez actuara después de vencido el plazo estipulado en la sentencian conminando al superior para que se cumpliere la sentencia y sancionar al DAPRE. 29. De otro lado, indicó que la Sección Quinta declaró improcedente la tutela mediante la cual se solicitó declarar nulidad de lo actuado, pues la decisión tomada por el Tribunal accionado pretermitió integralmente la instancia. Además que el Tribunal declaró improcedente la acción incoada dado que confundió los términos en lo que se presentó la “tutela de nulidad” como si se tratara de una tutela contra providencia judicial. II. C O N S I D E R A C I O N E S 30. De conformidad con lo expuesto, la Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la presente acción por cuanto no se cumple con los requisitos de inmediatez y de relevancia constitucional, como pasará a explicarse a continuación.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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Del requisito de inmediatez 31. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela4. 32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el caso. 33. Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial. 34. Sin embargo, dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se acredite que (i) existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la inactividad injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros y (iii) existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados5. 35. En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el
término de 6 meses desde la ejecutoria de la decisión en los casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento. 36. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la -inmediatezes una exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 5 Ver Sentencia T-546 de 2014Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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37. En el caso bajo estudio, el señor James Perea Peña solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión del archivo del segundo incidente que se tramitó dentro de la acción de cumplimiento promovida en contra de la Presidencia de la República y no dar aplicación de lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 393 de 1997. 38. La Sala estima que el plazo de 6 meses -considerado como razonable para presentar la demanda de tuteladebe contabilizarse a partir de la fecha de notificación del auto del 29 de agosto de 2019 que resolvió el segundo trámite incidental. Conforme a ello, se constata que de acuerdo con el índice 60 de samai y los documentos allegados dentro del proceso 25000-23-41-000-2016-00034-00, los sujetos procesales conocieron del contenido de la decisión el 9 de septiembre de 20196.
6 Si bien se notificó el domingo 8 de septiembre de 2019, al no ser un día hábil, se entiende que fue notificado el 9 del mismo mes y año.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia) 9
39. Por ello, es evidente que la acción de tutela de la referencia no se interpuso dentro de un término razonable, pues se presentó hasta el 16 de enero de 2025, ante esta Corporación, vale decir, en un plazo de más de 5 años. 40. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional7, el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros “que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable8” y garantiza la seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ese principio9. Asimismo, con ello también se frena el abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo constitucional de acción de tutela como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos10”. 41. Dicho precedente se fundamenta en lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado11, la cual señala que el principio de inmediatez, que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela”1213. 42. De conformidad con lo anterior, la Subsección está de acuerdo con la decisión de primera instancia en la que se declaró improcedente la petición de amparo por el incumplimiento del requisito de inmediatez. Del requisito de la relevancia Constitucional 43. Ahora bien, de no
tenerse en cuenta que transcurrieron más de 5 años para la interposición de la acción constitucional, la Subsección encuentra que tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional y la finalidad de esta solicitud de amparo es reabrir la discusión ya definida en el proceso de la acción de cumplimiento tal como se explicará a continuación. 44. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que el requisito en mención tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia 7 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. 8 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras. 9 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras. 10 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras. 11 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado
T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras. 11 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez. 12 En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999 13 Sentencia T-189 de 2009.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14. 45. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber15:i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. 46. En el caso bajo estudio, lo primero que advierte la Sala es que la parte accionante acudió a la acción de tutela con el propósito que se estudie nuevamente el archivo del segundo incidente que tramitó dentro de la acción de cumplimiento en la cual tiene como finalidad verificar si la Presidencia de la República acató la sentencia de primera y segunda instancia con miras al cumplimiento de la Ley 373 de 1997 y el Decreto Reglamentario 3102 de 1997 que impone a los usuarios pertenecientes al sector oficial la obligación de reemplazar los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo, aun cuando se tiene por cierto de que si se cumplió con esto. 47. La Sala advierte que la argumentación contenida en la solicitud de desacato fue analizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección A en la providencia del 29 de agosto de 201916, en la que se estuvo a lo resuelto en la providencia del trece (13) de febrero de 2018 y ordenó el archivo en los términos que se exponen a continuación (transcripción literal): “De manera posterior, el demandante interpuso nueva solicitud de desacato aunque no aportó ninguna prueba que permita modificar la decisión del 13 de febrero de 2019, sin embargo, el magistrado ponente requirió al actor para que aporte las pruebas necesarias, y ante la ausencia de las mismas, se acudió nuevamente a la entidad demandadad (sic) y ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, recibiendo únicamente información de ésta entidad. En dicho comunicado, únicamente se pudo arrimar al expediente el registro de consumo de agua de las instalaciones de la entidad demandada, pero tal y como fue ordenado en la sentencia de cumplimiento, no existen pruebas nuevas que 14 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. 15 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 Ver índice 20 de samai en el expediente 11001-03-15-000-2025-00172-00, certificado 7FA00DABF00B80A0 8D9ECB88F350ABB7
2BC2B76D7D358A40 7920E34122CA9AF5, carpeta “CNO-02-2016-00034-00-DESACATO”, documento “CNO-02-2016-00034-00-DESACATO”, págs. 567 y ss.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00172-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
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demuestren no haber cumplido con las obras ordenadas desde el 4 de marzo de 2016 sobre el intercambio de unidades sanitarias e hídricas. En este punto vale referencias los argumentos que, en un primer término sustentó la Sala para abstenerse a tramitar el desacato, a saber: (…) Así pues, a pesar de que se requirió al actor para que aporte las pruebas que permitan a ésta Corporación evidencias el incumplimiento de la sentencia, se reitera que éstas no fueron allegadas, además, con lo único que contó la Sala fue con el registro de consumo de agua de la Casa de Nariño, pero dichos datos no refutan el hecho que desde el 13 de febrero de 2018, ésta Corporación evidenció que la entidad demandada había cambiado las baterías sanitarias y demás elementos ordenados, y como en el asunto el acto no refuta lo anterior, no es dable iniciar un nuevo incidente de desacato. Por lo tanto, como el acto no cumplió con su carga argumentativa y probatoria de demostrar el incumplimiento de la sentencia del 4 de marzo de 2016 confirmada en segunda instancia el 12 de mayo de 2016, la Sala se abstiene de abrir el desacato y mantiene lo dispuesto el 13 de febrero de 2018”. 48. La transcripción efectuada con antelación revela que el Tribunal encontró acreditado la Presidencia de la República – DAPRE sí dio cumplimiento a lo ordenad
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